Cinthia Janeth López Rodríguez

Expediente 2018/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2018/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
04/03/2016

Partes del expediente

  • Cinthia Janeth López Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En cuatro de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 4642.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de marzo dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Presidente de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 9415/2016, del índice de este Juzgado, del juicio especial de divorcio voluntario 809/2008, y del Toca de Apelación Civil 358/2015 de su índice. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil dieciséis en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa CINTHIA JANETH LÓPEZ RODRÍGUEZ; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, devuélvase a la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad el toca de apelación 358/2015 y el juicio especial de divorcio voluntario 809/2008, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. En atención a que el fallo de mérito no requiere ejecución material, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2018/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el tres de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas CINTHIA JANETH LÓPEZ RODRÍGUEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Acto reclamado: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de la responsable, LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, dictada en fecha doce (12) de octubre, del año en curso (2015), dentro del Toca de Apelación civil A. C. 358/2015, mediante la cual resuelve el recurso de apelación promovido por la suscrita quejosa, dentro del Incidente de Cese de Pensión alimenticia, que promueve en mi contra mi señor padre ANTONIO LÓPEZ GUEVARA, que por cuerda separada se tramitó dentro del expediente marcado con el número 809/2008, relativo al Juicio Especial de Divorcio Voluntario, promovido por aquí tercero interesado y mi señora madre LUCÍA RODRÍGUEZ DELGADO, ante el Juzgado Segundo en Materia Familiar del Distrito Judicial de la capital (Zacatecas). Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 2018/2015; cuyo Titular mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil quince, ordenó su admisión; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó al tercero interesado y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que la quejosa reclama: La resolución de doce de octubre de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca A. C. 358/2015, en la que confirmó la interlocutoria de tres de marzo de ese propio año, emitida por el Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia, relativo al juicio especial de divorcio voluntario 809/2008. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Certeza. Es cierto el acto que se reclama del Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues así lo reconoció en su respectivo informe justificado. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del mencionado acto se corrobora con las constancias originales relativas al juicio especial de divorcio voluntario 809/2008, así como el toca civil 358/2015, y el cuaderno del incidente de cese de pensión alimenticia que en apoyo a su informe justificado remitió la citada sala responsable; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo disponen los artículos 61 y 113, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, no se plantearon causas de improcedencia ni éste órgano jurisdiccional advierte su configuración de manera oficiosa, razón por la cual se emprenderá el estudio de la cuestión de fondo. IV.- Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su demanda de amparo, son inoperantes, en consecuencia, deberá negarse el amparo y la protección de la justicia federal solicitada. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario hacer una reseña de algunos de los antecedentes que se desprenden del expediente 809/2008, relativo al juicio de Divorcio Voluntario, lo siguiente: Ante el Juzgado Segundo y de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, se radicó el Juicio Especial de Divorcio Voluntario número 809/2008, promovido por Antonio López Guevara y Lucía Rodríguez Delgado (fojas 1 23 del expediente principal). Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil ocho (foja 27 y 28 Ibídem), el Juez responsable, acordó lo siguiente: Se tuvo a Antonio López Guevara y Lucía Rodríguez Delgado, por promoviendo en la vía especial Juicio de divorcio voluntario. Se señaló fecha para la junta de avenimiento. Se tuvo por exhibido el convenio que suscriben Antonio López Guevara y Lucía Rodríguez Delgado. En lo relativo a la pensión alimenticia quincenal para la menor Cinthia Janeth López Rodríguez, en la cláusula segunda del mencionado convenio judicial dice: "SEGUNDA.