Claudia Romanillos Villanueva

Expediente 486/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
486/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Claudia Romanillos Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III-Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra del acuerdo dictado el veintinueve de junio del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, promovido por Claudia Romanillos Villanueva, respecto del acto que reclamó de la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De igual manera, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, los anexos que remitió en apoyo a su informe justificado; sin que sea el caso solicitarse el acuse de recibo respectivo, en virtud de que únicamente se trata de copias certificadas. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  2. Principal

    III-Agréguese el oficio de cuenta mediante el cual rinde su informe justificado la autoridad responsable Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de la autoridad responsable señalada, para ser tomado en consideración en su oportunidad como en derecho proceda. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta la citada autoridad responsable. Además, toda vez que las constancias que remite el magistrado responsable resultan voluminosas; para un mejor manejo y cuidado del mismo, se dispone abrir los anexos correspondientes. En ese mismo tenor, se procede a analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Asentado lo anterior se impone señalar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del propio ordenamiento, que establece la improcedencia del juicio cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado queda insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que ya no agravia a la parte quejosa. Así tratándose de la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós [acto reclamado], dictada en el toca civil 31/2021 del índice de la responsable, en la que se determinó infundada la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por la parte demandada, aquí quejosa, por conducto de su apoderado, los efectos y consecuencias de dicha resolución desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como se verá a continuación. Es de puntualizarse que las documentales que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justiciado, cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa reclama del magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, lo siguiente: La resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 31/2021, que determinó infundada la excepción por declinatoria, la sanción pecuniaria impuesta, así como los efectos y consecuencias. Sin embargo, al rendir informe justificado, la autoridad responsable informó haber dejado insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós [acto reclamado], con el acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, dictado en el toca civil de incompetencia 31/2021 de su índice, en acatamiento a lo solicitado en auto de veinte de junio último, dictado en el diverso juicio de amparo 714/2021-I-A de la estadística de este órgano jurisdiccional. Ahora, toda vez que ante la óptica de que, para un juez de distrito, un hecho notorio lo constituye la totalidad de los asuntos sometidos a su conocimiento; se tiene como tal las constancias que integran el juicio de amparo 714/2021-I-A, que se tramita ante este órgano de control constitucional, para todos los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Siendo innecesario agregar a los autos las copias certificadas de las constancias del referido juicio de amparo, pues se hace constar que se tienen a la vista las constancias del mismo. Sirve de apoyo al anterior razonamiento el criterio jurisprudencial 2a./J.103/2007, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página: 285, cuyo rubro y texto señalan: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". Del indicado hecho notorio se advierte que en el juicio de amparo 714/2021-I-A, se emitió el acuerdo de veinte de junio del año en curso, con el que se ordenó a la autoridad responsable dejar sin efectos la resolución de veintitrés de mayo de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 31/2021, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria; que en su momento fue dictada en dicho juicio de amparo. Lo anterior, al concluir que dicha actuación [resolución reclamada en este juicio de amparo] resultó anticipada, toda vez que los efectos de la resolución de trece de junio del año en curso, relativa al incidente de nulidad de notificaciones, fue dejar sin efectos las actuaciones posteriores a la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, esto es, el auto de dieciséis de mayo actual, en el que se declaró que la citada sentencia causó ejecutoria y requirió a la responsable su cumplimiento. De ello se tiene que si la demanda de amparo donde se controvertía el acto antes precisado, se presentó el trece de de junio del año en curso y el acuerdo dictado en el toca civil 31/2021, del índice de la responsable, fue emitido el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el que dejó insubsistente el acto que por esta vía combate la parte quejosa, esto es, con posterioridad a la presentación del libelo de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto combatido por la parte solicitante del amparo a la autoridad responsable, pues éste se hizo consistir, precisamente, en que la autoridad del conocimiento había emitido la resolución de veintitrés de mayo de mayo de este año, la cual ya quedó insubsistente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Puntualizando que el presente asunto se resuelve atendiendo al acto reclamado y en vista de los principios de congruencia previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado queda insubsistente, como si se hubiera otorgado el amparo precisamente para el efecto de vencer esa abstención. Como consecuencia del presente sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del dieciocho de julio de dos mil veintidós. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Finalmente, para efecto de colmar los presupuestos de existencia y validez del presente fallo, se precisa que ésta será signada, primero de manera autógrafa y en segundo momento de forma electrónica. Lo anterior, en términos del numeral 3 de la Ley de Amparo, donde se precisa que la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa para emitir, entre otros, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Además, en concordancia con los artículos 115 y 124 de la Ley de Amparo, 60, 61, 219 y 275, del Código Federal de Procedimientos Civiles, con lo cual es posible arribar a la consideración de que las actuaciones y determinaciones pronunciadas en un juicio de amparo indirecto que se firman de manera electrónica, para su validez, deben estar firmadas mediante el uso de la FIREL tanto por el juez, como por el secretario que da fe de ellas, las cuales, deben constar integradas al expediente electrónico para dar fe de lo en ella asentado. De ahí que la decisión de este juzgado federal, de signar por los dos medios -autógrafa y electrónicamente- no contraviene disposición legal alguna, sino por el contrario refuerza los presupuestos de validez y existencia de la presente determinación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del ministerio público adscrito a este juzgado y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    III-Cúmplase.

  4. Principal

    III-Agréguese el escrito firmado por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual remite en alcance a su escrito inicial de demanda, las pruebas documentales consistentes en el escrito de demanda de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho y escrito de contestación de demanda de once de noviembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que ofrece la parte promovente, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio. Por último, córrase traslado a las partes con las pruebas descritas en los párrafos que anteceden; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, personalmente al agente del ministerio público de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano