Christian Raul Marin Morales
Expediente 1873/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 43 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1873/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 06/09/2023
Partes del expediente
- Christian Raul Marin Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para las partes legitimadas para ello, el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo en contra del proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Tomos de pruebas. A fin de economizar espacio en este Juzgado, procédase a la devolver al juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla los legajos de pruebas remitidos a este juzgado federal, sin que sea necesario acuse de recibo, dado que el oficio por el cual se le notifica el presente proveído hace las veces de este. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el presente juicio de amparo en cuanto al acto reclamado se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Corrobora lo anterior la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Sentado lo anterior se advierte que el quejoso esencialmente reclama el siguiente acto: La resolución del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 470/2021, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la que se declaró infundado el recurso de reclamación que promovió en contra del auto del once de agosto de ese año, en el que, en atención a su solicitud formulada en escrito presentado el dos de ese mes y año, se determinó que una vez que se contara con los estudios socioeconómicos de todas las partes, se acordaría lo procedente en cuanto a su petición de decretar una pensión alimenticia provisional a favor de los menores M.C.M.O., I.M.O. y C.R.M.O. En ese sentido, tal como se precisó, en cuanto a dicho acto de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. Al respecto, puede verse el contenido de la tesis 2a. XLVIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso. En consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir su objeto o materia. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Sentado lo anterior, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia señalada, se estima conveniente realizar una breve relatoría de lo sucedido en el juicio de origen, al tenor siguiente: El ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el quejoso Christian Raúl Marín Morales y la tercera interesada Paola Cristina Ortiz Bonilla, promovieron juicio de divorcio incausado y exhibieron una propuesta de convenio, el cual se radicó en el expediente 1855/2016, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; convenio que fue ratificado mediante diligencia del once de enero de dos mil diecisiete, y en resolución emitida en esta última fecha, se aprobó y se elevó a categoría de cosa juzgada, la cual se declaró ejecutoriada en auto de treinta de enero posterior. En lo que interesa, se destaca que en la cláusula segunda del citado convenio se pactó que la custodia de los menores hijos quedaría a cargo del padre, y en los sub incisos 1.8 y 1.9 de dicha cláusula, se convino que la manutención de los niños estaría a cargo del padre custodio, y que la madre no custodia aportaría un porcentaje de sus ingresos para la manutención respectiva, una vez que contara con un empleo y obtuviera ingresos, quedando pendiente definir su importe hasta en tanto se actualizara dicho supuesto. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, el quejoso promovió incidente de incumplimiento de convenio, pues esencialmente sostuvo que la progenitora de sus hijos ya contaba con un empleo remunerado, pues se desempeñaba como Diligenciaria adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, sin que hubiera cubierto su obligación alimentaria, por lo que, además, solicitó de manera cautelar, que se fijara una pensión alimenticia provisional durante la tramitación del incidente. Para acreditar lo anterior, ofreció diversas pruebas entre las que destaca la documental consistente en el informe que rindiera el director de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a fin de acreditar los ingresos y la posibilidad económica de la demandada, así como una prueba pericial en materia de trabajo -social- a fin de acreditar el monto de las necesidades alimentarias de los niños involucrados. En auto de seis de noviembre de dos mil veinte, la Jueza del conocimiento admitió dicho procedimiento en la vía de apremio de ejecución de convenio y, por otra parte, admitió las pruebas ofrecidas por el actor incidentista, aunque respecto de la pericial, la admitió a fin de desahogarse en el domicilio de la demandada; finalmente, ordenó emplazar a Paola Cristina Ortiz Bonilla, pero sin pronunciarse sobre la pensión alimenticia provisional. Con motivo de la excusa que expuso la jueza primigenia, el veinte de abril de dos mil veintiuno el expediente se radicó con el número 470/2021, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, quien solo ordenó notificar a las partes sobre la radicación del asunto, y en el diverso auto de diecisiete de noviembre de ese año, se levantó la reserva decretada sobre el recurso de reclamación interpuesto por el incidentista quejoso contra el auto de seis de noviembre de dos mil veinte. La reclamación en cuestión se resolvió seis de enero de dos mil veintidós, en la que determinó modificar el acuerdo recurrido para el efecto de que se ordenara el emplazamiento de la demandada mediante exhorto; asimismo, se ordenó el desahogo de la prueba pericial en trabajo social a cargo de ambas partes, y se modificó el apercibimiento realizado a la demandada para el caso de no comparecer al desahogo de la prueba de declaración de partes. Así, el catorce de enero de dos mil veintidós, el quejoso manifestó que existía una omisión de proveer sobre su solicitud de pensión alimenticia provisional, por lo que solicitó que el Juez responsable se pronunciara sobre tal pretensión; por lo cual se emitió el acuerdo del veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el que se sostuvo que el promovente debía estarse al proveído del seis de enero de ese año, en el que se ordenó desahogar la prueba de trabajo social a efecto de estar en aptitud de fijar el monto de la pensión alimenticia provisional, conforme al principio de proporcionalidad, pero sobre todo, a fin de conocer las necesidades de los infantes involucrados. