Claudia Romanillos Villanueva
Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Claudia Romanillos Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa y autoridad tercera interesada a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En ese contexto, se tiene por consentido el proveído citado en el párrafo que antecede, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, párrafos tercero, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo 2 Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. como asunto totalmente concluido.
- Principal
I- Agréguese el escrito de cuenta suscrito por ********************, en su carácter de coordinador Jurídico de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, mediante el cual, revoca la autorización de ********************, quien fungía anteriormente con el cargo que actualmente ostenta el ocursante, así como su usuario "********************", que fue autorizado a efecto de consultar el expediente electrónico. Al respecto, como lo solicita la ocursante, se le tiene por revocado en el presente juicio de amparo a ********************, así como su usuario "********************", por así haberlo solicitado expresamente. Lo anterior, hágase del conocimiento del oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Notifíquese por lista.
- Principal
I-Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guarda el presente juicio de amparo, conforme así lo permiten las cargas de trabajo, se advierte que ha transcurrido el plazo que se le concedió a las partes [quejosa y autoridad tercera interesada] para que manifestaran lo que a su derecho conviniere respecto a la vista ordenada en el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se procede resolver respecto del cumplimiento dado a la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Ahora, resulta pertinente señalar que en la sentencia en mención, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Claudia Romanillos Villanueva, contra el acto que reclamó al magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para el efecto siguiente: "1. Dejar sin efectos la resolución reclamada. 2. En su lugar dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, dé respuesta al punto puesto a su consideración al promover la excepción de incompetencia por declinatoria por la parte quejosa, en específico, donde se alegó que el juez civil carece de competencia para conocer de un asunto donde se imputan cuestiones de responsabilidad administrativa en su carácter de ex servidora pública, al no cumplir, los requisitos establecidos por la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado y su Reglamento". Sobre lo cual, dicha sentencia causó ejecutoria el cinco de julio de dos mil veintidós y se requirió a la responsable su cumplimiento. En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se recibió el oficio 303/2022, de catorce de julio de dos mil veintidós, relativo al toca civil 31/2021, del índice de la responsable, a través del cual remitió copia certificada de la determinación de esa propia fecha correspondiente a la excepción de incompetencia por razón de materia hecha valer por la aquí quejosa. En consecuencia, se dio vista a las partes con dicha circunstancia para que manifestara lo que a su derecho convenga, sin que al respecto de autos se advierta que hubiera efectuado manifestación relativa. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede al estudio respecto al cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección a la parte quejosa. Para llegar a una conclusión respecto si la sentencia constitucional está cumplida o no, se hace la siguiente ilustración: EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR ACCIÓN TENDENTE AL CUMPLIMIENTO 1. Dejar sin efectos la resolución reclamada. En determinación de catorce de julio de dos mil veintidós, en autos del toca civil 31/2021, la autoridad responsable al respecto emitió el pronunciamiento siguiente: "[.] se procede a dejar insubsistente la sentencia pronuncia en autos del toca civil el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, y en su lugar se dicta nueva determinación [.]" 2. En su lugar dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, dé respuesta al punto puesto a su consideración al promover la excepción de incompetencia por declinatoria por la parte quejosa, en específico, donde se alegó que el juez civil carece de competencia para conocer de un asunto donde se imputan cuestiones de responsabilidad administrativa en su carácter de ex servidora pública, al no cumplir, los requisitos establecidos por la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado y su Reglamento. "[.] A fin de dar pleno acatamiento a la ejecutoria que en este acto se da cumplimiento, se procede a dar estudio al apartado por el cual se concedió la protección de la justicia federal y, para ello se atiende en los siguientes términos: Ahora bien, en cuanto al señalamiento del incidentista en donde establece que no es competente un juez civil para conocer de asuntos donde se le impute responsabilidad administrativa a un ex servidor público, al reprochársele la venta de dos bienes inmuebles, sin realizar el trámite respectivo para enajenar bienes de dominio público y por ende, incumplir con la normatividad administrativa. El argumento hecho valer por el incidentista, en donde sostiene que no tiene competencia el juez civil respecto al acto reclamado en el juicio principal, al plantearse la hipótesis de la existencia de responsabilidad administrativa por cuanto a la persona que representó al Estado de Quintana Roo, en los contratos de los que se demanda su nulidad, al no cumplirse la normatividad administrativa exigida respecto a enajenación de tierras del Estado, asegura que dicha controversia, no sería de carácter civil sino administrativa; siendo entonces que debe ser la autoridad en materia administrativa la que resolviera si SENTENCIA existe o no una responsabilidad por