Claudia Ivone Pérez Ramayo
Expediente 1459/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1459/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Claudia Ivone Pérez Ramayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Así también, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18 del Acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 1459/2022-IV-A, promovido por CLAUDIA IVONE PÉREZ RAMAYO, contra el acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en Progreso, Yucatán; y ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el nueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció CLAUDIA IVONE PÉREZ RAMAYO a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (autoridad ordenadora) y actuario de su adscripción (autoridad ejecutora), ambos con sede en Progreso, Yucatán. SEGUNDO. Por auto de diez de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 1459/2022-IV-A; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, esencialmente, en: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 481/2010 de su índice y sus consecuencias. TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues no obstante que lo negaron, con posterioridad hicieron manifestaciones de donde se desprende su existencia, lo que se corrobora en el contenido de los mismos. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El estudio de las causales de improcedencia es preferente al fondo del asunto, por ser cuestión de orden público, ya sea por solicitud de cualquiera de las partes u oficiosamente, por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61, relacionada con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en relación con la acción protectora ejercitada por Claudia Ivone Pérez Ramayo, toda vez que presentó demanda de amparo contra los actos aquí reclamados, de forma extemporánea. Lo que es así, virtud a lo que se expone enseguida. Los numerales antes citados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" Los arábigos 103 y 107 Constitucionales, en su primera parte, en relación con el ordinal 17 de la Ley de la Materia citado, contemplan la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio de amparo, esto es que, si el precitado medio de control constitucional no se promueve dentro de los términos previstos, entonces se entenderá que el acto reclamado fue consentido tácitamente. Asimismo, de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo invocados se obtiene que el término general para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del: 1. Día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Aquél en que haya tenido conocimiento; 3. Aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Lo anterior, con las salvedades previstas en las fracciones I a IV, del mismo artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso, el plazo concedido por la ley para que la quejosa se inconformara con el emplazamiento reclamado, transcurrió en exceso. A fin de evidenciar la premisa expuesta, es necesario atender el contenido de las documentales remitidas en su informe por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, Yucatán, derivadas de juicio ejecutivo mercantil 481/2010, a fin de dotar al presente estudio del debido marco fáctico procesal. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Que mediante escrito de veinticinco de agosto de dos mil diez, la persona moral Caja La Asunción, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Reyes Paulino Gutiérrez Maldonado, como deudor principal, así como de CLAUDIA IVONE PÉREZ RAMAYO (aquí quejosa) y de Rosenda Rita Maldonado Quiñones, como avales, a quienes reclamó el pago de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) y diversas prestaciones (foja 1, Tomo Anexo). Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil diez se admitió a trámite la demanda dictando el auto de exequendo, por lo que se comisionó al actuario para realizar el requerimiento de pago y/o embargo de bienes, así como el emplazamiento de los demandados (foja 5, Tomo Anexo). En diligencia de quince de abril de dos mil once se llevó a cabo el emplazamiento de CLAUDIA IVONE PÉREZ RAMAYO, por medio de cédula de notificación (previo instructivo), diligencia en la cual se le requirió de pago por conducto de la persona con la que se entendió, y la parte actora se reservó el derecho a embargar bienes (fojas 11 a 13, Tomo Anexo). Seguido el juicio ejecutivo mercantil en sus diversas etapas, mediante sentencia de veinte de enero de dos mil catorce, la Jueza declaró procedente el juicio y condenó a los demandados a pagar a la parte actora la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos, sin centavos, moneda nacional) en concepto de capital, los intereses ordinarios al tipo pactado y los intereses moratorios, así como al pago de gastos y costas (foja 190, Tomo Anexo). Actualmente, el expediente se encuentra en fase de ejecución de sentencia, habiendo la parte actora presentado planilla de liquidación, la cual en auto de uno de junio de dos mil veintidós, fue aprobada, por $44,100.00 -cuarenta y cuatro mil cien pesos 00/100 moneda nacional- (foja 341, Tomo Anexo). Ahora bien, al margen de la diligencia de emplazamiento de quince de abril de dos mil once, correspondiente al emplazamiento de CLAUDIA IVONE PÉREZ RAMAYO, cobra especial importancia diversa actuación realizada el tres de abril de dos mil doce. En efecto, en la diligencia señalada, se tiene que al actuario adscrito al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, Yucatán, se constituyó en el domicilio señalado de la parte demandada CLAUDIA IVONE PÉREZ RAMAYO, aquí quejosa, a fin de notificar los acuerdos de trece de enero y veintitrés de marzo, ambos de dos mil doce, lo que así realizó, como se observa de las constancias conducentes, que a continuación se inserta su imagen digital, para dotar de mayor claridad a este estudio: "[.] (Fojas 40 y 41, del Tomo Anexo) [.]". Como se observa de las constancias anteriores, se tiene que el fedatario adscrito al juzgado de origen, se apersonó en el domicilio designado para notificar a la parte demandada, por lo que una vez que indicó cerciorarse del mismo, tocó la puerta de entrada