Clara Baeza Xiu
Expediente 147/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Clara Baeza Xiu
- Pedro Interian Canche
- CLARA BAEZA XIU y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada en el presente asunto, el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ y en el segundo punto NEGÓ la protección constitucional a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección constitucional, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse ambos cuadernos, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil ********************, del índice de la responsable, en tal virtud, devuélvanse los citados tomos, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 147/2023-I-B, que promovió ******************** y ********************. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el mismo día, y turnado el treinta siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció *************** y ***************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, y su actuario adscrito, ambos con residencia en Ticul, Yucatán; y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 716/2023-I-A, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El desalojo realizado el nueve de enero de dos mil veintitrés sobre el inmueble ubicado en el tablaje catastral ********************del municipio de Oxkutzcab, Yucatán, ordenado en acuerdo de nueve de diciembre de dos mil ********************, en el juicio ordinario civil de prescripción positiva ******************** y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán (número de promoción 4518) y actuario de su adscripción (número de promoción 3962), ambos con residencia en Ticul, Yucatán; y al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (número de promoción 1996), pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, al que anexó la primera copia certificada de las actuaciones del expediente natural ********************, que lo apoya. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio; como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, respecto de la quejosa ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan. Ahora bien, para justificar lo anterior, es menester relatar algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se deducen de las copias certificadas del expediente ******************** de donde deriva el acto reclamado, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley, se advierte lo siguiente: 1. Por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por presentado a Pedro Interián Canché, promoviendo el juicio ordinario civil de prescripción positiva en contra de José Luis Barrera Dzib y José Luis Barrera Chan, la cual se admitió en la vía y forma propuesta, ordenándose correr traslado a la parte demanda. 2. Por acuerdo de trece de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a José Luis Barrera Dzib y José Luis Barrera Chan, dando contestación a la demanda y por su parte, el citado Barrera Chan opuso la excepción de reconvención o contrademanda en contra de Pedro Infante Canché, a fin de que en sentencia definitiva se declare: 1) Que es propietario del tablaje catastral número ********************de Oxkutzcab, Yucatán; 2) Que el demandado entregue totalmente desocupado el mencionado predio; y 3) Que se le pague la totalidad de las costas y gastos del juicio. 3. Por auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo a Pedro Interián Canché contestando en tiempo la contrademanda instaurada en su contra. 4. Substanciado el juicio, por sentencia dieciocho de marzo de dos mil veinte, se resolvió en los siguientes términos: "...PRIMERO.- No ha procedido el presente Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva promovido por PEDRO INTERIÁN CANCHÉ en contra de JOSÉ LUIS BARRERA DZIB y JOSÉ LUIS BARRERA CHAN, en virtud de que la parte actora no probó su acción de prescripción. SEGUNDO.- Se absuelve a JOSÉ LUIS BARRERA DZIB y JOSÉ LUIS BARRERA CHAN de la demanda interpuesta en su contra por PEDRO INTERIÁN CANCHÉ. TERCERO.- Ha procedido la contrademanda interpuesta por JOSÉ LUIS BARRERA CHAN, en el que el reconvencionista probó su acción reinvindicatoria, y el reconvenido no justificó su dicho. CUARTO.- Se condena al contrademando PEDRO INTERIÁN CANCHÉ a desocupar y entregar completamente desocupado a su legítimo propietario JOSÉ LUIS BARRERA CHAN, o a quién sus derechos represente conforme a la ley, el predio rustico marcado con el tablaje catastral número ********************de Oxkutzcab, Yucatán. QUINTO.- Por los motivos expuestos en la parte final del considernado sexto de esta resolución, no ha lugar a condenar a los demandados JOSÉ LUIS BARRERA DZIB y JOSÉ LUIS BARRERA CHAN al pago de daños y perjuicios instados por el ciudadano PEDRO INTERIÁN CANCHÉ. SEXTO.- Se condena a PEDRO INTERIÁN CANCHÉ a pagar a JOSÉ LUIS BARRERA CHAN las costas y gastos del procedimiento, reguladas que sean conforme a derecho. SÉPTIMO.- Se tiene a las partes de este juicio, por opuestas a que se publiquen sus datos personales al hacerse pública la sentencia ejecutoriada. OCTAVO.