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de reclamación, el cual se resolvió el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se confirmó el auto recurrido. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintidós Christian Raúl Marín Morales comunicó que el veintitrés de mayo del año pasado ya se le había realizado el estudio socioeconómico ordenado, por lo que de nueva cuenta solicitó que se decretara una pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos. En atención a lo anterior se emitió el auto del once de agosto de dos mil veintidós, en el que el Juez responsable determinó que una vez que se contara con los estudios socioeconómicos de todas las partes, se acordaría lo procedente en cuanto a la pensión alimenticia provisional. Cabe destacar que por escrito presentado el doce de agosto siguiente el justiciable de nueva cuenta solicitó que se decretaran los alimentos provisionales y solicitó copia certificada del estudio socioeconómico que se le realizó; no obstante, por acuerdo del treinta y uno de ese mes y año, el Juez responsable tuvo por recibido el ocurso y se limitó turnar los autos a la Secretaría Impar de su adscripción, en virtud de que la diversa Secretaría Par conocía a la demandada. Inconforme con lo resuelto en el auto del once de agosto de dos mil veintidós el quejoso interpuso recurso de reclamación, el cual se resolvió veintitrés de septiembre siguiente, en la que se confirmó el proveído impugnado. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Finalmente, cabe destacar que en contra de la interlocutoria del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 771/2022-I, del índice de este Juzgado Federal, el cual se resolvió el once de abril de este año, en el sentido de otorgar la protección constitucional solicitada, y el cumplimiento al fallo amparador el Juez responsable emitió la resolución del cinco de junio de dos mil veintitrés en la que modificó el acuerdo impugnado y decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los menores involucrados conforme a los montos siguientes: Treinta por ciento del salario integrado que percibió la demandada en forma mensual a partir de su ingreso al Poder Judicial del Estado de Puebla, hasta el quince de enero de dos mil veintidós, fecha en la que renunció al puesto que desempeñaba, por lo que se dejaron a salvo los derechos del actor para promover la planilla de liquidación respectiva. A partir del dieciséis de enero de dos mil veintidós hasta el seis de marzo de dos mil veintitrés, un día y medio de salario mínimo vigente en la región, en forma diaria. A partir del seis de marzo del año en curso, con motivo del nuevo empleo que desempeñaba la demandada como Policía Estatal, se estableció como monto de la pensión el treinta por ciento de su salario y demás prestaciones que percibiera, por lo que se ordenó girar oficio a la dependencia respectiva para que se efectuara el descuento. Sentado lo anterior, se recuerda que el quejoso controvierte en el presente juicio de amparo la resolución detallada en el inciso 11), esto es, aquella dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de reclamación que promovió en contra del auto del once de agosto de ese año, en el que, en atención a su solicitud formulada en escrito presentado el dos de ese mes y año, se determinó que una vez que se contara con los estudios socioeconómicos de las partes, se acordaría lo procedente en cuanto a su petición de decretar una pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos. No obstante, de los antecedentes relatados se advierte que aun cuando subsiste dicha interlocutoria, toda vez que no existe determinación alguna que la haya dejado sin efectos, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia, por lo que sus consecuencias jurídicas ya no pueden impactar en la esfera del justiciable, lo que implica que no pueda afectarlo o lesionarlo. Se llega a esa conclusión, ya que el recurso de reclamación que promovió el quejoso a fin de impugnar el acuerdo del once de agosto de dos mil veintidós, tenía como objeto primordial revocar la decisión del Juez responsable de esperar a que se hiciera un estudio socioeconómico a la demandada para que se pudiera fijar una pensión provisional de alimentos a favor de sus menores hijos. No obstante, a raíz de la protección constitucional otorgada en el diverso juicio de amparo 771/2022-I, del índice de este Juzgado, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, emitió la resolución del cinco de junio de dos mil veintitrés en la que modificó el acuerdo del veintiuno de enero de dos mil veintidós y decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los menores involucrados. Con base en lo anterior, puede sostenerse que la resolución del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós que se controvierte ya no puede surtir sus efectos o materializar sus consecuencias jurídicas, toda vez que se reitera que con ella se buscaba revertir la decisión del Juez responsable de esperar a recabar un estudio socioeconómico de la demandada para