Clara Gallardo Hernández

Expediente 86/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
86/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Clara Gallardo Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el cuaderno incidental único, derivado del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción I, del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Con relación al cuaderno único del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con el citado numeral 20, fracción III), del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. ANOTACIÓN EN CARATULAS Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvanse al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, los anexos I y II, y al Juzgado Quinto de lo Penal del Estado de Puebla los anexos III al XII, mismos que se formaron con las constancias remitidas en apoyo a sus informes justificados; sin ser necesario requerir el acuse de recibo respectivo, atendiendo a que, al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo hace las veces de acuse. NOTIFÍQUESE Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE EL USUARIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la constancia de notificación personal -electrónica- a la parte quejosa ******************** de la sentencia dictada en dieciséis de mayo de dos mil veintitrés; en tales condiciones, con miras a abreviar y agilizar el trámite de este expediente, en acato irrestricto a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, se requiere a la actuaria judicial adscrita para que proceda a notificar de forma inmediata la sentencia dictada mediante el usuario señalado para tal efecto. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE LA SENTENCIA DICTADA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE EL USUARIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN ESTA FECHA SE ORDENA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL USUARIO PROPORCIONADO, LA SENTENCIA DICTADA EL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL JUICIO DE AMPARO 86/2023, QUE DISPONE LO SIGUIENTE: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 86/2023, promovido por . RESULTANDO: PRIMERO. Por demanda presentada el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y remitida a este juzgado federal en esa misma data solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, y otra autoridad, por considerar que los actos reclamados infringen los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos actos los hizo consistir en: Del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, dentro del proceso 180/2012. La omisión de cierre del proceso, en virtud de que éste se acumuló al diverso 224/2012 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. De la Directora del Centro de Reinserción Social de Puebla: La ejecución del acto reclamado al Juez responsable. SEGUNDO. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, este juzgado federal registró la demanda de amparo con el número 86/2023 y previno a la quejosa para que aclarara las deficiencias advertidas en su escrito de demanda, así, previo cumplimiento a la prevención el dieciséis de febrero del mismo año, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado así como al responsable, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés se ordenó emplazar a la persona a la que le reviste el carácter de tercero interesado y finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión los actos combatidos, para lo cual debe decirse que del estudio integral de la demanda de amparo así como de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, dentro del proceso 180/2012. La omisión de cierre del proceso, en virtud de que éste se acumuló al diverso 224/2012 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. De la Directora del Centro de Reinserción Social de Puebla: La ejecución del acto reclamado al Juez responsable. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado, el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, así como la Directora del Centro de Reinserción Social, negaron la existencia del acto que se les reclaman. Situación que se corrobora con las documentales que remitió el Juez de lo Penal señalado como responsable, consistentes en copias del proceso 180/2012 de su índice. Documentales que son valoradas de manera plena en conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del arábigo 2, al tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Para evidenciar la inexistencia de los actos reclamados conviene precisar sus antecedentes. Mediante determinación de veintidós de mayo de dos mil doce el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de Investigación y Combate al Secuestro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, ejerció acción penal dentro de la averiguación previa PGJ/UEICDS III/AP/02/2011 en contra de , alias La flaca y otros, como probables responsables de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 302 fracciones I, II, III y IV, con relación a los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, en relación con el diverso 69 inciso J) del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social vigente para el Estado, cometido en agravio de Idelfonso González