saliendo del interior una persona del sexo femenino quien indicó llamarse CLAUDIA IVONE PÉREZ RAMAYO, quien no se identificó por no contar en ese momento con documento para ello. La persona entrevistada le informó al fedatario que ese es su domicilio donde vive, ocupa y habita, por lo que el actuario asentó que es la persona que buscaba, y procedió a realizarle la notificación de los acuerdos de trece de enero y veintitrés de marzo, ambos de dos mil doce, a los cuales dio lectura, levantando la cédula correspondiente, la cual le entregó, y le manifestó recibirla de conformidad, quedando enterada y notificada, con lo que concluyó la diligencia. Luego, se tiene que las actuaciones anteriores se recibieron mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en este juicio de amparo, cuando la juez responsable remitió las constancias completas del juicio ejecutivo mercantil 481/2020, en alcance a su informe justificado; con las cuales se dio vista a la parte quejosa, sin que hiciera manifestación alguna al respecto a su contenido. De esta forma, de la vista anterior se observa que la quejosa tuvo conocimiento de las diligencias completas de ese sumario natural, incluyendo la diligencia de tres de abril de dos mil doce ya destacada; donde se hizo constar que ella misma atendió al fedatario del juzgado de primer grado; sin que combatiera esa diligencia por vicios propios. En efecto, la diligencia señalada de tres de abril de dos mil doce, se entendió directamente con la aquí amparista, y con independencia de las deficiencias que pudiera tener, la parte quejosa no hizo pronunciamiento alguno, con lo cual consintió tal actuación. Ciertamente, en este punto, no es posible atender aspectos formales de la diligencia, tales como el debido cercioramiento del actuario, sin que la parte quejosa haya formulado concepto de violación sobre esos tópicos. Asimismo, no basta que la amparista haya señalado en la demanda de amparo combatir la diligencia de emplazamiento, pues al momento en que se le dio vista con las constancias totales del juico ejecutivo mercantil de origen, surgió la obligación de impugnar cualquier otra actuación que le ocasionara perjuicio; lo anterior, dado que con la vista tuvo oportunidad de conocer los detalles de las diligencias del juicio, en particular la de tres de abril de dos mil doce, por lo que de modo destacado debió combatir los vicios particulares de esa diligencia, sin que lo haya realizado. Como ya se apuntó, al margen de los vicios que pudiera tener esa diligencia, lo cierto es, al no impugnarse de manera particular, consintió la misma, en la cual, se hizo constar que CLAUDIA IVONE PÉREZ RAMAYO, atendió al actuario del juzgado de origen el doce de abril de dos mil doce; por tanto, desde esa fecha tuvo conocimiento del juicio de origen. En consecuencia de lo anterior, resulta claro que desde esa data estuvo en aptitud de acudir al juicio de amparo a fin de combatir su emplazamiento al juicio, o bien, impugnarlo mediante el medio ordinario de defensa. Siendo lo anterior un dato relevante para la procedencia del presente juicio de amparo; ya que de acuerdo a la relatoría que antecede, queda evidenciado que la parte amparista no tuvo conocimiento del juicio originario en la fecha señalada en su demanda de ampro bajo protesta de decir verdad (diecinueve de mayo de dos mil veintidós), sino desde la diligencia anteriormente apuntada de data doce de abril de dos mil doce; por tanto desde aquella fecha empezó a contar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, por lo que al hacerlo hasta el ocho de junio de dos mil veintidós, resulta notoriamente extemporánea. Sin que el acto aquí reclamado, se ubique en lo que señala la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que son supuestos en los cuales la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo. En esa guisa, al actualizarse en autos la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61, relacionada con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en razón de que la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo legal, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Respalda esta determinación, la tesis de jurisprudencia con número de registro 23900612, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de la literalidad siguiente: "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, al resultar fundados los diversos motivos de improcedencia analizados, resulta innecesario el estudio de las restantes causales de improcedencia invocadas por las partes, dado que ello no cambiaría el sentido de la presente sentencia. Sustenta el argumento precedente, el criterio siguiente: "Registro digital: 195744 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CLAUDIA IVONE PÉREZ RAMAYO, contra el acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en Progreso, Yucatán, por los motivos señalados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintidós de julio del año actual, por lo que remite copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Al efecto, se tiene a la referida autoridad cumpliendo dicho requerimiento, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido de las constancias recibidas, para los efectos legales conducentes. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida como prueba de la autoridad oficiante, la documental a la que se refiere en su oficio de cuenta, para ser tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, por lo que hace al anexo remitido por la autoridad oficiante, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, como anexo uno, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, del que se advierte que en auto de veintidós de julio del año actual se le requirió a la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificada de este proveído, remitiera en copia certificada la totalidad de las constancias completas y legibles relativas al acto reclamado, sin que obre en autos el acuse del oficio con el que se le requirieron dichas constancias. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere a la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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