estar en aptitud de decretar una pensión alimenticia provisional, pero dicha pensión ya se decretó en la resolución del cinco de junio del presente año En consecuencia, aun cuando subsiste la interlocutoria reclamada ha dejado de existir su materia u objeto, pues dado que actualmente ya se estableció una pensión alimenticia provisional a favor de los menores quejosos sus efectos no se han concretado ni se concretarán, por la modificación de la situación que ahora impera en el expediente 470/2021, que no deja huella alguna en la esfera de la parte justiciable, de ahí que se considere actualizada la causa de improcedencia en estudio. Por lo anterior, existe una imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte promovente, dado que la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver cuestión de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 981, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010501, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." No obstante lo anterior, cabe destacar que no pasa inadvertido que el quejoso haga manifestaciones en sus conceptos de violación respecto a que no se acordó su solicitud de expedición de copias certificadas del estudio socioeconómico que se le realizó en el juicio natural; sin embargo, eso no fue materia del recurso de reclamación que resolvió la interlocutoria reclamada, por lo que no es una situación que impida la actualización de la causa de improcedencia estudiada. Lo anterior ya que en la aludida reclamación se impugnó el auto del once de agosto de dos mil veintidós, en el que no se acordó favorablemente lo peticionado por el justiciable en su escrito presentado el dos del mismo año, en el que únicamente solicitó que en virtud de que ya se le había realizado el estudio socioeconómico ordenado en el juicio natural, ya se debía decretar una pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos, sin que se hiciera ninguna solicitud de expedición de copias certificadas. Además, se aprecia que las aludidas copias fueron solicitadas por el quejoso en su diverso escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintidós, el cual se tuvo por recibido en auto del treinta y uno de ese mes y año, en donde el Juez responsable se limitó turnar los autos a la Secretaría Impar de su adscripción, en virtud de que la diversa Secretaría Par conocía a la demandada. En consecuencia, es evidente que en el recurso de reclamación que resolvió la interlocutoria reclamada no fue materia ningún tema relacionado con la expedición de las copias certificadas que alude el quejoso, pues se insiste que el escrito en el que las solicitó no se proveyó en el auto del once de agosto de del año pasado, por lo que no es un factor que impacte en la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Por todo lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional respecto del acto reclamado en esta vía, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada legislación. En las relatadas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 15 DE AGOSTO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el presente juicio de amparo en cuanto al acto reclamado se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Corrobora lo anterior la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Sentado lo anterior se advierte que el quejoso esencialmente reclama el siguiente acto: La resolución del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 470/2021, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la que se declaró infundado el recurso de reclamación que promovió en contra del auto del once de agosto de ese año, en el que, en atención a su solicitud formulada en escrito presentado el dos de ese mes y año, se determinó que una vez que se contara con los estudios socioeconómicos de todas las partes, se acordaría lo procedente en cuanto a su petición de decretar una pensión alimenticia provisional a favor de los menores M.C.M.O., I.M.O. y C.R.M.O. En ese sentido, tal como se precisó, en cuanto a dicho acto de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. Al respecto, puede verse el contenido de la tesis 2a. XLVIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso. En consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir su objeto o materia. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Sentado lo anterior, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia señalada, se estima conveniente realizar una breve relatoría de lo sucedido en el juicio de origen, al tenor siguiente: El ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el quejoso *** y la tercera interesada ***, promovieron juicio de divorcio incausado y exhibieron una propuesta de convenio, el cual se radicó en el expediente 1855/2016, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; convenio que fue ratificado mediante diligencia del once de enero de dos mil diecisiete, y en resolución emitida en esta última fecha, se aprobó y se elevó a categoría de cosa juzgada, la cual se declaró ejecutoriada en auto de treinta de enero posterior. En lo que interesa, se destaca que en la cláusula segunda del citado convenio se pactó que la custodia de los menores hijos quedaría a cargo del padre, y en los sub incisos 1.8 y 1.9 de dicha cláusula, se convino que la manutención de los niños estaría a cargo del padre custodio, y que la madre no custodia aportaría un porcentaje de sus ingresos para la manutención respectiva, una vez que contara con un empleo y obtuviera ingresos, quedando pendiente definir su importe hasta en tanto se actualizara dicho supuesto. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, el quejoso promovió incidente de incumplimiento de convenio, pues esencialmente sostuvo que la progenitora de sus hijos ya contaba con un empleo remunerado, pues se desempeñaba como Diligenciaria adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, sin que hubiera cubierto su obligación alimentaria, por lo que, además, solicitó de manera cautelar, que se fijara una pensión alimenticia provisional durante la tramitación del incidente. Para acreditar lo anterior, ofreció diversas pruebas entre las que destaca la documental consistente en el informe que rindiera el director de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a fin de acreditar los ingresos y la posibilidad económica de la demandada, así como una prueba pericial en materia de trabajo -social- a fin de acreditar el monto de las necesidades alimentarias de los niños involucrados. En auto de seis de noviembre de dos mil veinte, la Jueza del conocimiento admitió dicho procedimiento en la vía de apremio de ejecución de convenio y, por otra parte, admitió las pruebas ofrecidas por el actor incidentista, aunque respecto de la pericial, la admitió a fin de desahogarse en el domicilio de la demandada; finalmente, ordenó emplazar a ***, pero sin pronunciarse sobre la pensión alimenticia provisional. Con motivo de la excusa que expuso la jueza primigenia, el veinte de abril de dos mil veintiuno el expediente se radicó con el número 470/2021, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, quien solo ordenó notificar a las partes sobre la radicación del asunto, y en el diverso auto de diecisiete de noviembre de ese año, se levantó la reserva decretada sobre el recurso de reclamación interpuesto por el incidentista quejoso contra el auto de seis de noviembre de dos mil veinte. La reclamación en cuestión se resolvió seis de enero de dos mil veintidós, en la que determinó modificar el acuerdo recurrido para el efecto de que se ordenara el emplazamiento de la demandada mediante exhorto; asimismo, se ordenó el desahogo de la prueba pericial en trabajo social a cargo de ambas partes, y se modificó el apercibimiento realizado a la demandada para el caso de no comparecer al desahogo de la prueba de declaración de partes. Así, el catorce de enero de dos mil veintidós, el quejoso manifestó que existía una omisión de proveer sobre su solicitud de pensión alimenticia provisional, por lo que solicitó que el Juez responsable se pronunciara sobre tal pretensión; por lo cual se emitió el acuerdo del veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el que se sostuvo que el promovente debía estarse al proveído del seis de enero de ese año, en el que se ordenó desahogar la prueba de trabajo social a efecto de estar en aptitud de fijar el monto de la pensión alimenticia provisional, conforme al principio de proporcionalidad, pero sobre todo, a fin de conocer las necesidades de los infantes involucrados. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de reclamación, el cual se resolvió el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se confirmó el auto recurrido. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintidós *** comunicó que el veintitrés de mayo del año pasado ya se le había realizado el estudio socioeconómico ordenado, por lo que de nueva cuenta solicitó que se decretara una pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos. En atención a lo anterior se emitió el auto del once de agosto de dos mil veintidós, en el que el Juez responsable determinó que una vez que se contara con los estudios socioeconómicos de todas las partes, se acordaría lo procedente en cuanto a la pensión alimenticia provisional. Cabe destacar que por escrito presentado el doce de agosto siguiente el justiciable de nueva cuenta solicitó que se decretaran los alimentos provisionales y solicitó copia certificada del estudio socioeconómico que se le realizó; no obstante, por acuerdo del treinta y uno de ese mes y año, el Juez responsable tuvo por recibido el ocurso y se limitó turnar los autos a la Secretaría Impar de su adscripción, en virtud de que la diversa Secretaría Par conocía a la demandada. Inconforme con lo resuelto en el auto del once de agosto de dos mil veintidós el quejoso interpuso recurso de reclamación, el cual se resolvió veintitrés de septiembre siguiente, en la que se confirmó el proveído impugnado. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Finalmente, cabe destacar que en contra de la interlocutoria del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 771/2022-I, del índice de este Juzgado Federal, el cual se resolvió el once de abril de este año, en el sentido de otorgar la protección constitucional solicitada, y el cumplimiento al fallo amparador el Juez responsable emitió la resolución del cinco de junio de dos mil veintitrés en la que modificó el acuerdo impugnado y decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los menores involucrados conforme a los montos siguientes: Treinta por ciento del salario integrado que percibió la demandada en forma mensual a partir de su ingreso al Poder Judicial del Estado de Puebla, hasta el quince de enero de dos mil veintidós, fecha en la que renunció al puesto que desempeñaba, por lo que se dejaron a salvo los derechos del actor para promover la planilla de liquidación respectiva. A partir del dieciséis de enero de dos mil veintidós hasta el seis de marzo de dos mil veintitrés, un día y medio de salario mínimo vigente en la región, en forma diaria. A partir del seis de marzo del año en curso, con motivo del nuevo empleo que desempeñaba la demandada como Policía Estatal, se estableció como monto de la pensión el treinta por ciento de su salario y demás prestaciones que percibiera, por lo que se ordenó girar oficio a la dependencia respectiva para que se efectuara el