Claudia Gallardo Rincón
Expediente 987/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/07/2017
Partes del expediente
- Claudia Gallardo Rincón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos los oficios 362/2017, de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de ejecutoria pronunciada el uno de junio de dos mil diecisiete, dentro del Toca 419/2015, relativo a la revisión interpuesta contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo número 21/2015 (antes 223/2014), mismo que también devuelve. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil quince, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, en auxilio del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 21/2015 . SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A Blondas Consultoría, Sociedad Civil, contra los artículos 25, fracción VI, y 28, fracciones I y XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto y archívese el asunto como tal y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio constitucional, se desprende que la quejosa Claudia Gallardo Rincón, por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el mismo día hábil a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de acordar lo conducente respecto al escrito inicial de demanda presentado el doce de julio de dos mil dieciséis, así como de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen, y; La abstención de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. Ahora, una vez precisado lo anterior, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente en su informe justificado manifiesta que los actos reclamados por la quejosa no son ciertos, en razón de que mediante proveído de cinco de junio de dos mil diecisiete, se acordó admitir a trámite la demanda laboral promovida por la aquí quejosa, ordenando el emplazamiento de la parte demanda en el domicilio ahí precisado mediante exhorto, lo que se acredita con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable como apoyo a su informe de ley, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de los actos reclamados consistentes en la dilación procesal por parte de la responsable al omitir acordar el escrito inicial de demanda laboral, así como de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que mediante proveído de cinco de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla acordó admitir a trámite la demanda laboral promovida por la aquí quejosa, ordenando el emplazamiento de la parte demanda, es posible concluir que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, pues los efectos de dichas omisiones desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable se pronunciara respecto a la demanda laboral presentada el doce de julio de dos mil dieciséis y ordenara el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio de origen, aquello se vio satisfecha en la medida en que mediante auto de cinco de junio de dos mil diecisiete el Tribunal responsable admitió a trámite la demanda laboral promovida por la aquí quejosa, ordenando el emplazamiento de la parte demanda en el domicilio ahí precisado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" . En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. Además, aun cuando se arribara a la conclusión de que la peticionaria de amparo también se dolió respecto a la omisión por parte del Tribunal de Arbitraje de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia trifásica de ley, debe precisarse que al caso, con relación a dicha omisión, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y .". De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que, como se advierte de las constancias remitidas por la responsable como apoyo a su informe de ley -las cuales adquieren valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°- el cinco de junio de dos mil diecisiete se ordenó el emplazamiento de la parte demanda dentro del juicio laboral de origen, por lo que el término de cinco días que prevén los artículos 86 y 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla para efecto de que el Tribunal de Arbitraje señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia trifásica de ley, no ha transcurrido; al caso se transcriben los citados preceptos legales, los cuales precisan: "ARTICULO 86.- La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de cinco días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación; deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenda la demanda, y ofrecer pruebas en los términos de la fracción V del artículo anterior. Cuando el domicilio del demandado se encuentre fuera del lugar en que radica el Tribunal, se ampliará el término en un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. ARTICULO 87.- El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución". En efecto, como se desprende de los numerales anteriormente transcritos, para que la responsable señale fecha y hora para el deshago de la audiencia de ley dentro del juicio natural, debe haber transcurrido un término de cinco días y así una vez fenecido dicho término o en su caso presentada la constatación de demanda, señalará fecha y hora para el desahogo de la audiencia trifásica de ley, acto procesal que depende del emplazamiento previo de la parte demandada; por lo que es posible advertir que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley dentro del juicio natural no existía en la forma planteada por la solicitante de amparo. Ello pues, cuando se presentó el escrito de demanda de amparo, esto es, el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete [como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla que obra a foja 2] aún no se había logrado el emplazamiento de la parte demanda dentro del juicio natural; en consecuencia, el juicio de origen no se encontraba en la etapa procesal correspondiente para que la responsable señalara fecha para el desahogo de la audiencia trifásica reclamada. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En esas condiciones, atendiendo a que el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley dentro del juicio de origen, es inexistente, procede sobreseer en el juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la materia, fuera de audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese sentido, debe indicarse que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional estima que los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a los actos reclamados por el peticionario de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. Se cita en apoyo a lo anterior, por las razones que informa la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , visible en la página 732 Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En consecuencia, se dejan sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del veinte de junio de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, licenciado Alfonso Ortiz López, ante el licenciado Christian Bonilla Loranca, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio y anexo del Secretario General del Tribunal de Arbitraje del Estado, visto su contenido, no se tiene por rendido el informe justificado que indica. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado al Tribunal de Arbitraje del Estado, quien deberá rendirlo dentro del término de tres siguientes al en que reciba el oficio de notificación respectivo, y con la debida anticipación para que se permita su conocimiento a las partes, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, debiendo exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercíbase a la autoridad responsable que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla que en términos de los artículos 76 y 80 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, el informe justificado que se menciona en párrafos precedentes, deberá ser suscrito y signado por el titular de dicho tribunal, y no así por el Secretario General adscrito. Cobra aplicación en sustento a lo anterior, la tesis aislada VI.1o.T.24 L (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con número de registro 2014260, de mayo de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. EL SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA RENDIRLO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ÉSTE. NOTIFÍQUESE.
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