Clara Baeza Xiu
Expediente 2907/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2907/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Clara Baeza Xiu
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previos los registros respectivos en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, al ser un juicio de amparo que se desechó y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda, se tiene a Clara Baeza Xiu, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, y actuario de su adscripción, ambos con sede en Ticul, Yucatán y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, son los siguientes: La orden de desalojo del tablaje catastral mil novecientos setenta y dos de Oxkutzkab, Yucatán, ordenada en el Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva 82/2016, y su ejecución. RADICACIÓN Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 2907/2022-I-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En principio, se destaca que la aquí quejosa Clara Baeza Xiu en su demanda se ostenta como persona extraña al juicio ordinario civil de prescripción positiva número 82/2016, y aduce que por virtud del mencionado procedimiento, se le pretenden conculcar sus derechos de posesión y copropiedad sobre un bien inmueble que forma parte integrante del patrimonio del actor Pedro Interián Canché y contrademandado (en la reconvención) en el citado procedimiento, y aporta como medio de prueba un acta de matrimonio celebrado el uno de diciembre de mil novecientos setenta y dos, entre la aquí inconforme y el citado Interián Canché, bajo el régimen de sociedad legal. Así, en el caso, se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, dicha porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) Que se trate del mismo quejoso; b) Se dirija en contra de las mismas autoridades; y c) Sea el mismo acto reclamado. Orienta el criterio de la suscrita la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA CAUSAL DE. POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS" Sentado lo anterior, cabe precisar que es un hecho notorio para este órgano de control constitucional, el diverso juicio de amparo 1717/2021-I-B, promovido por CLARA BAEZA XIU, en contra de los actos reclamados a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, como autoridad ordenadora, y como ejecutora, al actuario adscrito a ese juzgado, ambos con residencia en Ticul, Yucatán, consistentes en: "La orden de desalojo del predio rústico marcado como tablaje catastral número mil novecientos setenta y dos, del municipio de Oxkutzcab, Yucatán; dictada en el expediente 82/2016." Actos que tuvieron su origen en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 82/2016, del índice del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Ticul, Yucatán, presentado por Pedro Interián Canché en contra de José Luis Barrera Dzib y José Luis Barrera Chan. Juicio de amparo del que se advierte que mediante sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, por no tener el carácter de tercero extraña al juicio al haber sido oída y vencida a través de su causante (cónyuge). Determinación que causó ejecutoria el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Lo cual, como ya se dijo, constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que es innecesario probar ese tipo de hechos. Encuentra apoyo lo anterior, en lo expuesto en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a la Décima Época, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Registro 2017123, visible en la página 10, de contenido: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Ahora bien, es preciso mencionar que si bien por regla general una sentencia de sobreseimiento o el desechamiento de una demanda no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no solo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio constitucional. En este orden de ideas, puede concluirse que la finalidad de la institución es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, lo cual es necesario para mantener la paz social, de otro modo, los litigios podrían replantearse, indefinidamente. Las consideraciones anotadas encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 132, en la página 108, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente tenor literal: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." En el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia en trato, pues el acto aquí reclamado fue materia de análisis en el juicio de amparo indirecto 1717/2021-I-B del índice de este órgano jurisdiccional, en el cual, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia donde se sobreseyó en dicho juicio por no tener el carácter de tercero extraña al juicio al haber sido oída y vencida a través de su causante (cónyuge). Posteriormente, mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria dicha sentencia; asimismo, se archivó dicho asunto como concluido. En esas condiciones, en el juicio de amparo indirecto 1717/2021-I-B de la estadística de este juzgado de distrito no se estudió el fondo del asunto planteado; sin embargo, la quejosa no demuestra que a la presentación de la nueva demanda imperen nuevas situaciones de hecho que modifiquen lo antes analizado, ni exhibe un documento diverso del que se estudió para arribar a la conclusión de que en dicho asunto se actualizaba una causal de improcedencia. Por tanto, no es dable que la promovente impugne de nueva cuenta el acto cuyo análisis fue materia del juicio antes citado, dado que la sentencia emitida en dicho sumario adquirió firmeza procesal, de ahí que por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, es improcedente el nuevo juicio que pretende la solicitante del amparo, pues estimar lo contrario implicaría desconocer las decisiones previas adoptadas, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda promovida por CLARA BAEZA XIU, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." APERCIBIMIENTO Finalmente, en mérito de lo anteriormente resuelto, apercíbase a la promovente Clara Baeza Xiu, que de incurrir nuevamente en este tipo de actuaciones en cuanto a afirmar hechos falsos, para obtener una ventaja procesal, dado que al manifestar, bajo formal protesta de decir verdad, que "acabo de tener conocimiento de los hechos", cuando ya había promovido un juicio de amparo anterior, es claro que ya tenía conocimiento del juicio ordinario civil de prescripción positiva 82/2016 del índice del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado; por lo que de volver a actuar en esa forma se dará vista al Ministerio Público de la Federación¸ en términos de lo dispuesto en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo, y como sus autorizados a ******************** y los restantes que indica, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de Ley de Amparo. Lo anterior, hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; para lo cual, deberán no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento con el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN VÍA ELECTRÓNICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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