Clara Graciela Perez Ibañez
Expediente 295/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Clara Graciela Perez Ibañez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de diecinueve de abril del año en curso por el que SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluidoEn razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21 Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo.
- Principal
Vista la certificación asentada por el secretario de este Juzgado de Distrito, de la cual se advierte que el plazo otorgado a Clara Graciela Pérez Ibañez, para cumplir con la prevención formulada por auto de siete de abril de la anualidad en curso, ha transcurrido sin que haya hecho manifestación alguna a pesar de encontrarse notificada para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en dicho auto y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Glósese a los presentes autos el escrito signado por Julio Castillo Parra, profesionista autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso Clara Graciela Pérez. Ahora bien, dado que Julio Castillo Parra fue autorizado por la quejosa Clara Graciela Pérez en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se reconoce su legitimación para actuar con tales facultades; no obstante a lo anterior, no ha lugar a tener al autorizado de la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada por auto de siete de abril de dos mil veintiuno, en atención de que si bien es cierto está autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y tiene capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante; lo cierto es que dicha disposición no lo faculta para realizar cualquier acto en nombre de la quejosa, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 5, fracción II y 6 de la Ley de Amparo, dado que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por la persona física o moral a quien afecte la norme general o el acto reclamado quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción. De ahí que el desahogo de las prevenciones también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la Litis constitucional; en el caso se advierte que la prevención realizada es para que el directo quejoso precise el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no lo conoce, así lo señale bajo protesta de decir verdad, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTA FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior (por analogía), el criterio sustentado por la primera sala, en la tesis jurisprudencial 1ª./J.37/2011, consultable en la página 68, Tomo XXXIII, junio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En consecuencia no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento de fecha siete de abril de dos mil veintiuno. Ahora bien, la Jurisprudencia que a continuación se menciona establece la obligación del suscrito de emitir un acuerdo correspondiente al escrito a través del cual el autorizado de la parte quejosa pretende dar cumplimiento a la prevención que le fuera formulada para que, en el caso de que no se haya dado cumplimiento a tales prevenciones, el quejoso esté en aptitud de cumplir en forma total con las mismas, lo cual debe realizarse antes de que concluya el término que le fue otorgado. Por tanto, si el auto siete del presente mes y año, en el cual se le previno le fue notificado de manera electrónica el ocho de abril del presente año, y el término de cinco días que se le otorgó para cumplir con la prevención transcurría del nueve al quince del presente mes, y si presentó su escrito aclaratorio el nueve del actual, es evidente que el promovente pretendió cumplir la misma en el día uno del término otorgado, por lo que restan cuatro días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído para que esté en posibilidad de dar cumplimiento al mismo. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que subsiste en su contra el apercibimiento contenido en el auto de siete de abril del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 2ª./J. 106/2003, visible en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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