- En cuanto a la forma de subvenir las necesidades alimentarias de nuestra menor hija ya mencionada; el señor ANTONIO LÓPEZ GUEVARA, se compromete a proporcionar una pensión alimenticia quincenal para su menor hija, del SESENTA POR CIENTO (60%) DEL TOTAL DE SUS PERCEPCIONES QUE OBTIENE como trabajador de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), del Gobierno del Estado, y que desempeña su trabajo, como intendente en la escuela primaria SEVERO COSIO, que se ubica en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas; solicitando se gire atento oficio, al departamento respectivo, que se encargue de realizar los pagos, en la entidad pública estatal mencionada, para que proceda a realizar los descuentos respectivos, y se consignen los mismos, al módulo de pago de pensiones, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y sean entregados a la segunda de los comparecientes, para aplicar su producto a la satisfacción de las necesidades alimentarias de nuestra menor hija mencionada." Seguido por todas sus etapas el procedimiento del juicio de divorcio, mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil ocho, el Juez Segundo del Ramo Familiar de esta ciudad, declaró judicialmente disuelto para todos los efectos legales el vínculo matrimonial que unía a Antonio López Guevara y Lucía Rodríguez Delgado. De igual manera, se aprobó judicialmente en forma definitiva, en sus términos el convenio exhibido y ratificado parcialmente durante el desarrollo de la junta de avenimiento. Determinación que causó ejecutoria el trece de noviembre de dos mil ocho (foja 52 a 54). Posteriormente, mediante escrito presentado ante el juzgado de origen compareció el diez de octubre de dos mil catorce, Antonio López Guevara, promoviendo por su propio derecho Incidente de Cese de Pensión Alimenticia, a efecto de que previos los trámites legales correspondientes, se termine el otorgamiento de la pensión alimenticia decretada a favor de Cinthia Janeth López Rodríguez (fojas 3 a 8 del cuaderno incidental). Razón por la que el veintiuno de octubre de dos mil catorce, se ordenó su trámite (foja 9). Y seguido por todas sus etapas legales, se resolvió la incidencia planteada, mediante resolución de tres de marzo de dos mil quince, de la que se advierte que el Juez Segundo Familiar de la capital decretó el cese de la pensión alimenticia establecida a favor de Cinthia Janeth López Rodríguez, misma que fue establecida mediante convenio de divorcio voluntario aprobado por sentencia de veintiocho de octubre de dos mil ocho, a razón de un 60% del total de las percepciones que obtiene el señor ANTONIO LÓPEZ GUEVARA como trabajador de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEDUZAC), por lo que se ordenó girar oficio al Jefe del Departamento de Recurso Humanos de dicha secretaría, a fin de que deje sin efecto la pensión que se le viene descontando a López Guevara. Determinación que fue confirmada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante resolución de doce de octubre del dos mil quince en los siguientes términos: [.] SEGUNDO. El recurso de apelación en estudio lo motiva la resolución interlocutoria que dio fin al incidente de cesación de la pensión alimenticia, incoado por el señor Antonio López Guevara, en la que el Juez determinó que la obligación alimentaria del incidentista para con su hija Cinthia Janeth López Rodríguez ha cesado. Su determinación fue edificada sobre los siguientes argumentos: "a). Porque la Ciudadana CINTHIA JANETH LÓPEZ RODRÍGUEZ, como cualquier persona con capacidad para obligarse, debe asumir las consecuencias sus decisiones; y si en el caso ella sabiéndose afectada de epilepsia eligió como profesión la de Licenciada en Puericultura, no puede ahora reprochar a su padre su falta de aptitudes para ejercerla basada en circunstancias que ella afirma haber conocido desde los catorce años. b). Porque el artículo 266 del Código Familiar solamente obliga al deudor alimentista a costear al acreedor un oficio, arte o profesión más no a seguir haciendo cargo de sus subsistencia en caso de que carezca de aptitudes para ejercer el oficio, arte o profesión que el acreedor hubiera elegido. c). Porque el hecho de que una persona carezca de aptitudes para el ejercicio de la profesión que hubiera elegido, no significa por sí mismo que sea incapaz de proveer a su propia subsistencia, es decir, no significa que de manera necesaria e ineludible esté imposibilitada para realizar cualquier otra actividad remunerada; lo cual es importante porque aún en la propia documental que presentó CINTHIA JANETH LÓPEZ RODRÍGUEZ sobre su estado de salud (foja