cuanto a la demandada CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA se trata. Para dar respuesta a este señalamiento, es esencial retomar lo previamente estudiado, en donde tenemos que la parte promovente del juicio plantea como prestaciones la nulidad absoluta del contrato de compra-venta de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, y la nulidad de los títulos de propiedad con folio 02287 y 002286, ambos de quince de septiembre de dos mil dieciséis. En su demanda no establece ni imputa alguna responsabilidad administrativa en contra de un ex servidor público, ni relaciona ninguna de las que establece el Titulo tercero, capitulo II (relativo a las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos), contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para poder sostener que la controversia debe ventilarse ante una autoridad de carácter administrativo. Encontramos que en la narrativa de sus hechos la parte actora hace alusión a expresiones tales como "... haciendo un uso indebido del cargo que le fue conferido..." (ver final de la foja diez y principio de la foja once de los autos) (sic), así como el señalamiento de daños y perjuicios a las arcas del Estado, al plantear "demuestra la ilegalidad de los actos ejercidos por parte de la C CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA, entonces Directora General del IPAE... derivado de la ilícita enajenación del bien en mención llevado a cabo por el entonces IPAE, a través de su entonces Directora General (ver foja quince de los autos)(sic). Aunado a ello, se aprecia que la parte actora en su apartado de pruebas (foja 22 de los autos), al ofrecer un expediente administrativo, refiere que con ese medio de convicción pretende acreditar que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario vendió el inmueble de marras de forma ilegal a RSI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es decir que no solicita sanción administrativa ni proceder en contra de la parte apelante en su calidad de funcionario o ex funcionario público. No obstante, el reclamo de la parte actora del juicio principal, se centra en la controversia civil en función de que se efectúo un contrato de compraventa sin que se cumplieran determinados requisitos exigidos para poder disponer de un bien inmueble propiedad del Estado, y con ello no se cubrieron los elementos de validez establecidos por la norma civil aplicable para la legalidad del referido acuerdo de voluntades; sin demandar o exigir que se le imponga alguna sanción a la enjuiciada CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA, en su calidad de ex funcionaria pública. En consecuencia, partiendo de lo anterior, es procedente dar respuesta al argumento planteado por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, apoderado general para pleitos y cobranzas de Claudia Romanillos Villanueva en alusión a que el juez civil no es competente para dirimir controversias en las cuales se le impute a un ciudadano una responsabilidad administrativa respecto al cargo público que haya desempeñado Es por ello que esta Sala determina que la Juez Civil del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, es la autoridad judicial competente para conocer de la demanda promovida en ejercicio de la acción civil de nulidad de contrato e inscripción efectuada por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, por Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, en su carácter de Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, en contra de Claudia Romanillos Villanueva, ex Directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado y otros; pero no tiene competencia para atender asuntos en los que se demanda o imputen cuestiones de responsabilidad administrativa en el carácter de servidor público. Lo anterior, al contar con las atribuciones contenidas en el artículo 66 sesenta y seis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado." que la facultan para conocer del juicio en comento. Para similitud en el tema, se cita la tesis con registro digital: 207492, de la Tercera Sala, de la octava época, materias(s): Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio Diciembre de 1988, página 225, que establece: [.] Con la determinación anterior, se da exacto cumplimiento a la ejecutoria que por esta vía se cumplimenta, y en libertad de jurisdicción se estima que la Juez Civil del Distrito Judicial de Quintana Roo, es competente para dirimir la controversia Chetumal, Quintana planteada por la parte actora [.]" De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en determinación de catorce de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 31/2021, dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno y en su lugar, dictó una nueva en la cual, con plenitud de jurisdicción, dio respuesta al punto puesto a su consideración al promover la excepción de incompetencia por declinatoria por la parte quejosa, en específico, donde se alegó que el juez civil carece de competencia para conocer de un asunto donde se imputan cuestiones de responsabilidad administrativa en su carácter de ex servidora pública, al no cumplir, los requisitos establecidos por la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado y su Reglamento. Ahora, con el contenido de esa determinación se dio vista a las partes, sin que al respecto efectuaran manifestación relativa. Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa y autoridad tercero interesada, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estima pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
I-Agréguese a los autos el oficio signado por el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y un anexo, por medio de los cuales, en atención a la ejecutoria de amparo, remite la sentencia de catorce de julio de esta anualidad. Por consiguiente, dése vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado.
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