Cilia Denis Flores Reyes

Expediente 1112/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1112/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
27/08/2015

Partes del expediente

  • Cilia Denis Flores Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de agosto de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1112/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con sede en esta ciudad, en términos del numeral 117 de la Ley de la Materia en consulta. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, en el cual la Secretaria da cuenta con la copia certificada del auto de admisión de pruebas de dos de julio de dos mil quince que integran el expediente laboral 623/III/2013 remitido por la autoridad responsable con su informe como justificación del acto reclamado. A lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza dichas probanzas; en consecuencia, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio y se pasa a la etapa de alegatos en la cual, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y al no haber más actuaciones y constancias que relacionar y sin que exista pedimento presentado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, se levanta la presente acta en términos del citado precepto legal 124 de la Ley de Amparo y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la siguiente resolución: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1112/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas CILIA DENIS FLORES REYES, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Acto Reclamado: La omisión de acordar y calificar las pruebas ofrecidas por el suscrito trabajador, dentro del laboral marcado con el número 623/III/2013. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, en proveído de veintiséis de junio dos mil quince, se admitió a trámite; asimismo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a los terceros interesados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del Acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la nueva Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos emitidos por autoridades responsables en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión de acordar y calificar las pruebas ofrecidas por el suscrito trabajador, dentro del laboral marcado con el número 623/III/2013. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció la existencia de los actos reclamados que se le atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las copias certificadas del auto de admisión de pruebas de dos de julio del año en curso dictado en el expediente laboral 623/III/2013, que remitió el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia de los actos reclamados. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor. El artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la nueva Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que la autoridad responsable, mediante acuerdo de dos de julio de dos mil quince, acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas por la actora Cilia Denis Flores Reyes; actuación que se ordenó se notificara de manera personal. Dicha actuación, en lo conducente dice: ". INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Se admite. Fundamento legal, artículos 210 y 220 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas. CONFESIONALES.-A cargo del demandado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por conducto de quien acredite tener facultades para absolver posiciones a su nombre, del C. Hugo Tijerín González, en su carácter de Jefe de Departamento de Atención Ciudadana del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, del C. Carlos Enrique Cabral Garay, en su carácter de Jefe del Departamento de Recursos Humanos de Guadalupe, Zacatecas, de la C. Natalia Daniela del Muro Quiñones, en su carácter de Sindica Municipal de Guadalupe, Zacatecas y el licenciado Julio César Chávez Padilla, en su carácter de Secretario Municipal de Gobierno, Zacatecas, se admiten para su desahogo se fijan días y hora. Diez horas del jueves diecisiete de septiembre de dos mil quince, para el desahogo de la prueba confesional a cargo del demandado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas por conducto de quien acredite tener facultades para absolver posición Doce horas del jueves diecisiete de septiembre de dos mil quince, para el desahogo de la prueba confesional a cargo del C. Hugo Tijerín González Jefe del Departamento de Atención Ciudadana del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Trece horas del jueves diecisiete de septiembre de dos mil quince para el desahogo de la prueba confesional del C. Carlos Enrique Cabral Garay, en su carácter de Jefe del Departamento de Recursos Humanos de Guadalupe, Zacatecas Diez horas del viernes dieciocho de septiembre de dos mil quince para el desahogo de la prueba confesional de la C. Natalia Daniela del Muro Quiñones, en su carácter de Sindica Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Once horas del viernes dieciocho de septiembre de dos mil quince para el desahogo de la prueba confesional el licenciado Julio César Chávez Padilla, en su carácter de Secretario Municipal de Gobierno, Zacatecas. CONFESIONAL.- A cargo del Licenciado Roberto Luévano Ruiz en su carácter de Presidente Municipal. Se desecha en atención a que no se exhibió el pliego de posiciones que debería de absolver el Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas. DECLARACION DE PARTE.- A cargo del demandado, Municipio de Guadalupe, Zacatecas, por conducto de quien tenga facultades para rendir declaraciones a su nombre. Se admite para su desahogo se fijan las once horas del viernes diecisiete de septiembres de dos mil quince. DOCUMENTALES.- Consistentes en: a) Copia Simple del oficio marcado con el número 241/2013 de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece. b) Original de nombramiento definitivo para plaza base. c) Dos recibos de pagos sin firmas expedidos por el Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Se admiten toda vez que la parte demandada objeto en cuanto en cuanto a su autenticidad de contenido y firma las pruebas documentales. Y se admite el cotejo y compulsa ofrecido por la parte actora, comisionándose al Actuario Adscrito al Tribunal Laboral para realizar la diligencia encomendada a las diez horas del martes veintidós de septiembre de dos mil quince INSPECIÓN.