Claudia Marisela Andrade Villagómez
Expediente 164/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Claudia Marisela Andrade Villagómez
- Juez Sexto de lo Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos
- Efrén Navarro Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, en atención al escrito signado por ********************, en su carácter de tercero interesado, en relación a las copias que solicita, hágasele saber que, acorde con las medidas de contingencia sanitaria que actualmente rigen en el país, el servicio de copias, por el momento, no se encuentra a disposición de los justiciables, en el entendido que aquél se presta por un área distinta de este órgano jurisdiccional; por lo que, cuya entrega se realizará hasta que se levante la contingencia de salud actual, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Lo anterior, sin perjuicio de que puede tener acceso al juzgado para la revisión de los autos, una vez que realice la correspondiente cita a través del micrositio "servicios judiciales" del Portal de Servicios en línea, según las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de febrero de dos mil veintidós. Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de éste expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.L´lgwm
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Por otra parte, atento al contenido del escrito que singa el Licenciado Iván Solorio Gallardo, en su carácter apoderado legal de Claudia Marisela Andrade Villagómez, y como lo solicita, hágase la devolución de los documentos a que hace alusión en su escrito, autorizando para recibirlos a la persona que señala, previa copia certificada y razón que de los mismos se deje en autos para debida constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 164/2020-I-B, promovido por CLAUDIA MARISELA ANDRADE VILLAGOMEZ, por conducto de su apoderado legal, IVÁN SOLORIO GALLARDO, contra actos del Juez Sexto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y; RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Oficina de correspondencia Común a los Juzgados, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, el once de marzo de dos mil veinte y turnado a este Órgano Jurisdiccional el doce de marzo de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable, Juez Sexto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, los que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- a).- Reclamo el auto de fecha 14 de febrero del año 2020, mediante el cual desecha el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada el día 04 de febrero del 2020, publicada el día de febrero del 2020, dicha sentencia pronunciada dentro del cuadernillo formado al juicio ordinario familiar en el expediente 775/18. Del índice de dicho tribunal, apelación interpuesta en el cuadernillo que se formó por motivo de un incidente planteado por la hoy tercero interesada, dicho cuadernillo le recayó el mismo número el cuadernillo 775/18, toda vez que me causa violación al debido proceso al desecharlo sin antes prevenirme a señalar constancias para la integración de la apelación en comento." (sic) SEGUNDO. La parte quejosa señala como preceptos constitucionales que contienen las garantías individuales violadas, los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de trece de marzo de dos mil veinte, se previno al apoderado legal de la parte quejosa, para que acreditara el carácter con el que compareció ante esta instancia constitucional y por proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al promovente dando cumplimiento al requerimiento ordenado y acreditando el carácter de apoderado legal de la parte quejosa por lo que se admitió la demanda, hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dada la suspensión de labores por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, reiniciando plazos y términos hasta el tres de agosto de dos mil veinte, por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, en que se reiniciaron los plazos y términos a partir del tres de agosto de dos mil veinte, al treinta y uno de octubre de dos mil veinte; se registró el juicio, se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal correspondiente; se emplazó a la parte tercero interesada, se solicitó a la autoridad el informe con justificación; por último, la audiencia en el juicio se inició en los términos que constan en la actuación que antecede; por lo que, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que este juicio de amparo indirecto se promueve en contra de un acto emitido en un juicio en materia familiar, el cual, se ejecutó en esta ciudad, lugar donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De pronunciamiento previo, en términos de lo señalado por el arábigo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía constitucional consisten en: El auto de fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, mediante el cual desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada el día cuatro de febrero del dos mil veinte, dictado en el cuadernillo 775/2018, derivado del juicio familiar 775/2018 del índice del juzgado Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. TERCERO. La autoridad responsable Juez Sexto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado refirió que es cierto el acto reclamado. En consecuencia, se tiene por acreditado el acto reclamado en los términos que se precisan. Orienta a lo expuesto, la tesis de Jurisprudencia con el rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción constitucional, por ser de orden preferente sobre aquél aspecto, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo y atento a lo establecido en la jurisprudencia ochocientos catorce, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso en estudio, quien resuelve considera, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la accionante de tutela constitucional no agotó el principio de definitividad que rige para el juicio de garantías, pues debió combatir el acto reclamado, mediante el recurso que la ley de la materia previene, como se precisará más adelante. Como tema previo, precisa señalar que la causal de improcedencia anunciada, se materializa aún en el caso que se haya acreditado la existencia del acto controvertido, pues admitir lo contrario sería tanto como desnaturalizar la operancia de las hipótesis de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen, es presupuesto necesario que previamente se encuentre probado tal acto. En este supuesto, resulta aplicable en lo conducente y por identidad de razón, la jurisprudencia J/209, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 55, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y dos, página 51, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". En efecto, en el caso, se considera que se actualiza