Rojas. Como consecuencia de ello, el cuatro de junio de dos mil doce se radicó el en Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, el proceso 180/2012 y se giró orden de aprehensión en contra de la hoy quejosa y otros, con motivo del delito antes precisado. Así, el veinte de agosto del mismo año se tuvo al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto informando que las personas en contra de quienes se giró la orden de captura se encontraban recluidas en el Centro de Reinserción Social de Puebla, desde el once de agosto de dos mil once bajo el proceso 224/2011 del índice del Juzgado Noveno de lo Penal de Puebla, en tales condiciones, se tuvo por cumplido el mandamiento de captura y se giró al Juez de lo Penal en turno de Puebla, para que examinara en preparatoria a los imputados y resolviera su situación jurídica. En virtud de lo anterior, el veintidós de agosto del dos mil doce, el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla recabó la declaración preparatoria de cada uno los inculpados y el veinticuatro siguiente dictó auto de formal prisión en contra de los inculpados (incluida la aquí quejosa) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 302 fracciones I, II, III y IV con relación a los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Idelfonso González Rojas. Actuaciones que se recibieron en el Juzgado de lo Penal de Cholula el veintiséis de octubre de dos mil doce y se acordó suspender el trámite de dicha causa en virtud de que los inculpados se encontraban internos en el Centro de Reinserción Social de Puebla. Posteriormente, el ocho de enero de dos mil trece se recibió el oficio 7968 signado por el Juez Séptimo de lo Penal de Puebla, por medio del cual informó que dentro de los autos del proceso 224/2011 de su índice se tuvo a la defensora de los inculpados, promoviendo incidente de acumulación de procesos respecto de la causa penal 180/2012 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula. Así las cosas, el veintiocho de noviembre de dos mil trece se recibió el oficio 9561 signado por el Juez Séptimo de lo Penal de Puebla, por medio del cual informó que en virtud de que las partes no se inconformaron con su diversa determinación de diecisiete de octubre de ese año, en la que resolvió procedente la acumulación de los procesos 209/2011 del índice del Juzgado Noveno de lo Penal de Puebla y el diverso 180/2012 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, al proceso 224/2011 de su índice, y como consecuencia de ello, solicitó a dichos Jueces le remitieran dichos procesos. En consecuencia de ello, el veintinueve de noviembre de dos mil trece el Titular del Juzgado de lo Penal de Cholula, ordenó remitir a su homólogo copias certificadas del proceso 180/2012 de su índice a fin de que continuara conociendo de éste respecto de los procesados Pedro Silva Rodríguez, María Aurora García Ortega y/o Aurora García Ortega, Oscar Silva García, (aquí quejosa), Sergio Silva García, Guillermina Sánchez Ramírez, Honorio Hernández Rodríguez, Guadalupe García Ortega y Nelly Romero Herrera, precisando que éstos se encontraban recluidos a su disposición en el Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla. Constancias que fueron recibidas en el Juzgado Séptimo de lo Penal de Puebla el veintiséis de diciembre de dos mil trece según se desprende del acuse de recibo correspondiente. Así mismo, de las restantes constancias que fueron remitidas por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, se desprende que la causa penal 180/2012 continuó su trámite respecto de los imputados que no se encontraban a su disposición, y que no fueron incluidos en el auto de acumulación de procesos emitido por el Titular del Juzgado Séptimo de lo Penal de la Ciudad de Puebla; incluso en dicho proceso 180/2012 existen sentencias condenatorias respecto de aquellos procesados cuyas causas no fueron acumuladas. De lo anterior se advierte, primeramente, que a la impetrante efectivamente se le siguió la causa penal 180/2012 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, pues junto con diversos imputados, se les atribuyó la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro cometido en agravio de Idelfonso González Rojas. Así mismo, que se le siguió a ella y demás coprocesados diversos procesos penales, a saber el 224/2011 del índice del Juzgado Séptimo de lo Penal de Puebla, y el diverso 209/2011 del índice del Juzgado Noveno del mismo Distrito Judicial, en los que se les atribuyó también la probable comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Y finalmente, que derivado de la solicitud de acumulación de procesos, realizada por la defensora de los procesados, el Titular del Juzgado Séptimo de lo Penal de Puebla, Puebla, mediante resolución de diecisiete de octubre de dos mil trece que causó estado el veintisiete de noviembre del mismo año, solicitó a los Titulares de los Juzgados Noveno Penal de Puebla y Penal de Cholula, le remitieran las constancias relativas a los procesos penales 209/2011 y 180/2012, respectivamente. De ahí que, en lo que aquí interesa, el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió al Juez solicitante las constancias de referencia, con el propósito de que continuara conociendo