Claudia Lorenzo Matias y Otros.

Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
505/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Claudia Lorenzo Matias y Otros.
  • Claudia Lorenzo Matias
  • Yolanda Martínez Guillén
  • Yolanda Martínez Guillén y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva. Por ende, una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, secretario que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra actos de la Oficialía del Registro Civil Número Uno de Zitácuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el doce de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido en esa propia data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** y ******************** comparecieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal General del Estado, y otras autoridades; en los términos siguientes: "La omisiones o Actos realizados en la Carpeta de investigación con Número único de caso ******************** con número de expediente ********************, ya que su actuación es ilegal, ha incurrido en actos respecto de su deber de investigar los delitos, al soslayar la ejecución de diligencias y actos, documentos con errores, oficios, certificado de defunción con errores, oficios con errores que son necesarios para comprobación de hechos, de tal manera que esta situación se ha presentado sin una justificación legal y ha producido una afectación a nuestros derechos fundamentales de nosotras como víctimas.". En ese ocurso, las promoventes narraron los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. En auto de trece de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional radicó el asunto bajo el expediente número ********************, y determinó prevenir a las promoventes para que, entre otras cosas, aclararan el acto señalado como reclamado, toda vez que narraron diversas inconsistencias en la carpeta de investigación en la que tienen la calidad de víctimas, que derivaron en la imposibilidad de obtener el acta de defunción de ********************. Ese requerimiento lo atendieron en el escrito de veintiséis de mes y año en mención; sin embargo, mediante proveído de veintisiete siguiente este Juzgado Federal requirió a las promoventes para que ratificaran las firmas que plasmaron, al diferir a simple vista con las que signaron el libelo inicial. El veintitrés de junio de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda por lo que hace a ********************; y, respecto de la aclaración efectuada y ratificada por la diversa quejosa ********************, se determinó reprevenirla para que, entre otras cosas, precisara si específicamente reclamaba la negativa u omisión de expedir el acta de defunción de ********************, por parte de la Oficialía del Registro Civil Número Uno. Después de que en varias determinaciones se reiterara a la mencionada quejosa que no cumplía con lo solicitado, el veintisiete de julio de dos mil veintidós, de acuerdo a sus escritos aclaratorios presentados, en cumplimiento a lo apercibido en el acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la promovente únicamente reclamando en este juicio la negativa u omisión de hacerle entrega del acta de defunción del citado finado, atribuida a la Oficialía del Registro Civil Número Uno de Zitácuaro, Michoacán. En tales condiciones, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda en esos términos, solicitó su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, el catorce de noviembre de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto atribuido a una autoridad administrativa que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La negativa de la autoridad responsable de emitir y entregar a la aquí quejosa, el acta de defunción de ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se presume cierto el acto reclamado, tal como lo dispone el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe, no obstante ser debidamente requerida. Ello con independencia de que haya referido que rindió el informe previo correspondiente en el que negó el acto, pues mediante oficio recibido el trece de octubre del actual, hizo manifestaciones en el sentido de aceptar la existencia del acto e, incluso, remitió las constancias que lo sustentan. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Este juzgado federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pues la peticionaria de amparo no acreditó su interés jurídico para accionar. El numeral señalado textualmente dispone: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De las porciones normativas transcritas se obtiene que el juicio constitucional se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico), o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias.". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Esto quiere decir que para solicitar el amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos). En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". Como se observa, en el decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las condicionantes para demostrar el interés jurídico son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En la especie, la quejosa ******************** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, bajo el argumento toral de que la autoridad responsable le ha negado la expedición y entrega del acta de defunción del finado ********************. Lo que implica que la justiciable acude en defensa de un interés jurídico, pues alega la ilegal actuación de la Oficialía del Registro Civil Número Uno de Zitácuaro, Michoacán, al negarle aquella acta de defunción. Entonces, para acreditar tal extremo, era indispensable que la peticionaria de amparo acreditara que, efectivamente, elevó su petición ante la citada autoridad, de forma escrita, pacífica y respetuosa. Esto a fin de motivar la voluntad administrativa y que ésta estuviera en condiciones de analizar la procedencia de lo solicitado conforme a las normas aplicables para emitirle, en breve término y de manera fundada y motivada, una respuesta que atienda o niegue sus pretensiones. Lo anterior porque el derecho de pedir surge como una potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que la persona les eleve. En efecto, al ser el derecho de petición uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de las personas gobernadas en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos, debe probarse que se ejerció dicho derecho ante la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al respecto, el artículo 8 constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República; asimismo, que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término a la persona peticionaria. El derecho de petición reconocido en el artículo 8° de la Carta Magna anteriormente transcrito, cuyo titular son las personas en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Por consiguiente, para que una persona pueda instar el juicio de amparo en contra de la falta de contestación a una petición, debe acreditar la afectación que le causa dicha omisión, la cual será inexistente si no demuestra haber elevado la petición, de cuya falta de contestación se duele. Efectivamente, son reiterados los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sostienen que el interés jurídico, como presupuesto indispensable para la procedencia del amparo, debe probarse fehacientemente y no bastan meras afirmaciones, o presunciones. Esto significa que, para la procedencia del juicio de amparo, el interés jurídico debe estar demostrado de manera tal que exista una fuerte probabilidad de que la persona quejosa efectivamente cuente con el derecho con el que se ostenta. Conforme a lo anterior, se tiene presente que la autoridad responsable hizo manifestaciones a través de la cuales aceptó le negativa que constituye el acto reclamado; ya que, en su decir, era inviable la expedición del acta virtud de inconsistencias en el nombre de la progenitora del finado; sin embargo, cierto es también refirió que la aquí quejosa no presentó algún escrito en el que solicitara la expedición del acta de defunción, sino que lo hizo de manera verbal. De modo que en esta instancia constitucional resultaba indispensable que la peticionaria de amparo desvirtuara lo anterior, esto es, que acreditara que presentó su solicitud con las exigencias del artículo 8 Constitucional, a fin de que la autoridad responsable le emitiera una contestación de manera fundada y motivada. Por ello, si entre sus documentales la quejosa no exhibió el acuse de recibo que contenga la petición formulada, en la que aparezca el sello de recibido de la dependencia de que se trata, es inconcuso que no acreditó su interés jurídico para accionar. Al respecto, se cita como aplicable la siguiente tesis: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ACUSE DE RECIBO ORIGINAL QUE CONTIENE LA PETICIÓN FORMULADA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CUANDO ÉSTA NO DÉ RESPUESTA EN EL PLAZO LEGAL A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE QUE HA OPERADO LA AFIRMATIVA FICTA, ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece que las autoridades del Poder Ejecutivo de dicha entidad, Municipios y organismos descentralizados con funciones de autoridad de carácter estatal o municipal se encuentran obligadas a dar contestación a las solicitudes que les formulen los particulares, estableciéndose que la omisión de cumplir con dicha disposición dentro del plazo de treinta días genera consecuencias legales, como la afirmativa ficta, la cual se actualiza cuando se trate de peticiones que den inicio a procedimientos regulados por el Código Administrativo local, con las excepciones que éste establece, para lo cual no sólo es necesario el transcurso del tiempo, sino que debe obtenerse una certificación por parte de la autoridad de que aquélla ha operado, o bien, en caso de que se omita atender la petición relativa en el plazo de tres días hábiles, basta para acreditarla la presentación del documento con acuse de recibo original que contenga la petición formulada en la que aparezca claramente, o sello fechador original de la dependencia o la constancia de recepción con firma original del servidor público respectivo. Por tal motivo, al ser el interés jurídico un derecho subjetivo que deriva de una norma objetiva, y siendo que el propio legislador estableció que la presentación del indicado acuse de recibo produce todos sus efectos legales ante las autoridades administrativas, es evidente que cuando la autoridad no dé respuesta a la señalada solicitud de certificación, dicho acuse es suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo.". Además, cabe reiterar que el presente asunto debe ser inicialmente abordado bajo la perspectiva del derecho de petición, porque al margen de que en su demanda la peticionaria de amparo refiriera que dentro de la indagatoria en la que tiene la calidad de víctima se intentó obtener la mencionada acta de defunción, lo cierto es que, acorde a sus escritos aclaratorios, la fiscalía y demás autoridades investigadoras no forman parte de esta litis constitucional. De tal suerte que la quejosa tampoco arrimó a este sumario la constancia respectiva a través de la cual supuestamente la autoridad ministerial solicitó a la Oficialía del Registro Civil la expedición del acta de defunción y que ésta haya sido negada por los motivos reseñados. Así, se estima que aun cuando la negativa atribuida a la autoridad responsable precisada haya sido emitida de manera verbal, lo cual es evidentemente contrario al Pacto Federal, existe un impedimento técnico para abordar el estudio de regularidad de dicha actuación, porque como queda visto deben colmarse las formalidades del artículo 8 Constitucional. Ante ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio conforme a la fracción V del artículo 63 del mencionado ordenamiento. Ante tal conclusión, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos y razones indicadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra actos de la Oficialía del Registro Civil Número Uno de Zitácuaro, Michoacán; y... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos y razones indicadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del proveído de catorce de octubre del año en curso, en el que se recibieron diversas constancias con las que la autoridad responsable pretende justificar la constitucionalidad del acto reclamado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

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