Cindy Karen Tellez Rosas
Expediente 288/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cindy Karen Tellez Rosas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 288/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con una promoción registrada con el número 9820 y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, los formuló. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del citado representante social; del mismo modo, a las demás les precluye su derecho para hacerlo. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Cindy Karen Téllez Rosas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos, 14, 16, 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 288/2020, mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia por el virus COVID-19. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19;asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes C O N S I D E R A C I O N E S : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la quejosa reclama actos con ejecución en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, los actos reclamados consisten en: La multa impuesta el once de marzo de dos mil veinte, contenida en la boleta de infracción con folio 1197, en la que se estableció como motivo de la misma prestar servicio público de transporte sin concesión o permiso; y, Como consecuencia de esa falta administrativa, la detención de su vehículo automotor de su propiedad [marca HYUNDAI, modelo 2020, tipo AUTOMOVIL/SEDAN, con número de identificación vehicular 3KPC24B57LE089231, con número de placas PGM801A del Estado de Michoacán]; así como los pagos que deberá efectuar con motivo de esa retención, denominados arrastre y pensión, a la empresa Grúas Monarcas-Zacapu. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, al rendir su informe justificado manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado, toda vez que existe la infracción con folio 1197 y demás consecuencias que derivaron de la misma pero no en el sentido en que lo narraba el quejoso. Por su parte, el Inspector adscrito a dicha comisión se adhirió al citado informe (fojas 25 y 52). Por lo tanto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados, pues si bien lo aceptaron de manera parcial, también manifestaron que era cierta la multa y demás consecuencias de ésta. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la quejosa a su demanda de amparo, entre las que se encuentra la boleta de infracción reclamada. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Interés jurídico El Coordinador e Inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán aducen que la parte quejosa carece de interés jurídico para instar esta acción de amparo, porque no acreditó contar la concesión o permiso para dedicarse a prestar servicio público de pasaje. No se actualiza la causal invocada. Así se considera, porque aunque por principio pudiera establecerse que la quejosa carece de interés jurídico, en la medida que, como lo alegan las responsables, no acreditó contar con concesión o permiso para dedicarse a prestar servicio público de pasaje; debe indicarse que si este juzgador asume como válida la conclusión alegada por las responsables (que la parte quejosa no tiene interés jurídico en este asunto porque no tiene licencia, concesión y/o permiso), actualizaría la falacia denominada "petición de principio", que se configura cuando se toma como principio de demostración la conclusión que en todo caso es el objeto o materia de estudio en el asunto. En efecto, un análisis preliminar de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, permite advertir que la parte quejosa entre otros aspectos que: No es concesionaria ni permisionaria del servicio público; y, No se encontraba prestando un servicio público cuando le fue impuesta la sanción administrativa de la que se duele. De suerte que, si este juzgador accediera a tener por actualizada la causal de improcedencia invocada por la responsable, bajo el argumento que la parte quejosa no acreditó contar con licencia, permiso y/o concesión expedida por la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, sin analizar la cuestión de fondo efectivamente planteada, que es precisamente la relativa a si la quejosa estaba o no materializando el transporte de personas, entonces retomaría como principio de demostración la conclusión que es el objeto o materia de estudio en el asunto. Por ello, es claro, que en la especie no debe exigirse el requisito relativo a que se cuente con una concesión y/o permiso, entonces, sería ilógico que, para emprender el estudio de los conceptos de violación, el suscrito juzgador le exigiera a la parte quejosa el acreditamiento de ese permiso y/o concesión. Por otra parte, el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que la multa impuesta con motivo de prestar servicio público de transporte sin concesión o permiso, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos. Finalmente, dado que no existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, lo que procede es que este juzgador emprenda