- El desahogo de las nóminas, recibos de pago de salario, comprobantes de pago de sueldos administrativos y sobresueldo administrativo, comprobantes de pagos de bonos y comprobantes de pagos de despensa, en los que aparezca nombre de la actora. Se admite prueba señalándose las diez horas del lunes veintiuno de septiembre de dos mil quince para el desahogo de la misma. ." Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, emitió el proveído de dos de julio de dos mil quince, en donde se pronunció sobre la pruebas ofrecidas por la parte actora Cilia Denis Flores Reyes; asimismo, señaló fecha para el desahogo de las que sí lo ameritaban; de igual forma, procedió a notificar su contenido de manera personal y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, es de indicarse que entre la fecha en que se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable (siete de julio de dos mil quince) en el cual se dio vista a las partes para los efectos legales correspondientes, mismo que se notificó por medio de lista el ocho de julio del año en curso, y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (treinta y uno de julio de dos mil quince), si transcurrieron los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CILIA DENIS FLORES REYES, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos asentados en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE. *FHuizar

  3. Incidental

    En siete de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 13383.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL; y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo vigente, téngasele por interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintitrés de junio de dos mil quince; y una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de garantías en que se actúa y se cuente con las constancias relativas a la notificación a las partes tanto de la referida resolución como del presente proveído, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, junto con el escrito original de expresión agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para la sustanciación del citado medio de impugnación. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 116/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza.- DOY FE. Luis. En siete de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 13383.- CONSTE.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 4063/2014; y, RESULTANDO 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Édgar Ramírez Nevarez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos humanos contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: "c).- Señalo como autoridad responsable en su calidad de ordenadora al C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zac. y al C. Ministro Ejecutor adscrito a ese Juzgado en su calidad de Ejecutora." Actos reclamados: "d).- Reclamo de la autoridad señalada como responsable en su calidad de ordenadora, el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo familiar del distrito Judicial de Jalpa, Zac., dentro del juicio mercantil ejecutivo marcado con el número 432/1991, tramitado en mi ausencia a partir del día diez de noviembre del año dos mil ocho, fecha en que adquirí la mayoría de edad, tal y como lo justifico con el acta de nacimiento del suscrito, la cual me permito acompañar para todos los efectos legales a que haya lugar, así como la sentencia de remate dictada dentro del juicio a que me refiero con anterioridad y que ordena sacar a remate los bienes que tengo embargados por concepto de pensiones alimenticias en mi favor y que oportunamente presentaremos su liquidación. Asimismo todo el procedimiento de ejecución tendiente a la adjudicación de los bienes consistente en el remate de los mismos, adjudicación a favor del señor Salvador Guerrero Martínez, mediante sentencia de fecha doce de abril del año dos mil trece y el posible otorgamiento de la escritura correspondiente de los bienes que fueron embargados por la señora Lucila Nevares Rojo en representación del suscrito y de mis hermanos Aldo Enrique, Omar Enrique, Reyna Sarahí y la menor Odalys Jazmín de apellidos Ramírez Nevarez, dentro del expediente marcado con el número 03/658/999, relativo al juicio oral de alimentos definitivos promovido por mi madre en contra de Enrique Ramírez García, pues del expediente de alimentos se desprende que el suscrito tengo el carácter de acreedor alimentista y no fui citado a comparecer dentro del juicio mercantil de referencia; en el juicio Oral de Alimentos a que me refiero con anterioridad, se dictó sentencia definitiva donde se condenó a Enrique Ramírez García al pago de alimentos definitivos a favor del suscrito y de mis hermanos Aldo Enrique, Omar Enrique, Reyna Sarahi y en particular de la menor ODALYS JAZMÍN DE APELLIDOS RAMÍREZ NEVAREZ, sentencia que se declaró ejecutoriada, constituyendo cosa juzgada y en ejecución de la misma se requirió al demandado del pago de las pensiones alimentarias adeudadas, y no habiéndolo hecho, se le embargaron bienes de su propiedad que son coincidentes con los bienes embargados dentro del juicio Mercantil Ejecutivo 432/91, radicado ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zac., a que he hecho referencia con anterioridad, embargo que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Jalpa, Zac., y no obstante que aparecemos como acreedores del señor Enrique Ramírez García, nunca fuimos citados para comparecer en esa calidad de acreedores dentro del juicio Mercantil de referencia, al momento de que los bienes se sacaran a remate dentro de este procedimiento, impidiéndonos hacer valer los derechos que como acreedores tenemos, como es: Nombrar perito para el avalúo de los bienes, ser citado para comparecer al remate y apelar del auto aprobatorio del mismo". . Así como la negativa por parte del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, de girar oficio al Director del Archivo del Poder Judicial del Estado para que remitiera a ese órgano jurisdiccional el expediente 658/1999, relativo al juicio oral de alimentos definitivos, promovido por su madre Lucila Nevarez Rojo." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se mandó emplazar al tercero interesado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia esencialmente consisten en: El procedimiento relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 432/1991. Sentencia de remate de doce de abril de dos mil trece y su ejecución. La negativa por parte del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, de girar oficio al Director del Archivo del Poder Judicial del Estado para que remitiera a ese órgano jurisdiccional el expediente 658/1999, relativo al juicio oral de alimentos definitivos, promovido por su madre Lucila Nevarez Rojo. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1 Certeza. Son ciertos los actos que se reclaman al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, así como al Ministro Ejecutor adscrito a ese Juzgado, toda vez que así lo reconocieron expresamente en su respectivo informe justificado (f. 22-24). Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con el original, en dos tomos, del Juicio Ejecutivo Mercantil 432/1991, que el juez señalado como responsable remitió en apoyo a su informe justificado. Las documentales descritas revisten plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y de las cuales se advierte la existencia de las determinaciones reclamadas. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación, se examinan las causales de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el 62 de la nueva Ley de Amparo, en correlación con la Jurisprudencia siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No habiendo causales de improcedencia hechas valer, ni advertidas de oficio por este Juez de Distrito, se procede al análisis de la constitucionalidad planteada. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Los conceptos de violación, en su parte substancial sostienen lo siguiente: Que la autoridad responsable viola en perjuicio del quejoso la garantía de audiencia, consagrada por los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que el quejoso se duele de que no obstante que el diez de noviembre de dos mil ocho adquirió la mayoría de edad, no fue llamado al procedimiento mercantil ejecutivo 432/1991, seguido en contra de su padre Enrique Ramírez García, en el que se embargaron y se adjudicaron bienes propiedad de aquél, y respecto de los que pesa embargo con motivo de la tramitación del juicio oral de alimentos promovido por su madre en su representación, ya que era menor de edad, al que no se le llamó a juicio, no obstante que su madre ya no lo representaba, ya que a partir de diez de noviembre de dos mil ocho alcanzó la mayoría de edad. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. De las constancias que integran el juicio Mercantil Ejecutivo 432/1991, se advierten los siguientes antecedentes. 1. Por escrito de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno, Luis Antonio Nungaray, en su carácter de endosatario en procuración de Salvador Guerrero Martínez, ejerció ante el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, la acción cambiara directa en contra de Enrique Ramírez García, por el pago de $70,000,000.00 (setenta millones de pesos, cero centavos moneda nacional) (antiguos pesos), como importe de la suerte principal; el pago de los intereses moratorios pactados a razón del diez por ciento mensual; así como al pago de gastos y costas que se originaran con motivo de la tramitación de dicho procedimiento (f. 1 a 3). 2. Por auto de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, se admitió a trámite la demanda, y la registró bajo el expediente 432/1991; ordenó requerir al demandado por el pago inmediato de las prestaciones reclamadas, y en caso de no hacerlo, le fueran embargados bienes para garantizar el adeudo; además, ordenó su emplazamiento (f. 6). 3. El treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno se llevó a cabo la diligencia de requerimiento y emplazamiento precitado, y con motivo de la falta de pago de lo reclamado, le fueron embargados al reo procesal, los siguientes bienes: - Un solar de finca rústica ubicado en Ciénega de Abajo, en Tabasco, Zacatecas, con una superficie de 724.30 metros cuadrados que mide y linda lo siguiente: al Norte, de Poniente a Oriente mide 59.00 metros, con Rafael Sandoval y María Venegas y Enrique Ramírez; al Oriente, de Norte a Sur 14.00 metros, y linda con Jorge Gladín y callejón de por medio; al Sur, de Oriente a Poniente 52.90 metros con Manuel Ortiz Lara y al Poniente 12.00 metros, y linda con Salvador Gladín. - Un solar rústico ubicado en la Ciénega de Abajo del municipio de Tabasco, Zacatecas, y que junto al anterior forman un solo solar y que mide y linda lo siguiente: al Norte, de Poniente a Oriente 29.45 metros, con Alfonso Ruiz; al Oriente, de Norte a Sur 22.66 metros, y linda con Jesús Ramírez Ortiz; al Sur, de Oriente a Poniente con 23.20 metros, y linda con Manuel Ortiz; al Poniente, de Sur a Norte con 23.65 metros, y linda con Alfonso Ruiz, registrado bajo los números 176/177, folios 190-191, del volumen XXXV, serie B, del Registro Público de la Propiedad. - Potrero conocido como Bajío de las Bolas ubicado en Ciénega de Abajo municipio de Huanusco, Zacatecas, con las siguiente medidas y colindancias; al Norte 112.00 metros con Ricardo Pérez y Jesús María Gladín; en varios quebrados al Oriente 89.00 metros con Guadalupe Bautista; al Sur 377.00 metros con Enrique Ramírez y Minardo Bautista; al Poniente 310.00 metros con Ramiro Escobedo. - Fracción Loma de la Calera midiendo al norte 358.00 con Minardo Bautista; al Oriente 69.00 metros con Minardo Bautista; al Sur 145.00 metros con Eulogio Chávez; al Oriente 150.00 metros con Seferino Murillo. - Segunda fracción de Loma de La Calera, al Norte 254.00 metros con Trinidad Hernández; al Oriente 150.00 metros con Minardo Bautista; al Sur 137.00 metros con Eulogio Chávez y al Poniente 258.00 metros con Trinidad Hernández. - La fracción tercera de Loma de La Calera, midiendo al Norte 152.00 metros; al Oriente 191.00 metros y al Sur 254.00 metros, en eso tres vientos con Minardo Bautista; al Poniente 300.00 metros, con Seferino Murillo. (F. 9) 4. El catorce de octubre de mil novecientos noventa y uno, se tuvo por acusada la rebeldía del demando principal al no haber cubierto las reclamaciones lisas y llanas, ni tampoco haberse opuesto a la ejecución dentro del término que le fue concedido, y se citó a las partes para oír sentencia (f. 12). 5. El catorce de octubre de mil novecientos noventa y uno, se dictó sentencia de remate, en la que se declaró procedente la vía intentada por el actor principal, acreditada la acción, y condenó al demandado al pago de $70,000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 moneda nacional) (antiguos pesos), como importe de suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios pactados por las partes procesales a razón del diez por ciento mensual, y los gastos y costas generados con motivo del juicio de origen (f. 13 y 14) Fallo que causó ejecutoria el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno (f. 22). 