Cirilo Cruz Aguilar
Expediente 892/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cirilo Cruz Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tienen aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexo recibido vía fax por el Director General en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua con sede en Guadalajara, Jalisco, mediante el cual rinde su informe justificado; toda vez que el treinta de noviembre pasado, se dictó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio y anexo remite el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintiuno de noviembre del año en curso, remite copia certificada de la resolución contenida en el oficio ******************** de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, así como de la notificación realizada a la parte quejosa. Ahora bien, de las referidas constancias a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: La parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión en dar respuesta en definitiva al recurso de revisión presentado el ocho de noviembre de dos mil seis, en contra del oficio ********************de fecha ********************, en el que se emitió resolución negativa a la solicitud de nueva concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo. Luego, de acuerdo con las constancias que remitió el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, se desprende: Que el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, la responsable emitió el oficio ********************el cual contiene la resolución mediante la que resolvió el recurso de revisión presentado el ocho de noviembre de dos mil seis, en contra de la determinación emitida mediante oficio ********************de fecha ********************, en la que se negó la solicitud de nueva concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo. Que el quince de noviembre de dos mil diecisiete, le fue notificada a la parte quejosa, el referido oficio******************** Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable resolvió el recurso de revisión incoado por la quejosa y se le notificó a ésta, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión de la determinación contenida en el oficio ********************de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, y su notificación a la quejosa, cesó la omisión que reclamaba, dado que desaparecieron los efectos de la falta de emisión de la resolución que dirimiera el medio de impugnación hecho valer. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio y anexo remite el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintiuno de noviembre del año en curso, remite copia certificada de la resolución contenida en el oficio ******************** de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, así como de la notificación realizada a la parte quejosa. Ahora bien, de las referidas constancias a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: La parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión en dar respuesta en definitiva al recurso de revisión presentado el ocho de noviembre de dos mil seis, en contra del oficio ********************de fecha ********************, en el que se emitió resolución negativa a la solicitud de nueva concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo. Luego, de acuerdo con las constancias que remitió el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, se desprende: Que el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, la responsable emitió el oficio ********************el cual contiene la resolución mediante la que resolvió el recurso de revisión presentado el ocho de noviembre de dos mil seis, en contra de la determinación emitida mediante oficio ********************de fecha ********************, en la que se negó la solicitud de nueva concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo. Que el quince de noviembre de dos mil diecisiete, le fue notificada a la parte quejosa, el referido oficio******************** Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable resolvió el recurso de revisión incoado por la quejosa y se le notificó a ésta, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión de la determinación contenida en el oficio ********************de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, y su notificación a la quejosa, cesó la omisión que reclamaba, dado que desaparecieron los efectos de la falta de emisión de la resolución que dirimiera el medio de impugnación hecho valer. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
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