Claudio Morales Zapata

Expediente 205/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
205/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Claudio Morales Zapata
  • Congreso del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes se inconformara con el proveído mediante el cual se declaró enteramente cumplido el fallo protector de amparo, de uno de febrero de dos mil veintitrés, o hayan hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se declara que dicho auto causa estado y queda firme para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro correspondiente. En tal sentido, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, atento a la resolución que puso fin al presente juicio, y a lo dispuesto en los numerales 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es depurable, por lo que se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, así como la de la fecha de archivo. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación que antecede de la que se observa que, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió por auto de ********************al quejoso ********************, de lo que quedó notificado el ********************y el término de tres días le transcurrió del veintiuno al veintitrés de enero del año en curso. Asimismo, el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, quedó notificado el ********************sin que a la fecha hubieren informado inconformidad a este Juzgado, por tanto, con las constancias que obran en autos se procede a efectuar el análisis de cumplimiento del fallo protector que nos atañe. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 y en apego al criterio jurisprudencial 26/2000, aprobado por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, bajo el rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Con base a lo anterior, este Juzgado de Distrito, se avoca al análisis del cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la responsable citada ut supra. Mediante resolución terminada de engrosar el once de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, dictó sentencia en este juicio, en la que, en base a las consideraciones ahí expuestas, sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, para los siguientes efectos: ".Por lo que, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte agraviada el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria de la contribuyente. Ahora, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga a la parte quejosa al pago de menor cuantía establecido en la categoría de que se trate, resulta inconcuso que en cumplimiento a la ejecutoria, las autoridades ejecutoras deberán restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Es necesario precisar que a la cantidad que deba devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarle la diferencia de la cantidad que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquélla se efectuó, y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la parte quejosa las cantidades que enteró a la autoridad exactora bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenían al momento en que se erogó". Así las cosas, con fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el debido cumplimiento del fallo protector a las autoridades exactoras vinculadas a su cumplimiento. Y no obstante de que por auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad exactora informando sobre las gestiones que se encontraba realizando para dar cabal cumplimiento al fallo protector de amparo, mediante diversos proveídos de fechas veintiuno y veintidós de diciembre del año en curso, se tuvo a la autoridad exactora municipal, informando sobre el monto a devolver por concepto del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, y por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso expresando su conformidad respecto de la cantidad a devolver por parte del Tesorero Municipal de esta Ciudad. Por lo anterior, con fecha nueve de enero del año en curso, el Tesorero Municipal de esta Ciudad, estableció la cantidad a devolver al quejoso, y solicitó prorroga a este Juzgado, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, se le concedió la misma, para tales efectos. Por último, mediante acuerdo de fecha ********************se tuvo a la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, informando que el cheque 0013958 elaborado por la cantidad de ********************a favor del quejoso ********************, consistente en el importe a devolver por concepto de pago de impuesto predial del ejercicio fiscal de dos mil veintidós, respecto del inmueble propiedad del quejoso, el cual se encuentra a su disposición en la Caja General de dicha Tesorería Municipal, en un horario de martes a viernes de ocho horas a las doce horas con treinta minutos y haciendo del conocimiento de este Juzgado Federal que el quejoso podía acudir a recoger el cheque de mérito para su buen cobro. Así, las documentales aludidas que fueron remitidas en instrumental de actuaciones, poseen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia. Con lo anterior, por auto de ********************se dio vista al quejoso ********************, de lo que quedó notificado el ********************y el término de tres días le transcurrió del veintiuno al veintitrés de enero del año en curso, Asimismo, el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, quedó notificado el ********************sin que a la fecha hubieren informado inconformidad a este Juzgado. Corolario a lo expuesto, como se advierte la parte quejosa, no formuló escrito de inconformidad expresa, en el sentido de que está satisfecha con haber recogido el título valor de referencia, y con base a lo informado por la responsable de mérito, es declarar CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, pues se colmó el núcleo esencial de las obligaciones exigidas a la autoridad responsable. Lo antes expuesto es en acatamiento, a lo establecido en el artículo 192, de la Ley de Amparo, a la Jurisprudencia 2a. CXIV/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Octubre de 1997, página 414, de rubro y texto dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos del tercer párrafo del arábigo 201, fracción I, y 202 primer párrafo de la Ley de Amparo, en la inteligencia que de no inconformarse dentro del plazo de quince días que prevé el citado numeral, legalmente computado, se tendrá por consentido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vistos el oficio y anexo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, informando que el cheque 0013958 elaborado por la cantidad de $4,359.55 cuatro mil trescientos cincuenta y nueve pesos 55/100 M.N.), a favor del quejoso Claudio Morales Zapata, consistente en el importe a devolver por concepto de pago de impuesto predial del ejercicio fiscal de dos mil veintidós, respecto del inmueble propiedad del quejoso, el cual se encuentra a su disposición en la Caja General de dicha Tesorería Municipal, en un horario de martes a viernes de ocho horas a las doce horas con treinta minutos. En tales condiciones, dese vista con lo anterior al quejoso en mención, y requiérasele para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga, para estar en aptitud de proveer lo relativo al cumplimiento del presente sumario constitucional, apercibido que de no hacerlo así, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como con los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Se tiene al delegado de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Juárez, informando sobre las gestiones realizadas tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, comunicando que la cantidad a devolver a la parte quejosa, ya actualizada, es la de ********************por concepto del impuesto predial correspondiente a la clave catastral de la parte quejosa, respecto al ejercicio fiscal dos mil veintidós. Asimismo, comunicando que una vez que se cuente con el cheque correspondiente, se procederá a informar a este juzgado. Por último, tomando en consideración las manifestaciones que esgrime el delegado de la autoridad responsable Tesorera Municipal de Juárez en el oficio que signa, y como lo solicita en términos del artículo 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se otorga prórroga para dar cabal cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, y se le concede un plazo de diez días a fin de que esté en aptitud de cumplir con la referida ejecutoria, en el entendido de que para el caso de ser omisa al respecto, se hará acreedora al apercibimiento decretado mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. En tales condiciones, dese vista con lo anterior al quejoso ********************y requiérasele para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto a las manifestaciones de la responsable en cita, tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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