Christian Iván Manzanares Carmona
Expediente 557/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Christian Iván Manzanares Carmona
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dos de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
León, Guanajuato; dos de julio de dos mil diecinueve. I Registro en libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo y desde de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 557/2019-II. II.- Parte quejosa. Christian Iván Manzanares Carmona, por conducto de quien se ostenta como su defensor público Luis Eduardo Arteaga Lozano. III. Autoridades responsables. Director General del Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato" y otras autoridades. IV. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama esencialmente lo siguiente: La negativa u omisión de brindar atención médica adecuada al quejoso, ya que se le suministra el fármaco "paroxetina", cuando necesita "alprazolam 2ml", para sus problemas psiquiátricos, solicitando sea atendido por un médico especialista (psiquiatra). V. Se desecha demanda de amparo. Atento al contenido del escrito de cuenta, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que "el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, se estima que con relación al escrito de cuenta, se surte de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos numerales 5, fracción I y 6 del mismo cuerpo normativo, pues el presunto acto combatido no genera en la esfera de derechos de la aquí promovente agravio personal y directo. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" De acuerdo con las disposiciones legales transcritas el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. A guisa de antecedentes el promovente sostiene que el directo quejoso le manifestó que requiere medicamento psiquiátrico llamado "alprazolam 2ml" ya que sufre de ansiedad y que en el centro de reclusión le dieron en su lugar "paroxetina", pero dicho fármaco no le sirve, dado que es un antidepresivo y el necesita un ansiolítico, ya que le altera los nervios y tiene problemas con su ansiedad, en ocasiones no duerme de cuatro a cinco días, le causa dolor de cabeza y le quita mucho el hambre. No obstante esto, no se encuentra dentro de las hipótesis que prevén los artículos 6 y 15 de la ley de la materia, puesto que el primero de dichos dispositivos legales establece la posibilidad de que la demanda de amparo la promueva alguna persona extraña, en los casos en que la ley expresamente lo permita, o bien, por conducto del defensor cuando el acto derive de un procedimiento penal, mientras que el diverso numeral 15 del señalado ordenamiento legal establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Empero, en el presente caso no se configuran ninguno de los supuestos que señalan tales numerales, ya que de la lectura integral al escrito de demanda se obtiene que los actos reclamados por el promovente del amparo no encuadran en ninguno de los supuestos prohibidos en el artículo 22 constitucional, consistentes en pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales, ni tampoco, se advierte imposibilidad de que el directo agraviado suscriba por sí mismo la demanda de amparo. Lo anterior es así, aun a pesar de que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", en un estado de desventaja y vulnerabilidad, puesto que del contexto de la demanda no se advierte que se halle incomunicado o con alguna imposibilidad física o mental para suscribir la demanda de amparo por sí mismo, tales como estado de inconciencia, o algún padecimiento físico que le impida firmar o estampar su huella digital o nombre; por el contrario, de los antecedentes se obtiene que el quejoso está recibiendo atención médica; aunado a que es un hecho notorio para esta juzgadora que los reclusos del centro federal número 12 promueven directamente todo tipo de demandas de amparo, incluidas las de falta de atención médica. En apoyo a lo anterior, cabe invocar la tesis aislada número I.10o.C.2 K (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 18, correspondiente al mes de mayo de 2015, tomo III, página 2187, materia común, Décima Época, con número de registro electrónico 2009054, de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Sin que en el caso sea necesario requerir a Christian Iván Manzanares Carmona, para efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor, puesto que ello únicamente se ordena en caso de duda, esto es, a fin de saber si efectivamente fue voluntad del peticionario del amparo que una interpósita persona presentara demanda de amparo en su nombre y representación, o cuando se está en el supuesto de incomunicación o desaparición forzada o cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 de la constitución, lo que no se actualiza en el presente asunto. En las relatadas condiciones, se actualiza la cause de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, 6 y 15, todos de la Ley de Amparo. Es relevante establecer que se advierte que la falta de atención médica como lo desea el quejoso, no comprende su dignidad e integridad personal, ni mucho menos equipararse a un tormento, tan es así que se aduce en el apartado de hechos del ocurso de cuenta, que las autoridades penitenciarias le han brindado medicamento para tatar su padecimiento, máxime que en ningún momento manifiesta que su dignidad e integridad personal han sido vulnerados por las