del mismo. Por tanto, resulta evidente que la causa penal 180/2012 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, dejó de seguirse en contra de la hoy quejosa desde el veintisiete de noviembre de dos mil trece, en que causó estado el auto que ordenó su acumulación a la diversa 224/2012 del índice del Juzgado Séptimo de lo Penal de Puebla, por lo que el acto que se le atribuye a dicho Juez sea inexistente. Sin que pase desapercibida la manifestación de la quejosa en su demanda de amparo, relativa a que en la constancia que solicitó al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla se advierta que se encuentra a disposición del Juzgado de lo Penal de Cholula, dentro de la causa penal 180/2012, pues dicha constancia, en caso de existir, no le depara perjuicio alguno, dado que lo que prevalece es la actuación emitida por el Juez competente, en la que se determinó la acumulación de las causa penales antes precisadas, la cual, como se estableció quedó firme al no haber sido controvertida, de ahí que constituya cosa juzgada. Es así, puesto que la cosa juzgada es una institución procesal que se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia firme (cosa juzgada en sentido material), sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues su autoridad encuentra sustento en los principios de certeza, seguridad jurídica y acceso a la justicia reconocidos en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además, es una expresión de la figura jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva (cosa juzgada en sentido formal). Es así que la autoridad de la cosa juzgada se basa principalmente en el derecho fundamental a la seguridad jurídica y el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. En razón de que esta institución encuentra su fundamento en los derechos fundamentales a la seguridad jurídica es que se ha considerado a la inmutabilidad de la cosa juzgada como absoluta, sin que pueda, en ningún caso, ceder frente a otros derechos de corte constitucional, como el de acceso efectivo a la justicia, por lo que respecto del acto que se reclama al Juez de lo Penal de Cholula, al actualizarse la causal prevista en el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad penitenciaria correspondiente, por no haberse reclamado por vicios propios. CUARTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por , contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCERA INTERESADA Y ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 86/2023, promovido por . RESULTANDO: PRIMERO. Por demanda presentada el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y remitida a este juzgado federal en esa misma data solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, y otra autoridad, por considerar que los actos reclamados infringen los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos actos los hizo consistir en: Del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, dentro del proceso 180/2012. La omisión de cierre del proceso, en virtud de que éste se acumuló al diverso 224/2012 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. De la Directora del Centro de Reinserción Social de Puebla: La ejecución del acto reclamado al Juez responsable. SEGUNDO. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, este juzgado federal registró la demanda de amparo con el número 86/2023 y previno a la quejosa para que aclarara las deficiencias advertidas en su escrito de demanda, así, previo cumplimiento a la prevención el dieciséis de febrero del mismo año, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado así como al responsable, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés se ordenó emplazar a la persona a la que le reviste el carácter de tercero interesado y finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión los actos combatidos, para lo cual debe decirse que del estudio integral de la demanda de amparo así como de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, dentro del proceso 180/2012. La omisión de cierre del proceso, en virtud de que éste se acumuló al diverso 224/2012 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. De la Directora del Centro de Reinserción Social de Puebla: La ejecución del acto reclamado al Juez responsable. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado, el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, así como la Directora del Centro de Reinserción Social, negaron la existencia del acto que se les reclaman. Situación que se corrobora con las documentales que remitió el Juez de lo Penal señalado como responsable, consistentes en copias del proceso 180/2012 de su índice. Documentales que son valoradas de manera plena en conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del arábigo 2, al tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Para evidenciar la inexistencia de los actos reclamados conviene precisar sus antecedentes. Mediante determinación de veintidós de mayo de dos mil doce el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de Investigación y Combate al Secuestro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, ejerció acción penal dentro de la averiguación previa PGJ/UEICDS III/AP/02/2011 en contra de , alias