sesenta y siete del incidente) y que señaló que fue expedida por el Neurólogo Eduardo Álvarez González se asienta con toda claridad que "la epilepsia no constituye una discapacidad para realizar actividades laborales", ante lo cual aun suponiendo que CINTHIA JANETH LÓPEZ RODRÍGUEZ no tenga aptitudes físicas para ejercer su profesión, ella si tiene la capacidad de realizar otras actividades laborales y por tanto si está en posibilidad de proveer a su propia subsistencia. Siendo congruente con lo anterior, se actualiza en la especie el supuesto normativo previsto por el artículo 279 del Código Familiar en vigor, pues es evidente que siendo mayor de edad la ciudadana CJNTHIA JANETH LÓPEZ RODRÍGUEZ, ha desaparecido la presunción de necesitar alimentos, además ha concluido sus estudios de nivel superior desde el año dos mil trece y ha contado con tiempo suficiente para su titilación, además no logra acreditar que se encuentra imposibilitada para trabajar, por ende, no puede concluirse otra cosa sino que ha incurrido en dicha causa de cese de pensión" La apelante Cinthia Janeth López Rodríguez se inconforma con dicha determinación y al rebatirla se duele de lo siguiente: I. En el punto marcado como PRIMERO del escrito de agravios, la doliente se queja de que la sentencia combatida viola en su perjuicio los artículos 1° 267 y 269 del Código Familiar vigente en el Estado, así como los diversos numerales 283 fracción II y V, 323 fracción IV, 337 y 338 del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado pues en la especie el Juzgador de Origen realiza una valoración inadecuada de los medios probatorios aportados al procedimiento, y que incluso, al darse cuenta de la violación a los derechos de la apelante al reconocer que no se aportó la prueba idónea para justificar su incapacidad para trabajar, debió de oficio ordenar la practica de dicha probanza (pericial) con fundamento en lo establecido en el artículo 261 fracción II del Código Procesal Civil vigente en el Estado, demostrando con tal omisión la predisposición a favorecer a la parte contraria; situación que le causa agravios. 2. En el punto SEGUNDO de los agravios vertidos, la recurrente Cinthia Janeth López Rodríguez se queja de lo establecido por el Juzgador en el considerando segundo de la sentencia combatida, pues dice que aun siendo mayor de edad, se encuentra incapacitada para laborar por dos motivos: el primero debido a la falta total de oferta de trabajo en la materia de la cual es licenciada (Puericultura) tanto en la iniciativa privada así como en el sector público en cualquiera de sus tres niveles; y el segundo debido a la incapacidad para desempeñar su profesión o cualquier otro trabajo pues padece epilepsia y, aunado a la herencia genética de su progenitor, tiene problemas de sobrepeso lo cual le impide estar mucho tiempo de pie y realizar labores demasiado pesadas. Que además si bien el documento emitido por el especialista que la está tratando, se asentó que la epilepsia que padece no constituye una incapacidad para realizar actividades labores, el Juzgador no toma en cuenta las excepciones que en ese mismo documento fueron establecidas por el especialista médico que la trata, situación que al ser pasada por alto por el Juez de Origen es suficiente para revocar la sentencia que se combate. Que igualmente, al no allegarse el Juzgador de los medios necesarios para emitir una sentencia, asociado a la incorrecta valoración del acervo probatorio aportado por la recurrente, hacen que la sentencia interlocutoria combatida sea a toda luz inconstitucional y violatoria del derecho humano que tiene a recibir alimentos. Por último, la apelante solicita se declaren fundados y operantes los agravios expresados, y por tal se revoque la sentencia combatida declarando improcedente el incidente de cese de pensión alimenticia que en su contra fue promovido. TERCERO. Los agravios expuestos por la apelante son infundados e inoperantes como veremos a continuación, Infundada resulta la apreciación de la apelante Cinthia Janeth López Rodríguez al manifestar la incorrecta valoración de las diversas documentales (hojas de diagnostico médico) por ella exhibidas dentro del procedimiento, ya que, contrario a lo expresado por la recurrente, dichas constancias medicas no encuadran dentro de los documentos que establece como públicos el artículo 283 del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado, por lo que el valor probatorio formal que el Juzgador les concedió en términos del artículo 324 fracción II es el correcto. En efecto, e]L artículo 283 de la Ley Procesal Civil del Estado sanciona como documentos públicos los siguientes: "I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas; II Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones; III Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos pt dependientes del Gobierno Federal, o de los particulares de los Estados, de los Ayuntamientos, del Distrito y Territorios Federales; IV. Los certificados de actas del estado civil expedidas por los Oficiales del Registro Civil, respecto de constancias existentes en los libros correspondientes; V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios a quienes competa; VI. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados antes del establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejadas por Notario Público o quien haga sus veces, con arreglo a derecho; VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones, y de universidades, siempre que su establecimiento estuviere aprobado por el Gobierno Federal o de los Estados, y las copias certificadas que de ellos se expidieren; VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie; IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la ley y las expedidas por corredores públicos titulados con arreglo al Código de Comercio, y X. Los demás a los que se reconozca ese carácter por la ley." Como se aprecia de las fracciones arriba citadas, las constancias medicas exhibidas en el procedimiento por la demandada incidental Cinthia Janeth López Rodríguez no se incluyen en ninguna de las mencionadas, por lo que el actuar del Juzgador de Primera Instancia al considerarlas documentos privados fue el correcto; por tener estrecha relación, de apoyo sirve la tesis que enseguida se trascribe: "CONSTANCIA EXPEDIDA POR MEDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DOCUMENTO PUBLICO. La constancia expedida por un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social no puede considerarse como un documento público, pues por éstos se entienden los testimonios y certificaciones expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Pensar lo contrario, esto es, admitir que dicha constancia deba considerarse como un documento público al cual debe otorgársele valor probatorio pleno, sería tanto como admitir que cualquier constancia como la ya mencionada expedida por un facultativo perteneciente a alguna institución médica, tuviera dicho valor sin poder ser desvirtuado, lo cual no es posible." Novena Época; Registro: 201368; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo IV, Septiembre de 1996; Materia(s): Común; Tesis: XVII. 2o. 18 K; Página: 621. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 109/96. Ubaldo Acosta Portillo, 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Rafael Párrafo Rodríguez. Secretario: David Fernando Rodríguez Pateén. Por otro lado la quejosa Cinthia Janeth López Rodríguez se duele también de que el Juzgador, al advertir que la prueba idónea para probar su incapacidad no fue ofertada dentro del incidente, debió decretarla de oficio haciendo uso de la facultad que para tal efecto le concede la fracción II del artículo 261 del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado. En efecto, si bien el Juzgador de Primera Instancia indica que para demostrar la incapacidad aducida por la demandada incidental Cinthia Janeth López Rodríguez no se ofertó el medio de prueba idóneo (pericial), también es cierto que tal medio de convicción no es el único con el que se deba comprobar dicha imposibilidad, y en el caso que nos ocupa es la misma Cinthia Janeth López Rodríguez quien dentro del incidente ofertó diversas documentales privadas (visibles a fojas 47 a 52, y 67 del cuadernillo incidental) consistentes en diversas constancias médicas emitidas por el doctor Eduardo Álvarez González con cedula profesional número 00621, adscrito al área de Neurología del Hospital General de Zacatecas, en la cuales da cuenta de las diversas consultas que a la paciente y demandada incidental se le han realizado; así por ejemplo, en la consulta que le fue efectuada el día miércoles veintiocho de agosto del año dos mil trece, literalmente se asentó: Motivo de Consulta: Epilepsia Padecimiento Actual: Se trata de una paciente femenina, diestra, de 20 años de edad, estudiante de Licenciatura en Puericultura, con antecedente de ser producto de un embarazo normal, parto a término, demorado, distocico, sufrimiento perinatal, después desarrollo psicomotor normal, a los 14 años sufre trauma craneal simple por agresión física, una semana posterior al evento inicia con crisis de desconexión parcial del medio y perdida del reconocimientos del rostros de corta duración, iniciaron tratamiento con Valproato de Mg on excelente respuesta, el tratamiento fue suspendido por decisión propia hace 1 año y el 31 de julio inicia con crisis parciales complejas secundariamente generalizadas, valorada en urgencias de HGZ donde le inician involuntarios cervicales