autoridades responsables, de ahí que al no estar en dicho supuesto, no es factible que el acto reclamado se traduzca en un tormento por parte de las responsables contra el quejoso. El criterio anterior fue confirmado por el Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad capital, al resolver el recurso de queja número 195/2016, derivado del diverso juicio de amparo 1030/2016-V, del índice de éste juzgado, al declarar infundada la queja hecha valer por el defensor particular de un interno del centro carcelario de Ocampo, respecto de actos reclamados y legitimación similares al caso que nos ocupa. Ahora, tomando en consideración que el aquí promovente no tiene legitimación para instar juicio de amparo a nombre del directo quejoso y por consiguiente no procede el presente contradictorio, no ha lugar a requerir para que nombre Defensor Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito como lo peticiona en la demanda que se provee. Por otra parte esta Juzgadora, considera que, en el particular, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, debido a que el quejoso no agotó el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se puede revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo -principio de definitividad-. Esto, conforme a la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de aplicación obligatoria de acuerdo al primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. Criterio que establece lo siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". (Lo subrayado es propio). Previo a desarrollar el estudio correspondiente, se informa que los razonamientos que se expondrán a continuación derivan de la ejecutoria de la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia en cita. En su ejecutoria, la Primera Sala explica que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como al citado artículo 18 y 1º Constitucional, publicada el diez de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Tales modificaciones introdujeron un verdadero control judicial en el sistema penitenciario, pues se delimitó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones, mientras que al Poder Judicial se le confirió la potestad de ejecutar lo juzgado a través de los "jueces de ejecución de sentencias". De esta forma, con el nuevo sistema penitenciario, corresponde a las autoridades judiciales en materia penal y en especial a los jueces de ejecución -tanto en el ámbito federal como local- supervisar, conocer y resolver todas las cuestiones de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, las controversias que se produzcan en los centros de reinserción social, así como controlar las decisiones que adopte la administración penitenciaria sobre la ejecución. Lo anterior, para velar que en todo momento se garanticen y efectivicen los derechos humanos. Precisamente, dichas atribuciones contribuyen para lograr los objetivos de las reformas constitucionales de referencia, consistentes en: terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en la ejecución de las sanciones, que el Poder Judicial vigile el cumplimiento estricto de la pena, evitar el rompimiento de la secuencia derivada de la propia sentencia, así como la consolidación de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario nacional -el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte-. En ese orden de ideas, la Primera Sala consideró que para lograr la consolidación del nuevo sistema, se hizo patente la necesidad de crear una ley única y de aplicación en toda la República, que unificara los procedimientos y criterios correspondientes. Esto, para dotar de certeza y seguridad jurídica en condiciones de igualdad a los justiciables, así como para garantizar un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente. En adición a que la ley debía contribuir: i) al cumplimiento de las medidas dictadas por un juez calificado; ii) a que los centros de reclusión contaran con medios de prevención, seguridad y de adecuado funcionamiento; y iii) a la necesidad de que el Estado respetara y cumpliera los medios de reinserción social en beneficio de las personas privadas de su libertad, evitando que vuelvan a delinquir. Metas que solo se lograrían con una normativa que auxiliara a concretar la figura del juez de ejecución al señalar expresamente las cuestiones que serían competencia exclusiva de la autoridad judicial -como la imposición de las penas, su modificación, su duración, entre otras-, y que de igual forma delimitara las funciones de las autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y el internamiento preventivo. Entonces, se propuso la creación de una ley que reglamentara los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social, siendo una de sus bases la protección de los derechos humanos de los internos. Así, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente. Por lo que a partir de su vigencia y de acuerdo a su artículo 2, la norma aludida es de observancia general en todo el territorio nacional -en el fuero federal o local-, respecto de los actos relativos a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias privativas de la libertad, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Aunado a que el transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estableció que con su entrada en vigor, quedarían abrogadas las normas que regularan la ejecución de las sanciones penales en las entidades federativas y la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Sumado a que los procedimientos que aún se encontraran en trámite, debían sustanciarse conforme a la legislación aplicable a su inicio, pero con la aplicación de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley, de acuerdo con el principio pro persona. En ese contexto, según el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, su objeto es establecer las normas e implementar los mecanismos para resolver las controversias que se susciten, en relación con el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en un marco irrestricto de derechos humanos. De modo que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que: "97. