Chrystopher Jhonatan o Christopher Jhonatan Alaman Lule

Expediente 986/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
986/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/12/2018

Partes del expediente

  • Chrystopher Jhonatan o Christopher Jhonatan Alaman Lule

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que remite la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele devolviendo diligenciado el exhorto número 539/2018 del índice de este juzgado, que se le envió para notificar al quejoso ****************, el proveído de veintiséis de noviembre del año en curso. Dese de baja la citada comunicación, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y acúsese recibo. En ese sentido, vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término concedido al quejoso *************, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de noviembre pasado, y se ordena realizar las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que puedan hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato; mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado, por el que se le remitió la demanda de amparo presentada por **********, e informa que se avocó al conocimiento de la citada demanda. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuaderno, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ********** o **********, por su propio derecho, contra actos del Juez primero Penal de Partido de esta localidad y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 986/2018-II. En ese sentido, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Ahora bien, cabe destacar que en el caso concreto el quejoso reclama: - Las ordenes de aprehensión, detención, presentación o arresto dictadas en su contra y su ejecución. Señala como autoridades responsables a las siguientes: Jueces Penales de Partido del Primero al Cuarto; Juez Único Menor Mixto Penal; Salas de los Juzgados de Oralidad Penal Primera, Segunda y Tercera; Agentes del Ministerio Público Investigadores del I al XXV; Agente del Ministerio Público concentradora de las Averiguaciones Previas del llamado sistema tradicional; Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, todos con residencia en esta ciudad. Juez Menor Mixto; Sala Única del Juzgado de Oralidad Penal; Agentes del Ministerio Público Investigadores I y II; Agente del Ministerio Público concentradora de las Averiguaciones Previas del llamado sistema tradicional; Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, estos con residencia en Salvatierra, Guanajuato. En ese orden, de los antecedentes del escrito de demanda se advierte que el quejoso manifiesta que se encuentra interno en el Centro de Reclusión Estatal Preventivo de Valle de Santiago, Guanajuato, también conocido como CERESO MIL; atendiendo a ello, el Juez de Distrito que le corresponde conocer de la presente demanda es al Juzgado de Distrito en turno de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. Lo anterior es así, en virtud de que el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, donde se encuentra recluido el aquí quejoso, ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo de la fracción XVI del punto cuarto del aludido Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito,; por lo que, es evidente que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********** o **********, toda vez que los mandatos de captura que reclamada tendrán ejecución fuera de la jurisdicción que ejerce este tribunal. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia, por lo que se declina la competencia al Juez de Distrito en turno de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, para los efectos del numeral 37 de la Ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir a la autoridad aludida el expediente original 986/2018-II, para lo que a bien tenga ordenar, con la copia de demanda respectiva. Solicitarle informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso señaló los estrados de este Juzgado para oír notificaciones y que se encuentra recluido en el CERESO MIL de Valle de Santiago, Guanajuato, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), así como en los arábigos 298, 300 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la parte quejosa; asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación ordenada, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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