Claudia Gallardo Rincón
Expediente 1441/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/09/2016
Partes del expediente
- Claudia Gallardo Rincón
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la tercero interesada ********************, lo anterior ya que aunque realiza diversas manifestaciones con relación al cumplimiento de la sentencia dictada en este expediente, en acuerdo de uno de septiembre de dos mil dieciséis se tuvo por cumplida la ejecutoria de mérito, y en esa misma fecha se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Claudia Gallardo Rincón, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1441/2016-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En primer término debe precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Claudia Gallardo Rincón, señala como acto reclamado, lo siguiente: ".LA ABSTENCIÓN U OMISIÓN DEL CUERPO COLEGIADO QUE INTEGRA EL HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, respecto a la obligación que le impone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación con el articulo 873 primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de forma supletoria en términos del artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de dictar sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las propias leyes, es decir de cumplir con la OBLIGACIÓN expresa contenida en el primer párrafo, del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en: a) La Junta dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones; b) Dicha Audiencia deberá de celebrarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de Demanda; c) Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la Audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio. Actuaciones que se han omitido dictar y ejecutar dentro de mi Demanda Laboral, en correlación con la obligación que le impone el artículo 17 Constitucional." Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Así mismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de dictado del auto admisorio. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones arriba destacadas tienen sustento en la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de mayo de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En la especie, la promovente del amparo acude a instancia a reclamar la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de dictar el auto admisorio correspondiente a su escrito de demanda laboral de doce de junio de dos mil dieciséis. Por lo que dicha omisión, al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque tal omisión únicamente posterga la continuación del juicio natural, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del juicio ni el ejercicio de un derecho. Lo que en el caso no ocurre, pues de acuerdo a los antecedentes narrados por la promovente no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio, atento que el doce de junio de dos mil dieciséis presentó su demanda laboral ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; en tales condiciones, el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis), no revela la existencia de una abierta dilación en el trámite del juicio que implique su paralización, pues a criterio del suscrito Juez dicha hipótesis (abierta dilación) se actualiza después de tres meses de falta de actuación de la responsable, atento a las cargas de trabajo, por lo que en el caso se trata de un simple retardo que no deja sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al juicio natural. Cabe citar al respecto la tesis IV.2º.C.55 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 2677, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso." En tales condiciones, se desecha de plano la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes
- Claudia Elizabeth Islas Alcantara1820/2022
- Claudia Flores Rocha2306/2018
- Claudia Flores Rocha807/2020
- Claudia Flores Rocha357/2019
- Claudia Flores Rocha119/2023
- Claudia Gallardo Rincón32/2021
- Claudia Gallardo Rincon1236/2023
- Claudia Gallardo Rincón813/2019
- Claudia Gallardo Rincón987/2017
- Claudia Gallardo Rincon755/2023
- Claudia Gisela Báez Tamayo440/2016
- Claudia Gisela Baez Tamayo709/2017