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. 98. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad". (Lo destacado es propio). Posteriormente, en la ejecutoria se desarrolló el tema sobre el mecanismo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se reclaman las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad. En un primer momento, la Primera Sala estableció que de acuerdo a la norma antes citada, deben entenderse como condiciones de internamiento: "(.) cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación (.)". Y señaló que del análisis del marco constitucional y normativo anterior, se advertía que "(.) cuando los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta (.)". Entonces, debido a que corresponde a las autoridades penitenciarias la administración, operación, supervisión de seguridad y funcionamiento de los centros de reclusión; nos encontramos ante un acto u omisión que deriva de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En ese sentido, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé que previo a promover el juicio de amparo, el quejoso está obligado a agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios que permitan modificar, revocar, nulificar o confirmar el acto reclamado; debido a que el juicio constitucional es un medio de control de carácter extraordinario. Asimismo, para que opere el principio de definitividad, el recurso ordinario debe encontrarse previsto en la ley aplicable y la norma no debe exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo ni en un plazo mayor, para el otorgamiento de la suspensión del acto. Además, no existe obligación de agotar el principio en cita, si el acto carece de fundamentación o en caso de que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sin embargo, la Primera Sala consideró que en caso de que un recluso desee inconformarse por las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, éste debe dirigir su reclamo a través del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y agotar los recursos en él establecidos, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En la inteligencia de que el procedimiento previsto por la ley en cita, permite que los internos y otras personas legitimadas, formulen peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual se pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En la ejecutoria se explica que el título cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "Del Procedimiento de Ejecución", capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", regula un mecanismo de control que tiene como objetivo, que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o si se afectaron los derechos de terceras personas; pues en caso de existir, se habrá de subsanar tal afectación. El procedimiento inicia con la presentación de una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria -no urgente- o ante el juez respectivo -urgente-, la cual puede ser formulada por la persona privada de su libertad, sus familiares, su defensor, entre otras personas. Asimismo, las peticiones administrativas se tramitan, según la modalidad que elija el promovente y del carácter apremiante de la solicitud, ya que pueden ser no urgentes o urgentes. Las peticiones administrativas no urgentes se formulan por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentre recluida la persona, con la posibilidad de que el solicitante se desista de su petición en cualquier momento. En la petición se puede aportar la información pertinente para atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; además, en caso de que el interno lo solicite, la autoridad administrativa lo debe auxiliar para formular su escrito. La substanciación de las peticiones no urgentes se encuentra prevista en los artículos 111 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procedimiento que fue sintetizado por la Primera Sala de la siguiente manera: Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento. Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistirse de la acción, siempre que dicho desistimiento no implique la renuncia a un derecho fundamental. Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por su parte, las peticiones administrativas urgentes, son aquellas de carácter apremiante y deben ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia. En la ejecutoria, se resumió el trámite de estas solicitudes de la siguiente forma: El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que es necesario agotar el mecanismo de control que inicia con la denominada petición administrativa ante la autoridad correspondiente -según su carácter de no urgente o urgente-. En el entendido de que el referido mecanismo de control ofrece una asistencia continua al interno, permite que la omisión reclamada sea reparada, prevé que se impugne la omisión de atender las solicitudes, le otorga al promovente la facultad de optar por la petición administrativa no urgente o la urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto sea suspendido o cese de inmediato. Pero además porque: "(.) constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos, de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto". Razones por las que la Primera Sala sostuvo que el mecanismo de control previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal "(.) ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente (.)". Máxime que la suspensión ahí establecida no exige mayores requisitos ni un plazo mayor al contenido en la Ley de Amparo. Por lo que agotar dicho procedimiento y los medios de impugnación ahí previstos -cumplir el principio de definitividad-, le da funcionalidad, ejecución y coherencia a las reformas constitucionales que implementaron el nuevo modelo penitenciario de reinserción social, su judicialización y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través de los jueces penales correspondientes. En esa tesitura, debido a que en el caso se reclama una omisión o negativa inherentes a las condiciones de internamiento del peticionario -que tiene como consecuencia la deficiencia en la prestación del servicio médico en un centro de reclusión- y no se agotó el procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal ni sus medios de impugnación; es inconcuso que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo y se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues la propia norma en análisis prevé que inclusive, ante la falta de respuesta de la petición administrativa, el interno puede acudir directamente al juez de ejecución; procedimiento que en el caso, no se advierte que haya sido agotado. Resulta claro que la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 57/2018, es aplicable incluso cuando en el juicio de amparo se reclaman cuestiones vinculadas con derechos sustantivos, como es el caso particular, donde se reclama una omisión relacionada con la atención médica. Tan es así que en la ejecutoria que dio origen a la contradicción de tesis que se analiza, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluyó dentro de las condiciones de internamiento, la prestación del servicio médico o asistencia médica, como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) en primer lugar, se explicará qué debe entenderse de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal por condición de internamiento, en aras de generar certeza de cuáles son las "omisiones en sus condiciones de internamiento" que los quejosos privados de su libertad deben reclamar a las autoridades correspondientes a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación (.)". Además se destaca como hecho notorio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la diversa contradicción de tesis 304/2018, que versaba precisamente sobre ese punto en particular -determinar si se actualizaba o no, una excepción al principio de definitividad al alegarse una posible violación al derecho a la salud y la reinserción social, consagrados en los artículos 4 y 18 Constitucionales-; de donde se advierte que el motivo por el que se declaró sin materia, fue que ya se había resuelto la contradicción de tesis 57/2018 sintetizada en la presente resolución. Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. Corolario de lo anterior, ese que se considera que en la especie también se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que en similares términos se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 362/2018, en sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, en el que sobreseyó en el juicio de amparo 681/2018-I del índice de este juzgado, al considerar actualizada la causal de improcedencia aquí analizada; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo Por otra parte, quien esto determina considera que, de igual forma en la especie se actualiza la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales textualmente establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; [.]". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Conforme al artículo 61 fracción XXIII, el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley en la materia; el artículo 1º, fracción I, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver contradictorios relativos a normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como presupuesto para el ejercicio de la acción constitucional, se requiere que las vulneraciones a derechos fundamentales tengan origen o sean producto de actos de autoridad, entendiendo por estos aquellos que son dictados, ejecutados, o tratan de ejecutar la voluntad del Estado, a través de cualquier órgano o ente. Serán actos (u omisiones) de autoridad aquellos que trasciendan o impacten al gobernado (a su esfera jurídica o situacional). Es decir, son actos de autoridad los que crean, modifican o extinguen cualquier situación de una persona, en plano de subordinación, y esto último se verifica cuando la voluntad del Estado, tiene impositivas o coercitivas (unilateralidad y obligatoriedad). En este caso, el quejoso reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo, Guanajuato, la inadecuada y deficiente atención