Christoper Avalos Aquino
Expediente 199/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 15/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Christoper Avalos Aquino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 199/2016, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 12 a 15), se concedió la suspensión provisional, y por interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis (fojas 25 a 27), se concedió la suspensión definitiva, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme al punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que deberá conservarse el auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 12 a 15), en el que se concedió la suspensión provisional, y la interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis (fojas 25 a 27), en la que se concedió la suspensión definitiva. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el contenido de la certificación de cuenta, y el estado de autos, en atención a que la parte quejosa CHRISTOPER AVALOS AQUINO, no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de julio pasado dictado en este asunto (fojas 349 a 351); en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en este juicio de garantías fuera de audiencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado acuerdo general, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión. Finalmente, devuélvase a la responsable, Juez de Garantía en Materia Penal, con sede en esta ciudad, el anexo remitido como justificación a su informe, consistente en un disco versátil de datos derivado de la causa penal 138/2016, de su índice, el cual se agregó mediante proveído de tres de mayo del año en curso (fojas 70 a 72).
- Principal
Vista la razón de cuenta, se aprecia que no le fue posible a la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado notificar personalmente al tercero interesado JAIME CASTILLEJOS JIMÉNEZ, toda vez que al constituirse en la carretera Tránsismica, a la altura de la Colonia Deportiva de esta ciudad, y preguntar por el kilómetro catorce, le informaron que no existe, pues la colonia Deportiva se encuentra entre el Kilómetro 3 y 6. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones que perjudican la pronta y expedita administración de la justicia federal, se ordena practicar la notificación del proveído de veintiséis de julio del año en curso, al tercero interesado JAIME CASTILLEJOS JIMÉNEZ, por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia. Finalmente, incorpórese únicamente para que exista en autos el oficio signado por la Jefa de Departamento Comercial Zona Poniente de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Puebla; toda vez que por auto de veintiséis de julio pasado se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por desistimiento del quejoso.
- Principal
Vista la diligencia actuarial de ratificación de veinticinco de este propio mes de julio, donde se advierte que la parte quejosa CHRISTOPER ÁVALOS QUINO, se desiste del presente juicio de garantías, por así convenir a sus intereses; se procede a acordar lo siguiente: .. De la interpretación armónica de los artículos antes transcritos, se concluye que, entre otros principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia de que el particular, a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente; esto es, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la misma Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el signo volitivo que demuestra la voluntad de las partes para ejercer este derecho, es la firma, o en su caso, si no sabe firmar el interesado debe estampar su huella digital, pues de otra manera no existe forma de saber si lo escrito realmente corresponde a la voluntad de la(s) persona(s) que encabeza(n) el escrito. Tratándose de la demanda de amparo escrita, la instancia de parte, prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, se concreta con la firma o huella del promovente, la que debe plasmarse precisamente al pie de la demanda. En el caso, como del análisis del escrito de veintidós de este propio mes de julio (foja 345), así como de la diligencia de veinticinco siguiente (foja 348), se advierte que el quejoso manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio, de donde se concluye que, en el caso no hay la voluntad de continuar con el trámite de este juicio, y por ende, no existe instancia de parte agraviada. Así las cosas, sí de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede seguirse por el agraviado, por su representante legal o su apoderado; y en el presente caso, por escrito presentado el veintidós de julio de dos mil dieciséis, ante la oficialía de partes de este Juzgado ratificado el veinticinco siguiente ante la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, el quejoso CHRISTOPER ÁVALOS AQUINO, ratificó el contenido de su escrito de veintidós de julio del año en curso, que reconoce como suya la firma que lo calza, por haber sido puesta de su puño y letra y que es la misma que utiliza en sus asuntos tanto públicos como privados de ahí que ya no exista instancia de parte agraviada, ante la falta de voluntad de la persona que aparece como quejoso en el escrito de demanda. Por consiguiente, en consideración que el signo volitivo que demuestra la voluntad de las partes para ejercer este derecho, es la firma, y dado que el quejoso en diligencia formal manifestó que se desistía del presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 6, 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, se sobresee en el juicio de amparo, fuera de audiencia. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para las diez horas con cuarenta minutos del doce de agosto de dos mil dieciséis para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto (foja 324 vuelta). .. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Para los efectos de la publicidad de esta sentencia en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.
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