Claudia Magdalena Xool May

Expediente 1996/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1996/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Claudia Magdalena Xool May

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el siete de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1996/2021-II-B, promovido por CLAUDIA MAGDALENA XOOL MAY, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció CLAUDIA MAGDALENA XOOL MAY, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 1996/2021-II-B; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35, 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión el acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la quejosa fundamentalmente, en: La omisión de dictar el laudo correspondiente, en el juicio laboral 629/2018, por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues aun y cuando al rendir su informe por conducto de su Presidente, manifestó que sí era cierto, inmediatamente señaló que en fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno se dio vista a las partes para que formularan sus alegatos y que el veintidós de noviembre siguiente, se declaró cerrada la instrucción. Se afirma lo anterior, puesto que de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de octubre de dos mil veintiuno), no se había otorgado a las partes un término para que formularan sus alegatos dentro del juicio laboral 629/2018. Motivo por el cual la autoridad responsable se encontraba jurídicamente impedida para dictar el laudo respectivo, de conformidad con lo establecido en los artículos 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." De los citados numerales se desprende que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no existen pruebas por desahogar, se otorgará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales. Y que posteriormente se turnarán los autos al proyectista para la elaboración del proyecto del laudo. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente laboral se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, la Junta responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir el laudo respectivo, lo que no es así. Pues en fecha veintidós de noviembre del año en curso, declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al proyectista para la elaboración del proyecto de laudo. De lo narrado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la Junta no había certificado que no existían pruebas pendientes por desahogar ni había otorgado a las partes un término para que formularan sus alegatos correspondientes en autos del juicio laboral de origen. De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que procesalmente, primero las partes tienen que presentar sus respectivos alegatos, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, la autoridad laboral se encontraba imposibilitada para fallar en definitiva el juicio laboral 629/2018, pues al no haberse certificado que no existían pruebas pendientes por desahogar, así como que tampoco se había concedido a las partes término para que formularan sus alegatos dentro de tal expediente, menos puede hablarse de que se encontrara en ese momento en posibilidades de dictar la sentencia obrera correspondiente y notificarla a las partes. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." No es óbice a lo anterior, el que no se hubiese logrado el emplazamiento de los terceros interesados Raquel Godínez Rodríguez, Laura Lorena Godínez Rodríguez y Jorge Luis García Díaz, toda vez que al margen del sentido de la presente determinación, no les depararía agravio alguno, y en su caso, podrían a través del recurso correspondiente hacer valer causales de improcedencia que de resultar fundadas, el resultado de lo que aquí se provee sería el mismo. Ello, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad responsable se encuentre legalmente imposibilitada para dar celeridad procesal al juicio o, en su caso, a la ejecución de lo resuelto en él". CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CLAUDIA MAGDALENA XOOL MAY, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio 3857/2021 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con un anexo, que remite en atención al requerimiento que se efectuó en proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso; lo anterior, con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, de los que se advierte que el mismo se encuentra en vías de ejecución. Ello, pues de las copias certificadas de las constancias que adjuntó la responsable al oficio de cuenta, se advierte, esencialmente, que la Junta responsable el veintidós de noviembre del presente año, dictó un acuerdo en el difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalando nueva fecha para su celebración, y giró oficios a diversas instituciones con el fin de que le informaran sobre alguno domicilio registrado en sus archivos, de la persona moral Mexicana Acciones de Mercadeo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, téngase a la referida autoridad, comunicando que la sentencia constitucional se encuentra en vías de cumplimiento, para los efectos legales correspondientes, y reitéresele a la misma que tan pronto sea emplazada la demandada Mexicana Acciones de Mercadeo, Sociedad Anónima de Capital Variable, inmediatamente lo hagan del conocimiento de este Juzgado Federal, adjuntando copias certificadas completas y legibles de las constancias conducentes; quedando, por tanto, subsistente el apercibimiento ordenado en proveído de cuatro de octubre actual. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes, el oficio J.29/9606/2021, firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, que remite en atención al requerimiento que le fuera formulado en proveído de cuatro de octubre del presente año. Oficio con el cual informa las acciones que realizó a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio de amparo, remitiendo por medio del Servicio Postal Mexicano, copia certificada del citatorio de fecha veintiuno de octubre del presente año, así como la cédula de notificación de veintidós de dicho mes y año, practicado por el actuario de su adscripción, en relación al emplazamiento de QUALAMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; de lo cual había informado previamente mediante telegrama recibido por acuerdo de veintinueve de octubre pasado. Asimismo, adjunta copia certificada del oficio 9593/2021, de veinticinco de octubre del presente año, por el cual remitió los originales del citatorio y la cédula descritos con anterioridad, a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad Al efecto, tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la emisión del oficio de mérito, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que informe a este Juzgado respecto a la recepción de las constancias relativas al emplazamiento de QUALAMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a que alude, así como las acciones efectuadas para proseguir con la secuela procesal correspondiente, a fin de restituir a la agraviada en el goce de los derechos fundamentales transgredidos, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal y en los términos fijados por la ejecutoria de mérito. Asimismo, requiérase al actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que comunique el cumplimiento dado a dicha ejecutoria, en lo relativo al emplazamiento de la diversa demandada en el juicio de origen, ********************. Lo anterior debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes, y adjuntar el documento o los documentos que así lo acrediten, o en su caso, el impedimento legal que tienen para hacerlo, a fin de proveer lo conducente; lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído. Apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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