médica a la que es sometido, y la omisión de brindarle los medicamentos apropiados que requiere en virtud de que no se le otorga atención médica especializada en psiquiatría, puesto que requiere medicamento psiquiátrico llamado "alprazolam 2ml" ya que sufre de ansiedad y que en el centro de reclusión le dieron en su lugar "paroxetina", pero dicho fármaco no le sirve, dado que es un antidepresivo y el necesita un ansiolítico, así como una atención por médico especialista (psiquiatra). Ahora bien, el acto descrito no constituye un acto de autoridad, porque básicamente no tiene relación con la voluntad imperativa del Estado, sino con servicios que indirectamente presta, y por ello, no tiene carácter imperativo, como enseguida se verá. La inadecuada atención médica que reclama (falta de atención médica especializada), hace referencia a la forma de prestación del servicio penitenciario en México, y no es objeto del juicio de amparo sino de las autoridades de los sectores administrativos correspondientes, quienes tienen en el deber de vigilar y controlar este tipo de servicios. Es importante destacar que los servicios que reclama, son prestados en la penitenciaría, cuestión que no es objeto del juicio de amparo, además, de que no constituye un acto de autoridad en estricto sentido; en principio, porque el reo puede tener servicios externos de medicina, y en segundo, porque la cantidad y calidad de los servicios son una prestación vinculada con cuestiones presupuestarias y de orden administrativo, que deben ser atendidos por los órganos ordinarios de la administración pública. Los actos de autoridad que son materia de análisis en el juicio de amparo, son aquellos que involucran la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. El peticionario del amparo argumenta que los actos citados vulneran sus derechos fundamentales ya que se encuentran reconocidas por la Constitución Federal. Ahora bien, contrario a lo estimado por la parte quejosa, la afectación que en su caso pudiere llegar a resentir, tiene su génesis en la inconformidad con la manera en que se proporcionan los servicios de salud, así como las medidas reglamentarias en el centro de reclusión, que constituyen actos administrativos, relacionados con la forma en que se lleva a cabo la prestación de tal servicio en reclusión; de ahí que el juicio de amparo no sea procedente para resolver las controversias de naturaleza administrativa, como las que refiere el impetrante en su demanda, puesto que el mismo solo redunda en inconformidades por la manera como desempeñan sus funciones administrativas las autoridades responsables, lo cual en todo caso es competencia del sector salud (tanto federal como estatal), así como del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, encargado de ordenar la práctica de visitas de control y verificación, inspección, supervisión y vigilancia a los centros federales, por lo que se concluye que el impetrante debe elevar su reclamo ante dichos órganos de la administración pública. La presente determinación tiene apoyo en las recomendaciones en materia de salud penitenciaria tales como la 9/2013, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con sede en la Ciudad de México, en las que sustancialmente sostuvo que es obligación de las autoridades penitenciarias brindar una adecuada atención médica a las personas privadas de su libertad, para lo cual deberá adoptar los medios pertinentes a efecto de garantizar su protección, en atención a que compete al estado brindar el servicio médico a dichas personas por estar en reclusión, siendo en todo caso las autoridades penitenciarias las que deberán resolver las inconformidades con la forma como se brinda dicho servicio, con sustento en los artículos 2, 8, fracción VIII y 17 inciso a), fracción II, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. De ahí que los actos u omisiones que directamente se vinculan por un servicio penitenciario de naturaleza administrativa, no son en estricto sentido actos de autoridad, porque al ser prestacionales y reclamarse únicamente su calidad, deben ser analizados por los entes administrativos estatales de control y vigilancia, y no en forma primara por un juicio de carácter extraordinario como es el juicio de amparo. Así es, a través del juicio constitucional de ninguna manera puede valorarse si el tratamiento o diagnóstico efectuado por un médico general es o no el correcto o idóneo, ya que lo que a esta instancia corresponde se constriñe en verificar si la actuación de la autoridad responsable se ajustó a los estándares constitucionales e internacionales en materia de acceso a la salud de personas privadas de la libertad; de suerte, que todos aquellos aspectos relacionados con la prestación del servicio médico, deben ser dirimidos ante dependencias distintas a los órganos de control constitucional, como la CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico). En efecto, no debe perderse de vista que los médicos gozan de autonomía en la decisión de tratamiento a aplicar a un paciente para combatir la o las enfermedades que padecen y que fueron previamente diagnosticadas; teniendo como única limitante la voluntad del paciente, quien una vez informado de su padecimiento y tratamiento, tiene la facultad de decidir si se somete al mismo o no lo hace; aspecto que ha sido ampliamente regulado en el Código Internacional de Ética Médica, y Manual de Ética