Christian Ricardo Hernández Carvajal

Expediente 1187/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 30 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1187/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
30/04/2018

Partes del expediente

  • Christian Ricardo Hernández Carvajal

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 1187/2016, un tomo de pruebas y testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de abril del año en curso, dictada en el amparo en revisión penal 203/2017, de la que se advierte que dicho tribunal confirmó la sentencia recurrida en la que se negó la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales del presente asunto, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Finalmente, devuélvase al Juez del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia, la copia certificada del proceso penal 267/2016 de su índice, así como los seis discos compactos que anexó como soporte de su informe justificado, sin que resulte necesario acuse recibo de ésta. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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