6. Nuevamente el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y tres, la responsable dictó sentencia de remate en los mismos términos de la dictada el catorce de octubre de mil novecientos noventa y uno (f. 134 y 135). Resolución que causó ejecutoria el uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres. (F. 141) 7. El seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, el endosatario en procuración del actor Salvador Guerrero Martínez, promovió incidente de liquidación de capital e intereses, atinente a las cantidades que fue condenado el demandado principal, y se resolvió el veintiocho de marzo de dos mil uno (f. 253 y 254). 8. El trece de junio de dos mil seis, la responsable recibió el oficio 264 de nueve de ese mismo mes y año, enviado por el Juez Municipal de Tabasco, Zacatecas, al que adjuntó copia certificada de la sentencia pronunciada dentro del juicio Oral de Alimentos Definitivos 07/658/1999 de dos de junio de dos mil seis, así como del auto de nueve de la data en mención (f. 538 a 549 no legible). 9. El veintinueve de junio de dos mil diez y el diecisiete de febrero de dos mil doce, la parte actora exhibió tres certificados de gravamen correspondientes a los bienes inmuebles embargados dentro del juicio natural, expedidos por el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Jalpa, Zacatecas (f. 18 a 21 y 111 a 114 del segundo tomo del juicio natural). 10. Mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil once, se dio vista a Lucila Nevarez Rojo, en su calidad de acreedora dentro del juicio de alimento 03/658/199, a fin de que hiciera valer sus derechos dentro del juicio mercantil de origen (f. 65 del segundo tomo mencionado). 11. El nueve de octubre de dos mil doce, se llevó a cabo la diligencia de remate en primera almoneda pública y subasta los bienes embargados a la demandada principal; diligencia en la que se calificó de buena la postura del ejecutante y se declaró fincado el remate a favor del ejecutante Salvador Guerrero Martínez por la cantidad de $883,026.15 (ochocientos ochenta y tres mil veintiséis pesos 15/100 m.n.) (f. 175 a 177 del tomo segundo del juicio natural). 12. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil trece, se suspendió la citación para aprobar el remate, virtud a que se citó a Lucila Nevarez Rojo, para que acreditara la vigencia de su crédito y el monto a que asciende el mismo, atento al juicio oral de alimentos 3/658/1999 (f. 180 y 181). 13. El veintidós de marzo de dos mil trece, se verificó la diligencia de acreedores a que hace referencia el artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, a la cual acudió Lucila Nevarez Rojo, misma que no logró acreditar la vigencia de su crédito (f. 1897 a 200 del legajo segundo de pruebas). 14. El doce de abril de dos mil trece, la responsable resolvió lo relativo a la aprobación de remate, en la que declaró la adjudicación a favor de Salvador Guerrero Martínez, de los bienes inmuebles subastados dentro del negocio, por la cantidad de $883,026.15 (ochocientos ochenta y tres mil veintiséis pesos con quince centavos moneda nacional), con la que se cubriría el saldo de la suerte principal aprobada mediante sentencia de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil cinco, que liquidó los intereses devengados al quince de noviembre de dos mil cinco. Asimismo, en relación a la cantidad que restó por cubrir, dejó a salvo los derechos de la actora para que hiciera valer en la vía y forma procedente respecto del pago de la cantidad insoluta. De igual forma, requirió a la demandada para que dentro de los tres días otorgara la escritura de la propiedad correspondiente de los bienes muebles adjudicados a favor del actor, y lo apercibió que en caso de no hacerlo, el juez responsable lo haría en su rebeldía (f. 215 a 219 del segundo legajo de pruebas). 15. El veinte de mayo de dos mil trece, el juez de origen remitió los autos a la Notaría Pública Número Nueve (9), a efecto de que se realizara la protocolización del negocio en comento, y se expidiera en favor del ejecutante el testimonio respectivo (f. 227). ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO 3. Por cuestión de método se procede a analizar el acto reclamado que se hace consistir en la negativa por parte del Juez responsable, de girar oficio al Director del Archivo del Poder Judicial del Estado para que remitiera a ese órgano jurisdiccional el expediente 658/1999, relativo al juicio oral de alimentos definitivos, promovido por su madre Lucila Nevarez Rojo, en su representación y en contra de su padre Sin embargo, ese acto debe tenerse como inexistente, ya que si bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado no realizó manifestación al respecto, y de las constancias que integran el expediente mercantil ejecutivo 432/1991, no obra escrito del aquí quejoso por el que haya solicitado el envío del expediente que refiere, ni auto alguno por el que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, se negara a solicitarlo. Por tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, se invoca la tesis que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." ESTUDIO DE LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN LOS INCISOS 1. Y 2. Por otra parte, el impetrante reclama el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, dentro del juicio mercantil ejecutivo marcado con el número 432/1991, tramitado en su ausencia a partir del diez de noviembre de dos mil ocho (fecha en que adquirió la mayoría de edad); así como la sentencia de remate dictada dentro del asunto en comento; además, de todo el procedimiento de ejecución tendiente a la adjudicación de los bienes. Son infundados los motivos de disenso, en atención a lo siguiente: Es de indicarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las formalidades esenciales del procedimiento, son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Argumentos que tienen sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En efecto, los actos reclamados en esencia se hacen consistir en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, dentro del juicio mercantil ejecutivo marcado con el número 432/1991, tramitado en su ausencia a partir del diez de noviembre de dos mil ocho (fecha en que adquirió la mayoría de edad); así como la sentencia de remate dictada dentro del asunto en comento; además, de todo el procedimiento de ejecución tendiente a la adjudicación de los bienes. Con la finalidad de acreditar su entroncamiento y, por ende, su interés jurídico, el quejoso, ofreció como pruebas las siguientes: 1). Acta de nacimiento de Édgar Ramírez Nevarez, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tabasco, Zacatecas, derivada del Libro No. 1, acta 2, de la que se desprende que nació el diez de noviembre de mil novecientos noventa (foja 8). 