Médica. Asimismo, debe tenerse presente que el médico de atención primaria o médico general es la persona a quien corresponde el chequeo inicial de un paciente; quien goza de plenas facultades para establecer el diagnóstico y tratamiento aplicable, con base en la auscultación, cuestionario al paciente, y resultados de los estudios practicados y sólo en los casos que dicho galeno general lo considere necesario (debido al reconocimiento de sus propias limitaciones en sus conocimientos científicos del área específica), puede remitirlo a cualquier profesional en diversas especialidades médicas. Aspectos que han sido determinados en el "Perfil por Competencias del Médico General Mexicano 2008" Lo anterior, explica que a través del juicio constitucional no es posible establecer si la actuación del médico general penitenciario fue la médica y éticamente correcta, es decir, no es ésta la instancia a quien corresponde determinar si el diagnóstico fue acertado o si el tratamiento prescrito fue el idóneo para contra- restar la enfermedad que aqueja al quejoso; ya que ello compete a instancias del ámbito médico-administrativo, a través de cuerpos colegiados de especialistas en las diferentes áreas de la medicina, así como en la ciencia de la ética médica, pueden establecer si existió indebido ejercicio de la medicina, o si el padecimiento del paciente necesariamente debía ser tratado por un médico especialista, por estar fuera de la competencia del médico general. Circunstancias que en modo alguno este juzgador puede dirimir. Ello es así, porque al juicio de amparo corresponde únicamente verificar si la autoridad penitenciaria responsable contribuyó al goce del derecho fundamental a la salud de una persona interna en un centro federal, permitiendo el acceso a los servicios médicos a través de la consulta por galeno penitenciario primario, y a las medicinas prescritas para combatir la enfermedad diagnosticada. Así pues, pretender influir a través del juicio constitucional en el diagnóstico y tratamiento del quejoso, conllevaría violentar el libre ejercicio de la profesión médica, la que goza de autonomía legal y ética en la decisión y determinación de tales aspectos (diagnóstico y tratamiento); invadiendo de esta manera atribuciones legales y competenciales por razón de especialidad, y provocando la violación a un diverso derecho fundamental en agravio del médico penitenciario, relativo al derecho al trabajo en su vertiente de libertad prescriptiva. Acude en apoyo la tesis aislada 1a. XXII/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 637, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Décima Época, registro 2002564, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "LIBERTAD PRESCRIPTIVA DEL MÉDICO. PARTE INTEGRADORA DEL DERECHO AL TRABAJO DE LOS MÉDICOS. La libertad prescriptiva de los médicos y del personal sanitario es entendida como un principio científico y ético que tiene la finalidad de orientar la práctica de la profesión médica, otorgando a los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud discrecionalidad en su actuar. Por tanto, la libertad prescriptiva del médico forma parte del derecho al trabajo establecido en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la libertad prescriptiva debe ejercerse en aras de obtener el beneficio del paciente y bajo ninguna circunstancia debe equipararse con la arbitrariedad, pues el actuar del personal médico debe fundamentarse en el estado actual de la ciencia médica y encaminarse en todo momento al beneficio del paciente, tomando en consideración las circunstancias de cada caso concreto." Sin que el sentido de la presente determinación, contravenga lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Ello obedece a que en el caso que ocupa la atención se advierte, de manera manifiesta e indudable, la actualización de la causal de improcedencia en estudio, toda vez que de un análisis integral al contenido de su libelo de amparo, es posible advertir, de manera patente, que a las autoridades señaladas como responsables, no les asiste tal carácter, por no constituir actos de autoridad los reclamos que se les atribuyen, porque básicamente no tiene relación con la voluntad imperativa del Estado, sino con servicios, o prestaciones en su caso, que indirectamente prestan y, por ello, no tienen carácter imperativo. Robustece el sentido de la presente determinación, la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)." En las relatadas condiciones, con sustento en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, de la Ley de Amparo de actual vigencia, se actualiza la causa de improcedencia en análisis; por tanto, procede con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, desechar por improcedente la demanda de amparo de que se trata. VI. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Toda vez que el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito no ha lugar a tener por designado el mismo. No obstante lo anterior, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el usuario LuisEduardo, cuyo titular es Luis Eduardo Arteaga Lozano, toda vez que su nombre de usuario se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como el promovente solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, únicamente por lo que ve a la parte quejosa. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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