Clara Lilia Viana Leon

Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
675/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
19/01/2021

Partes del expediente

  • Clara Lilia Viana Leon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. ... En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ... Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el oficio firmado por la Gerente Jurídico de la Delegación Regional Yucatán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en esta ciudad, y los anexos que adjuntó; que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia que se dictó en este juicio. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa del oficio y anexos que se proveen, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se le apercibe que de no hacer manifestación alguna, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil veinte. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto del Representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación Yucatán, con sede en esta capital. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la referida autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo al agraviado en el goce del derecho humano violado, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Por último, se ordena agregar el oficio de cuenta firmado por el Gerente del Área Jurídica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación XII - Yucatán, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo. Al respecto, no es el caso hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, ya que todo cumplimiento que se dé a una sentencia concesora de amparo, debe hacerse con posterioridad a la fecha en que cause ejecutoria. Lo que no había acontecido en este caso, pues hasta hoy quedó firme la sentencia. En ese sentido, se desestima cualquier cumplimiento que hubiera dado la autoridad responsable, pues lo hizo respecto de una sentencia recurrible que no había causado ejecutoria y, por lo mismo, no era vinculatoria. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 675/2020-I-B, promovido por ***, contra el acto que reclama del Representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación Yucatán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de contestar la solicitud que le hizo por escrito de trece de enero de dos mil veinte, presentado el catorce siguiente. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de doce de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclamó del Representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación Yucatán, lo siguiente: La omisión de contestar la solicitud que le hizo por escrito de trece de enero de dos mil veinte, presentado ante la Oficialía de Partes el catorce del propio mes y año. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que así deberán tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia y conceptos de violación. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello y no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, motivo por el cual deberá otorgársele el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Lo anterior es así, por las siguientes consideraciones. Para evidenciar lo anterior, se estima pertinente transcribir el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del análisis del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los requisitos que el gobernado debe observar para que se le respete ese derecho, son los siguientes: a) Deberá formularlo por escrito. b) De manera pacífica y respetuosa. Mientras que a la autoridad a quien se le haya dirigido, se le imponen las siguientes obligaciones: 1. Le deberá recaer un acuerdo escrito. 2. Deberá hacerlo conocer en breve término al peticionario. Al respecto, cabe señalar que el derecho fundamental consagrado en el artículo 8º aludido, es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que en su caso, le haya formulado éste. Por lo que la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Ahora bien, del análisis del sumario, en especial de la documental ofrecida por la quejosa en su demanda de amparo, se advierte que ésta realizó una petición al Representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta capital, el catorce de enero de dos mil veinte, en la cual solicitó se le expida la carta de liquidación del adeudo del crédito número 9201117957 a su nombre, según se desprende del sello de recibido que obra en el mismo. Por lo que al haber ejercido su derecho de petición en la forma que prevé la Constitución, la autoridad responsable estaba obligada a actuar en consecuencia; es decir, a dicha solicitud debió recaerle un acuerdo por escrito y hacérselo conocer en breve término a la parte quejosa, lo que no aconteció en la especie. En efecto, del oficio JUR/565/2020, de veinte de octubre de dos mil veinte, la responsable informó que en relación a la solicitud que realizó la quejosa mediante escrito de trece de enero del presente año, fue canalizado al área de cartera y no le respondió, debido a que las oficinas centrales en la Ciudad de México, no han proporcionado una respuesta definitiva, al seguir en revisión debido a la complejidad del caso. Efectivamente, de la referida constancia se advierte que la autoridad responsable no dio contestación a la solicitud de la ahora impetrante del amparo. Asimismo, de las constancias que obran en autos no se advierte que al momento de presentarse la demanda de amparo e incluso a la fecha en la que se dicta la presente resolución, se le hubiere dado contestación a la misma de manera total, es decir, a más de diez meses después de efectuada la solicitud la autoridad responsable no ha dado respuesta a la misma, siendo que la Constitución General en su artículo 8° señala expresa y claramente que a toda petición deberá recaer una contestación por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quien tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En la inteligencia de que la expresión "breve término", debe entenderse como aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, por lo que resulta inconcuso que el término transcurrido desde que se le formuló la petición hasta el momento de resolver el presente asunto, excede con mucho el término en que racionalmente puede estudiarse y acordarse la petición del promovente, pues la misma consiste en la expedición de una carta de liquidación del adeudo del crédito número 9201117957; por ende, transgrede en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En este orden de ideas, ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Representante Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, en un término no mayor a tres días, emita por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el catorce de enero de dos mil veinte y de inmediato lo haga del conocimiento al quejoso, en el domicilio que señaló para tal efecto en el referido ocurso. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 130, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la diversa jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que señala lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, en contra de los actos que reclama al Representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad; para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

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