Claudia Gabriela Sierra Díaz

Expediente 1861/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1861/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
07/03/2018

Partes del expediente

  • Claudia Gabriela Sierra Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa ***********************, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición, lo cual acredita con copia de la notificación y del cheque en mención; asimismo, solicita se tenga por cumplida la sentencia concedida dentro del presente sumario constitucional; sin embargo, agréguese sin mayor acuerdo; en virtud de que ya se tuvó por cumplida y el once de enero del año en curso, se ordenó al archivo el asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición; sin embargo, agréguese sin mayor acuerdo, en virtud de que el once de enero del año en curso, se ordenó al archivo el asunto que nos ocupa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por medio del cual manifiesta que se generó el cheque número 247, a favor de la quejosa; agréguese sin mayor acuerdo; en virtud de que el once de enero del año en curso, se ordenó al archivo el asunto que nos ocupa.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Órgano Jurisdiccional, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la referida parte procesal con el citado oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $10,944.00 (diez mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "36271", tomo centésimo octagésimo noveno, libro décimo, del Protocolo a cargo del Notario Público número Uno, con sede en esta Ciudad, licenciado José Daniel Saucedo Berecochea; pago que cubrió el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, conforme se advierte del comprobante de pago respectivo (fojas 24 a 25 y 53). Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, por el acto jurídico que inscribió, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa y la constancia certificada de pago correspondiente que obran agregadas en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto". De lo transcrito se aprecia que los efectos del amparo, consistieron en que las responsables en el ámbito de su competencia, desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; de igual modo, el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte impetrante del amparo única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $10,944.00 (diez mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); asimismo, que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo remitidos por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, acompañó copia de la transferencia bancaria realizada favor de la parte quejosa, donde le fue devuelta la cantidad de $10,727.98 (Diez mil setecientos veintisiete pesos con noventa y ocho centavos). No obstante, se aprecia que la autoridad responsable no consideró que la cantidad a devolver debía ser debidamente actualizada como se indicó en la resolución de mérito. En ese tenor, si tenemos que al monto de diez mil novecientos cuarenta y cuatro pesos, se le resta la suma de doscientos ochenta pesos por el concepto citado en el párrafo que antecede, nos da como resultado la cantidad de diez mil seiscientos sesenta y cuatro pesos moneda nacional, numerario éste que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de septiembre de dos mil diecisiete y en el mes de diciembre del propio año, se efectuó la devolución vía transferencia electrónica a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable pretende devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre a diciembre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de noviembre del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil diecisiete fue 127.513; y para el mes de noviembre 130.044. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.019. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $10,866.61 (Diez mil ochocientos sesenta y seis pesos con sesenta y un centavos); por tanto, al habérsele devuelto únicamente la suma de $10,727.98 (Diez mil setecientos veintisiete pesos con noventa y ocho centavos), se desprende que resta por devolverle la diferencia de $138.63 (Ciento treinta y ocho pesos con sesenta y tres centavos); no obstante, dado que los gastos administrativos de la autoridad para generar la devolución de esa suma, así como los que en su caso, tendría que realizar la parte quejosa para acudir a la sede de la autoridad, pudieran resultar superiores a esa diferencia, este Órgano Jurisdiccional, determina que es innecesario realizar un requerimiento para que se complete dicha actualización; máxime, que en el escrito que ahora se acuerda la parte solicitante del amparo se manifestó conforme con el cumplimiento, de ahí que, la ejecutoria de amparo debe declararse totalmente cumplida, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento del incidente de suspensión, por virtud de no haberse tramitado.

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