descuento. Sentado lo anterior, se recuerda que el quejoso controvierte en el presente juicio de amparo la resolución detallada en el inciso 11), esto es, aquella dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de reclamación que promovió en contra del auto del once de agosto de ese año, en el que, en atención a su solicitud formulada en escrito presentado el dos de ese mes y año, se determinó que una vez que se contara con los estudios socioeconómicos de las partes, se acordaría lo procedente en cuanto a su petición de decretar una pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos. No obstante, de los antecedentes relatados se advierte que aun cuando subsiste dicha interlocutoria, toda vez que no existe determinación alguna que la haya dejado sin efectos, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia, por lo que sus consecuencias jurídicas ya no pueden impactar en la esfera del justiciable, lo que implica que no pueda afectarlo o lesionarlo. Se llega a esa conclusión, ya que el recurso de reclamación que promovió el quejoso a fin de impugnar el acuerdo del once de agosto de dos mil veintidós, tenía como objeto primordial revocar la decisión del Juez responsable de esperar a que se hiciera un estudio socioeconómico a la demandada para que se pudiera fijar una pensión provisional de alimentos a favor de sus menores hijos. No obstante, a raíz de la protección constitucional otorgada en el diverso juicio de amparo 771/2022-I, del índice de este Juzgado, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, emitió la resolución del cinco de junio de dos mil veintitrés en la que modificó el acuerdo del veintiuno de enero de dos mil veintidós y decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los menores involucrados. Con base en lo anterior, puede sostenerse que la resolución del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós que se controvierte ya no puede surtir sus efectos o materializar sus consecuencias jurídicas, toda vez que se reitera que con ella se buscaba revertir la decisión del Juez responsable de esperar a recabar un estudio socioeconómico de la demandada para estar en aptitud de decretar una pensión alimenticia provisional, pero dicha pensión ya se decretó en la resolución del cinco de junio del presente año En consecuencia, aun cuando subsiste la interlocutoria reclamada ha dejado de existir su materia u objeto, pues dado que actualmente ya se estableció una pensión alimenticia provisional a favor de los menores quejosos sus efectos no se han concretado ni se concretarán, por la modificación de la situación que ahora impera en el expediente 470/2021, que no deja huella alguna en la esfera de la parte justiciable, de ahí que se considere actualizada la causa de improcedencia en estudio. Por lo anterior, existe una imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte promovente, dado que la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver cuestión de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 981, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010501, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." No obstante lo anterior, cabe destacar que no pasa inadvertido que el quejoso haga manifestaciones en sus conceptos de violación respecto a que no se acordó su solicitud de expedición de copias certificadas del estudio socioeconómico que se le realizó en el juicio natural; sin embargo, eso no fue materia del recurso de reclamación que resolvió la interlocutoria reclamada, por lo que no es una situación que impida la actualización de la causa de improcedencia estudiada. Lo anterior ya que en la aludida reclamación se impugnó el auto del once de agosto de dos mil veintidós, en el que no se acordó favorablemente lo peticionado por el justiciable en su escrito presentado el dos del mismo año, en el que únicamente solicitó que en virtud de que ya se le había realizado el estudio socioeconómico ordenado en el juicio natural, ya se debía decretar una pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos, sin que se hiciera ninguna solicitud de expedición de copias certificadas. Además, se aprecia que las aludidas copias fueron solicitadas por el quejoso en su diverso escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintidós, el cual se tuvo por recibido en auto del treinta y uno de ese mes y año, en donde el Juez responsable se limitó turnar los autos a la Secretaría Impar de su adscripción, en virtud de que la diversa Secretaría Par conocía a la demandada. En consecuencia, es evidente que en el recurso de reclamación que resolvió la interlocutoria reclamada no fue materia ningún tema relacionado con la expedición de las copias certificadas que alude el quejoso, pues se insiste que el escrito en el que las solicitó no se proveyó en el auto del once de agosto de del año pasado, por lo que no es un factor que impacte en la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Por todo lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional respecto del acto reclamado en esta vía, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada legislación. En las relatadas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el encargado del despacho por vacaciones del titular del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el que da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de fecha veintiuno de julio de dos mil veintitrés, remitiendo copia certificada del acuerdo de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés. Documental que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo. De lo que este órgano toma conocimiento y se tomará en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
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