Cinthia del Carmen Baron Morales

Expediente 897/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
897/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Cinthia del Carmen Baron Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Dafne Alejandro Alberto Lara, autorizado de la parte quejosa en este juicio de amparo, mediante el cual solicita se le haga entrega de los documentos exhibidos junto con su escrito inicial de la demanda de amparo, cuya devolución se acordó con antelación. Atento lo anterior, y toda vez que en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se accedió a la devolución de la copia certificada de la escritura pública de compraventa que fue exhibida junto con la demanda de amparo; por ende, estese a lo acordado en ese acuerdo y entréguese dicho documento al autorizado de referencia, previo recibo y copia que del mismo se deje en autos. Ahora bien, atento a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, infórmese al autorizado de la parte quejosa, que deberá programar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de poder comparecer a este Juzgado de Distrito a recoger el documento precisado. Finalmente, dígase al promovente que de autos no se advierte que haya exhibido algún poder que le fuera otorgado a su favor por la parte quejosa, e incluso, en este juicio de amparo únicamente tiene el carácter de autorizado y no de apoderado, como manifiesta en el proemio de su escrito de cuenta; por tanto, no se accede favorablemente a su petición, en relación a que le sea devuelto ese documento, precisamente porque el mismo no obra en el sumario, al no haber sido exhibido.