la causal improcedencia, la contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas, o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". (.)" Conforme al primer párrafo del dispositivo transcrito, la instancia constitucional es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de los cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, cuando la parte agraviada no ejercitare ese derecho oportunamente, salvo en los casos específicamente exceptuados por el propio numeral. En efecto, uno de los principios que rige el juicio de amparo, denominado "principio de definitividad", supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que regula el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio ordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Es aplicable al caso, la tesis aislada XVI.2o.C.T.1 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, visible en la página 3124, con registro 2005388, del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales." De la exégesis gramatical y teleológica, del precepto antes transcrito se deduce que la causal de improcedencia que prevé, se actualiza en el mundo fáctico cuando el acto reclamado sea una resolución dictada por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, contra la cual dentro del procedimiento, la ley conceda algún recurso o medio de defensa por virtud del cual la resolución recurrida pueda ser modificada, revocada o nulificada, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 447, publicada en la página 297, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." En ese sentido, es claro que se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita, la cual se encuentra motivada por el hecho de que el impetrante del amparo, no agotó previo acudir a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa concedido por la ley, con el que se pudieran modificar, revocar o nulificar, las determinaciones tomadas en el auto de fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, mediante el cual desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada el día cuatro de febrero del dos mil veinte, dictado en el cuadernillo 775/2018, derivado del juicio familiar 775/2018 del índice del juzgado Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, que ahora reclama, que no es otra cosa, que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, previo a exponer las razones que sustentan el sentido del fallo, para mayor claridad se reseñan los antecedentes derivados del juicio de origen, de los cuales destacan en lo que interesa: La parte quejosa promovió juicio oral familiar el cual por razón de turno, le correspondió conocer al Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, siendo el diez de julio de dos mil dieciocho, radicado bajo el número 775/2018, demandando que se le notificara el nuevo domicilio de la parte actora como del menor que procreo con el demandado Efrén Favio Navarro, el ubicado en la calle Paseo del Valle número 4, Colonia Paseos Tesoyuca, Estado de Morelos, que es el lugar de la fuente de trabajo de la parte actora, la guarda y custodia provisional, y en su momento la definitiva, de iniciales A.E.N.A., a quien se le concedió la guarda y custodia provisional del referido menor, previa admisión de su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 39 del Código de Procedimientos Familiares al licenciado Iván Solorio Gallardo y/o Gerardo Bautista Godínez, ordenándose en el auto admisorio, el emplazamiento de la parte demandada Efrén Favio Navarro, quien no fue emplazado a juicio. Por escrito de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, compareció la parte demandada en el juicio natural, Efrén Navarro Delgado interponiendo en el cuadernillo incidental 775/2018, incidente de nulidad de actuaciones, por considerar que la firma estampada en la demanda inicial no era de la parte actora Claudia Marisela Andrade Villagómez, se dio entrada a la incidencia y se ordenó notificar a la parte actora, en cuanto incidentista demandada, seguido que fue el incidente, se resolvió el cuatro de febrero de dos mil veinte, declarando: "PRIMERO. Ha procedido la incidencia planteada por Efrén Favio Navarro Delgado SEGUNDO. La parte actora incidentista demostró los hechos generadores de su objeción de documento privado. TERCERO. Se declara judicialmente inexistente la demanda por contener firma falsa al calce de la misma, en consecuencia de lo anterior se desecha de plano el reclamo planteado mediante escrito recibido en nueve de julio de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Turnos del Tribunal Superior de Justicia y que fue acordada con auto datado el diez de ese mes y año, publicado en la lista del día siguiente con el número 29. Debiéndose dar de baja éste asunto en el libro de gobierno y archivarse por las razones antes resueltas. CUARTO. Notifíquese y cúmplase." En contra de dicha determinación, la demandada incidentista, por conducto de su apoderado legal, licenciado Iván Solorio Gallardo, interpuso recurso de apelación, de fecha doce de febrero de dos mil veinte. Y por auto de catorce de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable, tuvo por no admitido el recurso de apelación, en los siguientes términos: "Ciudad Juárez, Chihuahua, a catorce de febrero del año dos mil veinte. Por presentando el licenciado Iván Solorio Gallardo, con su escrito de cuenta recibido el once del presente mes en el Buzón del Poder Judicial del Estado, con la personalidad que tiene reconocida en los autos, y respecto al recurso de apelación que intenta, dígasele que no ha lugar a admitirlo, toda vez que en su escrito de cuenta no señaló las constancias para integrar el testimonio de apelación, tal y como lo obliga el segundo párrafo del artículo 485 del Código de Procedimientos Familiares, el cual dispone ". En el escrito en que se interponga la apelación, deberá señalarse por el recurrente las constancias para integrar el testimonio correspondiente." Es por lo anterior que se le tuvo por precluido su derecho a ello." Este es el auto que constituye el acto materia del reclamo en el juicio de amparo en estudio. Precisado lo anterior tenemos que, el impetrante del amparo, previamente a la instauración de esta vía constitucional, debió interponer el recurso de revocación, conforme lo señalan los artículos 88, 472, 473, fracción I, 475, 479, 480, fracción III y 481, del Código de Procedimientos Familiares del Estado, el cual procede, respecto autos y resoluciones dictados dentro y fuera de audiencia contra los que no proceda apelación, numerales que a la letra dicen: "ARTÍCULO 88. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. (.) "ARTÍCULO 472. Las resoluciones emitidas por los tribunales son impugnables a través de los recursos, en las formas que establece este código. "ARTÍCULO 473. Este código reconoce como recursos los siguientes: Revocación; y, (.) "ARTÍCULO 474. Los recursos no son renunciables. "ARTÍCULO 475. Pueden interponer recursos: Las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados, aunque el poder con que gestione no tenga la cláusula especial para ello. Las o los terceros que hayan salido al juicio. El ministerio público y la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, cuando así lo establezca la Ley. Las demás personas a quienes perjudique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesadas. (.) "ARTÍCULO 479. Los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juzgado que los haya dictado. En segunda instancia todos los autos son revocables. "ARTÍCULO 480. Durante la audiencia, el recurso de revocación solo procede en contra del auto que: I. No admita pruebas; II. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y, III. Autos o resoluciones que no fueren apelables. Interpuesta la revocación, el juez o jueza debe dar vista, de estar presente, a la parte contraria para que en el acto manifieste lo que a su interés convenga y posteriormente debe dictar la resolución correspondiente. "ARTÍCULO 481. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días, y transcurridos estos el juez o jueza debe resolver dentro del tercer día lo que corresponda." En esa asociación de ideas, la solicitante de protección de derechos humanos y violación de sus garantías individuales, debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, mediante la interposición del recurso de revocación mencionado, el cual como se dijo, procede contra el auto impugnado de inconstitucional, pues a través de ese medio ordinario de defensa, la ahora quejosa tenía la posibilidad de que se le repararan los agravios que alega le fueron causados por la actuación de la autoridad. Se itera, que el principio de definitividad, que rige al juicio de derechos humanos, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el solicitante de protección de derechos fundamentales debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa, son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, la quejosa no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable. Las consideraciones apuntadas, permiten arribar a la conclusión de que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales contenido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, la ahora amparista antes de acudir al amparo contra el acuerdo dictado por la autoridad responsable y que aduce le causa agravio, debió impugnarlo mediante la interposición del recurso de revocación, medio de defensa, previsto en los artículos 479 al 482 del citado ordenamiento adjetivo, con el que se podía lograr su modificación, revocación o nulificación y así de esa manera la amparista tenía la posibilidad de que se le reparara los agravios que alega le fueron causados por la actuación de la autoridad, máxime que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en la página 2377, del Libro V Tomo 3, febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable." Y por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816 del Tomo XXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2006, bajo el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." También es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2002, bajo el rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la peticionaria de garantías debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a esta fracción, la parte quejosa sólo podrá acudir a esta instancia constitucional hasta después de que haya agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución es de imposible reparación, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses; sin embargo, el principio de definitividad se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. De tal modo, debe decirse que en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo; entonces, si la agraviada tuvo la carga de agotar el recurso ordinario de revocación, en contra del acto por el que hoy se duele, debió intentarlo antes de venir al juicio constitucional que nos ocupa. Para lo anterior, sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Décima Época, con número 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil dos trece, Libro 1, página 350, que reza: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En esa tesitura, es dable establecer que previo a ejercer la acción constitucional, cuya naturaleza es de tipo extraordinario, la parte agraviada debió haber agotado los medios de impugnación puestos a su alcance por las leyes ordinarias que regula el aludido acto reclamado, cumpliendo con el citado principio de definitividad que exige el juicio de garantías; de manera tal, que aquel que acuda a solicitar la protección federal, lo sea porque no tiene otro medio legal a su alcance para impugnar el acto de que se duele. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la jurisprudencia J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, página 902, que reza: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la Ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la Ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Igualmente apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la jurisprudencia J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, página 1816, que dispone: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Y en lo conducente por identidad de razón, la jurisprudencia 52, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de julio a diciembre de mil novecientos noventa, página 401, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Aunado a lo anterior, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtenerlos, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad común. Encuentra apoyo a lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, página 276, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." Corolario de lo anterior, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por consiguiente, la causal de sobreseimiento mencionada, como ya se dijo en párrafos precedentes, impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, ya que el sentido del fallo no sólo no obliga a ello, sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Tomo 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de la Materia, se: R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con el último considerando de este fallo, se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por CLAUDIA MARISELA ANDRADE VILLAGÓMEZ. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, hasta el día de hoy, veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en que así lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
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