- Notifíquese y cúmplase..." 5. Inconforme con la anterior resolución Pedro Interián Canché, interpuso recurso de apelación, el cual se admitió el ******************** de septiembre de dos mil veinte y se le requirió para que en el término de tres días más uno por razón de distancia de su domicilio, exhibiera ante el Tribunal de Alzada su escrito de expresión de agravios. 6. Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, tuvo por desistido a Pedro Interián Canché del recurso en comento, al no exhibir el escrito de expresión de agravios y como consecuencia declaró desierto el aludido medio de impugnación, causando ejecutoria la sentencia definitiva. 7. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con residencia en Ticul, Yucatán, fijó el término de veinte días a Pedro Interián Canché, para que hiciera entrega totalmente desocupado del predio rústico marcado con el tablaje catastral número mil novecientos setenta y dos, de Oxkutzcab, Yucatán, al legítimo propietario José Luis Barrera Chan, con el apercibimiento que de no hacerlo, sería desalojado del bien inmueble con auxilio de la fuerza pública. 8. Por auto de diez de febrero de dos mil ********************, la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con residencia en Ticul, Yucatán, hizo efectivo el apercibimiento ordenado en el citado acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, y comisionó al actuario para que con el auxilio de la fuerza pública, procediera a desalojar y entregar a ********************o a quien sus derechos represente conforme a la ley, totalmente desocupado, el predio rústico marcado con el tablaje catastral número mil novecientos setenta y dos, de Oxkutzcab, Yucatán, y para tal efecto, giró oficio al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, para recabar el auxilio de la fuerza pública. 9. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil ********************, la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con residencia en Ticul, Yucatán, tuvo por recibido el oficio del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual, le informó la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia ordenada mediante el auxilio de la fuerza pública; por tal razón, comisionó al actuario de su adscripción para dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés. 10. En cumplimiento a lo anterior, el actuario adscrito a dicho juzgado, licenciado Rubén Gabriel Can Sánchez, en diligencia actuarial de nueve de enero de dos mil veintitrés, hizo constar que, a las once horas con quince minutos, de esa data, se constituyó en el domicilio ubicado en el tabla catastral número mil novecientos setenta y dos, de la calle Veintinueve por Cincuenta y dos, en la localidad de Oxkutzcab, Yucatán, de lo cual se cercioró a través de la nomenclatura de las calles visibles en placas metálicas instaladas en las esquinas, el número de tablaje que aparece en el exterior del inmueble, en el cual fue atendido por quien manifestó llamarse ********************y su esposa ********************, quienes se negaron a identificarse, motivo por el cual, procedió a describirlos, el primero de tez morena clara, complexión delgada, cara redonda, nariz grande, labios gruesos, ojos color negro, cabello lacio, corto y entrecano, entre cincuenta y cinco y sesenta años de edad, y aproximadamente un metro con cincuenta centímetros de estatura; la segunda, de tez morena clara, complexión mediana, cara redonda, nariz mediana, ojos rasgados y de color negro, cabello largo, lacio y negro, de entre cincuenta a cincuenta y cinco años de edad, de un metro con cincuenta centímetros de estatura aproximadamente, por lo que una vez que se les informó el motivo de la diligencia, manifestando que necesitaban dos días para desalojar el predio, a lo que les fue informado que no era posible, porque se trataba de una orden de ejecución inmediata y que si no desalojaban de manera voluntaria, se ordenaría la fuerza pública, a lo que manifestaron que sí cumplirían con la orden, con la condición de que nadie toque sus cosas, ya que ellos mismos sacaron sus muebles y ropas, y se permitió el acceso al inmueble, por lo cual se llevó la misma, la que concluyó con la entrega a José Luis Barrera Dzib y José Luis Barrera Cham, de la posesión material y legal de dicho inmueble. Dicha diligencia constituye el acto reclamado en este medio extraordinario de defensa. Ahora bien, los invocados artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, del ordenamiento legal de referencia, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Como se adelantó, en la especie se actualiza el motivo de improcedencia antes citado, esto, porque la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico, ya que no exhibió documento idóneo y suficiente para acreditar que los actos reclamados afectan de manera personal y directa algún derecho subjetivo. De la intelección de los numerales antes transcritos, se desprende que para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico a tutelar por parte del órgano de control constitucional. El interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por la responsable; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura 1a./J. 168/2007, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225 que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En este orden de ideas, el juicio de amparo sólo puede promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto de autoridad y que, por ello, resiente un agravio de manera personal y directa en sus derechos subjetivos. Así, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. En el caso concreto, la parte quejosa, acude a la presente instancia constitucional y reclama como acto principal el desalojo del inmueble ubicado en el tablaje catastral ********************del municipio de Oxkutzcab, Yucatán. La quejosa, aduce, que el acto reclamado lesiona su esfera de derechos ya que es legítima posesionaria desde que la adquirió ********************, en el año de mil novecientos noventa. Para acreditar su postura, la parte quejosa exhibió como medios de prueba: 1. Acta de matrimonio con número de folio C31 4969448 de fecha uno de diciembre de mil novecientos setenta y dos, entre ********************y ********************; 2. Acta de nacimiento con folio C31 5077791 a nombre de ********************; y, 3. Acta de nacimiento con folio C31 5077790 a nombre de ********************. Sin embargo, dichas documentales resultan insuficientes para acreditar el interés que le asiste a la parte quejosa para acudir a esta instancia constitucional, ya que dichos documentos únicamente acreditan el vínculo matrimonial entre los quejosos y su identidad tales como su nacionalidad, fecha de nacimiento o filiación, pero en modo alguno son conducentes para acreditar la titularidad sobre el bien cuyo desalojo impugna. Lo anterior, dado que los mencionados documentos no son aptos para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, ya que aun y cuando con el acta de matrimonio se acredita el régimen de sociedad conyugal con su esposo ********************; sin embargo, ello no acredita su interés jurídico en este juicio, en atención a que por sentencia firme de dieciocho de marzo de dos mil veinte se determinó que su cónyuge no tenía ningún derecho real sobre el bien de referencia, lo que quedó firme al declararse desierto el recurso de apelación interpuesto en contra de esa sentencia, por lo que al ser así, tampoco existe algún derecho que pudiera considerarse que tuviera la parte quejosa, más que de una simple ocupante, que incluso le recae el carácter de causahabiente en el juicio al haber sido oída y vencida a través de su causante que resulta ser su cónyuge contra demandado en el juicio. En consecuencia, se concluye que los anteriores medios de convicción, no son idóneos ni suficientes para acreditar el perjuicio que alega la peticionaria de amparo se le ocasiona con la diligencia de desalojo emitido por la responsable. Entonces, es dable concluir, que la parte quejosa no acreditó para efectos exclusivos del presente juicio, la calidad de posesionaria o propietaria del inmueble de referencia con un título sustentado en alguna figura jurídica y válida prevista por la ley, a fin de que sea objeto de protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se cita: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Por consiguiente, si como ha quedado precisado, la quejosa ******************** no demostró el interés jurídico que le asiste para promover el juicio de amparo en que se actúa, es de concluir que, como se adelantó, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior resuelto, impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualiza. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En tal virtud, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer otra diversa, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Como se vio, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso ********************, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que en el caso proceda la suplencia de la queja al no encuadrar en alguno de los supuestos a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada. En sus conceptos de violación la parte quejosa aduce que se violan sus derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, plasmados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, agregó que se violó el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán, al no haber sido notificado personalmente de la orden de desalojo dictada en el juicio de origen ******************** relativo al juicio ordinario civil de prescripción positiva. Asimismo, siguió agregando que no se debió de llevar a cabo el desalojo, en virtud de que aún se encontraba pendiente el juicio ordinario civil ********************, relativo a la nulidad del contrato de compraventa, promovido por ********************, ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. También agregó que la jueza y actuario responsables, dejaron de aplicar el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no proveer las prerrogativas necesarias para salvaguardar los derechos a una vivienda digna, no discriminación, salud, dignidad humana y demás derechos fundamentales que se les debe de proteger como adultos mayores. Y para el caso, citó la tesis con el título: "ORDEN DE DESALOJO DE UN ASILO PARA ANCIANOS. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE CONSTATAR QUE PREVEA, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AQUÉLLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULOS 17 DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES." Como se adelantó, dichos conceptos de violación son infundados. En ese sentido, para evidenciar lo infundado de los conceptos de violación, debe precisarse que el derecho de audiencia constituye un principio consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio, por los trámites legales. De esta manera, el derecho fundamental de audiencia es el que tiene toda persona, para que, previamente a cualquier acto de autoridad que pretenda privarla de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, se le dé una oportunidad razonable de defenderse en juicio ante tribunales previamente establecidos. Lo anterior, se desprende del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General de la República, que establece lo siguiente: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...". El precepto constitucional en cita, impone a las autoridades la obligación positiva consistente en observar frente al gobernado, una conducta activa, que estriba en realizar todos y cada uno de los actos que tiendan a la observancia de las exigencias específicas en que el derecho de audiencia se revela, mismas que pueden concretarse en lo siguiente: Que nadie puede ser privado de sus derechos fundamentales (libertad, propiedades, posesiones y derechos), sino mediante juicio; En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y, Ante los tribunales previamente establecidos. Así, para mayor precisión, el término privación, bajo los términos indicados, se explica como la consecuencia o el resultado de un acto de autoridad y se traduce o puede consistir, en una merma o menoscabo (disminución), de la esfera jurídica del gobernado, determinados por el egreso de algún bien material o inmaterial (derecho), así como en el impedimento para ejercer un derecho; es decir, que la merma o menoscabo mencionados, así como el impedimento citado, constituyan el fin último, definitivo y natural del aludido acto. De este modo, para salvaguardar el derecho constitucional en mención, resulta fundamental proteger los derechos de los individuos en un procedimiento de defensa, que les permita ser escuchados en toda su plenitud, para así no quedar en indefensión ante el acto de autoridad. Al respecto, se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P/J. 40/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noven Época, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, cuyo rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". Asimismo, se invoca la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página quince del tomo 81, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, en su Séptima Época, que por rubro y texto dice: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." Consecuentemente, el derecho de audiencia reconocido por el artículo 14 Constitucional, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia por reiteración emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ciento treinta y tres, del tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su novena época que por rubro y texto tiene lo siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que el fin del derecho de audiencia, es el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron. Sobre el particular, conviene reproducir la tesis P. XXXV/98, del Tribunal Pleno, Novena Época, consultable a página veintiuno, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, abril de 1998, última compilación que dice a la letra: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL. La Suprema Corte ha establecido que dentro de los requisitos que deben satisfacer los ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la privación de derechos de los gobernados se encuentran los de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar, con base en los elementos en que el posible afectado finque su defensa. En las leyes procedimentales, tales instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una decisión favorable a su interés. Ahora bien, para brindar las condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el interesado pueda conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten las demás partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios de acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de que se trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto." En el caso en concreto, la parte quejosa aduce que se violan sus derechos fundamentales, al no haber sido notificado de la diligencia de desalojo de fecha nueve de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de prescripción positiva tramitado en el expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil. Lo cual resulta infundado por las siguientes consideraciones. Para dar respuesta a lo anterior, es menester abordar lo que al efecto prevé el artículo 17 Constitucional, a saber: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El numeral transcrito establece el derecho humano de acceso a la justicia, el cual fue instituido por el constituyente con el fin de que cualquier sujeto pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia en forma completa, pronta, expedita y gratuita, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Asimismo, que dentro de dicho principio, se puede incorporar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente. Dichas consideraciones se encuentran en la tesis aislada 2a. XXI/2019 (10a.), publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2019663, del tenor literal siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." Por tanto, la naturaleza de dicho precepto tutela dos vertientes legales a saber, la primera que es la de garantizar el derecho de acceso a la jurisdicción y tutela jurídica; mientras que la segunda, como obligación del Estado en establecer los mecanismos necesarios para que las decisiones judiciales, con fuerza legal, de ninguna forma queden incumplidas o se ejecuten en plazos prolongados e inciertos, sino que sean efectivas e integrales, desde un punto de vista material, no únicamente formal, lo cual justifica que las leyes deban asegurar la plena ejecución de las sentencias. En ese contexto, queda de manifiesto que, -además de instaurar recursos efectivos contra las violaciones a los derechos de las personas-, el Estado mexicano está obligado a garantizar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por las autoridades competentes. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala lo siguiente: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." Sobre el tema en estudio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Furlan y familiares vs. Argentina, el treinta y uno de agosto de dos mil doce, precisó lo siguiente: "209. La Corte ha señalado que, en los términos del artículo 25 de la Convención, es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento. Por tanto, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Esto último, debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado." De lo anterior, se advierte que tanto a nivel constitucional como convencional, las sentencias son el resultado de un proceso que el justiciable se vio obligado a substanciar por la existencia de una vulneración a sus derechos, por lo cual, tras quedar evidenciado ese hecho y constituir cosa juzgada, corresponde a los órganos de gobierno hacer que aquella determinación sea debidamente acatada y, en consecuencia, minimizar los restantes trámites que el interesado deba hacer valer para tal efecto. En esa medida conviene destacar que el acto reclamado deriva de un juicio de prescripción positiva, en el cual, el hoy quejoso fue parte actora y reconvenido, en el que se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento al dársele la oportunidad de acudir a un tribunal a entablar su acción, se llamó a la parte demandada y esta reconvino la reivindicación, por lo que también se le dio la oportunidad de contestar la reconvención, se ofrecieron pruebas por ambas partes, se desahogaron y finalmente se dictó una sentencia. Todo ello, conforme a las reglas de acción que se encuentran previstas en el Código Civil del Estado de Yucatán, en los artículos siguientes: "Artículo 657.- La posesión se pierde: I.- Por abandono. II.- Por cesión a título oneroso o gratuíto. III.- Por la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar ésta fuera del comercio. IV.- Por resolución judicial. V.- Por despojo, si la posesión del despojante dura más de un año. VI.- Por reivindicación del propietario. VII.- Por expropiación por causa de utilidad pública." "Artículo 658.- Se pierde la posesión de los derechos cuando es imposible ejercitarlos o cuando prescriben legalmente. "Artículo 659.- Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer. Es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trata de inmuebles la que está inscrita. A falta de título o siendo iguales los títulos, la más antigua. Si las posesiones fueren dudosas, se pondrá en depósito la cosa hasta que se resuelva a quien pertenece la posesión." "Artículo 660.- Para que el poseedor tenga derecho al interdicto de recuperar la posesión, se necesita que no haya pasado un año desde que se verificó el despojo." "Artículo 661.- Se reputa como nunca perturbado o despojado al que judicialmente fue mantenido en la posesión o restituido en ella." "Artículo 940.- Prescripción es un medio de adquirir el dominio de una cosa o de librarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y con las condiciones establecidas por la ley." "Artículo 941.- La adquisición de cosas o derechos en virtud de la posesión, constituye la prescripción positiva. La liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento, constituye la prescripción negativa." "Artículo 956.