Cinthia Evangelina Chan Casanova

Expediente 589/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
589/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Cinthia Evangelina Chan Casanova

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por ende, con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Igualmente, se hace la precisión de que en este juicio no se tramitó incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, y de que éste es destruible. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompaña. Ahora bien, atento al informe y constancias anexas, así como del estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que los actos que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de las autoridades responsables, medularmente, los constituyen: a) De la Junta responsable, la omisión de emitir el oficio recordatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de recabar la información requerida en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el controvertido 316/2022; y, b) Del Instituto responsable, la omisión de dar contestación a la solicitud de información realizada por la Junta de origen. Una vez precisado lo anterior, en relación con el acto reclamado precisado en el inciso a), se estima pertinente precisar que el once de abril de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó su demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado. En dicha demanda, la parte quejosa reclamó de la Junta responsable, medularmente, la denegación de justicia de la que era objeto, ante la omisión de emitir el oficio recordatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de recabar la información requerida en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el controvertido 316/2022. En tanto que, al rendir su informe justificado, la Junta responsable negó categóricamente la existencia del acto reclamado; precisando que el tres de febrero de dos mil veintitrés, entregó el oficio relativo al mencionado Instituto, en el que requirió la información a que se hizo alusión en la precitada audiencia. Lo anterior, evidentemente, aconteció con antelación a la data en que la parte quejosa presentó su demanda de amparo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Ello, cuenta habida que, como quedó precisado con antelación, la supuesta omisión de remitir el oficio relativo, atribuida a la Junta responsable, deviene inexistente, precisamente porque con anterioridad a la presentación de la demanda, dicho oficio fue entregado a su destinatario. Lo anteriormente ponderado deriva en que, se insiste, devenga inexistente la omisión que se atribuye a la Junta responsable. Ello, cuenta habida que, como se dijo, la remisión del oficio respectivo, tuvo verificativo con antelación a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que esta Juzgadora Federal pueda analizarlo, haciéndose imposible restituir a la parte quejosa en el goce de derechos respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito; toda vez que en el caso particular, la constancia que en este acto se agregan, actualiza indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que con ella se demuestra que se dio impulso y se realizó el emplazamiento relativo al juicio natural, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del precitado acto reclamado a la Junta responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, es menester indicar, en relación al acto reclamado precisado en el inciso b), se estima que se actualiza diversa la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama del Instituto responsable, la omisión de dar contestación a la solicitud de información realizada por la Junta de origen en el expediente 316/2022. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el Instituto responsable, por oficio de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dio contestación al requerimiento realizado por la Junta natural, indicando que, a efecto de estar en aptitud de rendir la información solicitada, era indispensable contar con el número de seguridad social, el CURP, el Registro Federal de Contribuyentes o la fecha de nacimiento de la actora Cinthia Evangelina Chan Pech; esto, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión reclamada, ya que es evidente que al haberse dado contestación a la solicitud antes ponderada, han cesado los efectos de la aludida omisión. Lo anterior, cuenta habida que el Instituto responsable ya emitió el pronunciamiento relativo a la solicitud elevada por la Junta de origen; por lo que será hasta en tanto la parte interesada aporte la información requerida por dicho Instituto, que éste se encontrara en posibilidad de remitir la información requerida, por lo que es notorio que su actuar depende de la intervención de una diversa parte. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes ponderada, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado al Instituto responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Todo lo anteriormente ponderado, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de las causales de sobreseimiento e improcedencia que se actualizaron, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido electrónicamente por Mariela Belén Pérez Pérez, quien se ostenta apoderada legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, y un anexo que acompaña; misma personalidad que se le reconoce al tenor del poder notarial ochocientos ochenta y uno, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público ochenta y tres de esta ciudad de Mérida, Yucatán, el cual adjuntó a su informe de marras. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase relación del citado informe y de las constancias que adjuntó al mismo, al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su respectivo informe justificado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofertadas las pruebas instrumental de actuaciones y de presunciones legales y humanas a que hace alusión la responsable en su informe de cuenta, mismas que se desahogan por su especial naturaleza y deberán relacionarse en la audiencia constitucional relativa. Finalmente, y como solicita la responsable en su informe de ley, se accede a la devolución del documento que describe, previo recibo y copia que del mismo se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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