2). Acta de nacimiento de Omar Enrique Ramírez Nevarez, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tabasco, Zacatecas, derivada del Libro No. 2, acta 245, de la que se desprende que nació el ocho de marzo de mil novecientos ochenta y seis (foja 11). 3). Acta de nacimiento de Aldo Enrique Ramírez Nevarez, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tabasco, Zacatecas, derivada del Libro No. 1, acta 90, de la que se desprende que nació el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres (foja 10). 4). Acta de nacimiento de Reyna Sarahí Ramírez Nevarez, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tabasco, Zacatecas, derivada del Libro No. 1, acta 385, de la que se desprende que nació el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis (foja 9). 5). Acta de nacimiento de Odalys Jazmín Ramírez Nevarez, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tabasco, Zacatecas, derivada del Libro No. 1, acta 118, de la que se desprende que nació el nueve de noviembre de dos mil (foja 12). 6). Copia certificada del incidente de reposición de autos del expediente 658/1999, del índice del Juzgado Municipal de Tabasco, Zacatecas, relativo al juicio oral, promovido por Lucila Nevarez Rojo, en contra de Enrique Ramírez García (foja 107 a 169). 7). La documental, consistente en todo lo actuado dentro del expediente marcado con el número 432/1991, relativo al juicio ejecutivo promovido por Salvador Guerrero Martínez, en contra de Enrique Ramírez García, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas. 8). Documental, que se hace consistir en el certificado de gravámenes expedido por el Oficial del Registro Público de la Propiedad de Jalpa, Zacatecas, del que se desprende que un solar de finca rústica ubicado en el Rancho de Ciénega de Abajo de Tabasco, Zacatecas, a nombre de Enrique Ramírez García, en el que se advierte que tiene con una superficie de 724.30 metros cuadrados, que mide y linda lo siguiente: al Norte de Poniente a Oriente mide 59.00 metros, con Rafael Sandoval y María Venegas y Enrique Ramírez; al Oriente, de Norte a Sur 14.00 metros, con Jorge Gladín y callejón de por medio; al Sur, de Oriente a Poniente 52.90 metros con Manuel Ortiz Lara y al Poniente 12.00 metros con Salvador Gladín, reportando un gravamen a favor de Lucila Nevarez Rojo (foja 13). 9). Documental, que se hace consistir en el certificado de gravámenes expedido por el Oficial del Registro Público de la Propiedad de Jalpa, Zacatecas, del que se desprende que una fracción de propiedad rústica propia para edificar, ubicada en el racho Ciénega de Abajo del municipio de Tabasco, Zacatecas, a nombre de Enrique Ramírez García con superficie aproximada de 605.83 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: al Norte, de Poniente a Oriente 29.15 metros y linda con propiedad de Alfonso Ruiz; al Oriente, de Norte a Sur mide 22.66 metros y linda con Jesús Ramírez Ortiz; al Sur, de Oriente a Poniente mide 23.20 metros, y linda con Manuel Ortiz; al Poniente, de Sur a Norte con 23.65 metros, y linda con Alfonso Ruiz, reportando un gravamen a favor de Lucila Nevarez Rojo (foja 14). Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral. Ahora bien, de las documentales ofrecidas por el quejoso, al presente juicio de amparo, y de los antecedentes del acto reclamado, se desprenden los siguientes puntos de interés: a) Que Édgar Ramírez Nevarez nació el diez de noviembre de mil novecientos noventa, siendo al día de hoy mayor de edad. b) De igual manera Omar Enrique Ramírez Nevarez, Aldo Enrique Ramírez Nevarez y Reyna Sarahí Ramírez Nevarez pues se advierte que nacieron el primero el ocho de marzo de mil novecientos ochenta y seis, el segundo el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres y a última el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis. c) Mientras que Odalys Jazmín Ramírez Nevarez al día de hoy aun es menor de edad, ya que nació el nueve de noviembre de dos mil. d) De la copia certificada del incidente de reposición de autos del expediente 658/1999, del índice del Juzgado Municipal de Tabasco, Zacatecas, se desprende que Lucila Nevarez Rojo, por sus propios derechos y en representación de sus menores hijos Édgar, Aldo, Reyna Sarahi y Odalys Jazmín de apellidos Ramírez Nevarez promovió juicio oral de alimentos definitivos en contra de Enrique Ramírez García, a quien se demandó por el pago de alimentos vencidos que ascendieron a la cantidad de $287,593.00 (doscientos ochenta y siete mil quinientos noventa y tres mil pesos cero centavos), así como los que se siguieran venciendo a razón de $6,000.00 (seis mil pesos cero centavos) mensuales, así como de gastos y costas del juicio. Juicio en el que se decretó sentencia el dos de junio de dos mil seis, declarándose que la acción de alimentos definitivos fue legalmente procedente, misma que causó ejecutoria el once de julio de dos mil seis (fojas 111 a 120). De igual manera se desprende el auto de nueve de junio de dos mil seis, en el que el juez municipal de Tabasco, Zacatecas, decretó el embargo precautorio sobre los siguientes bienes: 1. Un solar de finca rústica ubicado en Ciénega de Abajo de Tabasco, Zacatecas, con una superficie de 724.30 metros cuadrados que mide y linda lo siguiente: al Norte de Poniente a Oriente mide 59.00 metros, con Rafael Sandoval y María Venegas y Enrique Ramírez; al Oriente, de Norte a Sur 14.00 metros, con Jorge Gladín y callejón de por medio; al Sur, de Oriente a Poniente 52.90 metros con Manuel Ortiz Lara y al Poniente 12.00 metros con Salvador Gladín; y, 2. Una fracción de propiedad rústica propia para edificar, ubicada en el racho Ciénega de Abajo del municipio de Tabasco, Zacatecas, con superficie aproximada de 605.83 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: al Norte, de Poniente a Oriente 29.15 metros y linda con propiedad de Alfonso Ruiz; al Oriente, de Norte a Sur mide 22.66 metros y linda con Jesús Ramírez Ortiz; al Sur, de Oriente a Poniente mide 23.20 metros, y linda con Manuel Ortiz; al Poniente, de Sur a Norte con 23.65 metros, y linda con Alfonso Ruiz. En ese mismo auto también se advierte que ordenó girar oficio al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas a fin de que se asentara el embargo precautorio decretado sobre dichos inmuebles (foja 166). Lo cual se dio cumplimiento, ya que de los certificados de gravámenes expedido por el Oficial del Registro Público de la Propiedad