el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como quedó precisado anteriormente, la quejosa se duele en esta instancia de amparo de los actos siguientes: La multa impuesta el once de marzo de dos mil veinte, contenida en la boleta de infracción con folio 1197, en la que se estableció como motivo de la misma prestar servicio público de transporte sin concesión o permiso; y, Como consecuencia de esa falta administrativa, la detención de su vehículo automotor de su propiedad [marca HYUNDAI, modelo 2020, tipo AUTOMOVIL/SEDAN, con número de identificación vehicular 3KPC24B57LE089231, con número de placas PGM801A del Estado de Michoacán]; así como los pagos que deberá efectuar con motivo de esa retención, denominados arrastre y pensión, a la empresa Grúas Monarcas-Zacapu. Por técnica este juzgador analizará en primer término, la legalidad de la sanción administrativa establecida en la boleta de infracción que la quejosa acompañó a su demanda, ya que de la legalidad o ilegalidad de ese documento, dependerá la validez de la retención del vehículo, así como de los pagos de arrastre y pensión efectuados con motivo de la retención del vehículo, pues estos últimos actos no se reclamaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de la ilegalidad de la multa. Ahora bien, la promovente del amparo aduce en una parte de sus conceptos de violación que la responsable equivoca el sentido y fondo de su actuación al considerar que su vehículo está sujeto a una plataforma de transporte público y que opera sin la concesión correspondiente, en razón de la acción de inconstitucionalidad 63/2016, en el que se determinó que la modalidad de transporte de pasajeros contratada a través de plataformas tecnológicas, no resulta comparable con el marco regulatorio aplicable a otros servicios de pasajeros como el de taxi, pues se consideró que el servicio prestado a través de las aludidas plataformas, reviste características que lo tornan un modelo de negocio diferente al constituido para normar el transporte de pasajeros a través de taxis, cuyo mecanismo de regulación se rige fundamentalmente a través de concesiones otorgadas para tales efectos, lo que no sucede con la otra modalidad. Asimismo, manifiesta que cuando su carro fue detenido, llevaba a bordo personas que alquilaron particularmente el mismo, por medio de la aplicación de alquiler privado "indriver", como se asentó en la propia boleta de infracción; sin embargo, no tenían motivo para detener su auto porque en la legislación de Michoacán no se encuentra ninguna prohibición para que las aplicaciones de transporte privado se vean restringidas en su operatividad. También manifiesta, que la responsable no acreditó que su vehículo operara de manera pública sino que por el contrario le dio la razón en el hecho de que se encontraba operando de manera privada dentro de la aplicación "indriver", la cual ofrece la oportunidad de hacer un acuerdo entre particulares, siendo ésta una empresa constituida de manera legal, que aporta impuestos a la federación y sobre todo, la legislación del Estado de Michoacán, no prohíbe la operatividad de la misma. Lo anterior -señala la quejosa- pone de manifiesto que es falso que su vehículo haya operado en servicio público y sin concesión. Motivo de inconformidad que es infundado, como se demostrará a continuación. Para sostenerlo de ese modo, debe indicarse que el argumento principal de la quejosa descansa en que, aunque es cierto que estaba prestando el servicio de transporte de personas a través de la plataforma digital "In-Driver"; esa sola circunstancia es insuficiente para considerar que se trata de la prestación de un servicio que se pueda reprochar como "público" y que por ende, requiera para su ejecución, del otorgamiento previo de un permiso y/o concesión, dado que en todo caso se trata de un servicio privado de transporte; y que bajo esa consideración, al tratarse de una explotación privada del servicio de transporte no requiere autorización estatal. De acuerdo con ello, se puede resumir la argumentación de la quejosa en la afirmación siguiente: Sólo se requiere permiso y/o concesión para explotar el servicio público de transporte, no así el privado prestado a través de las plataformas digitales; afirmación que, a juicio de quien resuelve es equivocada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, específicamente en sus artículos 2°, 6° y 7°, que establecen: "ARTÍCULO 2o. Para que los particulares tengan derecho a utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación o cualquier clase de servicio público conexo a éstas, se requiere tener concesión o permiso del Ejecutivo, los cuales se otorgarán con sujeción a esta Ley". "ARTÍCULO 6o. Vías estatales de comunicación son todas las existentes en Michoacán, que no sean de jurisdicción federal". "ARTÍCULO 7o. Servicio público de autotransporte es el traslado de personas, equipaje y carga por calles y caminos de jurisdicción estatal, en vehículos autorizados y mediante el pago de una retribución en numerario, en las condiciones que establecen esta Ley y su Reglamento." De la interpretación