- La posesión necesaria para prescribir, debe ser: I.- En concepto de propietario. II.- Pacífica. III.- Continua. IV.- Pública." "Artículo 957.- Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia; sólo después de que jurídicamente haya cesado ésta, comienza la posesión útil." "Artículo 958.- Posesión continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los modos enumerados en el capítulo V de este título." "Artículo 959.- Posesión pública es la que se disfruta de manera que puede ser conocida de todos, o está inscrita en el registro público de la propiedad." "Artículo 960.- Todos los bienes inmuebles se prescriben con buena fe en cinco años, y con mala fe en diez, salvo lo dispuesto en el artículo 949 de este código." "Artículo 966.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el registro público, o en su defecto al agente del ministerio público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad." "Artículo 967.- La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción, se inscribirá en el registro público y servirá de título de propiedad al poseedor." De la trascripción anterior, se advierten los elementos constitutivos tanto de la prescripción positiva como de la reivindicación. Bajo ese marco normativo, la diligencia de desalojo cuya falta de notificación reclama el quejoso, tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia del juicio natural, toda vez que la orden de lanzamiento o desocupación del inmueble, es en razón del fallo definitivo dictado el dieciocho de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario civil ********************, del índice de la autoridad responsable; y aun, cuando el mismo fue recurrido por la aquí quejosa mediante el recurso de apelación; fue declarado desierto mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, causando ejecutoria la sentencia de mérito; por lo que de conformidad con el artículo 409, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, es ejecutable. Asimismo, mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, se fijó un término de veinte días para que el quejoso ********************cumpliera con el punto resolutivo cuarto de la sentencia ejecutoriada, y entregara a su legítimo propietario ********************o a quien sus derechos represente conforme a la ley, totalmente desocupado el predio rústico marcado con el tablaje catastral ********************de ********************, apercibiéndolo que de no hacerlo así, sería desalojado del citado bien inmueble con auxilio de la fuerza pública; acuerdo que le fue notificado el uno de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 302 y 303 del anexo 1). Por tanto, la orden de desalojo ordenada por el juez responsable, constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso, ya fue oído y vencido, en respeto a su derecho de audiencia previa al acto de privación definitiva. Razones por demás, para determinar que no le asiste la razón al quejoso para que se le notificara el auto en el que se pretende ordenar y ejecutar una orden de lanzamiento forzoso sobre el bien inmueble del que aduce ostenta la posesión, puesto que, la parte ejecutada ya contó con un plazo razonable para dar cumplimiento voluntario a lo ordenado en la sentencia, sin que lo haya hecho; y por tanto, tratándose de un acto de autoridad de la naturaleza del lanzamiento forzoso, los jueces y servidores públicos están obligados a guardar la secrecía necesaria a fin de garantizar el éxito de esa encomienda, y de esa manera, garantizar el cumplimiento eficaz de su fallo. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis VII.3o.C.30 C, con número de registro 185719, sustentada por los Tribunal Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Octubre de 2002, página 1397, que en su rubro y texto, dicen los siguiente: "LANZAMIENTO. PARA SU REALIZACIÓN NO HAY NECESIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL DEMANDADO EL AUTO QUE LO ORDENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La interpretación sistemática de los artículos 371 y 433 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, mismos que refieren, en esencia, el primero de ellos, que cuando en cumplimiento de la sentencia o determinación del Juez deba entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a poner en posesión de la misma al actor o a la persona en quien fincó el remate aprobado, practicando todas las diligencias conducentes que para el caso solicite el interesado, y el segundo, que una vez otorgada la escritura y entregados los títulos de propiedad respectivos, en caso necesario, se apremiará al deudor para que entregue el o los bienes, y se pondrán a disposición del comprador, emitiendo para ello las órdenes necesarias para lograr la desocupación de las fincas habitadas por el deudor o su causahabiente, permite establecer que para ejecutar una orden de lanzamiento se requiere el dictado previo de una sentencia firme que condene a la desocupación y entrega del bien inmueble materia del litigio, emitida en un juicio en el que, desde luego, se haya respetado