La flaca y otros, como probables responsables de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 302 fracciones I, II, III y IV, con relación a los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, en relación con el diverso 69 inciso J) del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social vigente para el Estado, cometido en agravio de Idelfonso González Rojas. Como consecuencia de ello, el cuatro de junio de dos mil doce se radicó el en Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, el proceso 180/2012 y se giró orden de aprehensión en contra de la hoy quejosa y otros, con motivo del delito antes precisado. Así, el veinte de agosto del mismo año se tuvo al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto informando que las personas en contra de quienes se giró la orden de captura se encontraban recluidas en el Centro de Reinserción Social de Puebla, desde el once de agosto de dos mil once bajo el proceso 224/2011 del índice del Juzgado Noveno de lo Penal de Puebla, en tales condiciones, se tuvo por cumplido el mandamiento de captura y se giró al Juez de lo Penal en turno de Puebla, para que examinara en preparatoria a los imputados y resolviera su situación jurídica. En virtud de lo anterior, el veintidós de agosto del dos mil doce, el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla recabó la declaración preparatoria de cada uno los inculpados y el veinticuatro siguiente dictó auto de formal prisión en contra de los inculpados (incluida la aquí quejosa) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 302 fracciones I, II, III y IV con relación a los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Idelfonso González Rojas. Actuaciones que se recibieron en el Juzgado de lo Penal de Cholula el veintiséis de octubre de dos mil doce y se acordó suspender el trámite de dicha causa en virtud de que los inculpados se encontraban internos en el Centro de Reinserción Social de Puebla. Posteriormente, el ocho de enero de dos mil trece se recibió el oficio 7968 signado por el Juez Séptimo de lo Penal de Puebla, por medio del cual informó que dentro de los autos del proceso 224/2011 de su índice se tuvo a la defensora de los inculpados, promoviendo incidente de acumulación de procesos respecto de la causa penal 180/2012 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula. Así las cosas, el veintiocho de noviembre de dos mil trece se recibió el oficio 9561 signado por el Juez Séptimo de lo Penal de Puebla, por medio del cual informó que en virtud de que las partes no se inconformaron con su diversa determinación de diecisiete de octubre de ese año, en la que resolvió procedente la acumulación de los procesos 209/2011 del índice del Juzgado Noveno de lo Penal de Puebla y el diverso 180/2012 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, al proceso 224/2011 de su índice, y como consecuencia de ello, solicitó a dichos Jueces le remitieran dichos procesos. En consecuencia de ello, el veintinueve de noviembre de dos mil trece el Titular del Juzgado de lo Penal de Cholula, ordenó remitir a su homólogo copias certificadas del proceso 180/2012 de su índice a fin de que continuara conociendo de éste respecto de los procesados Pedro Silva Rodríguez, María Aurora García Ortega y/o Aurora García Ortega, Oscar Silva García, (aquí quejosa), Sergio Silva García, Guillermina Sánchez Ramírez, Honorio Hernández Rodríguez, Guadalupe García Ortega y Nelly Romero Herrera, precisando que éstos se encontraban recluidos a su disposición en el Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla. Constancias que fueron recibidas en el Juzgado Séptimo de lo Penal de Puebla el veintiséis de diciembre de dos mil trece según se desprende del acuse de recibo correspondiente. Así mismo, de las restantes constancias que fueron remitidas por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, se desprende que la causa penal 180/2012 continuó su trámite respecto de los imputados que no se encontraban a su disposición, y que no fueron incluidos en el auto de acumulación de procesos emitido por el Titular del Juzgado Séptimo de lo Penal de la Ciudad de Puebla; incluso en dicho proceso 180/2012 existen sentencias condenatorias respecto de aquellos procesados cuyas causas no fueron acumuladas. De lo anterior se advierte, primeramente, que a la impetrante efectivamente se le siguió la causa penal 180/2012 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, pues junto con diversos imputados, se les atribuyó la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro cometido en agravio de Idelfonso González Rojas. Así mismo, que se le siguió a ella y demás coprocesados diversos procesos penales, a saber el 224/2011 del índice del Juzgado Séptimo de lo Penal de Puebla, y el diverso 209/2011 del índice del Juzgado Noveno del mismo Distrito Judicial, en los que se les atribuyó también la probable comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Y finalmente, que derivado de la solicitud de acumulación de procesos, realizada por la defensora de los procesados, el Titular del Juzgado Séptimo de lo Penal de Puebla, Puebla, mediante resolución de diecisiete de octubre de dos mil trece que causó estado el veintisiete de noviembre del mismo