ocasionarios con patrón característico de Tics motores vs Mioclonias corticales. IMPRESION DIAGNÓSTICA: Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales)..." Asimismo, en la consulta realizada el martes veintinueve de octubre del año dos mil trece, se anotó: Motivo de Consulta: Epilepsia Padecimiento Actual: Vemos a la paciente, solo presentó una crisis el 17 de Octubre de 2013, r ere que está tomando correctamente la medicación, se recibe RMN de cráneo simple y contrastada normal. EEG con paroxismos generalizados. IMPRESION DIAGNÓSTICA: Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales)..." En términos similares, fueron realizadas las consultas de fechas veintiocho de enero, veintisiete de marzo, cuatro de septiembre y cinco de noviembre, todas del año dos mil catorce, en las cuales el especialista da cuenta de la evolución y tratamiento que se le está suministrando a Cinthia Janeth López Rodríguez En este punto, cobra gran relevancia la documental exhibida por la propia apelante en fecha veinticinco de febrero del año en curso, expedida por el Neurólogo Eduardo Álvarez González, quien ha sido el médico que ha llevado el tratamiento de la apelante, asentó lo que sigue: Motivo de Consulta: Epilepsia Padecimiento Actual: Vemos a la paciente, continua sin crisis, se mantiene igual tratamiento, la epilepsia no constituye una discapacidad para realizar actividades laborales, excepto en profesiones que puedan poner en riesgo a la persona a terceros (choferes profesionales, constructores, etc).. Como se ve, el médico especialista que ha venido tratando la enfermedad de la ahora recurrente Cinthia Janeth López Rodríguez, es claro al establecer que "la epilepsia no constituye una discapacidad para realizar actividades laborales", por lo que dicha consulta médica tiene el valor que le otorga el artículo 324 fracción II, y virtud a que no fue objetada ni impugnada, hace fe en juicio y es apta y suficiente para tener por demostrado que la enfermedad que padece la recurrente, no constituye un impedimento que le obstaculice realizar actividades laborales; de ahí que su agravio sea insuficiente para revocar e incluso modificar la sentencia impugnada. En el segundo punto de sus motivos de disenso, infundado resulta lo manifestado por la recurrente pues el actor incidental Antonio López Guevara no tiene culpa alguna en el hecho que exista una falta total de oferta laboral en la materia de la cual la apelante es licenciada (Puericultura) además de conformidad con el numeral 266 del Código Familiar de la Entidad, el deudor alimentista solo está obligado a costear un arte, oficio o profesión mas no a hacerse cargo de su subsistencia por falta de empleo; igualmente y reiterando lo establecido por el Juzgador, el motivo por el cual no ejerce la actividad laboral de la cual es licenciada no impide a la doliente Cinthia Janeth López Rodríguez realizar cualquier otra actividad laboral remunerada y proveerse por sí misma para su subsistencia, más aún si se encuentra demostrado en autos que la demandada incidental no se encuentra imposibilitada para realizar actividades laborales. La apelante Cinthia Janeth López Rodríguez se queja también de que tiene problemas de sobrepeso gracias a la herencia genética de padre y deudor alimentista, razón que le impide desempeñar trabajos muy pesados. Al respecto cabe señalar que ningún medio de prueba fue ofertado para demostrarlo, por lo que dicha apreciación es subjetiva y en sus términos debe quedar. Por último, se duele la apelante que el Juzgador no tomó en cuenta las excepciones en profesiones que el Neurólogo Eduardo Álvarez González menciona en el documento en el cual establece que la epilepsia no constituye una causa de discapacidad. Esta manifestación realizada por la ahora recurrente, lejos de favorecer va en contra de los propios intereses de la apelante pues basta ver la prueba documental citada para darse cuenta que el médico especialista enuncia de forma ilustrativa dos casos en los que la epilepsia sí constituye una incapacidad, dichos casos son choferes profesionales y constructores, más en ningún momento menciona a la profesión o licenciatura de la demandada incidental, de ahí que su agravio sea infundado. En concordancia con lo anteriormente dicho, lo conducente es confirmar la sentencia interlocutoria dictada el día tres de marzo del año dos mil quince, por el Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1°, 382, 324, 371, 385, 388 y demás del Código de Procedimientos Civiles, 256, 265, 266, 267, 278 y demás del Código Familiar, ambos vigentes en el Estado de Zacatecas, se resuelve: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se confirma la sentencia interlocutoria dictada el día tres de marzo del año dos mil quince, por el Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con motivo del incidente de cese de pensión alimenticia decretada a favor de Cinthia Janeth López Rodríguez, dentro del juicio especial de divorcio voluntario marcado con el número 809/2008 promovido por Lucía Rodríguez Delgado y Antonio López Guevara. [.] Resolución que constituye el acto reclamado. Ahora bien, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa se resumen de la siguiente manera: Que la interlocutoria que constituye el acto reclamado, viola en su perjuicio los derechos humanos alimentarios establecidos en el artículo 4°, párrafo segundo Constitucional, así como los preceptos 269, 267, 278 y 279 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Que no obstante de contar con la edad de veintitrés años, además de haber terminado sus estudios profesionales de licenciatura de Puericultura, necesita el apoyo económico de su padre Antonio López Guevara, ya que padece de ataques de epilepsia, lo cual le genera impedimento para desarrollarse normalmente en sus actividades laborales, lo cual acreditó debidamente con las pruebas documentales exhibidas ante el juez de origen. Que la Sala responsable viola en perjuicio de la quejosa, lo establecido en el artículo 261 fracción II, del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado de Zacatecas, toda vez que el juzgador de origen reconoció en su ilegal interlocutoria que la prueba idónea para acreditar plenamente la discapacidad con la que dice contar la quejosa (epilepsia) lo es la pericial, la cual no se ofertó y la omisión del juzgador de origen, como ahora de la autoridad responsable de abstenerse de ordenar de oficio la recepción de la citada prueba, circunstancia que violenta sus garantías de legalidad y procedibilidad, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Argumento que es apoyado en las tesis de rubro: MENORES O INCAPACITADOS. TODA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ALLEGARSE DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DILUCIDAR CONTROVERSIAS EN QUE ESTÉN EN JUEGO DERECHOS DE LOS"; y "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE". Que la responsable al confirmar en todas y cada una de sus partes, la ilegal sentencia emitida en primera instancia por el juzgador de origen, consciente la violación procesal, que consiste, que al declarar la procedencia de la acción incidental de cese de pensión alimenticia, se basa para ello en la causal de cese de una pensión alimenticia que se establece en el precepto 279 del Código Familiar para el Estado de Zacatecas, la cual se refiere a la conducta viciosa o falta de aplicación en el trabajo por parte de la alimentista, situación dice la quejosa no fue materia de la Litis de la incidencia planteada, sino que fue basada únicamente en que es mayor de edad y la culminación de una carrera profesional. Que el acto reclamado se emitió incumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, así como se inobservó la aplicación de la suplencia de la queja por su condición (epilepsia), y como consecuencia carece de la debida fundamentación y motivación. Los motivos de inconformidad dirigidos a combatir el fallo reclamado, como ya se dijo, son inoperantes. Lo anterior se sostiene así, pues en lo que atañe a los motivos de inconformidad identificados en supralíneas con los incisos a) y d), basta con realizar un análisis comparativo entre los razonamientos medulares que rigen el sentido de la resolución reclamada, aludidos en párrafos precedentes, con los que aquí se esgrimen, para concluir su inoperancia, dado que la quejosa, además que no combate las consideraciones torales de la resolución dictada por la Sala responsable, pretende introducir argumentos novedosos que ni siquiera fueron puestos a la consideración de la autoridad responsable, como lo es que la autoridad responsable al confirmar en todas y cada una de sus partes, la ilegal sentencia emitida en primera instancia por el juzgador de origen, consciente la violación procesal, que consiste, que al declarar la procedencia de la acción incidental de cese de pensión alimenticia, se basa para ello en la causal de cese de una pensión alimenticia que se establece en el precepto 279 del Código Familiar para el Estado de Zacatecas, la cual se refiere a la conducta viciosa o falta de aplicación en el trabajo por parte de la alimentista, situación dice la quejosa no fue materia de la Litis de la incidencia planteada, sino que fue basada únicamente en que es mayor de edad y la culminación de una carrera profesional; en consecuencia, evidentemente que la responsable no podía pronunciarse al respecto y, por tanto, no se puede ahora emprender su estudio, pues de hacerlo se violentaría el principio de congruencia que debe prevalecer en