en favor del demandado la garantía de audiencia previa que otorga la Constitución Federal a todos los gobernados; asimismo, que antes de pronunciarse el acuerdo que ordena el lanzamiento, se hubiera requerido la desocupación y entrega de la cosa, inclusive con apercibimiento que, de no hacerlo, se usaría la fuerza pública para cumplimentar esa orden; así que cuando sabedor de las consecuencias que conlleva, el demandado no cumplió con lo requerido, si se emite el auto que ordena llevar a cabo la diligencia relativa, el cual es considerado de aquellos que se dictan con sigilo y discreción, es evidente que ante tal proceder ya no es necesario que este acuerdo sea notificado personalmente al demandado, pues además de que no existe precepto legal alguno que lo ordene así, el lanzamiento deviene en un acto de realización inminente derivado de no haber cumplido con el requerimiento de entrega previamente realizado." Tampoco le asiste la razón al quejoso en el sentido de que resulta trascendente el resultado del juicio ordinario civil ********************, promovido por ********************, mediante el cual, ejercitó la acción de nulidad del contrato de compraventa otorgado mediante escritura número ******************** de fecha ******************** de septiembre de dos mil once, pues dicho juicio es ajeno a la ejecución del desalojo reclamado, toda vez que obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, en la cual, el quejoso es parte y fue oído y vencido en el juicio de origen ********************. Por otra parte, también resulta infundado el diverso concepto de violación esgrimido por el quejoso ********************, en el sentido de que la jueza y actuario responsables, dejaron de aplicar el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no preveer las prerrogativas necesarias para salvaguardar los derechos a un vivienda digna, no discriminación, salud, dignidad humana y demás derechos fundamentales que se les debe de proteger como adultos mayores. Se determina de ese modo, ya que el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático dicha persona se encuentra en un estado vulnerable, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en dicho estado, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia; de ahí que, se concluya que no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; por ende, no basta con alegar que se es un adulto mayor para que opere una protección especial en su favor. Por tanto, dependerá del hecho que la situación específica de que el quejoso sea un adulto mayor, haya constituido la causa directa de que se le hubiera dejado en estado de indefensión para poder recriminar a la autoridad responsable que no protegió la condición en la que se encontraba. Lo anterior, pues resulta necesario que se advierta de autos o se acredite que la persona involucrada se encuentre en un estado de vulnerabilidad que le hubiera imposibilitado desplegar de manera adecuada su defensa en juicio. Así, en el caso el quejoso compareció al juicio de origen, por derecho propio, sin que hubiere alegado y demostrado alguna situación que lo ubicara en algún estado de vulnerabilidad que ameritara la procedencia de alguna beneficio prerrogativa por parte de la autoridad responsable, de ahí lo infundado del planteamiento en estudio. En apoyo a lo anterior se citan las tesis aisladas números CXXXIII/2016 (10ª.) y CXXXIV/2016 (10ª.), consultables en las páginas 1003 y 1004, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que son las siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad." "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja." Ya que incluso, así lo ha considerado por el Máximo Tribunal del País, al sostener que debe entenderse en el sentido de que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece una especial protección por parte de los órganos jurisdiccionales, pero esa condición no es una cualidad que por sí misma lleve al juzgador a suplir la deficiencia de la queja o bien a darle un trato diferenciado respecto de su contraria, en el juicio de origen, donde rigen los principios de igualdad y el equilibrio procesal entre las partes, pues para ello es necesario que el adulto mayor se encuentre en una situación de desventaja por su condición económica, social o de otra índole, que le impida física y emocionalmente defenderse. Por tanto, aun cuando el quejoso sea un adulto mayor, si de autos no se advierte que manifestara que por ese hecho se encontrara en alguna situación de vulnerabilidad, debido a su condición social o económica, o bien tener alguna incapacidad física o de otra índole que afectara su defensa, y tampoco hay en el expediente datos que permitan concluir que se encontrara en una extrema pobreza o marginación; no existen bases para que la autoridad responsable, le diera un tratamiento diferenciado, como pretende el accionante del amparo. Pues como ya se vio, con total independencia de lo dispuesto en los artículos que estima el quejoso se vulneraron, lo cierto es que el solo hecho de manifestar que es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático dicha persona se encuentra en un estado vulnerable, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en dicho estado. Sin embargo, ni dentro de las constancias del juicio de origen, que fueron consideradas con pleno valor probatorio, como tampoco de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se demuestra que padezca de una incapacidad motora o intelectual que la torne vulnerable, o que se encuentra en un estado de precariedad, que no le permitiera trasladarse después de ejecutado el desalojo a alguna otra vivienda; o que con motivo de ello se pusiera en riesgo su estado de salud por alguna particularidad específica, de ahí lo infundado del motivo de disenso a que se hizo alusión. Sin que obste la tesis aislada con registro digital 2009972 invocada por el quejoso del texto siguiente: "ORDEN DE DESALOJO DE UN ASILO PARA ANCIANOS. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE CONSTATAR QUE PREVEA, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AQUÉLLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULOS 17 DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.", cuya observancia no es de carácter vinculante para este juzgador de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, ya que se trata criterios en los que se abordan actos de distinta naturaleza a los aquí reclamados. En consecuencia, ante la ineficacia de los planteamientos de inconstitucionalidad hechos valer, sin que en el caso se advierta motivo alguno que conlleve suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso ********************. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, ya que al no resultar violatorio de derechos fundamentales el desalojo impugnado; por ende, todas sus consecuencias jurídicas, pues no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia del mismo. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, que promovió ********************, en contra los actos de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán y de su actuario adscrito, ambas con residencia en Ticul, Yucatán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones que se expusieron en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados a la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán y su actuario adscrito, ambo con sede en Ticul, Yucatán, y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el sexto considerando de esta sentencia. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el once de mayo del año en curso, se puso a la vista de la parte tercero interesada, los informes justificados rendidos por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en Ticul, Yucatán; y por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan las partes del citado informe. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio 1026/2023, signado por la Secretaria de Acuerdos, en funciones de Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, con el que devuelve debidamente diligenciado el despacho número de orden 31/2023-DESP-I-B, con número de origen 21/2023-DESP-I-B, librado en los presente autos para emplazar a juicio a los terceros interesados José Luis Barrera Dzib y José Luis Barrera Chan. Dese de baja el citado despacho en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal y hágase la anotación correspondiente. Ahora bien, del oficio de cuenta se desprende que el dieciocho de abril del año en curso, el actuario judicial adscrito al órgano oficiante, se presentó en el domicilio indicado en la demanda de amparo y procedió a notificar a los terceros interesados José Luis Barrera Dzib y José Luis Barrera Chan, el auto admisorio de treinta y uno de enero del año que transcurre. Por lo tanto, ya que a la presente fecha no han señalado domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones en relación con este juicio, dentro del término de tres días que se les concedió para tal fin, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de siete de febrero pasado, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese a los terceros interesados, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad, para tal efecto. Por último, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a los aludidos terceros interesados, con los informes justificados rendidos por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción ambos con sede en Ticul, Yucatán; y por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, relacionados en proveídos de siete de febrero, y catorce y veintitrés de marzo, todos del año en curso. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Raúl Ramos Berzunza. Doy fe.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Circe Gomez Victoria250/2022
- Circe Gomez Victoria1147/2022
- Citlalli del Carmen Vera Ek868/2023
- Citlalli Vicencio Barroeta375/2023
- Clara Alicia Alvarez Lopez1014/2017
- Clara Antonia Martin Castillo789/2022
- Clara Baeza Xiu1717/2021
- Clara Baeza Xiu2907/2022
- Clara Eugenia Matu Morales949/2020
- Clara Eugenia Matu Morales950/2020
- Clara Inés Espitia Pinzón1877/2023
- Clara Lilia viana León694/2021