Claudia Mancera Santana
Expediente 1064/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Claudia Mancera Santana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado, sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ***********, contra los actos que reclamó del Juez de Oralidad de esta ciudad, no fue recurrido dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Glósese el original del cuaderno incidental mismo que será susceptible de destrucción, tomando en cuenta que se negó la suspensión provisional y definitiva, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Asimismo, devuélvanse las constancias allegadas por la autoridad responsable, consistentes en un tomo de pruebas. Finalmente, se advierte que obran en el sumario diversos documentos originales allegados por la parte quejosa; en ese sentido, se dejan a disposición de la misma por el término de noventa días, apercibida que de no acudir a recogerlos, serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
A sus autos el oficio registrado con el número 16238, por medio del cual el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo y comunica: Que el catorce de los corrientes, se llevó a cabo a cabo la audiencia de juicio dentro de los autos de origen F1875/2015, donde las partes contendientes llegaron a un convenio; por lo que se ordenó el archivo del expediente por tratarse de un asunto concluido. Asimismo, téngase por recibida la diversa comunicación oficial registrada con el consecutivo 16237, por medio del cual la autoridad de referencia, en atención al requerimiento de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, remite un disco de almacenamiento que contiene la audiencia de juicio de catorce de noviembre de la anualidad que transcurre, celebrada dentro de los autos del juicio de origen. Fórmese un tomo de prueba con las constancias que acompaña con el primer oficio de cuenta. Ahora, se estima importante precisar que la quejosa reclama en esta instancia, a literalidad lo siguiente: "La resolución dictada por el Juez Oral Familiar, en la Audiencia de Juicio Familiar de fecha 20 de octubre de 2016, dentro del juicio oral familiar número F1875/2016, en la etapa revisión de medidas provisionales, de aseguramiento previstas en la fracción V, del artículo 828 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, relativa a la determinación del Juez de Oralidad de conceder la medida precautorias de alimentos, en favor de mis menores hijos [.] a razón de un 15% quince por ciento para cada uno de mis menores hijos." Precisado lo anterior y atento a las probanzas referidas en párrafos precedentes, las que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza y que cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia. Ello en virtud de que, como se evidencia, existe un cambio de situación jurídica respecto de la resolución que decretó la medida precautoria de alimentos a razón de un 15% quince por ciento para cada uno de sus hijos, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior, se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo VI, Precedentes Relevantes SCJN, Materia Común, Novena Época, del Apéndice de 2000, del rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del citado artículo 61, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: a. La resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis, que decretó la medida provisional de alimentos en favor de los hijos de la aquí quejosa, a razón de un 15% para cada uno de ellos, emanada en el juicio oral ordinario F1875/2016, del índice del Juzgado de Partido Especializado en materia Familiar. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, las partes celebraron un convenio, con el cual se concluyó el juicio. c. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la determinación que decretó la medida precautoria de alimentos a razón de un 15% quince por ciento para cada uno de sus hijos, deben considerarse consumadas de un modo irreparable. d. Existe autonomía entre la resolución reclamada y la nueva resolución; es decir, la audiencia que dio por concluido el juicio, en virtud de un convenio celebrado entre las partes, puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2005045, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Página: 399, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO. La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo (en vigor hasta el 2 de abril de 2013), debe implicar la desaparición total de la violación de los derechos transgredidos con el acto reclamado; en consecuencia, para su actualización, es preciso que los efectos de la violación reclamada desaparezcan en su totalidad, de modo que ya no sea posible cumplir con el objetivo buscado en el amparo. En esa virtud, el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva, no es suficiente para considerar que cesaron los efectos de la provisional, pues si se tiene en cuenta que los alimentos son de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia, los efectos de la pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues por un lado deben tenerse en cuenta los que se produjeron desde el momento en que se emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la definitiva; y por otro, aquellos que a pesar de ese dictado se pueden seguir generando. Así, viendo hacia el pasado, es dable afirmar que la pensión alimenticia definitiva no extingue los efectos que la provisional ya ha producido, pues al ser autónoma e independiente de ésta, no elimina las violaciones a los derechos humanos que a través de la provisional se hayan cometido y reclamado en el amparo, por tanto, no puede considerarse que la finalidad perseguida en el juicio constitucional carezca de objeto. En efecto, si se tiene en cuenta que la parte acreedora generalmente pretenderá combatir esa determinación en el amparo, argumentando que la pensión es deficiente, y que por su parte, el deudor puede alegar que es excesiva o que no debió concederse por no estar demostrado el vínculo en que la actora sustentó su pretensión, es claro que ante esa posibilidad de reclamos, no puede considerarse que la determinación que fija la pensión definitiva prive de sentido el análisis constitucional de la provisional, pues la pensión definitiva en modo alguno erradica las violaciones cometidas a través de la decisión que fija los alimentos de manera provisional, lo cual sí puede ocurrir con la concesión del amparo, de manera que en caso de actualizarse una causa de improcedencia ésta no es la relativa a la cesación de efectos. Por otro lado, viendo hacia el futuro, debe decirse que si bien esta Primera Sala ha señalado que la pensión provisional cesa con el mero dictado de la sentencia que fija la definitiva, pues la provisional subsiste hasta el momento en que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, esta afirmación debe entenderse desde un punto de vista meramente formal, mas no material, pues aunque formalmente el dictado de la sentencia que fija en definitiva los alimentos, sustituye a la resolución que los establece de manera provisional, ello no siempre es así desde el punto de vista material, pues como los alimentos son de tracto sucesivo, los efectos materiales de la pensión provisional sólo pueden dejar de producirse cuando la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución. Bajo esas consideraciones al haber sido sustituido la resolución que decretó las medidas de restricción y de separación de cónyuges por la audiencia que dio por concluido el juicio, en virtud de un convenio celebrado entre las partes, es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XVII del arábigo 61 de la ley de la materia vigente. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 9/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 265, abril de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Novena Época, que dice: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica." En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil dieciséis. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Finalmente, en virtud de lo aquí determinado únicamente agréguese para que obre como corresponda, el escrito con folio 16211, mediante el cual la quejosa Claudia Mancera Santana, manifiesta su intención de desistirse de la tramitación del presente juicio, en razón de que llegó a un convenio en el controvertido natural.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por el cual el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad, remite las constancias de emplazamiento al tercero interesado ****************, por medio del Sistema Informático del Poder Judicial; en consecuencia, téngasele por emplazado al presente juicio. Ahora, de las constancias de referencia se desprende que la autoridad responsable emitió, dentro de los autos del juicio de origen, el proveído de quince de los corrientes, en el que asienta que ***************(tercero interesado), celebraron un convenio definitivo, con el que se dio salida al expediente como asunto totalmente concluido. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante para que en el término de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento del presente asunto, remita a este Juzgado las probanzas relativas al convenio en cita, a fin de proveer lo conducente. Con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cincuenta días en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Incidental
ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ************, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando único de esta resolución.
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