de Jalpa, Zacatecas, así se desprende. Ahora bien, es de importancia destacar, que el emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional, destinado a hacer saber al demandado la existencia de una demanda que se ha interpuesto en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica, ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. En otras palabras, el emplazamiento por su naturaleza y trascendencia, debe ser siempre cuidadosamente hecho y los vicios del mismo deben ser tomados en cuenta ineludiblemente por la autoridad federal porque su ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, o bien, no lo fue. Por ello la falta de emplazamiento o su realización en forma contraria a las disposiciones legales aplicables constituye una de las violaciones procesales de mayor magnitud y de carácter más grave, que imposibilita al demandado para poder defenderse. Por tanto, el emplazamiento es la actuación judicial de mayor trascendencia para el respeto de la garantía de audiencia, prevista por el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo, y por ende, es una de las formalidades esenciales del procedimiento que tal garantía contempla. Así pues, un emplazamiento irregular, contrario al espíritu de la garantía de audiencia constituye una violación legal que deja sin defensa al afectado y que le impide el ejercicio de sus derechos ante los Tribunales establecidos para tal efecto; consideraciones de las cuales puede sostenerse válidamente, que un emplazamiento irregular se traduce en una manifiesta violación de la ley, pues impide el ejercicio de las garantías que constitucionalmente se establecen para la tutela judicial, lo que implica que, cuando en el juicio de amparo se señale como acto reclamado al emplazamiento, éste debe ser analizado, incluso en suplencia de queja, porque en cualquier caso, el emplazamiento ilegal constituye una manifiesta violación de la ley, y por tanto, al respecto se actualizan los supuestos del artículo 79 fracción II, de la Ley de Amparo, razón por la cual, si el juez de Distrito no suple la deficiencia de la queja en tales casos, comete una violación a lo dispuesto por el artículo señalado. Esa situación se pone en evidencia con mayor claridad en la tesis de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.- La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Precisado lo anterior, se procede a abordar los conceptos de violación, que aduce el quejoso, quien refiere que la autoridad responsable viola en su la garantía de audiencia, consagrada por los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que se duele de que no obstante que el diez de noviembre de dos mil ocho, adquirió la mayoría de edad, no fue llamado al procedimiento mercantil ejecutivo 432/1991, seguido en contra de su padre Enrique Ramírez García, en el que se embargaron y se adjudicaron bienes propiedad del quejoso, y respecto de los que pesa embargo con motivo de la tramitación del juicio oral de alimentos promovido por su madre en su representación por ser menor de edad, en contra de su señor padre, al que no se le llamó a juicio, no obstante que su madre ya no lo representaba, pues a partir de diez de noviembre de dos mil ocho alcanzó la mayoría de edad. Los conceptos de violación son infundados Ello es así, toda vez que si bien de las constancias que obran agregadas al juicio mercantil ejecutivo de que se habla, se advierte que, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, el cinco de julio de dos mil once -foja 65 del tomo II del juicio natural- ordenó notificar a su madre, Lucila Nevarez Rojo, por ser quien aparecía como acreedora en los certificados de gravámenes que se allegaron al juicio, lo que así se hizo, tal como se advierte de la diligencia de tres de agosto de dos mil once (foja 66 del juicio mercantil, tomo II), en la que se asentó: "En Ciénega de Abajo, municipio de Tabasco, Zacatecas, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día tres de Agosto del año dos mil once, Constituido el Actuario en funciones de Oficial Notificador C. REMBERTO MUÑOZ MUÑOZ, adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, en el domicilio señalado de C. LUCILA NEVAREZ ROJO, sitio en domicilio conocido en Ciénega de Abajo, de Tabasco, Zacatecas, cerciorado que fui y que es su domicilio particular por así manifestarlo C. LUCILA NEVAREZ ROJO, que este es su domicilio particular en el lugar que se actúa, por lo que procedo a identificarme plenamente con la misma mostrándole la Credencial expedida a mi nombre y cargo por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Luego procedo a darle a conocer al (la) C. LUCILA NEVAREZ ROJO, el contenido del auto de fecha cinco de julio del año dos mil doce, dictado dentro del JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO número 432/1991, promovido por LIC. LUIS ANTONIO NUNGARAY MARTÍNEZ, en contra de ENRIQUE RAMÍREZ GARCIA, procediendo en este momento a notificar a la C. LUCILA NEVAREZ ROJO, que se le requiere con el derecho que le asiste como acreedora dentro del presente juicio, para que dentro del término de TRES DÍAS, designe perito de su parte, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término perderá su derecho para tal efecto, de igual forma se le requiere para que dentro del mismo término designe el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, aún las de carácter personal se le harán mediante cédula que se fijen en estrados de este Juzgado, a lo que manifestó la C. LUCILA NEVAREZ ROJO, que se da por enterada del contenido del presente auto, recibe la cedula de notificación y que lo firma la presente acta por no ser su voluntad hacerlo.- Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia y firman quien intervinieron supieron y quisieron hacerlo.