Cirino Jaoquín Peña Arvea

Expediente 388/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 38 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
388/2016
Año
2016
Actuaciones
38
Última actuación
08/02/2018

Partes del expediente

  • Cirino Jaoquín Peña Arvea
  • Cirino Jaoquín Peña Arvea y Otros.
  • Epifanio Santiago Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 388/2016, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión provisional, y por interlocutoria de seis de octubre de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión definitiva comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservará el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, en que se concedió la suspensión provisional, así como la interlocutoria de seis de octubre de dos mil dieciséis, en que se concedió la suspensión definitiva. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Por otra parte, y toda vez que en proveído quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 109 y 110) se ordenó devolver debidamente endosados a favor de cada uno de los quejosos Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago, los billetes de depósito números N 059858 y N 059856, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos; se apercibe a los citados quejosos que en caso de no hacerlo dentro del plazo de dos años, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, se hará la declaratoria de prescripción de dicha garantía, a favor del Fisco Federal, lo anterior con fundamento en los artículos 36 y 48, párrafo segundo, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que las partes quejosa y tercera interesada no se inconformaron en contra del proveído dictado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido; en consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, por ubicarse en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General citado; sin embargo, deberán conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de once de diciembre de dos mil diecisiete (foja 592), se dio vista a los quejosos Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago, para que, dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho importara respecto del oficio PJEO/JCPE/1695/2017-J, signado por el Juez de Control, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, mediante el que remitió copia certificada de un disco óptico versátil que contiene el registro audiovisual de la audiencia de auto de no vinculación a proceso de uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 129/2016 que se instruye en contra de los aquí quejosos como probables responsables del delito de fraude procesal cometido en agravio de Diego Manuel Woolrich Ramírez y la sociedad, así como el archivo digitalizado del citado acuerdo y de la referida resolución, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; plazo dentro del cual el representante común de la parte quejosa desahogó la vista ordenada. Así las cosas, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede analizar, de oficio, si la referida autoridad responsable cumplió con la sentencia ejecutoria dictada en este expediente. Del análisis de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con pleno valor probatorio, en su calidad de instrumental de actuaciones, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío del numeral 2° de la Ley de Amparo, se concluye que la responsable cumplió con la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por las consideraciones que enseguida se exponen. 1. En sentencia engrosada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete fojas 394 a 413, dictada en este juicio de garantías, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago, para el efecto siguiente: .lo que impone concederles el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez responsable dicte nueva resolución de término constitucional, en la que declare insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el proceso penal 129/2016, y siguiendo los lineamientos trazados en esta sentencia, resuelva que las pruebas analizadas resultan insuficientes para acreditar el cuerpo del delito de fraude procesal que se imputa a los aquí quejosos, y dicte la resolución condigna, en restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 2.- Inconforme con tal determinación Jorge Alfredo Woolrich Bermúdez, apoderado legal del tercero interesado Diego Manuel Woolrich Ramírez, interpuso recurso de revisión en su contra foja 434, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mismo que fue resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Naucalpan, mediante ejecutoria dictada el dos de octubre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión 393/2017, del índice del órgano colegiado auxiliado fojas 460 a 532, en la que se determinó que se confirma la sentencia recurrida. 3.- Por auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete fojas 534 y 535, se tuvo por radicado nuevamente en este Juzgado los autos del juicio de amparo 388/2016, y se requirió a la autoridad responsable Juez de Control con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. 4.