Clara María Gómez Chávez

Expediente 1476/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1476/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Clara María Gómez Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 1476/2022-IV-A, promovido por Clara María Gómez Chávez; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el trece de junio del año actual a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, compareció CLARA MARÍA GÓMEZ CHÁVEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Encargado del Despacho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Yucatán, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: La omisión de entregar el vehículo tipo Torton, con placas de circulación 757DW-8, marca Mercedez Benz, del cual aduce la quejosa ser la propietaria, a pesar de que existe una resolución que así lo decreta. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (denominación correcta), quien rindió su informe por conducto del Subdelegado Jurídico de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Yucatán [promoción 16096], pues aun cuando negó su existencia, con posterioridad realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye, además, tal negativa se ve desvirtuada con las constancias que obran en autos y que remitió como apoyo a su informe. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de procedencia del juicio constitucional. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. Así, en el caso, debe decirse que respecto al acto reclamado por el impetrante de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo tercero, de la propia legislación, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De conformidad con lo expuesto con antelación, para que proceda el juicio de amparo, tratándose de los actos que reclama la parte quejosa, debe comprobarse la existencia del interés jurídico, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que ha sido transgredido por la actuación de una autoridad, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo contra actos que provengan de autoridades responsables. Bajo esta guisa, quienes tienen derecho tutelado por la ley para reclamarlas en juicio de amparo, son aquellas personas que han sufrido una afectación en su esfera jurídica en cuanto al acto impugnado, por lo que están constreñidas a demostrar que su interés jurídico ha sido afectado, esto es, que el derecho subjetivo público, del cual son titulares, resulta lesionado por esos actos. Por tanto, se colige que es la parte quejosa quien tiene la carga probatoria de acreditar fehacientemente su interés jurídico en este juicio de amparo, ya que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, así como, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que, como se ha indicado, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. De modo que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Luego, se tiene que la quejosa Clara María Gómez Chávez, reclama de la autoridad responsable que no le ha entregado el vehículo tipo Torton, con placas de circulación 757DW-8, marca Mercedez Benz, del cual aduce la quejosa ser la propietaria, no obstante de que existe una resolución en la que ya se ordenó su devolución. Al respecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtienen los siguientes antecedentes: 1.- El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se emitió Ia orden de inspección PFPA/37.3/2C.27.2/0059/2021, dirigida al responsable del transporte y posesión de materias primas forestales, sus productos o subproductos, que se encontraban a bordo del vehículo tipo Torton, con placas de circulación 757DW-8 del Servicio Público Federal, que estaba resguardado en las instalaciones de la Comisaría Ejidal de Muxupip, Estado de Yucatán. Dicha orden, se emitió con el objeto de verificar la situación, condición o circunstancias relacionadas con la posesión y transporte de materias primas forestales, sus productos y subproductos, en términos de lo previsto en diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 2.- En relación con la ejecución de dicha orden de inspección, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, inspectores federales adscritos a la Delegación Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, levantaron el acta de inspección 37/054/013/2C.27.2/CAT/2021, en la cual se hicieron constar diversos hechos y omisiones que pudieran constituir presuntas infracciones a la normatividad federal en materia ambiental. 3.- En la referida acta, de entre las personas del lugar, se nombraron como testigos de asistencia del acta a SANTOS BLAS MARTÍN MEX y a SANTOS VICTORIANO CHIM AKE, quienes en lo que interesa, señalaron que el pasado once de febrero de dos mil veintiuno, detectaron a SILVERIO MARTÍN PECH, ostentándose propietario del vehículo y de la mercancía consistente en la madera que estaba en la parte de carga del automotor de referencia. 4.- Luego, se tiene que en el acta de inspección aludida en el punto anterior, se estableció como presunto responsable de la posesión y transporte de 13.250 m3 de materias primas forestales en presentación madera en rollo y madera rolliza de la especie de chaca (Bursera simurouba), a SILVERIO MARTÍN PECH, quien no presentó la documentación para amparar la legal procedencia de dicha madera. 5.- Como consecuencia de lo anterior, los inspectores actuantes procedieron a imponer una medida de seguridad consistente en el aseguramiento precautorio de 13.250 m3 de materias primas forestales ya indicadas, así como del vehículo tipo torton, con placas de circulación 757DW-8, del Servicio Público Federal, de la marca Mercedes Benz. 6.- Asimismo, tanto la materia prima maderable como el vehículo en comento, fueron dejados en depósito administrativo a cargo de SANTOS BLAS MARTÍN MEX, Presidente del Comisariado del Ejido de Muxupip, Estado de Yucatán, los cuales quedaron en los terrenos de la Casa Ejidal. 7.