Cirilo Trujillo Lezama

Expediente 1123/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1123/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • Cirilo Trujillo Lezama

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho por el que desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Visto el oficio 66356/2018 signado por la Secretaria adscrita a este mismo juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite dos escritos de ampliación de demanda, en cumplimiento al proveído de veintisiete de noviembre del presente año, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 1078/2018 de su índice, por considerar que se trata de actos desvinculados entre sí en virtud que no guardan estrecha relación con los actos ahí reclamados; se acuerda: Glósense los escritos de CIRILO TRUJILLO LEZAMA, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1123/2018. DESECHAMIENTO Previo a acordar lo conducente a los escritos que se proveen, resulta pertinente precisar que del análisis integral de éstos se advierte que el quejoso concurre ante esta autoridad a solicitar vía ampliación al amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que a continuación se precisa: 1.- Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado(Licenciado Christian Sergio Vázquez Rodríguez). Acto Reclamado Actos de investigación derivados de la integración de la carpeta de investigación número 89/2018/TEHUA del índice de la agencia responsable, así como su ejecución. Ahora bien, precisado lo anterior debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la ampliación de demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el quejoso CIRILO TRUJILLO LEZAMA, reclama del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado, actos de investigación derivados de la integración de la carpeta de investigación número 89/2018/TEHUA del índice de la agencia responsable, así como su ejecución. Esto es, reclama actos verificados durante la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio, entre éstos el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado. Lo que impone desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 21 Constitucional. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria vigente del Juicio Constitucional, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte, el artículo 21 constitucional, establece: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato..." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A dicha institución le corresponde ejercitar la acción penal, si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los elementos o datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto, en la comisión del ilícito, para que esté en posibilidad legal de ejercitar la acción penal. Por su parte, la investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. De tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda a consignar la carpeta de investigación, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. En estas condiciones, es evidente que los actos por los que pretende promover la demanda de amparo consistente en actos de investigación derivados de la integración de la carpeta de investigación número 89/2018/TEHUA del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado, así como su ejecución, no está contenido entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Magna, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 12 Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Por otra parte, y toda vez que para este juzgador es un hecho notorio que dentro del expediente 1078/2018 del índice de este juzgado, el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Bufete Jurídico ubicado en la calle dos sur número 3924 (tres mil novecientos veinticuatro), segundo piso, despacho 201 (doscientos uno), Colonia Huexotitla de esta Ciudad, téngase por designado éste, para los efectos legales que haya lugar en el presente expediente. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Finalmente, por conducto del Actuario judicial notifíquese de manera personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el oficio 66356/2018 signado por la Secretaria adscrita a este mismo juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite dos escritos de ampliación de demanda, en cumplimiento al proveído de veintisiete de noviembre del presente año, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 1078/2018 de su índice, por considerar que se trata de actos desvinculados entre sí en virtud que no guardan estrecha relación con los actos ahí reclamados; se acuerda: Glósense los escritos de CIRILO TRUJILLO LEZAMA, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1123/2018. DESECHAMIENTO Previo a acordar lo conducente a los escritos que se proveen, resulta pertinente precisar que del análisis integral de éstos se advierte que el quejoso concurre ante esta autoridad a solicitar vía ampliación al amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que a continuación se precisa: 1.- Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado(Licenciado Christian Sergio Vázquez Rodríguez). Acto Reclamado Actos de investigación derivados de la integración de la carpeta de investigación número 89/2018/TEHUA del índice de la agencia responsable, así como su ejecución. Ahora bien, precisado lo anterior debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la ampliación de demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el quejoso CIRILO TRUJILLO LEZAMA, reclama del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado, actos de investigación derivados de la integración de la carpeta de investigación número 89/2018/TEHUA del índice de la agencia responsable, así como su ejecución. Esto es, reclama actos verificados durante la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio, entre éstos el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado. Lo que impone desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 21 Constitucional. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria vigente del Juicio Constitucional, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte, el artículo 21 constitucional, establece: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato..." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A dicha institución le corresponde ejercitar la acción penal, si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los elementos o datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto, en la comisión del ilícito, para que esté en posibilidad legal de ejercitar la acción penal. Por su parte, la investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. De tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda a consignar la carpeta de investigación, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios: La tesis XIII.P.A.32 P (10a.) sustentada por el TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, Décima Época, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación, con el texto y rubro siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Así mismo, la tesis 1a. CXXXV/2004; Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XX, Diciembre de 2004; Página: 351; con el texto y rubro siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la carpeta de investigación y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Finalmente, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.) Décima Época de los Tribunales Colegiados de Circuito Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el texto y rubro siguientes: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En estas condiciones, es evidente que los actos por los que pretende promover la demanda de amparo consistente en actos de investigación derivados de la integración de la carpeta de investigación número 89/2018/TEHUA del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, de la Fiscalía General del Estado, así como su ejecución, no está contenido entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Magna, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 12 Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, y toda vez que para este juzgador es un hecho notorio que dentro del expediente 1078/2018 del índice de este juzgado, el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Bufete Jurídico ubicado en la calle dos sur número 3924 (tres mil novecientos veinticuatro), segundo piso, despacho 201 (doscientos uno), Colonia Huexotitla de esta Ciudad, téngase por designado éste, para los efectos legales que haya lugar en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número XXII./J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, Tomó V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Finalmente, por conducto del Actuario judicial notifíquese de manera personal a la parte quejosa.

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