- En cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este expediente, el Juez de Control con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, dictó nueva resolución en la causa penal 129/2016, en la que, de inicio, dejó insubsistente respecto a los imputados Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, objeto de la protección constitucional. Luego, en el considerando cuarto precisó los hechos que tuvo por probados, enseguida, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, en el considerando quinto, estableció que de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia "FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL se desprende sustancialmente que el primer elemento de la simulación procesal es la bilateralidad, esto es, la existencia de un consenso entre las partes procesales actora y demandada para simular el acto o escrito judicial, sin que entre ambas exista contienda alguna que resolver, no obstante se sirven del juicio como medio para conseguir otro fin, por lo que ambas partes son responsables del delito, en tanto que el perjudicado es siempre un tercero que no es parte en el juicio simulado. Asimismo, que la simulación de escritos judiciales requiere en la mentira cierta actitud bilateral de las diversas partes con intereses opuestos, la que da por consecuencia que el Juez reconozca como válidas sus acciones o sus excepciones fictas, esto es, que los simuladores no contienden en realidad, sino conciertan un simulacro de controversia; por lo que, no puede darse una simulación procesal unilateral en la que una sola de las partes fuera el delincuente simulador y la otra parte fuera la víctima de la simulación. Concluyendo que el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal a estudio se consuma tan pronto como los activos, es decir, las partes en un juicio simulan un acto o escrito judicial con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido siendo innecesario que se cause real y efectivamente un perjuicio patrimonial; sosteniendo adicionalmente que, la simulación procesal se refiere al litigio que las dos partes aparentan, en perjuicio de un tercero ajeno al juicio y no al caso en que una sola de las partes miente o presenta pruebas falsas en perjuicio de la otra parte, pues el delito se consuma tan pronto como ambas partes simulan un acto o escrito judicial con ánimo de lucro careciendo así de importancia si el juez fue o no engañado por los simuladores. Y precisó que de lo antes expuesto, se concluye que no se actualiza el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal en la hipótesis de simulación de un escrito judicial que prevé el artículo 381, fracción X, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, ya que la conducta que se atribuye a los imputados se hizo consistir que en el expediente civil 350/2013 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, promovido por Jorge Alfredo Woolrich Bermúdez como representante legal de Diego Manuel Woolrich Ramírez en contra de Cirino Joaquín Peña Arvea, como persona física y en su carácter de representante legal de la empresa administradora Puerto Escondido S.A. Caracol Plaza Sociedad Anónima de Capital Variable y de Epifanio Santiago Santiago, mediante escritos de dieciocho de diciembre de dos mil trece, dieron contestación a la demanda entablada en su contra, sin que tales documentos hubieran sido firmados realmente por quienes aparecían como sus autores, esto es, por los imputados; situación que también aconteció con los diversos escritos mediante los que interpusieron recurso de apelación contra el auto de siete del mismo mes y año y formularon un cuestionario de preguntas recibidos el diecisiete y el veintitrés de octubre del año dos mil catorce, en la oficialía de partes del juzgado civil, los cuales tampoco fueron firmados por los imputados, como quedó demostrado con el dictamen pericial en materia de grafoscopía de tres de noviembre de dos mil quince, emitido por la licenciada Ana María Jiménez López, en el que se concluyó que las firmas que ostentan dichos escritos son falsas, ya que no fueron puestas del puño y letra de los imputados. Sin embargo, precisó, de lo anterior no se evidencia que en la simulación procesal que se imputó haya existido bilateralidad, requisito indispensable para configurar el hecho ilícito en cuestión, el cual consiste que entre el actor y el demandado no existe contienda alguna que haya necesidad de resolver, pues ambas partes se sirven del juicio o escrito simulado como medio para el delito, en tanto que el perjudicado es siempre un tercero que no es parte en el juicio simulado; y en el caso a estudio la simulación del escrito se realizó dentro del juicio civil 350/2013, en el que tanto la parte ofendida Diego Manuel Woolrich Ramírez como los imputados Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago figuran como parte actora y demandada, respectivamente. En atención a lo anterior, dijo, dado que no puede darse una simulación procesal unilateral en la que una sola de las partes sea el delincuente simulador y la otra parte sea la víctima de la simulación es dable concluir que en el caso no se acreditan los elementos del hecho ilícito de fraude procesal por simulación de escrito realizado en el expediente civil 350/2013, debido a que no quedó demostrado que haya existido bilateralidad o el concierto entre dos personas en la comisión del hecho ilícito; sin que ello impida que la conducta de los imputados puedan ser constitutivas de otros delitos. Finalmente, concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "RESUELVE: PRIMERO. Se dicta auto de No vinculación a proceso en contra de los imputados Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago, por el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal, cometido en perjuicio y agravio de Diego Manuel Woolrich Ramírez y la Sociedad. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 185 del Código Procesal Penal se ordena cancelar las medidas de coerción personal impuestas respecto de dichos imputados y se ordena devolver los certificados de depósito que obran en la causa penal. ." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Sin que obste a lo anterior lo manifestado por el representante común de la parte quejosa mediante escrito de trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el sentido de que el Juez de Control responsable vulnera el principio de presunción de inocencia y de legalidad, ya que no obstante que en la sentencia de diez de enero de dos mil diecisiete se ordenó que las pruebas ofrecidas por la fiscalía eran insuficientes para acreditar el delito imputado, el Juez responsable insiste de mala fe que los quejosos son responsables y que incurren en el ilícito mencionado por la fiscalía. Y tampoco lo que manifiesta en el sentido de que, no obstante que en la nueva resolución, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deja sin efectos la resolución impugnada y dicta una nueva, en ella incumple los lineamientos de la ejecutoria porque las pruebas con las que la autoridad responsable consideró acreditado el ilícito de fraude procesal resultan insuficientes para acreditar todos y cada uno de sus elementos configurativos, pues al volver a analizar las pruebas aportadas por la fiscalía en el legajo de investigación, señala que se les otorga valor probatorio con lo que queda acreditado el ilícito que se les atribuye; y que al analizar todas las pruebas ofrecidas por la fiscalía, señala que les da valor pleno, en especial a la pericial caligráfica. Pues contrario a lo que aduce, del análisis de la nueva resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que el Juez de Control responsable de manera acertada, en el considerando tercero, realizó el juicio de valor de cada uno de los datos de prueba y medios de convicción que narró la representación social, y enseguida, en el considerando quinto determinó que en el caso no se actualiza el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal en la hipótesis de simulación de un escrito judicial que prevé el artículo 381, fracción X, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, por las razones que expuso. Finalmente, por lo que hace a la manifestación que realiza en el sentido de que el Juez de Control responsable en el penúltimo párrafo de su resolución va más allá de lo ordenado en la ejecutoria al precisar lo siguiente: ".sin que ello impida que la conducta de los imputados puedan ser constitutivas de otros delitos.", debe decirse que, contrario a lo que aduce, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 393/2017 señaló que: ".Es necesario aclarar que la autoridad tiene expeditas sus facultades de reclasificación para poder perseguir otros delitos derivados de las mismas conductas, pues tales facultades derivan de la propia ley."; de ahí que, contrario a lo que aduce, en el caso, se estima que el Juez de Control responsable únicamente realizó una reiteración de la precisión que hizo el Tribunal Colegiado.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de once de diciembre de dos mil diecisiete (foja 592), se dio vista a los quejosos Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago, para que, dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho importara respecto del oficio PJEO/JCPE/1695/2017-J, signado por el Juez de Control, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, mediante el que remitió copia certificada de un disco óptico versátil que contiene el registro audiovisual de la audiencia de auto de no vinculación a proceso de uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 129/2016 que se instruye en contra de los aquí quejosos como probables responsables del delito de fraude procesal cometido en agravio de Diego Manuel Woolrich Ramírez y la sociedad, así como el archivo digitalizado del citado acuerdo y de la referida resolución, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; plazo dentro del cual el representante común de la parte quejosa desahogó la vista ordenada. Así las cosas, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede analizar, de oficio, si la referida autoridad responsable cumplió con la sentencia ejecutoria dictada en este expediente. Del análisis de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con pleno valor probatorio, en su calidad de instrumental de actuaciones, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío del numeral 2° de la Ley de Amparo, se concluye que la responsable cumplió con la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por las consideraciones que enseguida se exponen. 