Claudia Rivero Hernández

Expediente 425/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
425/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Claudia Rivero Hernández
  • Encargado de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que mediante proveído de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se remitió el presente expediente al archivo definitivo, ordenándose su destrucción, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes; sin embargo, se advierte que en el presente expediente, se decretó suspensión de plano en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que sigan el Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la oficina de Representación en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, agréguese sin mayor acuerdo, toda vez que el presente juicio ya se encuentra concluido. CUMPLASE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Atento al contenido del mismo, se tiene al Subrepresentante local del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, informando que la quejosa directa Claudia Rivera Hernández se le emitió resolución administrativa en el procedimiento administrativo migratorio correspondiente a través del cual, se determinó darle la libertad con fines de regularización desde el día veintiséis de mayo de dos mil veintidós, obteniendo con ello su libertad personal, a fin de acreditar lo anterior, la autoridad informante anexó a su oficio la resolución de acuerdo de salida con fines de regularización, de la que se advierte que resolvió que la aquí quejosa fue considerada con razón humanitaria para su regularización, por lo que la autoridad tiene a bien autorizar la salida de las instalaciones migratorias a la aquí quejosa, siendo que ya no se encuentra incomunicada, ni sufre de malos tratos y vejaciones en su perjuicio. En tales condiciones, como lo informa la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto de los actos que se duele la justiciable, consistente en la incomunicación, malos tratos y vejaciones; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. El citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. De conformidad con lo dispuesto por el descrito precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." Así, es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: a) La aprehensión; b) La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; c) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; y, d) Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. A ese conjunto de normas jurídicas que rigen la restricción de la libertad como en los casos apuntados, se le llama situación jurídica en cuanto al proceso administrativo referido; de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si en el caso, el acto materia de reclamo, lo hace consistir la quejosa, en la incomunicación, malos tratos y vejaciones, atribuidos a las autoridades responsables señaladas en la demanda, por lo tanto, se hace patente entonces, que se produce un cambio de la situación jurídica por cuanto hace a los actos de que dice ser objeto, ya que inicialmente, la afectación a su libertad era con motivo de la detención ejecutada fuera de procedimiento administrativo y en la actualidad, se le dictó acuerdo de salida con fines de regularización, por lo que fue puesta en libertad el veintiséis de mayo de dos mil veintidós; por consiguiente, la incomunicación, malos tratos y vejaciones, reclamados en esta vía constitucional, dejaron de tener vida legal al haber sido sustituidos jurídica y procesalmente, con el referido acuerdo en el cual se le otorgó la libertad con fines de regularización, lo que sin lugar a dudas conlleva a que se actualice en el caso concreto, la causal de improcedencia en análisis. Cabe puntualizar que en efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio constitucional concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En el caso, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el promovente Alfonso Miramontes Caro, representante de la quejosa Claudia Rivera Hernández, promovió demanda de amparo en contra de la incomunicación, malos tratos y vejaciones de la quejosa Claudia Rivera Hernández, por lo que, se concedió la suspensión plano y se solicitaron los informes justificados a las diversas autoridades señaladas como responsables. Y atención a los actos reclamados, mediante oficio número INM/ORCHIH/EPJUA/16089/2022, de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós se tuvo al Subrepresentante local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, informó a este juzgado que el veintiséis de mayo de dos mil veintidós se emitió acuerdo de salida con fines de regularización a la quejosa directa Claudia Rivera Hernández, dentro del procedimiento administrativo natural, lo que fue informado a este tribunal mediante oficio INM/ORCHIH/EPJUA/16089/2022, de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se emitió resolución administrativa, en el procedimiento administrativo de origen a través del cual se determinó darle la libertad a la quejosa directa con fines de regularización desde el veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Informe el anterior, que tiene valor preponderante, y del que se advierte que la ahora quejosa se encuentra en libertad. Por tanto, al haberse dictado el acuerdo de salida con fines de regularización el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la situación jurídica de la misma, cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la incomunicación, malos tratos y vejaciones, que reclama la impetrante del amparo, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Ahora bien, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, fue puesta en libertad con motivo de la resolución administrativa pronunciada en el expediente natural a la aquí quejosa, es claro que se actualiza en el presente juicio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por ende, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados por no haberse combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 516, página 339, del Tomo VI, relativo a la Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de 1995, número de registro 394472, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Consecuentemente, se dejan sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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