sistemática de las disposiciones legales insertas, concluimos lo siguiente: Son vías estatales de comunicación todas las calles y caminos existentes en el Estado, con excepción de las que sean de jurisdicción federal; Para que cualquier particular tenga derecho a utilizar con fines COMERCIALES las vías estatales de comunicación (calles y caminos), se requiere concesión y/o permiso expedido por el Ejecutivo; y, El servicio público de transporte es el traslado de personas, equipaje y cargas por las calles y caminos de jurisdicción estatal, bajo el amparo de un permiso y/o autorización estatal. Bajo las consideraciones anteriores, es cierto como lo afirma la quejosa que el servicio de transporte de personas que dio origen a la sanción administrativa que se le impuso y el cual estaba prestando a través de la plataforma digital "In-Driver"; no es un servicio público, sencillamente, porque para catalogarlo como tal, se requiere que ese servicio se realice bajo el amparo de los permisos y/o concesiones que otorgue el Ejecutivo del Estado; lo que evidentemente no ocurrió en el caso, pues la propia quejosa reconoce que no cuenta con la autorización gubernamental correspondiente. Pese a ello, es falso que considere que sólo se requiere permiso y/o concesión para explotar el servicio público de transporte, no así el privado prestado a través de las plataformas digitales; por principio de cuentas, porque como se estableció en el párrafo que antecede, lo "público" no lo otorga lo relativo a la modalidad en la que se otorgue (en forma verbal, escrita, o por medio de servicios electrónicos, informáticos, de internet, de correo electrónico, de teléfono incluyendo celulares y/o aplicaciones o programas utilizados por dichos medios), sino de que se ejecute bajo el amparo de una concesión o permiso otorgada por el Estado. Adicionalmente, porque el artículo 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, es claro al señalar que para que cualquier particular tenga derecho a utilizar con fines COMERCIALES las vías estatales de comunicación (calles y caminos), requiere concesión y/o permiso expedido por el Ejecutivo; sin realizar ningún tipo de distinción, es decir, si se trata de servicio público o particular, y sin diferenciar tampoco, la modalidad a través de la que se realice, verbal, escrita o a través de algún medio digital; simplemente establece que, basta que se trate de un acto comercial, para que requiera la autorización estatal correspondiente. Por ello, la circunstancia aducida por la quejosa, en el sentido que no es un servicio público sino entre particulares, y que no resulta comparable con el marco regulatorio aplicable a otros servicios de transporte de pasajeros como el de taxis, es irrelevante en la medida que la disposición legal aludida, no hace esa distinción, sino que sólo alude al derecho a utilizar con fines comerciales las calles y caminos del Estado. No es ocioso mencionar que la transcripción que hace de parte de la ejecutoria emitida en la acción de inconstitucionalidad 63/2016 donde obtiene lo destacado en el párrafo que precede en términos del artículo 43, de la de la Ley Reglamentaria del artículo 105, Constitucional, no es obligatoria para este Órgano Jurisdiccional, en virtud de que en ese aspecto no obtuvo los ocho votos que se requieren; pero además porque la invalidez de las normas las hacían valer es de la óptica de la violación al principio de igualdad, al considerar que se establecían mayores requisitos para los vehículos que se ofrecen a través de las plataformas digitales respecto de los taxis, no así bajo el argumento de que los primeros no debían ser regulados. Entonces, si la quejosa en su demanda, manifiesta que In-Driver es una "plataforma de alquiler de vehículo privados con el giro de alquiler de vehículo de manera privada entre particulares" y que "ofrece la oportunidad de hacer un acuerdo entre particulares al ser una empresa constituida de manera legal que aporta impuestos a la federación"; es evidente que se trata de un acto que puede refutarse con fines comerciales de acuerdo a lo establecido en el artículo 75, fracción VIII, del Código de Comercio, que establece: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: [.] VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo. [.]". Consecuentemente, como el artículo 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, establece que para que cualquier particular tenga derecho a utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación (calles y caminos), requiere concesión y/o permiso expedido por el Ejecutivo, es posible afirmar que es equivocada la percepción de la quejosa en el sentido que sólo se requiere permiso y/o concesión para explotar el servicio público de transporte, no así el privado prestado a través de las plataformas digitales, ya que la ley no hace distinción entre servicio público o privado, sino que señala con claridad que se requiere autorización estatal para utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación; hipótesis en la que se subsume perfectamente el transporte privado