Claudia Ivette Pérez Escareño

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Claudia Ivette Pérez Escareño

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo indirecto y anexos, presentada por ********************, contra actos que reclama al Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital; fórmese el expediente electrónico respectivo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 795/2023-VII-B. Ahora bien, en atención a las manifestaciones expresadas por la parte quejosa, este Juzgado estima que es legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo. Al respecto, resulta oportuno precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio) El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, que se contiene en el comentado numeral de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que diferencia a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes; por lo que, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una demanda de amparo, de la que otro deba conocer, debe declararse legalmente incompetente y comunicar su resolución al juez que, en su concepto, debe conocer de dicho juicio, acompañándole copia del escrito de demanda, para que decida si acepta o no la competencia declinada. En la especie, del análisis de la demanda de amparo promovida por la quejosa ********************, por propio derecho, se observa que reclama la omisión de resolver respecto al recurso de revisión interpuesto el catorce de noviembre dentro del juicio laboral ********************/********************/********************, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua. De ahí que, el acto reclamado en esta instancia, encuadra en el segundo supuesto previsto por la norma citada. Lo anterior, evidencia que las consecuencias y efectos del acto impugnado en esta vía, se materializarían en la Ciudad de Chihuahua, lugar donde este juzgado de Distrito no tiene jurisdicción, sino dentro de la circunscripción territorial de un Juez de Distrito de este circuito, pero con residencia en aquella ciudad. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el registro digital 2026910, publicado en el Semanario Judicial de la Federación. "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. ********************/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo ******************** de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima Época, (registro: 240065), que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." De igual manera la tesis emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 2********************-228, Séptima Parte, Séptima Época, (registro: 245025), que establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así como, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, (registro: 189167), de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Consecuentemente, corresponde conocer de la demanda de amparo de que se trata al Juez de Distrito de Amparo en la Ciudad de Chihuahua, en Turno; por lo que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del presente asunto; en consecuencia, se ordena remitir la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de Chihuahua, para que ésta lo turne al Juzgado correspondiente en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. De igual manera, se solicita al órgano jurisdiccional que por razón de turno le corresponda conocer del presente asunto, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este Juzgado, si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Notifíquese personalmente.

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