Claudia Gisela Báez Tamayo

Expediente 1109/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1109/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
29/08/2016

Partes del expediente

  • Claudia Gisela Báez Tamayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cuatro de agosto de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla con el que rinde su informe justificado, y remite copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral D-102/2014. Asimismo, se tiene como delegados de parte de la autoridad oficiante, a los licenciados que designa en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en su escrito de demanda Claudia Gisela Báez Tamayo señaló como actos reclamados y autoridad responsable los siguientes: III.-AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es en este caso el HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la autoridad que señaló como responsable y que es HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL ESTADO, reclamo la negativa injustificada de dictar acuerdos respecto de dos escritos presentados ante Oficialía de Partes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, y la notificación de los mismos del expediente número 102/2014, ya que desde el día veintidós de marzo de dos mil dieciséis presente un escrito señalando domicilio para recibir notificaciones personales, nombrando nuevos abogados para que me representen dentro del juicio laboral antes mencionado y revocando los nombramientos hechos con anterioridad, así mismo respecto del escrito de fecha cuatro de mayo del año dos mil dieciséis en donde anexo al presente juicio laboral copia certificada de mi credencial de elector, misma que me fue requerida por auto de fecha veintinueve de marzo del año en curso por estrados, sin que hasta la fecha la hoy responsable haya dictado dicho acuerdo respecto de los dos escritos mismos que se anexan en copia simple a la presente demanda de amparo, razón por la cual solicito el amparo y protección de la justicia federal ya que se me están vulnerando mis derechos humanos y garantías consagradas en la Consitución. Ahora bien, del comunicado y de las constancias de cuenta se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente informa que los actos reclamados no son ciertos, ya que por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio laboral D-102/2014; se acordaron los escritos de veintidós de marzo y cuatro de mayo de dos mil dieciséis que presentó la actora en el juicio laboral de origen (aquí quejosa). La anterior aseveración se encuentra acreditada con la copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral D-102/2014 remitidas por la autoridad oficiante, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto a los actos reclamados se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias remitidas por la responsable, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, y de la narrativa que antecede se colige que mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciséis, se acordaron las promociones presentadas por Claudia Gisela Báez Tamayo, ante el Tribunal responsable el veintidós de marzo y cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro del expediente D-102/2014; en el que se tuvo a la actora en el juicio laboral de origen señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y nombrando nuevos apoderados; de igual manera se le tuvo desahogando la prevención realizada el veintinueve de marzo del año actual, y se admitió a trámite su demanda laboral, en los términos que fueron indicados en dicho proveído, determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el uno de agosto de dos mil dieciséis. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber dictado el acuerdo doce de julio del año que transcurre, dentro del juicio laboral D-102/2014, y al hacerlo del conocimiento de la parte impetrante el uno de agosto de dos mil dieciséis, cesaron los efectos del retardo del que se duele la peticionaria de amparo, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara sus promociones presentadas el veintidós de marzo y cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral D-102/2014; aquélla se vio satisfecha en la medida en que el doce de julio de dos mil dieciséis el Tribunal responsable acordó lo relativo a sus peticiones realizadas en los ocursos en comento, y al efecto tuvo a la actora en el juicio laboral de origen señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y nombrando nuevos apoderados; de igual manera se le tuvo desahogando la prevención realizada el veintinueve de marzo del año actual, y se admitió a trámite su demanda laboral, en los términos que fueron indicados en dicho proveído; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el uno de agosto siguiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En las relatadas condiciones, como se dijo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de acordar los escritos de la parte quejosa presentados el veintidós de marzo y cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral D-102/2014, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con cinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla con el que rinde su informe justificado, y remite copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral D-102/2014. Asimismo, se tiene como delegados de parte de la autoridad oficiante, a los licenciados que designa en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en su escrito de demanda Claudia Gisela Báez Tamayo señaló como actos reclamados y autoridad responsable los siguientes: III.-AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es en este caso el HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la autoridad que señaló como responsable y que es HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL ESTADO, reclamo la negativa injustificada de dictar acuerdos respecto de dos escritos presentados ante Oficialía de Partes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, y la notificación de los mismos del expediente número 102/2014, ya que desde el día veintidós de marzo de dos mil dieciséis presente un escrito señalando domicilio para recibir notificaciones personales, nombrando nuevos abogados para que me representen dentro del juicio laboral antes mencionado y revocando los nombramientos hechos con anterioridad, así mismo respecto del escrito de fecha cuatro de mayo del año dos mil dieciséis en donde anexo al presente juicio laboral copia certificada de mi credencial de elector, misma que me fue requerida por auto de fecha veintinueve de marzo del año en curso por estrados, sin que hasta la fecha la hoy responsable haya dictado dicho acuerdo respecto de los dos escritos mismos que se anexan en copia simple a la presente demanda de amparo, razón por la cual solicito el amparo y protección de la justicia federal ya que se me están vulnerando mis derechos humanos y garantías consagradas en la Consitución. Ahora bien, del comunicado y de las constancias de cuenta se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente informa que los actos reclamados no son ciertos, ya que por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio laboral D-102/2014; se acordaron los escritos de veintidós de marzo y cuatro de mayo de dos mil dieciséis que presentó la actora en el juicio laboral de origen (aquí quejosa). La anterior aseveración se encuentra acreditada con la copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral D-102/2014 remitidas por la autoridad oficiante, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto a los actos reclamados se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias remitidas por la responsable, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, y de la narrativa que antecede se colige que mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciséis, se acordaron las promociones presentadas por Claudia Gisela Báez Tamayo, ante el Tribunal responsable el veintidós de marzo y cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro del expediente D-102/2014; en el que se tuvo a la actora en el juicio laboral de origen señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y nombrando nuevos apoderados; de igual manera se le tuvo desahogando la prevención realizada el veintinueve de marzo del año actual, y se admitió a trámite su demanda laboral, en los términos que fueron indicados en dicho proveído, determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el uno de agosto de dos mil dieciséis. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber dictado el acuerdo doce de julio del año que transcurre, dentro del juicio laboral D-102/2014, y al hacerlo del conocimiento de la parte impetrante el uno de agosto de dos mil dieciséis, cesaron los efectos del retardo del que se duele la peticionaria de amparo, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara sus promociones presentadas el veintidós de marzo y cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral D-102/2014; aquélla se vio satisfecha en la medida en que el doce de julio de dos mil dieciséis el Tribunal responsable acordó lo relativo a sus peticiones realizadas en los ocursos en comento, y al efecto tuvo a la actora en el juicio laboral de origen señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y nombrando nuevos apoderados; de igual manera se le tuvo desahogando la prevención realizada el veintinueve de marzo del año actual, y se admitió a trámite su demanda laboral, en los términos que fueron indicados en dicho proveído; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el uno de agosto siguiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En las relatadas condiciones, como se dijo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de acordar los escritos de la parte quejosa presentados el veintidós de marzo y cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral D-102/2014, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con cinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, por seguridad jurídica, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, remita copias certificadas de las constancias que integran el expediente ******************** de su índice, ya que tales documentales se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no proporcionar lo requerido en el término concedido para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere para las diez horas con cinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

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