Christian Morales Hernández
Expediente 908/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/09/2023
Partes del expediente
- Christian Morales Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de veinte de septiembre pasado, remite copia certificada de las constancias relativas a la citación del aquí quejoso C*********z, a la audiencia intermedia fijada para el catorce de junio del presente año, dentro de la causa penal 5********, de su índice, así como un disco versátil digital (DVD), que contiene copia auténtica del registro de audio y video de la audiencia inicial, celebrada por el tres de septiembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, el referido disco versátil digital (DVD), adquiere el carácter de documental pública lato sensu, teniéndose por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2004362, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, con rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. En consecuencia, el dispositivo de mérito queda bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en el entendido de que podrá ser consultado, por cualquiera de las partes. Ahora, toda vez que las referidas constancias se consideran complementarias al informe justificado rendido por el Juez de Control responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida de Erik González González, Secretario de juzgado que da fe. Doy fe. MBV/EGG/ansn
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, cabe precisar que del escrito inicial de demanda se obtiene que el promovente del amparo señaló como actos reclamados de la orden de aprehensión, detención, comparecencia forzosa o cualquier otro acto privativo de su libertad, y su ejecución. Asimismo, del informe justificado rendido por el Juez responsable, así como del disco versátil digital (DVD) que acompañó, que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el catorce de junio de dos mil veintitrés, se desprende que dicha autoridad hizo constar la incomparecencia del aquí quejoso a la audiencia intermedia, no obstante que se encontraba debidamente notificado por la vía telefónica -medio de notificación previamente autorizado-, tal como se advertía de la constancia actuarial que tuvo la vista, de veintiséis de mayo del año en curso, motivo por el cual, previa solicitud del agente del Ministerio Público, procedió a declarar al imputado sustraído de la acción de la justicia y dictó orden de reaprehensión en su contra; ello, sin que la referida constancia actuarial y actuaciones relacionadas obren en el presente juicio de amparo. En ese contexto, toda vez que las aludidas constancias son necesarias para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez responsable para que remita copia certificada de las constancias relativas a la citación del aquí quejoso ********************, a la audiencia intermedia fijada para el catorce de junio del presente año, dentro de la causa penal ********************, así como de aquéllas de las que se advierta su autorización para ser notificado por la vía telefónica y la determinación en la cual se hubiere acordado de conformidad dicha petición. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con diez minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; no obstante, del estado que guardan los presentes autos, se obtiene que aún no transcurre el plazo de ocho días a la autoridad tercero interesada Titular de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Narcomenudeo, adscrito a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, a fin de que se imponga de autos. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles otorgado a la parte quejosa, en resolución interlocutoria de diez de agosto de dos mil veintitrés, para que exhibiera la garantía que se le fijó, con el objeto de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida, sin que a la fecha lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, gírese oficio a la autoridad responsable, haciéndole saber que dado lo anterior, quedan expeditas sus facultades para ejecutar los actos reclamados dentro del juicio de garantías del que emana este incidente de suspensión. Notifíquese.
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