Christian Santiago Ojeda González
Expediente 954/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Director General del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato
- Christian Santiago Ojeda González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede así como el estado de autos, se advierte que el proveído de tres de enero de dos mil diecinueve, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 -fracción II- del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la totalidad de las constancias de notificación del proveído en cita de las autoridades responsables, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión dado el sobreseimiento decretado. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Únicamente agréguese en autos, para que obre como corresponda el oficio que remite el Director General del Sistema Penitenciario en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual manifiesta que mediante comunicado SSP/SS/DGSP/0014840-18 de diecisiete de diciembre pasado, rindió su informe justificado, toda vez que el veinte del citado mes y año, se tuvo por recibido y se acordó lo conducente.
- Principal
Visto el estado de autos y las constancias que a su informe justificado adjuntó la autoridad responsable Director del Centro Estatal de Prevención Social, con sede en esta ciudad; el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por identidad jurídica sustancial, resulta aplicable al caso la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que estatuye que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción II, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto; aserto que se corrobora con el contenido de la jurisprudencia VI. 2o.J/205 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y ocho, tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene reseñar los antecedentes del acto reclamado que son los siguientes: En el Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región sede Celaya, dentro de la causa penal 1P0617-302 se instruyó proceso al ahora quejoso Christian *****, por los delitos de homicidio y homicidio calificado en grado de tentativa. Con motivo de la tramitación del aludido juicio, el aquí quejoso quedó recluido en el Centro de Readaptación Social de Celaya. El once de noviembre de dos mil dieciocho a las diez horas, se reunieron los integrantes del Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, levantándose al efecto el acta ordinaria número 57/2018, en la que se trató como punto segundo de la orden del día la solicitud de reubicación de personas privadas de su libertad por sentencia ejecutoriada, entre ellas el aquí quejoso Christian *****, para compurgar su pena privativa de libertad en un centro de reinserción social con infraestructura física y material para poder albergarlos, ya que ese centro de reclusión fue concebido únicamente para alojar personas privadas de su libertad sujetas a prisión preventiva. Luego de exponer los antecedentes, motivos y fundamentos correspondientes, el citado Comité resolvió solicitar a la Dirección General del Sistema Penitenciario en el Estado, previo acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, su anuencia para la reubicación de diversas personas para compurgar su pena privativa de libertad, entre ellas *****, a un Centro Estatal de Reinserción Social dentro del Estado donde se pudiera implementar un régimen de reinserción social y se diera inicio a un tratamiento individualizado con la implementación de un plan de actividades. Por oficio SSP/SS/DGSP/00013009-18, el Director de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social, por instrucción del Director General del Sistema Penitenciario, informó al Director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad que se autorizó el traslado solicitado. Con motivo de lo narrado en el inciso c) que antecede, en auto de veintisiete de noviembre pasado, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra del Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad, que fue la autoridad que solicitó a la Dirección General del Sistema Penitenciario en el Estado, con residencia en la Guanajuato, capital, su traslado a diverso Centro Estatal de Reinserción Social dentro del Estado para compurgar su pena privativa de libertad. Al no haber hecho manifestación alguna, el veinticinco de diciembre pasado se hizo efectivo el apercibimiento efectuado a la parte quejosa y como consecuencia, se ordenó continuar la secuela procesal teniendo como autoridades responsables únicamente a las que señaló en su escrito inicial de demanda. En esa tesitura, como el traslado del Centro de Prevención Social de esta ciudad, al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social en Valle de Santiago, Guanajuato, -lo que constituye el acto reclamado-, deriva de la solicitud hecha por el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad, a este le resulta el carácter de autoridad responsable, sin que haya sido señalado con tal carácter. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto al acto que se tacha de inconstitucional; pues ante la omisión del quejoso en señalar como autoridad responsable al Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad, por ser quien solicitó a la Dirección General del Sistema Penitenciario su traslado, a diverso Centro Estatal de Reinserción Social dentro del Estado, lo que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional; este juzgado no puede resolver sobre la constitucionalidad o no del mismo. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquélla que intervino en su orden, esto es, al Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, éste no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". Por tanto, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por identidad jurídica sustancial, se invoca la tesis 2a.CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DAR LE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Al respecto, se invoca también la jurisprudencia 2a./J. 112/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93 del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.". Paralelamente la jurisprudencia VI. 3o.J/44, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 67de l tomo 74, Febrero de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguense en autos los pedimentos signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; atento a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos ministeriales, mismos que podrán ser tomados en cuenta al resolver en definitiva. Ahora bien, respecto a la expedición de copias simples de la resolución que se dicte en el presente juicio, dígasele que una vez que ello acontezca y previa insistencia de su parte, se acordara lo conducente. Finalmente, glósese en autos el oficio remitido por el Director General del Sistema Penitenciario en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, en torno a su contenido, dígasele a la citada autoridad, que mediante proveído de veinte de los actuales se le tuvo rindiendo su respectivo informe justificado.
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