de personas que ejecuta la accionante del amparo a través de la plataforma digital aludida. Sin que este juzgador se encuentre facultado para analizar el acto reclamado más allá de lo establecido en el propio artículo 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, en atención a que la quejosa no reclamó la inconstitucionalidad de esa porción normativa. Se cita como sustento de lo anterior tesis aislada P. LXX/2011 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia Constitucional, Página 557, Novena Época, registro 160480, de rubro y texto: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad". No pasa inadvertido para este juzgador, que como sustento de su argumento la quejosa transcribe el texto siguiente: "Décima Época Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1452 [.] La naturaleza objetiva de los actos reclamados consiste en combatir en la vía constitucional, el hecho de que el servicio que presta no está relacionado con el transporte público por lo que no debe ser regulado en el reglamento que reclama de inconstitucional por tratarse, según se expresa, de un servicio de transporte exclusivo, prestado a través de la plataforma logística 'UBER' lo que únicamente 'comunica a un chofer con el usuario/pasajero de dicha plataforma a fin de realizar viajes, recorridos controlados y entregas de punto a punto con observación de posicionamiento global del viaje o entrega en tiempo real operada a través de Internet mediante smartphones, lo que contiene aspectos o temas vinculados directa e indirectamente con la competencia económica, porque todos los actos que constituyan monopolio o práctica monopólica, por sus características, disminuyen el proceso de competencia y libre concurrencia, afectando el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, por ende, al último eslabón de éstas, es decir, al consumidor, el cual sólo existe en un ambiente de competencia. "Por tanto, al encontrarse vinculados directa e indirectamente los actos reclamados con un tema de competencia económica, es inconcuso que la naturaleza material de dicho acto concierne a esa subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica. "Cierto, la reglamentación reclamada influye en el proceso de competencia dentro del sector servicios porque se encamina a regular el servicio de transporte exclusivo, prestado a través de la plataforma logística 'UBER', además que tiene sustento en la opinión OPN-008-2015 de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuyos actos sólo son factibles de estudio por órganos especializados [.]". Sin embargo, tales argumentos no son aplicables al caso en estudio. En efecto, de la lectura de la sentencia que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 3/2018, se advierte que el texto citado por quejoso se encuentra contenido en la misma pero no fue uno de los argumentos con los que dicha Sala se resolvió la contradicción, sino que es parte de la diversa resolución de uno de los tribunales contendientes: Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito [sesión pública ordinaria de veintisiete de julio de dos mil diecisiete]. Asimismo, se obtiene que en el considerando quinto de la referida sentencia se determinó: "QUINTO. Estudio de fondo.- Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: Como se señaló, esta contradicción de tesis tiene como objeto determinar qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de juicios de amparo relacionados con legislaciones locales y municipales, que regulen las condiciones de participación de las empresas de redes de transporte (ERT'S), para funcionar en diversos ámbitos geográficos de la República Mexicana. Esto es, el planteamiento que subyace a la contradicción de tesis en estudio, está vinculado a determinar qué órgano jurisdiccional debe revisar, desde la perspectiva de legalidad y/o constitucionalidad, la regulación que emerge para normar la participación y operación de las empresas de redes de transportes que se encuentran ligadas al desarrollo e integración eficiente de tres tecnologías clave; a) los teléfonos inteligentes; b) los sistemas de posicionamiento global; y, c) los sistemas de pago electrónico". También, que originó la jurisprudencia 2a./J. 45 /2018 (10a.), publicada en la página 1579 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Materia Común, Administrativa, Décima Época, registro 2016912, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LA VERIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LOS DISPOSITIVOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando en un juicio de amparo se reclaman cuestiones concernientes a la verificación de la regularidad constitucional de los artículos que establecen las funciones de las autoridades respecto de la planeación, regulación, administración, control y supervisión del servicio público y privado de transporte, incluyendo la operación de las empresas de redes de transportes y aun cuando dicho análisis se proponga a la luz del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que deberá resolver la temática propuesta, es