Cinthia Evangelina Chan Pech

Expediente 1310/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1310/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Cinthia Evangelina Chan Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, aún no ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto; en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada autoridad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, informe las gestiones realizadas en torno al cumplimiento de la ejecutoria de mérito, lo anterior, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al que adjunta el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Numero Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que AMPARÓ a Cinthia Evangelina Chan Pech, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, para que, en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder a la quejosa Cinthia Evangelina Chan Pech, la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución, de inmediato proceda para el dictado del laudo que deba recaer en el juicio laboral 316/2022, respetando los términos previstos en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo." Apercibida que, de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, el cual ya obra agregado en autos. A lo que la Jueza acuerda: téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como correspondan. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano ofrecidas por la parte quejosa; igualmente se da cuenta con la documental ofrecida por la autoridad responsable al rendir su informe de ley. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas de cuenta para efectos de ser tomadas en consideración como corresponda. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el alegato ministerial presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los alegatos de la representante social, para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, se decreta la conclusión de esta etapa de la audiencia. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos para resolver los autos del presente juicio de amparo indirecto 1310/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Cinthia Evangelina Chan Pech solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, que quedó registrada con el número 1310/2023-VI; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque la omisión reclamada es atribuida a una autoridad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la ley de la materia, ya que se trata de omisiones de la responsable que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen; por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse al peticionario de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis de la demanda de amparo se desprende que la quejosa Cinthia Evangelina Chan Pech reclamó lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 316/2022. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe con justificación, la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado; por lo cual debe tenerse por cierto para efectos de esta resolución. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. El concepto de violación aducido por la parte quejosa es fundado, en el sentido de que la responsable ha violado en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, al no respetar los términos fijados por la Ley Federal del Trabajo dentro del expediente laboral 316/2022; lo anterior por las razones que se expondrán a continuación. En efecto, el mencionado precepto establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales." Así, la garantía individual contenida en el artículo transcrito dispone que los tribunales jurisdiccionales impartirán justicia en forma expedita y gratuita; de tal forma que entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral, está el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia. Sin embargo, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que tal acceso debe hacerse efectivo en la medida en que pueda obtenerse una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tal motivo, la impartición de justicia y por ende, su efectivo acceso por el quejoso, se debe sujetar a los plazos y términos que fije la Ley Federal del Trabajo. En este contexto, para una mejor comprensión del asunto en estudio, es preciso transcribir el contenido de los artículos 771, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, relativos al impulso de los procedimientos seguidos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los términos para la elaboración de los proyectos de resolución, audiencias de discusión y votación, y elevación de los proyectos respectivos a categoría de laudos, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley..." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta." Así las cosas, es necesario señalar que la parte quejosa promovió el juicio laboral 316/2022, en contra de "CITIBANAMEX AFORE", S.A de C.V., ante la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, siendo que en el caso, lo último actuado por la junta responsable, fue el acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que decretó el cierre de instrucción, sin que a la fecha se haya elaborado el proyecto de resolución elevado a la categoría de laudo. De lo anterior, se evidencia el incumplimiento a los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, deberán elaborar el proyecto de resolución en los diez días siguientes a la fecha en que declaren cerrada la instrucción, entregándose copia del mismo a cada uno de los miembros de la Junta, para que en los cinco días hábiles siguientes, manifiesten si se requiere alguna otra diligencia para el esclarecimiento de los hechos, y de no ser necesario, deberán celebrar la audiencia de discusión y votación en el término de diez días, para que, finalmente, habiéndose aprobado el proyecto, se eleve de inmediato a categoría de laudo. Es evidente, pues, que en la especie no ocurrió, pues como se ha dejado visto, el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que decretó el cierre de instrucción, y turnó los autos para el proyecto de resolución, sin que dicho