1. En sentencia engrosada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete fojas 394 a 413, dictada en este juicio de garantías, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago, para el efecto siguiente: .lo que impone concederles el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez responsable dicte nueva resolución de término constitucional, en la que declare insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el proceso penal 129/2016, y siguiendo los lineamientos trazados en esta sentencia, resuelva que las pruebas analizadas resultan insuficientes para acreditar el cuerpo del delito de fraude procesal que se imputa a los aquí quejosos, y dicte la resolución condigna, en restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 2.- Inconforme con tal determinación Jorge Alfredo Woolrich Bermúdez, apoderado legal del tercero interesado Diego Manuel Woolrich Ramírez, interpuso recurso de revisión en su contra foja 434, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mismo que fue resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Naucalpan, mediante ejecutoria dictada el dos de octubre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión 393/2017, del índice del órgano colegiado auxiliado fojas 460 a 532, en la que se determinó que se confirma la sentencia recurrida. 3.- Por auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete fojas 534 y 535, se tuvo por radicado nuevamente en este Juzgado los autos del juicio de amparo 388/2016, y se requirió a la autoridad responsable Juez de Control con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. 4.- En cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este expediente, el Juez de Control con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, dictó nueva resolución en la causa penal 129/2016, en la que, de inicio, dejó insubsistente respecto a los imputados Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, objeto de la protección constitucional. Luego, en el considerando cuarto precisó los hechos que tuvo por probados, enseguida, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, en el considerando quinto, estableció que de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia "FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL se desprende sustancialmente que el primer elemento de la simulación procesal es la bilateralidad, esto es, la existencia de un consenso entre las partes procesales actora y demandada para simular el acto o escrito judicial, sin que entre ambas exista contienda alguna que resolver, no obstante se sirven del juicio como medio para conseguir otro fin, por lo que ambas partes son responsables del delito, en tanto que el perjudicado es siempre un tercero que no es parte en el juicio simulado. Asimismo, que la simulación de escritos judiciales requiere en la mentira cierta actitud bilateral de las diversas partes con intereses opuestos, la que da por consecuencia que el Juez reconozca como válidas sus acciones o sus excepciones fictas, esto es, que los simuladores no contienden en realidad, sino conciertan un simulacro de controversia; por lo que, no puede darse una simulación procesal unilateral en la que una sola de las partes fuera el delincuente simulador y la otra parte fuera la víctima de la simulación. Concluyendo que el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal a estudio se consuma tan pronto como los activos, es decir, las partes en un juicio simulan un acto o escrito judicial con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido siendo innecesario que se cause real y efectivamente un perjuicio patrimonial; sosteniendo adicionalmente que, la simulación procesal se refiere al litigio que las dos partes aparentan, en perjuicio de un tercero ajeno al juicio y no al caso en que una sola de las partes miente o presenta pruebas falsas en perjuicio de la otra parte, pues el delito se consuma tan pronto como ambas partes simulan un acto o escrito judicial con ánimo de lucro careciendo así de importancia si el juez fue o no engañado por los simuladores. Y precisó que de lo antes expuesto, se concluye que no se actualiza el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal en la hipótesis de simulación de un escrito judicial que prevé el artículo 381, fracción X, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, ya que la conducta que se atribuye a los imputados se hizo consistir que en el expediente civil 350/2013 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, promovido por Jorge Alfredo Woolrich Bermúdez como representante legal de Diego Manuel Woolrich Ramírez en contra de Cirino Joaquín Peña Arvea, como persona física y en su carácter de representante legal de la empresa administradora Puerto Escondido S.A. Caracol Plaza Sociedad Anónima de Capital Variable y de Epifanio Santiago Santiago, mediante escritos de dieciocho de diciembre de dos mil trece, dieron contestación a la demanda entablada en su contra, sin que tales documentos hubieran sido firmados realmente por quienes aparecían como sus autores, esto es, por los imputados; situación que también aconteció con los diversos escritos mediante los que interpusieron recurso de apelación contra el auto de siete del mismo mes y año y formularon un cuestionario de preguntas recibidos el diecisiete y el veintitrés de octubre del año dos mil catorce, en la oficialía de partes del