necesario atender a la naturaleza de las normas reclamadas; al respecto, las pertenecientes al derecho administrativo están vinculadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración, mientras que las de naturaleza administrativa especializada en competencia económica, regulan las características estructurales del mercado, previendo hechos o actos de los agentes económicos que tengan por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para contender en los mercados. Por tanto, en virtud de que la naturaleza de las normas combatidas no se relaciona con la permisión o prohibición de conductas anticompetitivas, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, la competencia para conocer de los juicios de amparo recae en los órganos jurisdiccionales en materia administrativa". En ese contexto, es dable concluir, que contrario a lo precisado por la quejosa, la contradicción de tesis referida no tenía como finalidad dilucidar si un servicio prestado a través de una plataforma logística (como uber o en este caso indriver) podría ser considerado como transporte público, sino determinar qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de juicios de amparo relacionados con legislaciones locales y municipales, que regulen las condiciones de participación de las empresas de redes de transporte (ERT'S), para funcionar en diversos ámbitos geográficos de la República Mexicana, de ahí que no puede aplicarse en el caso a estudio. La quejosa también argumenta que el acto de autoridad la priva de una manera honesta de vivir y de proveer sustento a su familia, por lo que atenta contra su derecho fundamental de libertad de trabajo establecido en el artículo 123 constitucional. Motivo de disenso que también es carente de razón. En primer lugar, debe aclararse, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, que el artículo constitucional que contiene la libertad de trabajo es el 5° y no el 123. En segundo lugar, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad de trabajo contenida en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es absoluta, irrestricta o ilimitada, sino que está condicionada a que no se trate de una actividad ilícita, que no se afecten derechos de terceros y que no se vulneren los derechos de la sociedad, lo que permite, a su vez, que tal ejercicio se sujete a la reglamentación que determinen las condiciones públicas siempre que sea razonable. Por tanto, si para poder prestar el servicio de transporte, ya sea particular o público, el legislador del Estado consideró que debía contarse con licencia o concesión, es evidente que no se afecta la libertad de trabajo de la quejosa, pues se debe ajustarse a la regulación establecida para poder hacerlo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 28/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, Materia Constitucional, Novena Época, registro 194152 LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La garantía individual de libertad de trabajo que consagra el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado". También es aplicable la tesis aislada emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Materias Constitucional-Administrativa, Octava Época, registro 207942, la cual es del tenor siguiente: "LIBERTAD DE TRABAJO. LA GARANTIA DEL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL NO IMPIDE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA REGLAMENTAR LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION SOBRE ESTA MATERIA. Ha sido criterio firme de este alto Tribunal que la libertad de trabajo sólo puede vedarse mediante una ley en sentido formal y material, es decir, una norma general, impersonal y abstracta, emanada del órgano constitucionalmente investido de la facultad legislativa, y que al Presidente de la República no corresponde hacerlo a través de normas reglamentarias, debiendo entenderse que se veda esa libertad cuando se impone al gobernado la prohibición absoluta de realizar cierta actividad, sea cual fuere la circunstancia o condición en que lo haga. Es en este sentido, que el Presidente de la República no está facultado para reglamentar el artículo 5o. constitucional, puesto que él no tiene atribuciones para vedar la libertad de trabajo, esto es, para imponer sobre el gobernado esa prohibición absoluta de realizar cierta actividad, pero ello no significa desconocer la facultad que tiene de regular su ejercicio dentro de los límites que establezca una ley, porque la reserva legal de orden formal se refiere a la sustancia del derecho, no a las condiciones concretas de su ejercicio, pues la definición de estas últimas corresponde a una regulación concreta y pormenorizada de cada una de las ramas de la actividad, sea comercial, industrial o profesional, de acuerdo con las particularidades del lugar y tiempo y con las exigencias impuestas por la necesidad de conciliarla con otros principios de derecho. La garantía radica en asegurar que el legislador defina el contenido básico de libertad, mas no en impedir que la autoridad administrativa regule su ejercicio, siempre y