- DOY FE". Notificación de la que se advierte, se requirió con el derecho que le asistía como acreedora, para que dentro del término de tres días, designara perito de su parte, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término perdería su derecho para tal efecto; de igual forma, se le requirió para que dentro del mismo término designara domicilio para oír notificaciones, apercibida que de no hacerlo, aún las de carácter personal se le harían mediante cédula (foja 66), sin que lo hubiere hecho dentro del término que se le otorgó. Ahora, si bien, a esa fecha -tres de agosto de dos mil once- el quejoso ya había cumplido la mayoría de edad, como él mismo lo manifiesta, lo que se corrobora con el acta de nacimiento que acompañó a su demanda de amparo; sin embargo, el procedimiento no se siguió en su ausencia, toda vez que Lucía Nevarez Rojo compareció al juicio a través del escrito presentado ante la autoridad responsable el trece de diciembre de dos mil doce, en el que designó autorizados y domicilio para oir y recibir notificaciones (foja 178 del tomo II del juicio natural). Aunado a lo anterior, por auto de veintisiete de febrero de dos mil trece, el juez del procedimiento natural procedió a revisar las constancias procesales, a fin de verificar si se encontraban reunidos los requisitos legales para la aprobación de la diligencia de remate; procediendo a revisar el certificado de gravamen expedido por el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, se desprende que la finca rústica propia para edificar ubicada en el rancho de la Ciénega de Tabasco, Zacatecas, con superficie de 605.83 metros cuadrados, con las medidas y colindancias que de ahí se desprenden, así como la propiedad rústica ubicada en la Ciénega de Abajo, Tabasco, Zacatecas, con superficie de 724.30 metros cuadrados, ambos propiedad de Enrique Ramírez García, de los cuales advirtió que éstos soportaban un gravamen por concepto de alimentos definitivos a favor del titular del juicio oral de alimentos número 3/658/1999, señora Lucila Nevares Rojo, decretado mediante oficio número 1418 de doce de septiembre de dos mil seis. Asimismo, el veintisiete de febrero de dos mil trece, el juez responsable emitió un auto que a la letra dice: ".VISTOS, los autos del expediente 432/1991, relativo al JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO promovido por el LICENCIADO LUIS ANTONIO NUNGARAY MARTÍNEZ en su carácter de Endosatario en Procuración del señor SALVADOR GUERRERO MARTÍNEZ, en contra de ENRIQUE RAMÍREZ GARCÍA, y estando citado para oir resolución respecto la aprobación del remate verificado el día nueve de octubre de dos mil doce. Se procede hacer una cuidadosa revisión de las constancias procesal a fin de verificar si se encuentran reunidos los requisitos legales para la aprobación de la diligencia de remate de nueve de octubre de dos mil doce. Se tiene que se desprende del certificado de gravamen formulado por el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad y que fue exhibido por el ejecutante el día ocho de febrero de dos mil doce, de dicho documento se desprende que la finca rústica propia para edificar ubicada en el Rancho de la Ciénega de Tabasco, Zacatecas, con superficie 605.83 metros cuadrados, con las medidas y colindancias que de ahí se desprenden y que se encuentra inscrita en dicha oficialía registral bajo el número 176 folio 190 Volumen 35 de escrituras privadas sección primera de dieciséis de enero de mil novecientos setenta y cuatro; así como la propiedad rústica ubicada en la Ciénega de Abajo, Tabasco, Zacatecas, con superficie de 724.30 metros cuadrados, inscrita bajo el número 177 a folio 191 Volumen 35 de escrituras privadas sección primera de dieciséis de enero de mil novecientos setenta y cuatro, ambos son propiedad del demandado. Además dichos bienes soportan un gravamen por concepto de alimentos definitivos a favor de la titular del juicio oral de alimentos número 3/658/1999, señora LUCILA NEVARES ROJO, decretado mediante oficio número 1418, de doce de septiembre de dos mil seis. Pues bien atendiendo a lo dispuesto por el artículo 473 del Código de Procedimientos Civiles señala: "Artículo 473. Para determinar la prelación en la distribución de la suma obtenida se seguirán las siguientes reglas: .II.- Si no hubiere acuerdo, salvo lo que dispongan en contrario otras leyes, la distribución se hará conforme al siguiente orden de prelación: Acreedores alimentistas. B) Acreedores privilegiados con derechos reales de prenda o hipoteca en el orden de inscripción en los registro públicos o de fechas; si la inscripción no fuera necesaria." De tal manera que el suscrito no puede pasar por alto la existencia de este crédito que según la ley es preferente por tratarse de alimentos. Si bien es cierto que al preparar la diligencia de remate fue requerida por parte de este órgano jurisdiccional la acreedora antes mencionada LUCILA NEVAREZ ROJO, para que designara perito de su parte, lo cierto es también, que no se citó a dicha acreedora con el fin de que manifestara a este juzgado el monto de su crédito, y el título con el cual acredita el mismo, con el fin de verificar la vigencia del mismo, así como la pretensión de participar en la diligencia de remate, según lo dispone el artículo 472 del Código Adjetivo de la materia". En consecuencia de lo anterior y ante la controversia antes expuesta, es decir, la existencia y monto del crédito de la señora LUCILA NEVAREZ ROJO, y su preferencia en el derecho de prelación por tratarse de alimentos definitivos, es procedente fijar las ONCE HORAS DEL DIA TRECE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, para que tenga su verificativo la audiencia a que refiere el artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles, a la cual deberán ser citados todos los interesados para que se les oiga y presenten sus pruebas. De igual manera cítese a la señora LUCILA NEVAREZ ROJO, en su domicilio particular para el desahogo de dicha diligencia, requiérasele en su domicilio particular, para que al momento de la diligencia de su crédito y el monto a que asciende el mismo, apercibida que en caso de no comparecer y dar cumplimiento a lo anterior, se entenderá no tiene interés en el presente negocio y se procederá en consecuencia. Por tanto se suspende la citación para aprobar el remate, hasta en tanto se resuelva la presente controversia, toda vez que no se puede proveer lo conducente a los bienes que no controvertidos pues de los peritajes emitidos se valuó la totalidad de los mismos, desconociendo el valor individual de cada uno de ellos. Fundamento legal artículo 471, 472, y 473 del Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria al del Comercio." (fojas 180 y 181) De ese proveído se advierte que el juez del procedimiento natural al revisar las constancias procesales, a fin de verificar si se encontraban reunidos los requisitos legales para la aprobación de la diligencia de remate; procediendo a revisar el certificado de gravamen expedido por el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, se desprende que la finca rústica propia para edificar ubicada en el rancho de la Ciénega de Tabasco, Zacatecas, con superficie de 605.83 metros cuadrados, con las medidas y colindancias que de ahí se desprenden, así como la propiedad rústica ubicada en la Ciénega de Abajo, Tabasco, Zacatecas, con superficie