juzgado civil, los cuales tampoco fueron firmados por los imputados, como quedó demostrado con el dictamen pericial en materia de grafoscopía de tres de noviembre de dos mil quince, emitido por la licenciada Ana María Jiménez López, en el que se concluyó que las firmas que ostentan dichos escritos son falsas, ya que no fueron puestas del puño y letra de los imputados. Sin embargo, precisó, de lo anterior no se evidencia que en la simulación procesal que se imputó haya existido bilateralidad, requisito indispensable para configurar el hecho ilícito en cuestión, el cual consiste que entre el actor y el demandado no existe contienda alguna que haya necesidad de resolver, pues ambas partes se sirven del juicio o escrito simulado como medio para el delito, en tanto que el perjudicado es siempre un tercero que no es parte en el juicio simulado; y en el caso a estudio la simulación del escrito se realizó dentro del juicio civil 350/2013, en el que tanto la parte ofendida Diego Manuel Woolrich Ramírez como los imputados Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago figuran como parte actora y demandada, respectivamente. En atención a lo anterior, dijo, dado que no puede darse una simulación procesal unilateral en la que una sola de las partes sea el delincuente simulador y la otra parte sea la víctima de la simulación es dable concluir que en el caso no se acreditan los elementos del hecho ilícito de fraude procesal por simulación de escrito realizado en el expediente civil 350/2013, debido a que no quedó demostrado que haya existido bilateralidad o el concierto entre dos personas en la comisión del hecho ilícito; sin que ello impida que la conducta de los imputados puedan ser constitutivas de otros delitos. Finalmente, concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "RESUELVE: PRIMERO. Se dicta auto de No vinculación a proceso en contra de los imputados Cirino Joaquín Peña Arvea y Epifanio Santiago Santiago, por el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal, cometido en perjuicio y agravio de Diego Manuel Woolrich Ramírez y la Sociedad. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 185 del Código Procesal Penal se ordena cancelar las medidas de coerción personal impuestas respecto de dichos imputados y se ordena devolver los certificados de depósito que obran en la causa penal. ." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Sin que obste a lo anterior lo manifestado por el representante común de la parte quejosa mediante escrito de trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el sentido de que el Juez de Control responsable vulnera el principio de presunción de inocencia y de legalidad, ya que no obstante que en la sentencia de diez de enero de dos mil diecisiete se ordenó que las pruebas ofrecidas por la fiscalía eran insuficientes para acreditar el delito imputado, el Juez responsable insiste de mala fe que los quejosos son responsables y que incurren en el ilícito mencionado por la fiscalía. Y tampoco lo que manifiesta en el sentido de que, no obstante que en la nueva resolución, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deja sin efectos la resolución impugnada y dicta una nueva, en ella incumple los lineamientos de la ejecutoria porque las pruebas con las que la autoridad responsable consideró acreditado el ilícito de fraude procesal resultan insuficientes para acreditar todos y cada uno de sus elementos configurativos, pues al volver a analizar las pruebas aportadas por la fiscalía en el legajo de investigación, señala que se les otorga valor probatorio con lo que queda acreditado el ilícito que se les atribuye; y que al analizar todas las pruebas ofrecidas por la fiscalía, señala que les da valor pleno, en especial a la pericial caligráfica. Pues contrario a lo que aduce, del análisis de la nueva resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que el Juez de Control responsable de manera acertada, en el considerando tercero, realizó el juicio de valor de cada uno de los datos de prueba y medios de convicción que narró la representación social, y enseguida, en el considerando quinto determinó que en el caso no se actualiza el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal en la hipótesis de simulación de un escrito judicial que prevé el artículo 381, fracción X, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, por las razones que expuso. Finalmente, por lo que hace a la manifestación que realiza en el sentido de que el Juez de Control responsable en el penúltimo párrafo de su resolución va más allá de lo ordenado en la ejecutoria al precisar lo siguiente: ".sin que ello impida que la conducta de los imputados puedan ser constitutivas de otros delitos.", debe decirse que, contrario a lo que aduce, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 393/2017 señaló que: ".Es necesario aclarar que la autoridad tiene expeditas sus facultades de reclasificación para poder perseguir otros delitos derivados de las mismas conductas, pues tales facultades derivan de la propia ley."; de ahí que, contrario a lo que aduce, en el caso, se estima que el Juez de Control responsable únicamente realizó una reiteración de la precisión que hizo el Tribunal Colegiado.

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