cuando apoye su potestad reglamentaria en una ley, de acuerdo con el artículo 89, fracción I, constitucional, y sus normas no afecten el contenido esencial del derecho, no desnaturalicen su substancia, ni tampoco disfracen, bajo la apariencia de un requisito, una auténtica prohibición de su ejercicio". En otra parte de sus conceptos de violación, argumenta la quejosa que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo, prohíbe expresamente los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos, y que con ello acredita su postura en relación a que en Michoacán y en todo el territorio nacional, las prácticas comerciales lícitas y debidamente avaladas por hacienda, como resulta al caso "INDRIVER", pueden operar libremente y sin limitaciones, por lo que la autoridad responsable está desacatando el dispositivo constitucional citado, al pretender monopolizar el servicio de transporte. Concepto de violación que también es infundado. Lo anterior, porque la quejosa basa su argumento consistente en que la responsable no está acatando el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que por ende pretende monopolizar el servicio de transporte, en el hecho que las prácticas comerciales lícitas y debidamente avaladas por hacienda, como resulta al caso "INDRIVER", pueden operar libremente y sin limitaciones; y, como se adujo en párrafos anteriores, la libertad de trabajo no es ilimitada, por lo que el legislador puede y debe regularlas. Por tanto, el hecho de que se hubiere impuesto la multa por no contar concesión, no implica que pretenda monopolizar el servicio de transporte, sino únicamente regularlo. En las condiciones apuntadas, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución consistentes en la retención del vehículo automotor de su propiedad, marca HYUNDAI, modelo 2020, tipo AUTOMOVIL/SEDAN, con número de identificación vehicular 3KPC24B57LE089231, con número de placas PGM801A del Estado de Michoacán; así como los pagos de arrastre y pensión, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cindy Karen Tellez Rosas, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso quinto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído de 23 de octubre de dos mil veinte Lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con veinte minutos del siete de octubre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 288/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que únicamente aportó pruebas documentales la parte quejosa. El juez provee: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen como probanzas de la parte quejosa las documentales señaladas con anterioridad. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán; y, 2. Inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. Autoridades con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La declaración de la nulidad lisa y llana derivado de la ilegal multa dolosa y excesiva impuesta, misma que se encuentra amparada en la boleta de infracción, derivada de la detención infundada del vehículo particular de la marca HYUNDAI, modelo 2020, tipo AUTOMOVIL/ SEDAN, con número de identificación vehicular 3KPC24B57LE089231, número de placas PGM801A pertenecientes al estado de Michoacán, color azul. Segunda. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes previos manifestaron que es cierto el acto que se les reclama. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados únicamente en relación con sus consecuencias jurídicas, por lo que este Juzgado de Distrito se pronunciará únicamente respecto de éstas. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 182529, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Por tanto, en relación con la procedencia de la medida cautelar, el artículo 128 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Además de los requisitos señalados en el precepto que antecede, en diversos criterios emitidos por los tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación, se han establecido los siguientes criterios de procedencia para decretar la suspensión de los actos reclamados, en el orden que enseguida se citan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva se requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera); 4. La parte quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la jurisprudencia por reiteración XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007358, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Por otro lado, cabe destacar, que si bien es cierto no se ha establecido un criterio que defina concluyentemente lo que debe entenderse por interés social, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido razonablemente que en términos generales, es aquél que de concederse la suspensión, se privaría a la colectividad de un beneficio que las leyes le otorgan. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, Séptima Época, registro: 805484, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." Del criterio precedente, se advierte que interés social es todo aquello que tienda a la protección del derecho subjetivo que la normatividad positiva (llámese ley constitucional o secundaria) otorga a la comunidad social como tal, siempre y cuando se contraponga con el derecho subjetivo de cada uno de los miembros en particular. No pasa desapercibido que el interés social se encuentra estrechamente vinculado al concepto de orden público, no obstante que resulte difícil su definición; así, el interés social es aquél que existe cuando, debido a la existencia y realización de algún acto, omisión u hecho, la sociedad, considerada como la comunidad de personas que integran una población determinada puede obtener un provecho o una ventaja previstos en la ley, ya sea mediante la satisfacción de una necesidad colectiva, o el rechazo de cualquier trastorno que resulte en un mal público, todo ello con el propósito de alcanzar el bienestar común. De ahí que, al valorarse cada caso en concreto, se debe ponderar en qué forma se logra el respeto al orden público y al interés social, lo que llevará a concluir si se debe o no conceder la medida cautelar, pues si bien, existen leyes que otorgan beneficios a la colectividad, de los que no debe privársele, por encima de esas leyes está la Constitución y es entonces cuando debe considerarse que el interés social y el orden público no se salvaguardan sólo con el respeto a las leyes, sino fundamentalmente, con la tutela de los derechos humanos, ya que la sociedad también se encuentra interesada en que no queden irremediablemente consumadas las violaciones a esos derechos. Por tanto, se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública. Por otra parte, se contravienen disposiciones de orden público al conceder la suspensión cundo dichas disposiciones tutelen auténticamente los derechos de la colectividad, tiendan a evitar un mal público o busquen satisfacer una necesidad pública, siempre que la suspensión afecte a ese orden público y, en su caso, se deben examinar los diversos grados de afectación que se causen al interés social y al orden público, así como los daños y perjuicios que pude sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis consultable en la página 185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, volumen 72, Sexta Parte, registro: 254979, de título: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN." Así como la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial del Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados del Primer Circuito, volumen 72, Sexta Parte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro: 254980, de rubro: "SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL." Establecido lo anterior, al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, en relación con sus consecuencias jurídicas en torno a la devolución del vehículo del que fue detenido como garantía de la multa contenida en la infracción reclamada, procede realizar el siguiente análisis: En relación con la ponderación entre la apariencia del buen derecho, el interés social de la norma y la contravención de disposiciones de orden público, se considera que en el caso, la concesión de la medida cautelar no ocasiona perjuicio al interés social dado que con su otorgamiento no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, tampoco se evidencia una afectación al interés social, ya que los actos reclamados únicamente se relacionan con la detención del vehículo propiedad de la parte quejosa en garantía del pago de la infracción impuesta, sin que hasta este momento se aprecie, al menos de forma indiciaria, un posible perjuicio a la sociedad. Por tanto, en uso de la atribución conferida al juzgador de amparo para que realice un asomo provisional a la constitucionalidad del acto -apariencia del buen derecho- y a efecto de evitar que se siga ejecutando la desposesión del vehículo propiedad de la parte quejosa, se determina lo siguiente: Atento lo anterior, sin prejuzgar respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 138, 139 y 147, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina conceder la suspensión definitiva para el efecto de que le sea devuelto el vehículo color azul, con número de serie HMU000004779, de la marca Hyundai, tipo ACCENT 4 puertas GL MID manual, modelo 2020, clase automóvil, con placa vehicular número PGM801A, perteneciente al Estado de Michoacán. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.XI. J/7 A (10a), emitida por los Plenos de Circuito, visible en la página 2123, del Tomo III, Mayo de 2019, Libro 66, materia común, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número de Registro 2019895, Décima Época de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. SI SE RETIENE AL QUEJOSO EL VEHÍCULO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SIN LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, PROCEDE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR PARA QUE LE SEA DEVUELTO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE OTRA GARANTÍA SUFICIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 147 de la Ley de Amparo, se determina que si se impone al quejoso una multa por prestar el servicio