Claudia Elizabeth de la Rosa Carrillo
Expediente 1964/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1964/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/06/2018
Partes del expediente
- Claudia Elizabeth de la Rosa Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (fojas 121 a la 123), el Recaudador de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de mayo la presente anualidad (folio 124), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..". Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el veintisiete de marzo de la presente anualidad (fojas 92 a la 107), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la misma, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $16,179.69 (dieciséis mil ciento setenta y nueve pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos de "FOM. EDUCACIÓN", ASIST. SOCIAL y "U.A.N.", debidamente actualizada y sin las cantidades de "$144.00 (ciento cuarenta y cuatro pesos moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponden al cobro de concepto de cancelación de inscripción, así como, a la cuota fija mínima de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente, respectivamente. Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $16,308.50 (dieciséis mil trescientos ocho pesos con cincuenta centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $16,323.69 (trece mil trescientos veintitrés pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), sin embargo, el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de $15,899.69 (quince mil ochocientos noventa y nueve pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), que resultó de restar las cantidades de $144.00 (ciento cuarenta y cuatro pesos) y $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), por los numerarios indicados en los párrafos precedentes, sobre el cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete y en el mes de mayo de dos mil dieciocho, se efectúo la transferencia bancaria total aludida con anterioridad a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecisiete a mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, que en la especie corresponde a abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecisiete (al ser este último el mes inmediato anterior del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil diecisiete fue de 127.513; y para el mes de abril de dos mil dieciocho de 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.035086618619278. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $15,899.69 (quince mil ochocientos noventa y nueve pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $16,457.55 (dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $15,899.69 (quince mil ochocientos noventa y nueve pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $557.86 (quinientos cincuenta y siete pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad en acatamiento a los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, tenía que devolver la cantidad $16,457.55 (dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización; sin embargo, la cantidad devuelta lo fue por $16,308.50 (dieciséis mil trescientos ocho pesos con cincuenta centavos moneda nacional); es decir, faltó devolverle la cantidad de $149.05 (ciento cuarenta y nueve pesos con cinco centavos moneda nacional); empero, dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectúe el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (fojas 121 a la 123), el Recaudador de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de mayo la presente anualidad (folio 124), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. .. debidamente actualizada y sin las cantidades de "$144.00 (ciento cuarenta y cuatro pesos moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponden al cobro de concepto de cancelación de inscripción, así como, a la cuota fija mínima de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente, respectivamente. Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $16,308.50 (dieciséis mil trescientos ocho pesos con cincuenta centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $16,323.69 (trece mil trescientos veintitrés pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), sin embargo, el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de $15,899.69 (quince mil ochocientos noventa y nueve pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), que resultó de restar las cantidades de $144.00 (ciento cuarenta y cuatro pesos) y $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), por los numerarios indicados en los párrafos precedentes, sobre el cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete y en el mes de mayo de dos mil dieciocho, se efectúo la transferencia bancaria total aludida con anterioridad a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecisiete a mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, que en la especie corresponde a abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecisiete (al ser este último el mes inmediato anterior del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil diecisiete fue de 127.513; y para el mes de abril de dos mil dieciocho de 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.035086618619278. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $15,899.69 (quince mil ochocientos noventa y nueve pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $16,457.55 (dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $15,899.69 (quince mil ochocientos noventa y nueve pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $557.86 (quinientos cincuenta y siete pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad en acatamiento a los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, tenía que devolver la cantidad $16,457.55 (dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización; sin embargo, la cantidad devuelta lo fue por $16,308.50 (dieciséis mil trescientos ocho pesos con cincuenta centavos moneda nacional); es decir, faltó devolverle la cantidad de $149.05 (ciento cuarenta y nueve pesos con cinco centavos moneda nacional); empero, dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectúe el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante legal de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante legal de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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