Christian Alberto Hernández Aburto

Expediente 154/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
154/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Christian Alberto Hernández Aburto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito electrónicamente por el Agente del Ministerio Público del Orden Común, adscrito a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, en Rosarito, Baja California, mediante el cual informa que acató la suspensión de plano decretada en autos a favor del quejoso Christian Alberto Hernández Aburto; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe respecto al cumplimiento de la suspensión de plano decretada en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés; con lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, informa que a las diecinueve horas con veintiún minutos, del quince de febrero de dos mil veintitrés, se decretó la libertad del aquí quejoso. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable en cita, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remita las constancias con las cuales acredite su dicho en relación a la libertad del quejoso Christian Alberto Hernández Aburto. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción II, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficios que remite el Coordinador Penal de la Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con residencia en esta ciudad, vía correo electrónico, mediante el cual propone a Ana Elizabeth Montaño Dueñas y Mirna Alicia Briseño Gómez, a fin de que asesoren al quejoso, en la tramitación del presente juicio de amparo. En atención a lo expuesto, este juzgado designa con tal carácter, a las indicadas profesionistas; por lo que, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a las Defensoras Públicos antes mencionadas, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." De igual forma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de las citadas defensoras adscritas a la Coordinación Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, el ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, en esta ciudad. Asimismo, con apoyo en el artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y como se solicita, se tiene por designados como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que se mencionan en el oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra el informe requerido a la autoridad Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo de la Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, Baja California, mediante oficio 4036/2023, por el cual se transcribió el auto donde se concedió la suspensión de plano a favor del directo quejoso (no obstante de estar debidamente notificada para ello). Por tanto, requiérase nuevamente a la autoridad responsable en cita, para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la suspensión decretada en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, debiendo remitir copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá una multa por la cantidad de ******************** equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción II, y 259, ambos de la Ley de Amparo; ello, con independencia de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir con su conducta. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente la razón circunstanciada de quince de febrero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que el quejoso ********************, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor; y manifestó que su estado de salud es bueno y su estado físico está bien. Asimismo, se despende que dicho quejoso se encuentra detenido en las instalaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo de la Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, Baja California; por tanto, se tiene a la misma como autoridad responsable en el presente juicio. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Admisión Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo. Incidente de suspensión. Sin que proceda tramitar el incidente de suspensión, toda vez que los actos reclamados ya fueron materia de la suspensión de plano decretada en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés. Audiencia constitucional. Se fijan las doce horas con diez minutos del quince de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuyen, en el entendido que en el informe de mérito deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Se autoriza a la autoridad responsable para que remita el informe justificado vía correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. O bien, través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración; con la Firma Electrónica -de contar con ella-, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar los comunicados respectivos a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Solicítese a la responsable, indique al rendir su informe con justificación, si tiene conocimiento de algún juicio de amparo relacionado con el acto aquí reclamado, esto es, que haya sido promovido por los mismos quejosos o derivado del procedimiento de origen. De conformidad con lo establecido en el dispositivo 64, párrafo primero, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes informen oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado o la actualización de alguna causal de sobreseimiento. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de ********************la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ********************, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir sus informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Domicilio. Como lo solicitó el quejoso, realícense las notificaciones que deriven de este asunto, por medio de lista, conforme lo establece el artículo 26, fracción III de la Ley de amparo. Designación de defensor público. A efecto de salvaguardar los derechos del directo quejoso, atento a lo dispuesto con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, para que dentro de plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proponga a un profesionista que pueda fungir como autorizado del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de dos mil diecinueve, Tomo II, página 1301, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Comunicación con los justiciables. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico. En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Finalmente, atento a lo anterior, reexpídase el oficio 4036/2023, a la autoridad responsable Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo de la Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, Baja California, por el cual se decretó la suspensión de plano a favor del aquí quejoso, a efecto de que rinda su informe respecto a dicha concesión; mismo que deberá anexarse al oficio que para tal efecto que libre. En el entendido, de que subsiste el apercibimiento decretado mediante auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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