Christian Raul Marin Morales

Expediente 565/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
565/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Christian Raul Marin Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Requerimiento cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, ha sido omisa en cumplir el requerimiento formulado en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, no obstante encontrarse legalmente notificada para hacerlo. En consecuencia, requiérase nuevamente a la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el estado procesal del exhorto girado a su homólogo en la Ciudad de México. En el entendido que deberá ordenar todas las medidas de carácter urgente necesarias, para lograr el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de abril de dos mil veintidós. Colegiado declara firme auto. Agréguese a los autos el oficio del Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de once del mes y año en curso, dictado en el recurso de revisión 659/2021, del índice del tribunal de alzada, del que se advierte que el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que desechó el recurso de revisión interpuesto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, fue declarado firme. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado resuelve recurso de revisión. La Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remite el expediente original del juicio de amparo 1233/2021-VII, así como el testimonio de la ejecutoria del siete de abril de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 571/2021 de su índice, que en sus puntos resolutivos establece: *** Acúsese de recibo al Tribunal oficiante respecto del expediente original del juicio de amparo 1233/2021-VII, así como el testimonio de la ejecutoria del siete de abril de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 571/2021 de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es procedente requerir el cumplimiento. Efectos de la concesión. Es necesario recalcar, que el presente juicio el amparo se concedió para que la autoridad responsable: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la quejosa Ruby del Carmen Rosado Loria, es decir, integre el expediente T-JM-392/2019, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerirla para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente. Además, para el caso de ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la Patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de cinco días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere: [1] A la Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en su calidad de superior jerárquico del Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla; y, [2] Al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, en su calidad de superior jerárquico de la Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Para que las requieran a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que acrediten el requerimiento realizado a sus subordinados, es decir, a las autoridades señaladas como responsables, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibimientos. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y vía electrónica a la autoridad responsable.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 04 DE ABRIL DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de diez de enero de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN Tomando en cuenta lo fundado de los conceptos de violación del quejoso, estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 178/2018 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; y siendo que entre el quejoso y los restante demandados en el procedimiento de origen -Bernardino Gálvez Jiménez, Viviana Bustamante Remedios, Alberto Rosas Hernández y Andrés Aguilar Gálvez- se actualiza tal institución porque se trata de un juicio de ejecutivo mercantil; existen el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza a los codemandados pero con una modalidad distinta al quejoso." Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto y se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. En razón de lo anterior, por oficio 699 de dos de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable informó que dejó sin efectos las actuaciones del juicio de origen a partir de la diligencia de emplazamiento practicada al aquí quejoso, y ordenó turnar los autos al Diligenciario de su adscripción a fin de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con la manifestación ante referida, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haber tomado las medidas necesarias en el juicio natural 178/2018, para que se dejara insubsistente todo lo actuado en el referido juicio ejecutivo mercantil, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige, por lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

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