Claudia Ileana Pedrera Irabien

Expediente 1175/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1175/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Claudia Ileana Pedrera Irabien
  • J. E. L. P.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintidós.********************Visto el estado procesal que guardan estos autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los mismos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la quejosa Claudia Ileana Pedrera********************, por sí y en representación de su hijo menor ********************, y en atención a lo que solicita, devuélvansele las documentales que relaciona, para los efectos legales correspondientes. ********************Para lo cual, prevéngase a la parte quejosa, para que solicite una cita mediante la obtención del código "QR", el cual puede tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, tal como lo señala el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del propio Consejo; lo anterior, a fin de que comparezca a este Juzgado Federal a recogerlas.********************Notifíquese.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto: se tiene por recibido del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 1663, con el que se devuelven estos autos incidentales, y remite testimonio de la resolución pronunciada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el toca 23/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada en estos autos incidentales; ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- SE CONFIRMA la sentencia interlocutoria impugnada. SEGUNDO.- Se NIEGA a CLAUDIA. ILEANA PEDRERA IRABIEN, por sí y en representación de su hijo menor de edad de iniciales J.E.L.P., la suspensión definitiva que solicitó en cuanto a los actos que reclamó al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, así como del Secretario Municipal y del Director de Desarrollo Urbano del propio Ayuntamiento." Acúsese recibo a la Superioridad, y hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de veintiuno de abril del presente año, causó ejecutoria la resolución de treinta de marzo del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio constitucional del que deriva este incidente de suspensión, por lo que se ordenó archivar dicho expediente como asunto totalmente concluido, en auto de dicha fecha. En consecuencia, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del presente cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo, y glósese a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, remítase a la autoridad ordenadora, copia certificada del testimonio de la resolución de referencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta de marzo último, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Atento a lo anterior, comuníquese esta determinación al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en relación al incidente en revisión 23/2021, de su índice, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el veintiséis siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ***, por sí y en representación de su hijo menor J.E.L.P., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama al Presidente y Secretario Municipales, así como Director de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se registró la demanda de que se trata con el número 1175/2020-VII-A, se admitió a trámite la misma; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. CUARTO. Reanudación de términos. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los términos en el presente procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Asimismo, del informe justificado rendido por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, se advirtió de la participación de otra autoridad no señalada como responsable en el escrito inicial de demanda, como lo es el Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Pedro Ruperto Cabrera Tzec, y mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa para que manifestara si también señalaba como autoridad responsable a la anteriormente señalada. Finalmente, por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante el incumplimiento de la parte quejosa a la prevención acabada de señalar, se hizo efectivo el aludido apercibimiento y se tuvo por no ampliada la demanda de mérito. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: Del Presidente y Secretaria Municipal: La promulgación y/o aprobación del REGLAMENTO DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, publicado en la Gaceta Municipal el 24 de febrero de 2012 y cuya última reforma fue publicada en la gaceta municipal el 31 de enero del año 2017; así como la promulgación y/o aprobación del REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA publicado en Gaceta Municipal el 05 de enero de 2018. Del Director de Desarrollo Urbano: La ilegal orden de suspender una obra de remodelación de fachada ya terminada así como la prohibición de continuar la decoración de la fachada de los predios en posesión de mi hijo menor y propiedad de la suscrita, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 32 fracción tercera del reglamento de construcciones del municipio de Mérida, así como la consecuencia que resulta de tal impedimento que forzosamente deriva en la imposibilidad de tomar medidas exactas que permitan la colocación de la puerta de entrada del predio de mi propiedad y así poder evitar el paso de extraños o delincuentes al interior de mi predio. La orden de colocación de sellos que impiden terminar la colocación de la decoración de la fachada terminada y de la puerta que sirve de protección a los predios que posee mi menor hijo, así como la ejecución de tal orden, esto es, la imposición de sellos en el predio propiedad de la quejosa. La imposición de una multa y/o sanción sin la garantía de audiencia y sin seguir los procedimientos indicados en el reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida. TERCERA. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida Yucatán, pues no obstante que en su informe justificado afirmó la existencia del acto a él atribuido, a continuación expuso que era: "en cuanto a la realización de unas visitas de inspección realizadas por inspectores adscritos a esta Dirección el pasado 20 de noviembre del año en curso a los predios números 256 y 258 de la calle 23 letra A de la colonia Miguel Alemán, de esta Ciudad de Mérida", Sin que de las constancias de autos, ni de las documentales que acompañó a su informe justificado, se advierta algún acto concreto de aplicación por parte de dicha autoridad señalada responsable, respecto de las normas tildadas de inconstitucionales, ni que se hayan impugnado por vicios propios la orden ni combatido los fundamentos legales que la sostienen, a pesar de darse vista a la parte quejosa, en auto de veintitrés de febrero del año en curso, para que ampliara su demanda respecto a la fundamentación y motivación de la orden de visita, expresada por la citada autoridad; sin que lo hubiera hecho. Máxime que la autoridad que procedió a la clausura y colocación de sellos fue el Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Pedro Ruperto Cabrera Tzec, quien no fue señalado como autoridad responsable en este juicio, no obstante, se insiste, el requerimiento que se le hizo a la parte demandada para que lo hiciera también en el mismo acuerdo antes citado, sin que tampoco, en este aspecto, lo hubiere realizado. Por lo que debe tomarse como inexistente el acto que se le reclama al nombrado Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida Yucatán. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados al mencionado Director de Desarrollo Urbano, todo ello sin prueba en contrario, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de dicha autoridad y en cuanto a los actos que se le atribuye, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTA. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman del Presidente y Secretario Municipal, ambos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, consistentes en la promulgación y/o aprobación de las leyes tildadas de inconstitucionales, no obstante que lo negaron, ya que fueron ellos quienes participaron en su promulgación. Aunado a que su intervención en el proceso legislativo respectivo, que culminó con la expedición de la normatividad impugnada, no está sujeta a prueba, en tanto que constituye un hecho notorio para quien resuelve, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tratándose de actos de naturaleza legislativa, éstos se acreditan plenamente con la publicación de la disposición de observancia general controvertida. En consecuencia, el tener o no como ciertas las conductas combatidas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, pues es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, que expresa: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". QUINTA. Análisis de las causales de improcedencia El análisis de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión de orden público y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto por la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En primer término, es menester señalar que los artículos antes invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. .III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Ciertamente, de la interpretación en sentido contrario efectuada a los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se haga valer en contra de actos cuya autoridad emisora no es designada como responsable. Ahora bien, a fin de ilustrar convenientemente sobre la anterior afirmación, es preciso señalar que la parte quejosa reclama, en esencia, como acto de aplicación de los ordenamientos que tilda de inconstitucionales, la ejecución de la orden verificación ordenada por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, respecto de los predios números doscientos cincuenta y seis y doscientos cincuenta y ocho de la calle veintitrés letra "A" de la colonia Miguel Alemán de esta Ciudad de Mérida, los cuales estan en posesión y propiedad de la parte quejosa. Ejecución que de acuerdo con el informe justificado rendido por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, realizó el Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Pedro Ruperto Cabrera Tzec, quien con fundamento en el artículo 112 del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida, impuso la medida cautelar y de seguridad prevista en las fracciones II y IV del artículo 110 del propio ordenamiento legal, consistente en la suspensión temporal y total, consistente en el cese de toda obra o actividad relacionada con los predios en mención y en la colocación de cinco sellos únicamente en el predio doscientos cincuenta y seis. Motivo por el cual, al advertirse la participación de una nueva autoridad responsable (Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Pedro Ruperto Cabrera Tzec), mediante proveído de veintitrés de febrero del año que transcurre, se previno a la parte quejosa para que ampliara su demanda por lo que hace a la nueva autoridad responsable ejecutora de la orden de verificación ordenada. Sin embargo, el impetrante de amparo por conducto de su representante no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en el referido acuerdo, por lo que en auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento efectuado y se tuvo por no señalada como autoridad responsable en este asunto al Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Pedro Ruperto Cabrera Tzec, ordenándose resolver el presente juicio de amparo, únicamente en cuanto a las autoridades responsables señaladas en el auto admisorio de demanda. Así, con base en lo anteriormente expuesto, se sostiene que se surte la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que para estar en aptitud de analizar en esta vía la constitucionalidad del acto de que se trata, la promovente debió señalar a la autoridad que realizó el acto de aplicación de las leyes que reclama de inconstitucional por esta vía. De ahí que, si en el caso en estudio, el aquí quejoso, a pesar de haber sido requerido oportunamente para ello, no señaló en este asunto como responsable a la multicitada autoridad, la cual es precisamente quien realizó el acto de aplicación de las leyes de que se trata y procedió a la suspensión temporal, total, consistente en el cese de toda obra o actividad relacionada con los predios números doscientos cincuenta y seis y doscientos cincuenta y ocho, de la calle veintitrés letra "A", de la colonia Miguel Alemán, de esta Ciudad de Mérida, y en la colocación de cinco sellos únicamente en el predio doscientos cincuenta y seis, en posesión y propiedad de la parte quejosa. De ello se sigue, que jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, en virtud de que no se llamó a la autoridad a quien se le imputan los actos de manera directa, la que por ende, no fue oída en esta vía constitucional. Resulta aplicable al caso, por las razones que la sostiene, la tesis sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Finalmente, debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en el presente asunto se sobreseyó en virtud de no haber sido señalada como autoridad responsable la autoridad ejecutora de la orden de verificación dictada por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, que en sí, es de lo que se duele la parte quejosa, (la ejecución de la orden) sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta y registro 2005917, que informa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". De la misma manera cobra aplicación, por analogía, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los preceptos tildados de inconstitucionales, que se atribuyen al Presidente y Secretario Municipales, ambos del Ayuntamiento de Mérida. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 27, Volumen 217-228, Primera Parte, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación, con número de Registro digital: 232028, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Finalmente, en virtud del sobreseimiento decretado, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en relación con la inconstitucionalidad de los ordenamientos que se reclaman, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto de aplicación, como en la especie aconteció. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 708, cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." SEXTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo; se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, por sí y en representación de su hijo menor J.E.L.P., en contra del acto que reclama del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, por sí y en representación de su hijo menor J.E.L.P., en contra de los actos que reclama al Presidente y Secretario Municipales, ambos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, por los motivos expuestos en la quinta de las consideraciones de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la sexta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

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