Cinthia Bravo Solorio
Expediente 447/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cinthia Bravo Solorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por Noé Díaz Munguía apoderado jurídico de la Secretaría de Salud Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, informa que el ocho de junio del año en curso, le fue aplicada al menor quejoso de iniciales S.H.B., la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que Cinthia Bravo Solorio en representación del menor S.H.B, compareció ante esta instancia constitucional a reclamar del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, lo siguiente: a. La omisión de incluir en la política de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México, al menor quejoso, a pesar que la Secretaría de Educación Pública, inició el ciclo escolar 2021-2022; y, b. La omisión de garantizar el interés superior del menor, a través del cual se tutelen, garanticen y protejan los derechos a la salud, a la protección de la salud y a la vida del menor quejoso, a fin de evitar en lo mayormente posible, su contagio por la variante delta u omicrón del virus SARS-CoV-2. En esa virtud, mediante auto de tres de mayo del presente año, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, informando que señalaban las diez horas del dieciocho de mayo pasado, para que previa autorización signada por alguno de sus progenitores, le fuera aplicada la primer dosis de la vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Posteriormente, en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, se tuvo al apoderado jurídico de la precitada autoridad responsable, señalando las diez horas del ocho de los actuales, para que se le aplicara la segunda dosis al menor quejoso, quien debería ir acompañada de sus familiares a las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número uno, ubicada en Calle Plan de Ayutla número 78, colonia Chapultepec Sur de esta ciudad. Lo anterior se corrobora, con la constancia que anexa la autoridad responsable a su ocurso de cuenta, consistente en la autorización de la progenitora del menor quejoso, constancia que de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se le concede valor probatorio pleno, por constituir un documento público. Establecido lo anterior, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de aplicar al menor de iniciales S.H.B., la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber completado su esquema de vacunación, con lo cual se le restituyó en el pleno goce de sus derechos, como si le hubiera concedido la protección constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con treinta minutos del ocho de julio de dos mil veintidós. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de nueve de junio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en esta ciudad, fijó las diez horas del dieciocho de mayo del año en curso, para que el menor de iniciales S.H.S. acudiera con su representante legal o sus padres a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria de Morelia, con la finalidad de que se le aplicara la primera dosis de vacuna anticovid- 19 de la farmacéutica Pfizer; asimismo, se advierte que fijó las diez horas del ocho de junio del presente año, a efecto que se le aplicara la segunda dosis de vacunación. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, así como a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación que se les practique del presente proveído, informen si el menor quejoso asistió a las fechas señaladas por la responsable para su debida inoculación y con ello completar su esquema de vacunación. Bajo apercibimiento a la parte quejosa que en caso de no hacerlo sin causa justificada, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de manera individual por la cantidad de $4,811.00 cuatro mil ochocientos once, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA); y, a la citada autoridad responsable, se le impondrá multa de manera individual por la cantidad de $9,622.00 nueve mil seiscientos veintidós, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 158, en relación con los diversos 237, fracción I y 259 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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