- Posteriormente, una vez tramitado el procedimiento administrativo correspondiente en el expediente PFPA/37.3/2C.27.2/0013-21, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó resolución administrativa en la que determinó como puntos esenciales: Que se encontró a SILVERIO MARTÍN PECH, responsable del transporte y posesión de 13.250 m3 de materias primas forestales en presentación madera en rollo y madera rolliza de la especie de chaca (Bursera simurouba), por lo que le impuso una multa de 1100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Toda vez que el citado responsable no acreditó la legal procedencia y posesión de la materia prima maderable, por lo que se decretó el DECOMISO DEFINITIVO de la misma. En relación con el vehículo tipo torton, con placas de circulación 757DW-8, del Servicio Público Federal, de la marca Mercedes Benz, se ordenó el LEVANTAMIENTO del aseguramiento precautorio, dejándolo en depósito administrativo a cargo de SANTOS BLAS MARTÍN MEX, Presidente del Comisariado del Ejido de Muxupip, Estado de Yucatán, el cual se encuentra en los terrenos de la Casa Ejidal de ese lugar; estableciendo la autoridad: "[.] por lo que deberá ser entregado a quien acredite la propiedad del camión antes mencionado, y una vez realizado lo anterior, presentar las constancias de entrega a esta Delegación. [.]". Sobre la base anterior, es que la parte quejosa señala como acto reclamado que la autoridad responsable no le ha entregado el vehículo ya precisado, a pesar de que en la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintidós ya se ordenó la devolución del mismo al propietario. Por tanto, si la amparista se ostenta propietaria del camión tipo torton, con placas de circulación 757DW-8, del Servicio Público Federal, de la marca Mercedes Benz, a ésta le correspondía probar dicha circunstancia fehacientemente, a fin de acreditar el interés para incoar el presente juicio constitucional. Sin embargo, del cúmulo probatorio que obra en autos y que fue ofrecido por la parte quejosa, se observa que tal aspecto no se encuentra satisfecho, es decir, no acredita la propiedad del vehículo que refiere. Se afirma lo anterior, toda vez que la promovente del amparo únicamente adjuntó los siguientes medios de convicción: 1.- Copia simple de la FACTURA número 104515, emitida por AVIPRODUCTOS SANJOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de Juan Gabriel Canul Gómez, por la compraventa del vehículo marca Mercedes Benz, Conv. A, Quinta rueda, modelo mil novecientos noventa y cinco, con número de serie 3AM68512350034381, con número de motor 39090050244414; en cuyo reverso se observa la leyenda: "Cedo los derechos de esta factura a favor de Clara María Gómez Chávez"; asimismo, se encuentra estampada una firma ilegible; y, 2.- Copia simple de la TARJETA DE CIRCULACIÓN del vehículo antes citado, a nombre de CLARA MARÍA GÓMEZ CHÁVEZ, expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con folio 2405196. Documentales que al haber sido ofrecidas en copia simple, únicamente tienen valor indiciario en términos de los artículos 188, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por lo que resultan insuficientes para demostrar el título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad o posesión sobre dicho bien, y por ende, su interés jurídico. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "Registro digital: 196457 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 21/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 213 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". En ese tenor, debe decirse que al ser ofrecidos dichos documentos en copia simple sólo generan presunción de su existencia y como su simple reproducción fotostática, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no correspondan a documentos realmente existentes, sino a unos prefabricados, que para efecto de su fotocopiado, permitan reflejar la existencia, irreal del documento o datos y signos en él contenidos, que se pretende hacer aparecer. De ahí que los documentos de que se trata, al carecer de la certificación emitida por algún fedatario público correspondiente, no pueden tener valor probatorio pleno para los efectos pretendidos por su oferente, en relación con la acreditación de la propiedad del bien mueble vinculado con el acto reclamado. Tal como lo plantea la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 379, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época, bajo el rubro y texto: "No. Registro: 207,434 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989 Tesis: 3a. 18 Página: 379 Jurisprudencia Materia(s): Común. COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". Por lo tanto, si en la especie la quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo en contra del acto de autoridad consistente en no entregarle el vehículo tipo Torton, con placas de circulación 757DW-8, marca Mercedez Benz, del cual aduce ser la propietaria, a pesar de que existe una resolución que así lo decreta, debe acreditar dicha propiedad en forma fehaciente, lo cual no aconteció en la especie, pues para ello debió exhibir la factura correspondiente, ya sea en original o copia certificada. En esa tesitura, al no haber justificado la aquí quejosa que efectivamente el vehículo en mención es de su propiedad, ello trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, párrafo tercero, de la propia legislación, por falta de interés jurídico; y por ende, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio respecto a dicho acto reclamado. Sobre esa perspectiva, este Juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 226555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por CLARA MARÍA GÓMEZ CHÁVEZ, en contra de los actos que reclama al Encargado del Despacho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Yucatán, residente en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y del estado de autos, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe con justificación del Subdelegado Jurídico de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, como se aprecia en proveído de catorce de los corrientes. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio del Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Director de Informática del Registro Agrario Nacional, residentes en la Ciudad de México, y anexo que acompaña, mediante el cual, solicita una prórroga para remitir las constancias solicitadas en proveído de veinte de abril del presente año. Al respecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de trece de junio del año en curso, con la recepción de similar oficio recibido vía telegráfica, se acordó lo correspondiente. Notifíquese.

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