proyecto sea elevado a la categoría de laudo. Lo anterior se deduce de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe con justificación, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, de las trascripciones de los artículos conducentes, se evidencia que el legislador a través de la Ley Federal del Trabajo, señaló cuáles son los principios procesales que se deben de aplicar dentro de los procedimientos laborales, por lo que los órganos jurisdiccionales de esa materia, tienen la obligación de observar que se eviten dilaciones procesales y contribuir a la expedites de las resoluciones de los asuntos de su conocimiento. Una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata (terminología empleada por la ley para referirse a la contigüidad o cercanía de tales actos en el tiempo), lo que aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento es el día, no deja lugar a dudas de la expedites en la tramitación y resolución de los juicios laborales. De acuerdo a lo expuesto y apreciando el artículo 17 de la Constitución Federal, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que los Tribunales Laborales faltan a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramitan ni resuelven los juicios laborales en los plazos y términos precisados en la legislación laboral. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo; en ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. En consecuencia, si la Junta responsable no cumplió con lo dispuesto en los artículos 771 y 885 al 889 de la referida ley obrera; entonces, es indudable que viola la garantía consagrada en el artículo 17 de nuestra Constitución Federal, al dilatar la conclusión del juicio laboral 316/2022, y omitir el dictado del laudo correspondiente. Máxime que, como ha quedado establecido, la Ley Federal del Trabajo prevé los lineamientos a seguir en materia elaboración de proyectos de resolución y su respectiva elevación a categoría de laudos, y que de las constancias que obran en este expediente, se advierte que se ha incurrido en una franca denegación de justicia en agravio de la parte quejosa. Se dice lo anterior, ya que puede advertirse que hasta la presente fecha en que no se ha elaborado el proyecto de resolución y sea elevado a la categoría de laudo y del acuerdo que emitió en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, existe un término de nueve meses, en el que la Junta responsable dejó de actuar en lo relativo al dictado del laudo respectivo. Por tanto, al omitir pronunciarse e impulsar el citado procedimiento, se constituye una violación al arábigo constitucional en estudio y lo procedente es conceder a Cinthia Evangelina Chan Pech, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, al arribar a tal conclusión, esta resolutora no soslaya el argumento de la autoridad responsable sobre la excesiva carga de trabajo que impera en ese órgano jurisdiccional, pues en ese sentido, se estima que es un acontecimiento cierto e indiscutible la situación que ocurre en las Juntas de Conciliación y Arbitraje del País, tanto en el orden federal como local, ya que no hay duda ni discusión respecto a que dichos órganos jurisdicciones enfrentan cargas de trabajo muy altas y que no cuentan con recursos materiales, económicos y humanos suficientes o adecuados para solventarlas, máxime cuando las características que constituyen los principios rectores del procedimiento laboral, como la oralidad, generan la obligación de que funcionarios de las juntas estén presentes durante el desarrollo de las audiencias y que un auxiliar pueda desahogar, como máximo, dos audiencias en un día. Sin embargo, aun cuando es verdad, que tal circunstancia es entendible, pues las excesivas cargas de trabajo constituyen una nota distintiva que permea en todos los órganos que formal o materialmente llevan a cabo funciones jurisdiccionales, ello no puede justificar la dilación en la impartición de justicia en que ha incurrido, por la básica razón de que el gobernado no puede ver afectados sus derechos fundamentales como consecuencia de que el Estado, como garante de tales derechos, no haya proveído lo necesario para atender, con celeridad, las necesidades de quienes acuden a él. No puede olvidarse que la prontitud en la impartición de justicia, como se explicó al principio de este considerando, es un derecho fundamental de los gobernados a que se les administre justicia dentro de los plazos y términos legales, por lo que el Estado debe proveer lo necesario a fin de que se cumpla con dicha prerrogativa, dotando de suficientes recursos humanos y económicos a los órganos jurisdiccionales, con tal de que puedan resolver con celeridad los conflictos que se les plantean. Si la falta de recursos humanos y económicos de la autoridad responsable, ha influido en el retraso en la impartición de justicia, debe hacerlo saber al organismo público del que depende, a fin de que tome en cuenta esa circunstancia y le provea con lo necesario, pero como se dijo con antelación, esa falta de recursos no puede ser excusatoria del retardo en la resolución del conflicto laboral de que se trata. De ahí que los argumentos expuestos por la autoridad responsable no son idóneos ni jurídicos para justificar sus actos ni la eximen, como se ha dicho, de impartir justicia dentro en los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo; y que, por tanto, deba estimarse inconstitucional el acto que se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder a la quejosa Cinthia Evangelina Chan Pech, la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución, de inmediato proceda para el dictado del laudo que deba recaer en el juicio laboral 316/2022, respetando los términos previstos en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Cinthia Evangelina Chan Pech, respecto del acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, señalado en el tercer considerando, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución, y para los efectos precisados en el sexto subsecuente de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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