año, solicitó a los Titulares de los Juzgados Noveno Penal de Puebla y Penal de Cholula, le remitieran las constancias relativas a los procesos penales 209/2011 y 180/2012, respectivamente. De ahí que, en lo que aquí interesa, el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió al Juez solicitante las constancias de referencia, con el propósito de que continuara conociendo del mismo. Por tanto, resulta evidente que la causa penal 180/2012 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, dejó de seguirse en contra de la hoy quejosa desde el veintisiete de noviembre de dos mil trece, en que causó estado el auto que ordenó su acumulación a la diversa 224/2012 del índice del Juzgado Séptimo de lo Penal de Puebla, por lo que el acto que se le atribuye a dicho Juez sea inexistente. Sin que pase desapercibida la manifestación de la quejosa en su demanda de amparo, relativa a que en la constancia que solicitó al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla se advierta que se encuentra a disposición del Juzgado de lo Penal de Cholula, dentro de la causa penal 180/2012, pues dicha constancia, en caso de existir, no le depara perjuicio alguno, dado que lo que prevalece es la actuación emitida por el Juez competente, en la que se determinó la acumulación de las causa penales antes precisadas, la cual, como se estableció quedó firme al no haber sido controvertida, de ahí que constituya cosa juzgada. Es así, puesto que la cosa juzgada es una institución procesal que se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia firme (cosa juzgada en sentido material), sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues su autoridad encuentra sustento en los principios de certeza, seguridad jurídica y acceso a la justicia reconocidos en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además, es una expresión de la figura jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva (cosa juzgada en sentido formal). Es así que la autoridad de la cosa juzgada se basa principalmente en el derecho fundamental a la seguridad jurídica y el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. En razón de que esta institución encuentra su fundamento en los derechos fundamentales a la seguridad jurídica es que se ha considerado a la inmutabilidad de la cosa juzgada como absoluta, sin que pueda, en ningún caso, ceder frente a otros derechos de corte constitucional, como el de acceso efectivo a la justicia, por lo que respecto del acto que se reclama al Juez de lo Penal de Cholula, al actualizarse la causal prevista en el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad penitenciaria correspondiente, por no haberse reclamado por vicios propios. CUARTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por , contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCERA INTERESADA Y ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos y las constancias remitidas por las autoridades responsables, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), y diverso artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo se reconoce el carácter de tercero interesado a ********************; en tales condiciones se provee: EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO POR CONDUCTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO RESPONSABLE Ahora bien, conforme al artículo 4 de la Ley General de Víctimas, se denominan como víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En el caso, según se advierte del proceso generador, se decretó auto de formal prisión en contra de la quejosa por su probable participación en la comisión del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, en agravio de ********************; de ahí que se le pueda considerar víctima directa, al haber sufrido un agravio derivado de la comisión de un delito. Así mismo, el artículo 14 de la propia Ley General de Víctimas, establece que éstas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y ser representadas por un Asesor Jurídico o, en su caso, por el Ministerio Público. En esas condiciones, a fin de agilizar la integración del presente asunto, en acato irrestricto a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, se considera conveniente realizar el emplazamiento del tercero interesado ******************** a través del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, con independencia de que también ya tenga reconocida la calidad de tercero interesado en este asunto, pues esa circunstancia le permite actuar con esa representación a fin salvaguardar los intereses jurídicos de esa parte procesal. Por tanto, emplácese al citado tercero interesado mediante oficio dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, quien, como se indicó, tiene también esa calidad en este asunto, debiendo correrle traslado con copia de la demanda de amparo, copia autorizada del auto admisorio y del presente proveído; lo anterior, conforme el arábigo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A efecto de dar margen a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, para su celebración. NOTIFÍQUESE, ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y EMPLACESE AL TERCERO INTERESADO COMO SE INDICA.

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