Christian Orrego Montalvo

Expediente 160/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
160/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • Instituto Mexicano del Seguro Social
  • Christian Orrego Montalvo

Actuaciones

  1. Principal

    Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la Presidenta de la Junta Especial número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Puebla, la copia certificada del expediente laboral 32/2005; lo que remitió en cumplimiento a lo requerido en autos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. ? Desahoga prevención. Agréguese el escrito signado por **********************, mediante el cual intenta dar cumplimiento a la prevención realizada por auto de quince del mes y año en curso.. ? Desecha demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. En este contexto, cabe señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: 1. El auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 32/2005, del índice de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 2. La notificación del auto mencionado en el párrafo inmediato anterior. 3. La omisión de generar oficio a la Tesorería de la Federación a fin de logar la ejecución de laudo dictado en el expediente laboral de origen. ? Definitividad Este órgano jurisdiccional, advierte que de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la disposición normativa transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, contra actos respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior, pues el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017117, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes. ... Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. ... ? Notificación reclamada. En este contexto, en relación con el acto reclamado consistente en la notificación del auto dictado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 32/2005, del índice de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, los artículos 735, 752 y 762, fracción I, a 764 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles. Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. De los citados preceptos normativos, se desprende la posibilidad de impugnar la notificación cuando alguna de las partes en un procedimiento considere que fue realizada en una forma distinta a la prevista en la ley, a través del incidente de nulidad, que se promueva ante la Junta, sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. En este contexto, por medio del juicio de amparo la parte quejosa reclama la notificación del auto dictado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 32/2005, del índice de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. De ahí que, es incuestionable que la referida quejosa estaba en condiciones de impugnar la referida notificación a través del incidente de nulidad de notificaciones, que se prevé en los artículos 735, 752 y 762 a 764 de la Ley Federal del Trabajo, pues a través de ese medio de defensa ordinario se puede controvertir la notificación en comento. Se afirma lo anterior, dado que el incidente tiene como finalidad dejar sin efectos lo actuado a partir de la indebida notificación, esto es, las actuaciones efectuadas después de emitida la resolución, a fin de que se practique de nueva cuenta la comunicación judicial conforme a derecho, por ende, debe agotarse dicho incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo. Tiene aplicación a lo expuesto, por su idea jurídica, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ... ? Auto reclamado. Ahora bien, por cuanto hace al acuerdo dictado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho en el expediente laboral 32/2005, del índice de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la parte quejosa debió agotar el recurso de revisión antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así pues el auto antes mencionado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revisión previsto en los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo que dicen: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." Del artículo invocado se puede advertir que el recurso de revisión procede en contra de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, así como de los convenios y de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencia precautoria. También se prevé, en lo que interesa, que la Junta Especial como órgano colegiado, conocerá del recurso interpuesto contra los actos del Presidente, en tanto que, será este último quien conozca de los recursos interpuestos contra los actos del Actuario. En el caso, el acuerdo reclamado fue emitido por el Auxiliar de Trámite de la Junta responsable y acuerda sobre la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, de lo que se sigue que dicho acto se encuentra inmerso dentro del procedimiento de ejecución y, por ende, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que al no hacerlo, el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 95/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido que aun cuando el quejoso haya señalado por error a la Junta y no al Presidente de aquella, esto resulta irrelevante, lo anterior de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere que si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio. Tampoco pasa inadvertido que fue emitido por el Auxiliar de trámite, pues de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Presidente o el Auxiliar dicten las resoluciones que procedan durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, si no está presente ninguno de los representantes, lo que hace concluir que el auto de admisión y radicación, por ser un acuerdo de mero trámite, para que goce de plena validez, no requiere necesariamente estar firmado por todos los integrantes de la Junta, sino que basta que lo esté por el Presidente o el Auxiliar de la misma . En consecuencia, dado que el quejoso no agotó el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, contra el acuerdo del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, también se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII, por lo que se imponer sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. ? Omisión de girar oficio. Finalmente por cuanto hace a la omisión del Presidente Ejecutor de girar un oficio dirigido a la Tesorería de la Federación, debe precisarse que el desechamiento del auto es extensivo, pues dicha omisión deriva directamente a la negativa establecida precisamente en el auto reclamado, atento a lo cual no se ha girado la comunicación que solicita el quejoso. Es decir, no existe como tal una omisión por parte del Presidente Ejecutor responsable pues en el auto que se reclama se establece precisamente las consideraciones por las cuales dicho acto no puede realizarse. Resulta aplicable, por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE. Si bien es cierto que como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.", cuando se trate de omisiones, la oportunidad para impugnarlas a través de la controversia constitucional se actualiza día a día, mientras aquéllas subsistan, también lo es que tal criterio no es aplicable cuando se impugnan las consecuencias directas de un acto positivo que no se controvirtió oportunamente, como es la falta de remisión al Congreso del Estado de Jalisco del dictamen técnico y del expediente de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia local tres meses antes de que concluyera su nombramiento para determinar lo relativo a su ratificación, a la que por ser una consecuencia necesaria del acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el que determinó que el indicado juzgador es inamovible por haber sido ratificado con anterioridad, no se le puede atribuir el carácter de omisión para los efectos de la controversia, por lo que el plazo para controvertir la aludida falta de remisión es el mismo que rige para la impugnación del acuerdo del que deriva, sin que sea válido sujetarlo a la regla prevista en la jurisprudencia mencionada." Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es desecharla de plano. Notifíquese personalmente.

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