público de transporte sin autorización y que el pago de ésta se garantiza con el propio vehículo, debe concederse la suspensión para el efecto de que se le restablezca provisionalmente en el goce del derecho violado y a que le sea devuelto mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, sin que esto implique una aprobación para que continúe con la prestación del servicio de transporte sin la autorización respectiva, toda vez que con la concesión de la medida cautelar no se ocasiona perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, si se considera que la colectividad no se ve privada de un beneficio legal, ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, en atención a la facultad prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo y a la apariencia del buen derecho, en relación con los preceptos 58 y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, deben dictarse las medidas necesarias para que el monto de la multa citada pueda respaldarse mediante el otorgamiento de otra garantía suficiente para responder de aquélla, pues así se conserva la materia de la controversia y se evita que el quejoso sufra afectaciones en su esfera jurídica, en tanto se resuelve el fondo del amparo." La medida cautelar concedida surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no garantiza el importe de la multa impuesta por la autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo. Ello en virtud de que la parte quejosa acredita su interés jurídico con la copia cotejada de la factura emitida por Korean Automotriz, S.A. DE C.V., y de la tarjeta de circulación que adjuntó a su demanda de amparo, documentales que de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello al momento de la celebración de la audiencia incidental. Sin que la concesión de la medida cautelar solicitada, respecto de los actos reclamados implique que se le permita a la parte quejosa prestar el servicio de transporte público o se le exima de que se le puedan imponer diversas multas o sanciones derivadas de tal actuación, ya que no acredita que cuente con la autorización respectiva para tal efecto. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia IV.1o.A. J/26 (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente a la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2014532, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA OPERAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS, SI PREVIAMENTE NO SE HA OTORGADO EL DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA PREVIA Y SIN EL DESAHOGO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Este Tribunal, en la tesis IV.1o.A.4 A (10a.), de rubro "LESIVIDAD. LA EXPEDICIÓN DE PLACAS, TARJETAS DE CIRCULACIÓN Y RECIBOS DE PAGO A UN PARTICULAR, PRESUPONE LA OBTENCIÓN LEGAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 2064; sostuvo medularmente que en tratándose de los vehículos dedicados al servicio público de taxis, la expedición de placas, tarjetas de circulación y recibos de pago a un particular, presupone la existencia de la concesión como origen de dichos actos administrativos y la obtención legal de los títulos en términos del artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León; además, que en el juicio de lesividad instado por la autoridad para revocar dichas concesiones; no correspondía al particular acreditar la acción dolosa en perjuicio del Estado, sino a éste por ser quien planteó esa afirmación; por tanto, se estableció que la expedición de placas obliga a la autoridad administrativa a continuar reconociendo la tramitación y obtención legal de los títulos que las amparan. En ese tenor, contra la determinación de la autoridad estatal de cancelar los títulos de concesión para operar el servicio público de taxis, sin otorgar el Derecho Humano de audiencia previa y sin el desahogo de un procedimiento previo, en un asomo preliminar de constitucionalidad en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, es procedente conceder la suspensión con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues en un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, se estima que es mayor la afectación que podría resentir la quejosa con la negativa de la suspensión que la que pudiere resentir la sociedad, pues se le privaría de la posibilidad de seguir prestando la actividad lícita que le proporciona un ingreso para su subsistencia, mientras que la sociedad no resentiría perjuicio alguno con la concesión de la medida, toda vez que al haber acreditado el quejoso contar con una concesión, presupone el cumplimiento previo de los requisitos legales para prestar el servicio público de transporte en su modalidad de taxi; además de que, la propia sociedad está interesada en que se respeten los derechos fundamentales de los quejosos y se sigan los procedimientos, cumpliendo oportunamente con las reglas del debido proceso." Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve: Primero. Se concede a Cindy Karen Téllez Rosas, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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