Cinthya Aide Ocampo Vázquez

Expediente 357/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 41 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
357/2018
Año
2018
Actuaciones
41
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Cinthya Aide Ocampo Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, y el estado de autos, en atención a que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve (fojas 396 y 397), dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en este juicio de garantías, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, Juez Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, el original del expediente familiar 410/2017, de su índice, agregado mediante proveído de siete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 21 a 23), respecto de la cual se formó anexo por separado.

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 357/2018, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que por haberse negado la suspensión provisional (fojas 7 y 8) y la definitiva de los actos reclamados (fojas 40 y 41), el original de este incidente de suspensión será susceptible de destrucción conforme a los puntos vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo, una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio 1330/2019, de la Juez Familiar, con residencia en Matías Romero, Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 350/2019, con número de orden 945/2019, deducido de este juicio de amparo; toda vez que mediante auto de trece de agosto del año en curso, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo (fojas 396-397). Dése de baja la citada comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Acúsese el recibo de estilo.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de la quejosa Cinthya Aidé Ocampo Vázquez, por el que manifiesta su voluntad de desistirse de la demanda de amparo que dio origen a la tramitación de este juicio (foja 392), debidamente ratificado (foja 395). Ahora bien, vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que la quejosa Cinthya Aidé Ocampo Vázquez, compareció ante este órgano jurisdiccional para externar bajo protesta de decir verdad, su voluntad de desistirse en su perjuicio de la demanda que dio origen a la tramitación de este juicio de amparo; en consecuencia, se tiene a la aludida quejosa, por desistida en su perjuicio de la demanda de amparo, que promovió contra actos del Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Matías Romero, Oaxaca, con la que se dio origen al presente juicio de amparo 357/2018. Ahora, los artículos 6 y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; [...]" De conformidad con los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo puede seguirse únicamente por el agraviado, por su representante legal o su defensor, de modo que, si existe petición expresa de desistimiento de la demanda que originó la tramitación del juicio de amparo, entonces actualizará el sobreseimiento en el juicio de amparo. En ese tenor, al existir ratificación expresa de la voluntad de la parte quejosa, de la no prosecución de la tramitación de este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, se decreta el sobreseimiento en este juicio. En lo conducente, resulta exactamente aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI (Abril 2000), visible a fojas 147, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." El criterio invocado, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta . Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve [foja 386]). Comuníquese la anterior determinación a la autoridad responsable, y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Para los efectos de la publicidad de esta determinación, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta determinación; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará por lo que ve a las resoluciones y sentencias a las que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

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