  3. Principal

    Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán y anexo que acompaña, del que se advierte que en proveídos de tres de septiembre de dos mil diecinueve y veintidós de enero del año en curso, el Juez responsable dictó en autos del expediente 379/2015, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, en los que ordenó al tercero interesado *****entregue de manera inmediata al menor de edad A.J.E.B. a su madre, aquí quejosa ******, por lo que giró oficios a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que dentro de sus funciones proporcionen el auxilio necesario y se designe un psicólogo y una trabajadora social para que comparezcan al momento a la diligencia ordenada por el Juez responsable. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo se desprende que la agraviada señala como acto reclamado, la omisión del juez natural de hacer cumplir sus determinaciones, y de la Secretaría de Seguridad Pública, de realizar las acciones correspondientes con el fin de recuperar a su hija menor de edad tal como le fue ordenado. De la lectura del citado informe justificado también se advierte, que el juez familiar informó que mediante escrito presentado ante él el veintiocho de octubre del año en curso, la directa quejosa *****, informó que recuperó a su hijo menor de edad A.J.E.B, en virtud de que se lo entregó el tercero interesado *****. Ahora bien, con base en lo anterior se advierte, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, como se indicó, la promovente del amparo reclama en el presente juicio a las autoridades responsables, la omisión de realizar las acciones necesarias para recuperar a su hijo menor de edad A.J.E.B., sustraído por *****, con base en los oficios que el juez responsable envió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en autos del expediente 379/2015 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria del índice Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Kanasín, Yucatán. En este sentido, de las constancias que el a quo adjuntó a su informe justificado y del contenido de este se advierte, que mediante escrito presentado ante dicha autoridad el veintiocho de octubre del año en curso, la directa quejosa Cinthia del Carmen Barón Morales, informó que recuperó a su hijo menor de edad A.J.E.B, en virtud de que se lo entregó ****; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto materia del mismo; En lo que interesa, la fracción de la norma transcrita prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surta efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De la lectura de dicho precepto legal se deduce que las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: 1. Que el acto u omisión reclamada subsista. 2. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. 3. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De acuerdo con el primero de los elementos enunciados, para que se actualice el mencionado motivo de improcedencia es necesario que el acto u omisión reclamada sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso o hayan omitido realizar alguno. Por lo que respecta al segundo de los componentes, cabe señalar que se refiere a la irrealizabilidad de los efectos legales o materiales del acto u omisión reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, el acto u omisión atacado por inconstitucional resulta inocuo en la esfera jurídica del gobernado, porque sus consecuencias materiales o jurídicas jamás podrán concretarse en perjuicio de la quejosa. Aquí encontramos un matiz de otra causa de improcedencia, debido a que ante la situación de que el acto u omisión no puede surtir efecto legal o material alguno, se traduce en una falta de afectación al interés jurídico del gobernado. El tercero de los elementos referidos es el más importante de la causa de improcedencia que nos ocupa, en virtud de que constituye su parte esencial. Es importante destacar que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto u omisión reclamado y no en el juicio en sí, además de que surge con posterioridad a la emisión del acto o de la omisión, y por razones naturales o reflejos de otros actos jurídicos es imposible que surta efectos legales o materiales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, en cuanto a la fracción en estudio, lo siguiente: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Por tanto, conforme a lo dispuesto en la señalada fracción XXII del invocado numeral 61, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo, si no se puede alcanzar su objetivo protector, cuando como en el caso la omisión de la responsable de emplear los medios coercitivos a su alcance para obligar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, realice las acciones correspondientes con el objeto de acatar lo que se le ordenó mediante acuerdos de tres de septiembre de dos mil diecinueve, y veintidós de enero del año en curso, esto es, recupere al menor de edad A.J.E.B sustraído por ****, y se le entregue a su madre aquí quejosa, no puede surtir efecto legal o material alguno en su esfera jurídica, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues el citado menor de edad ha sido entregado a su progenitora, pero no por las acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública, sino que fue el propio padre del menor, quien voluntariamente decidió regresarlo con su madre. En efecto, se arriba a la convicción de que la invocada causa de improcedencia del juicio de amparo, consiste en que subsistiendo la omisión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, de acatar lo ordenado en los acuerdos ya citados, y del juez responsable el no emplear los medios coercitivos con el objeto de que sus determinaciones se cumplan, dictadas en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 379/2015 del índice Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, esto es, dicho menor ha sido entregado a su madre, en consecuencia, dicha causal se actualiza cuando el órgano jurisdiccional advierta que los efectos del acto u omisión de autoridad impugnada, no se han concretado en la esfera jurídica de la parte amparista, ni podrán concretarse, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que fue emitido. Los razonamientos expuestos encuentran punto de apoyo en la tesis número 2ª.XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En tales condiciones, tomando en consideración que el acto reclamado resulta contrario a los intereses de la parte agraviada, aquí quejosa, debe estimarse que en la especie su objeto o materia dejó de existir, aun cuando subsista la determinación en sí, puesto que en el veintiocho de octubre del año en curso, la directa quejosa Cinthia del Carmen Barón Morales, informó que recuperó a su hijo menor de edad A.J.E.B, en virtud de que se lo entregó ***** y, por ende, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando jurídicamente subsista el acto reclamado de mérito, ello resultaría estéril, en virtud de que ****le entregó a la parte quejosa a su hijo menor de edad A.J.E.B. Por tanto, debe concluirse que en la especie sobrevino la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento legal. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil veinte. Agréguense a estos autos el escrito signado la quejosa CINTHIA DEL CARMEN BARON MORALES, con tres copias de la misma y en atención a lo que manifiesta en el mismo; por ende, téngase por cumplida la prevención contenida en proveído de dos de octubre del año en curso, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista de nueva cuenta la demanda promovida por la citada CINTHIA DEL CARMEN BARON MORALES, contra los actos que reclama del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Kanasín Yucatán y de otra autoridad; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de mérito; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades responsables el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiéranse a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se estima que le recae el carácter de tercero interesado en este juicio a CARLOS ALFREDO ESPINOZA RAMÍREZ. Ahora bien, dicho lo anterior, es importante acotar, que si bien es cierto, tal y como lo marca el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando el domicilio del citado tercero interesado se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del juicio, pero en zona conurbada, como en el caso, se podrá comisionar al notificador para que realice la correspondiente notificación de manera personal. Lo Anterior, es así, pues la ciudad de Kanasín, pertenece a la zona conurbada de la ciudad de Mérida, pues de los datos oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en dos mil cinco, y dos mil quince se advierte: "Que la zona metropolitana o conurbada, se localiza en la parte noreste del Estado de Yucatán, y se encuentra conformada por cinco municipios, de los cuales tres se consideran municipios exteriores, con conurbación continua, los cuales son Mérida, Kanasín y Umán." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de la Materia en vigor, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado, para que se constituya en el predio que señala la parte quejosa en su escrito aclaratorio, y proceda a emplazarlo con la entrega de copia de la demanda, así como del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con el carácter de tercero interesado, si así le conviniere, en defensa de sus derechos; asimismo, prevéngasele para que dentro del término de tres días siguientes al de la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento para que en caso de no hacerlo, las demás notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Sin que obste a lo anterior, el hecho que la aludida notificación personal ordenada en líneas precedentes deberá ser acatando los protocolos y lineamientos por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, tal y como lo indica el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto a la Agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente 507/2020 del índice de este juzgado, la licenciada Blanca Estela Ortiz Rodríguez Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente blanca.ortiz@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: blanca.ortiz@pgr.gob.mx. Por otra parte, se advierte que en diverso escrito recibido por la vía electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la directa quejosa solicita se autorice el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar en el mismo a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación En atención a lo anterior, y toda vez que la parte ocursante no proporciona cuenta de usuario alguno del que se advierta que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no se accede a lo solicitado, pues es necesario contar con una clave de usuario, para que se le pueda dar de alta y de esa forma, tenga acceso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales públicas que alude en su demanda de amparo y la presuncional en su doble aspecto legal y humana las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO CARLOS ALFREDO ESPINOZA RAMÍREZ. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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