Claudia Gabriela Sierra Díaz

Expediente 1137/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1137/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Claudia Gabriela Sierra Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 135 a 138), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de del mes próximo pasado (foja 139), se dio vista a la parte agraviada para que compareciera ante las oficinas de la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. ... Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 57 a 69), se determinó conceder a Claudia Gabriela Sierra Díaz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $27,642.72 (veintisiete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 72/100 M.N.), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" y "INSC. PRESTAMO HIPOTECARIO", así como de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "35,921", emitido por el Notario Público Uno, con sede en esta ciudad (fojas 24 a 33), que se cubrió el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (foja 22). (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el cinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 106 y 107), la entonces Directora General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa la cantidad de $27,362.72 (veintisiete mil trescientos sesenta y dos pesos 72/100 moneda nacional). Por lo que, mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 114 a 117), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida, toda vez que la cantidad devuelta por la autoridad responsable no se encontraba actualizada en términos de la ejecución de amparo, pues únicamente había reintegrado la cantidad erogada por la peticionaria de garantías menos el monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos) que corresponde a la cuota mínima establecida; por tanto, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector, esto es, le reintegrara a la quejosa la cantidad de $275.26 (doscientos setenta y cinco pesos 26/100 moneda nacional) por concepto de actualización y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En relación a lo anterior, si tenemos que al monto total de $27,642.72 (veintisiete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 72/100 M.N.), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), da como resultado la cantidad de $27,362.72 (veintisiete mil trescientos sesenta y dos pesos 72/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, y el uno de septiembre siguiente se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a agosto de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecisiete fue 126.242; y para el mes de agosto 127.513. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03094. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $27,637.98 (veintisiete mil seiscientos treinta y siete 98/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $275.26 (doscientos setenta y cinco pesos 26/100, moneda nacional). En las relatadas circunstancias, mediante diverso proveído de veintiocho de febrero del año en curso (foja 139), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el cual con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, informó a la parte quejosa que se encontraba a su disposición el cheque expedido por la Institución Bancaria Santander Sociedad Anónima, correspondiente al pago de la actualización; por lo que se le requirió a la citada parte procesal para que compareciera ante el ente responsable a recoger el aludido título de crédito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para este juzgador, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que la promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 135 a 138), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de del mes próximo pasado (foja 139), se dio vista a la parte agraviada para que compareciera ante las oficinas de la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. ... Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 57 a 69), se determinó conceder a Claudia Gabriela Sierra Díaz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $27,642.72 (veintisiete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 72/100 M.N.), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" y "INSC. PRESTAMO HIPOTECARIO", así como de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "35,921", emitido por el Notario Público Uno, con sede en esta ciudad (fojas 24 a 33), que se cubrió el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (foja 22). (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el cinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 106 y 107), la entonces Directora General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa la cantidad de $27,362.72 (veintisiete mil trescientos sesenta y dos pesos 72/100 moneda nacional). Por lo que, mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 114 a 117), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida, toda vez que la cantidad devuelta por la autoridad responsable no se encontraba actualizada en términos de la ejecución de amparo, pues únicamente había reintegrado la cantidad erogada por la peticionaria de garantías menos el monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos) que corresponde a la cuota mínima establecida; por tanto, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector, esto es, le reintegrara a la quejosa la cantidad de $275.26 (doscientos setenta y cinco pesos 26/100 moneda nacional) por concepto de actualización y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En relación a lo anterior, si tenemos que al monto total de $27,642.72 (veintisiete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 72/100 M.N.), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), da como resultado la cantidad de $27,362.72 (veintisiete mil trescientos sesenta y dos pesos 72/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, y el uno de septiembre siguiente se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a agosto de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecisiete fue 126.242; y para el mes de agosto 127.513. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03094. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $27,637.98 (veintisiete mil seiscientos treinta y siete 98/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $275.26 (doscientos setenta y cinco pesos 26/100, moneda nacional). En las relatadas circunstancias, mediante diverso proveído de veintiocho de febrero del año en curso (foja 139), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el cual con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, informó a la parte quejosa que se encontraba a su disposición el cheque expedido por la Institución Bancaria Santander Sociedad Anónima, correspondiente al pago de la actualización; por lo que se le requirió a la citada parte procesal para que compareciera ante el ente responsable a recoger el aludido título de crédito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para este juzgador, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que la promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de representante legal del recaudador responsable, por medio del cual, .. informa a este juzgado que la parte quejosa no ha comparecido a recoger el cheque número ***... no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como lo acredita con el anexo que acompaña. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se tiene a la autoridad referida dando cumplimiento con el requerimiento precisado anteriormente; en consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la promovente del amparo, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación del presente proveído, comparezca ante dicha autoridad a recibir el citado documento mercantil; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional de oficio, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable...

  4. Principal

    *** Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de representante legal de la autoridad responsable Recaudador de Rentas dependiente a dicha Secretaría, por medio del cual solicita que se haga del conocimiento de la promovente del amparo que en la oficinas que ocupa dicha dirección general se encuentra a su disposición el cheque número expedido por la institución ****, a efecto de que comparezca a imponerse de dicho numerario y con ello dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos; manifestaciones de las que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Al respecto, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que no ha lugar a proveer de conformidad con su solicitud, toda vez que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; por tanto, en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, es quien deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Lo anterior, dado que la autoridad es quien debe de realizar todos los actos relativos a fin de cumplir con el fallo protector emitido en autos, pues así lo establece el artículo 197 de la ley de la materia. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar; y, c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haber realizado la entrega del cheque a que se hace alusión en el oficio de cuenta, o en su caso, las constancias con las que compruebe que notificó lo anterior a la parte quejosa, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. En la inteligencia que continúa subsistente el apercibimiento decretado en diverso proveído de seis de febrero de la presente anualidad (foja 129).

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