de 724.30 metros cuadrados, ambos propiedad de Enrique Ramírez García, de los cuales advirtió que éstos soportaban un gravamen por concepto de alimentos definitivos a favor del titular del juicio oral de alimentos número 3/658/1999, señora Lucila Nevares Rojo, decretado mediante oficio número 1418 de doce de septiembre de dos mil seis. Motivo por el cual, el juez natural ordenó citar a Lucila Nevarez Rojo, en su domicilio particular, para el desahogo de la diligencia de acreedores, a fin de que manifestara el monto de su crédito y el título con el cual acreditaba el mismo, con el fin de verificar su vigencia, así como su pretensión de participar en la diligencia de remate (foja 180 y 181 del tomo II del cuaderno de pruebas), lo cual se notificó a la antes mencionada en el domicilio que señaló para oír notificaciones (foja 182 del tomo II del juicio natural). Asimismo, en la audiencia prevista por el artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio, compareció Lucila Nevarez Rojo ante el juez natural, y a quien, al ser requerida para que acreditara la vigencia de su crédito y el monto a que asciende el mismo, con apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se entendería que no tenía interés en el negocio, y se procedería en consecuencia, señaló, que en ese momento no tenía a la mano los documentos necesarios para acreditar la vigencia de su crédito, como tampoco podía acreditar el monto a que ascendía su crédito, porque al parecer se había pedido el expediente respectivo al archivo del poder judicial para poder tenerlo a la vista y de ahí sacar el monto a que asciende su crédito (fojas 197-199 del expediente mercantil tomo I) . Por auto de cuatro de abril de dos mil trece, el juez responsable tuvo al autorizado de la parte actora, acusando la rebeldía en que incurrió la acreedora Lucila Nevarez Rojo, con pérdida del derecho que en tiempo tuvo para dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintisiete de febrero de dos mil trece (foja 205 del tomo II del juicio mercantil). Por resolución de doce de abril de dos mil trece, el juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, aprobó en todos y cada una de sus términos la diligencia de remate celebrada en el juicio mercantil, el nueve de octubre de dos mil doce, en primera almoneda, por lo que se adjudicaron los bienes a favor de Salvador Guerrero Martínez, y se requirió al demandado Enrique Ramírez García, para que dentro del término de tres días otorgar escritura de propiedad de los bienes adjudicados a favor del ejecutante, la cual se notificó a Lucila Nevarez Rojo, el diecisiete de abril de dos mil trece (foja 220 del tomo II del juicio natural). De todo lo anterior, a juicio de quien aquí resuelve se advierte que, de acuerdo al acta de nacimiento que el quejoso allegó al juicio de amparo, en noviembre de dos mil ocho, alcanzó la mayoría de edad; sin embargo, el hecho de que el juzgador no le hubiere notificado las actuaciones practicadas a partir de esa fecha no es atribuible al juez responsable, ya que en el certificado de gravámenes sólo aparece el nombre de su madre, Lucia Nevarez Rojo, por lo que en todo caso, correspondía al hoy inconforme apersonarse al juicio. Máxime que, si la anotación del gravamen ante el Registro Público de la Propiedad, el cual es el medio de dar publicidad a los actos jurídicos en ellos consignados, aparece sólo a nombre de su madre, el juzgador no estaba en posibilidad de saber que el hoy garante del amparo había alcanzado su capacidad de ejercicio y que por ello debía llamarlo al juicio mercantil ejecutivo a deducir sus derechos. En efecto, el artículo 472 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio, dice: "Artículo 472.- Además de los acreedores que tengan sobre los bienes embargados un derecho de prelación que resulte de los registros públicos o un derecho legal de prenda, y de los demás embargantes o reembargantes, quienes deberán ser citados, podrán intervenir en la distribución cualesquiera otros, con los no privilegiados. A este efecto, formularán mediante escrito, que indicará el monto y título del crédito, la pretensión de participar en la suma obtenida con la ejecución". De lo cual deriva que es obligación del juez llamar a los acreedores que tengan sobre los bienes embargados un derecho de prelación que resulte de los registros públicos, lo que en el caso aconteció, toda vez que, como se dijo, el embargo por alimentos aparece en el registro público a favor de Lucila Nevarez Rojo; máxime que en los autos del expediente mercantil no obra constancia alguna de la que el juzgador natural pudiera advertir que dicha persona dejó de tener la representación del aquí quejoso, por haber adquirido éste la mayoría de edad. En tal virtud, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por el quejoso, con relación a los actos reclamados consistentes en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, dentro del juicio mercantil ejecutivo 432/1991; así como la sentencia de remate dictada dentro del asunto en comento; además de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución tendiente a la adjudicación de los bienes y su respectiva escrituración; actos que se reclaman a dicha autoridad y al Ministro Ejecutor adscrito a dicho Juzgado. Ahora, en lo que atañe a los actos reclamados consistentes en todo lo actuado en el procedimiento de origen, la sentencia de primer grado y su ejecución, se hace extensiva la negativa del amparo, toda vez que no se reclaman por vicios propios sino en vía de consecuencia, por no señalarse como acto destacado. Negativa que se hace extensiva, respecto del acto de ejecución de los actos reclamados a la autoridad ejecutora Jefe Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por no reclamarse por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia, que expresa: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANTÍAS. Los actos de las autoridades ejecutoras, relativos a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorios de garantías ". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, promovido por ÉDGAR RAMÍREZ NEVAREZ, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, por las razones expuestas en el considerando II.2.1. de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ÉDGAR RAMÍREZ NEVAREZ, contra los actos de la autoridad precisados en el considerando II.2.2. de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, el día de hoy veintiséis de junio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE.

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