Christopher Eduardo Pérez Jiménez

Expediente 745/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
745/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Christopher Eduardo Pérez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que a la fecha han transcurrido los términos de tres y cinco días hábiles concedidos al promovente Christopher Eduardo Pérez Jiménez, en veinte de octubre del año en curso, (en el que se le requirió para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, así como que desahogara la prevención formulada en autos) mismo que fue notificado por medio de lista el once de noviembre siguiente, por lo que dichos plazos transcurrieron del FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 12/01/23 19:00:23 dieciséis al veintidós de noviembre del año en curso, sin que a la fecha se haya desahogado los requerimientos de que se trata. En consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos efectuados al promovente, y con fundamento en los artículos 27 fracción II y 114, fracción I de la Ley de Amparo, se ordena notificar los subsecuentes proveídos aún los de carácter personal por medio de lista y en virtud de que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención formulada en autos, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa y cúmplase

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante devuelve debidamente diligenciada la comunicación 102/2021, girado dentro del presente juicio de amparo, en tal virtud, dese de baja de los libros de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México al que anexó los originales del juicio de amparo 775/2021, de su índice, originado con motivo de la demanda de amparo promovida por Christopher Eduardo Pérez Jiménez, en contra del Juez de Control José Luis Contreras del Centro de Justicia Penal Oral en Ensenada y de otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con número 745/2021-D. En mérito de lo anterior, del oficio de cuenta y anexos que remite la autoridad declinante se obtiene que su argumento toral por el cual se declaró legalmente incompetente, es por razón de territorio en virtud, de que las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa tienen domicilio en el Estado de Baja California y por ende su ejecución material sería en esta entidad, con motivo de los actos privativos de libertad reclamados por la parte quejosa, en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca del conocimiento del presente juicio de amparo, acúsese de recibo correspondiente al órgano oficiante. Prevención. Conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, previo acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones correspondientes, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo. Los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." En ese contexto, no pasa inadvertido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial; por lo que al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, los órganos jurisdiccionales deben tener presente la razón de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Bajo esa premisa, considerando que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda; sin cambiar su alcance y contenido; cuando es obscura o imprecisa; y, pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias P./J. 40/2000 y 2a./J. 183/2005, emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuyos rubros y textos disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento." En ese tenor, y conforme a lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción I, en relación con el diverso numeral 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al directo quejoso Christopher Eduardo Pérez Jiménez para que dentro del plazo de cinco días hábiles, legalmente computado y bajo protesta de decir verdad dé cumplimiento a lo siguiente: Del escrito de demanda, el impetrante de amparo, señaló lo siguiente: [.] bajo protesta de decir verdad desconozco de quien se trate, es el caso que el día 13 de Octubre del 2020 aproximadamente a las 08:30 a.m. al salir de mi domicilio unos vecinos me comunicaron que afuera de mi domicilio se encontraban aproximadamente cuatro individuos que dijeron ser policía federales y estatales, [.] que me andaban buscando para ejecutar una orden de presentación para la audiencia inicial girada en mi contra por el C. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Ciudad de Tijuana, Baja California, por la comisión supuestamente del delito de extorción previsto en el artículo 235 del Código Penal del Estado de Baja California [.]." Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifestó -en lo que aquí interesa- lo siguiente: 1.- Soy una persona respetable, con modo honesta de vida, sin tener problemas de ninguna naturaleza con persona alguna. Es el caso que el día 13 de octubre de 2020, aproximadamente a las 12:00 p.m. al salir de mi domicilio unos vecinos me comunicaron que afuera de mi domicilio se encontraban aproximadamente cuatro individuos que dijeron ser policía federal y estatales [.]." Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que precise la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados en su escrito de demanda, pues como se anticipó, de su ocurso de cuenta señaló que tuvo conocimiento desde el trece de octubre de dos mil veinte; sin embargo, de las constancias que integran el juicio de amparo 775/2021, del índice del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo fue presentada en Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, hasta el cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII. 1º. 3 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tomo III, Noviembre de 2018, página dos mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente: ''DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. Apercibimiento. Se apercibe al ocursante que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En el entendido que lo anterior deberá de ser subsanado por la parte quejosa por ser un acto personalísimo, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamientos de autorizados. Se tiene como autorizados a Julián Navarro Escalante, Eduardo Pérez Saucedo y Arturo Ascencio Salazar García, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a Cesar Serna Martínez, Raudel Navarrete García, Miguel Ángel Ramírez Basurto, Domingo Mojica Lavalle y Diego Armando Vázquez Montes, dado que no tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente que lo acredita como licenciado en Derecho en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Ahora, tomando en consideración de que el domicilio de la parte quejosa se encuentra ubicado en calle Quiches, número 11 colonia La Raza Alcaldía Azcapotzalco código postal 02990, en la Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de esta órgano jurisdiccional; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 158, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda, para que se constituya en el domicilio citado con antelación y notifique el presente proveído, a la parte quejosa, para lo cual glósese copia del acuerdo en comento. Además, deberá requerírsele para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Tijuana, Baja California, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.

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