las sentencias, además que también resultaría violentado el contenido del artículo 78 de la Ley de Amparo, que dispone que el acto reclamado debe analizarse tal y como está probado ante la responsable. Presta apoyo a tal consideración, por los razonamientos jurídicos que ahí se contienen, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1190, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que expresa: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES AQUELLOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Son inoperantes aquellos conceptos de violación en que se formulan argumentos que no se hicieron valer ante la Sala Fiscal, toda vez que en caso de ocuparse de su estudio se violaría el principio de congruencia establecido en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por las partes, en razón de que tales manifestaciones como no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas." Por otra parte, debe calificarse igualmente inoperantes, los motivos de disenso contenido en los incisos b) y c), pues la promovente fue omisa en controvertir las razones torales de la interlocutoria materia del presente juicio, mediante las que se dio respuesta a sus motivos de agravio; ya que se limita a señalar que la autoridad responsable viola en perjuicio de la quejosa, lo establecido en el artículo 261 fracción II, del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado de Zacatecas, toda vez que el juzgador de origen reconoció en su ilegal interlocutoria que la prueba idónea para acreditar plenamente la discapacidad con la que dice contar la quejosa (epilepsia) lo es la pericial, la cual no se ofertó y la omisión del juzgador de origen, sin que se ocupe de controvertir las consideraciones por la que la Sala abordó esos motivos de disenso; de ahí que se afirme que sus planteamientos en el amparo resultan inoperantes, porque no puede estimarse que con ellos combata las consideraciones en que se apoya el acto reclamado que se tilda de inconstitucional, habida cuenta que la parte quejosa, al actuar así, dejó intactos los argumentos de la resolución reclamada, que por sí solos bastan para fundarla, al no resultar combatidos. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 112, Tomo VI, del apéndice de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el Tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." Ante ello, no resultan aplicables los criterios citados por la quejosa. Amén que los argumentos que esgrime a manera de conceptos de violación, y que se alude en este apartado, técnicamente no pueden considerarse como tales, pues aunque es cierto que nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que no existe ningún precepto legal que exija que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades rígidas y solemnes, sino que es suficiente que se exprese la causa de pedir, en el caso concreto que nos ocupa, la quejosa se limitó a aseverar, de una manera que no puede considerarse más que dogmática, omitiendo formular siquiera un argumento elemental del que pudieran inferirse las razones que sirven de sustento a su afirmación; de ahí que su mera aseveración de que así fue, deba considerarse inoperante, pues es inconcuso que sin la existencia de un mínimo razonamiento de agravio expresado en la demanda, esto es, sin la elemental causa de pedir, este tribunal no se encuentra en aptitud de resolver si el acto reclamado es o no violatorio de garantías. No es obstáculo para arribar a la conclusión planteada, que nuestro Alto Tribunal haya establecido que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese precisamente la causa de pedir. Esa circunstancia obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse bajo cierta redacción sacramental, sin que ello implique que los quejosos o recurrentes, en su caso, se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento, cuando es evidente que es a ellos a quienes corresponde (claro está, exceptuados los supuestos legales de suplencia de la queja, hipótesis en la cual no nos encontramos) exponer de manera razonada, el porqué se estima inconstitucional el acto que se reclama. Y aunque la peticionaria de amparo sostiene que con la resolución reclamada se vulneraron los artículos 14 y 16 Constitucionales, lo cierto es que sólo formula consideraciones generales a ese respecto, pero hace depender tales transgresiones al tenor de los argumentos que hace valer como conceptos de violación, los que resultaron inoperantes por los motivos antes apuntados; luego, la omisión en combatir adecuadamente los fundamentos en que se sustenta la resolución reclamada, impide jurídicamente pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado, ya que proceder así, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por el artículo 79, de la Ley de Amparo, debido a que esta litis constitucional versa sobre una materia en la que rige el principio de estricto derecho. Es aplicable la jurisprudencia número 499 que aparece publicada en la página 351 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Octava Época, Tomo IV, materia civil, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo contenido literal es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada." Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el estricto derecho, por regla general, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, evidentemente no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, deben calificarse como inoperantes, sin que sea dable entrar a su estudio, so pretexto de la causa de pedir, ya que, como se dijo, ésta se compone de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste -cualquiera que sea su método argumentativo-, la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y la propuesta de solución, colegida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que se recurre resultan ilegales; puesto que, de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estarían introduciendo argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que está vedada dicha figura. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2010038, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h, Materia(s): (Común), Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.), que literalmente establece: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. De igual forma, contrario a lo que aduce la quejosa en su concepto de violación identificado en el inciso e), la resolución reclamada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues ahí se señalaron los motivos o circunstancias por los cuales se confirmó la sentencia interlocutoria dictada el día tres de marzo del año dos mil quince, por el Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con motivo del incidente de cese de pensión alimenticia decretada a favor de Cinthia Janeth López Rodríguez, dentro del juicio especial de divorcio voluntario marcado con el número 809/2008 promovido por Lucía Rodríguez Delgado y Antonio López Guevara, fundando su determinación en los artículos 1°, 382, 324, 371, 385, 388 y demás del Código de Procedimientos Civiles, 256, 265, 266, 267, 278 y demás del Código Familiar, ambos vigentes en el Estado de Zacatecas. De lo antes expuesto, de manera clara se desprende que la autoridad responsable, citó los preceptos aplicables al caso concreto, habida cuenta que de un análisis conjunto de tales disposiciones legales, se logra evidenciar que es correcto la determinación adoptada por la Sala responsable, al confirmar la sentencia interlocutoria dictada el día tres de marzo del año dos mil quince, por el Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con motivo del incidente de cese de pensión alimenticia decretada a favor de Cinthia Janeth López Rodríguez, dentro del juicio especial de divorcio voluntario marcado con el número 809/2008 promovido por Lucía Rodríguez Delgado y Antonio López Guevara, por lo que las alegaciones en estudio carecen de sustento legal. Por tanto, la autoridad responsable acató la obligación que le impone el artículo 16 constitucional, ya que fundó y motivó la resolución reclamada. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma." Por tales motivos, al expresar razones insuficientes y superficiales, carentes de sustento legal, que como se adelantó, no son idóneas para evidenciar la ilegalidad en que incurrió la sala responsable, es que permanezcan intocadas las consideraciones y fundamentos legales a los que esta recurrió, de allí que sean insuficientes para derrotar la presunción de constitucionalidad del acto reclamado. En consecuencia, al resultar inoperantes por un lado e infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado y, por ende, deberá subsistir en sus términos la resolución que constituye el acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CINTHIA JANETH LÓPEZ RODRÍGUEZ, contra el acto y por la autoridad precisada en el resultado primero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de febrero de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por Antonio López Guevara, en su carácter de tercero interesado en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado en el presente juicio de garantías; y, como lo solicita, se tiene como autorizado de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo al licenciado Gerardo Alberto Torres Esquivel, quien cuenta con cédula número 2257662 y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Júpiter número 102, colonia Las Palmas, en esta ciudad de Zacatecas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano