Christian Giovanni Aguiñaga Mendez
Expediente 230/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Christian Giovanni Aguiñaga Mendez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ; Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, toda vez que: Se desechó de plano la demanda de amparo Sí obran documentos originales. III. Requerimiento a la parte quejosa. Para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca al local de este juzgado a recoger los documentos originales que allegó al presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrá el mismo destino que este expediente, lo anterior con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa cumple con prevención. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa ********************, a través del cual contesta el requerimiento que se le formuló en proveído de veintidós del mes y año en curso (fojas 15 a 16), y se provee: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo, anexos y escrito aclaratorio, se desprende que el quejoso reclama de la autoridad responsable Juez del Sistema de Oralidad Penal con sede en esta ciudad, la citación a la audiencia inicial en el cuadernillo electrónico número ********************, de su índice y sus consecuencias, esto es, que se pretende vincularlo a proceso, ejercer prisión preventiva o girarle orden de aprehensión por el hecho jurídico tipificado como fraude. III. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que "el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, se estima que en el caso, se surte de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, pues la citación a la audiencia inicial por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: .XII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." [.]" Ahora bien, en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece, en lo que interesa, que cuando el Ministerio Público considere que tiene elementos para creer que se ha cometido un delito y que el imputado probablemente participó en su comisión, solicitará al Juez de control que se cite al imputado para la audiencia inicial del juicio, en la que se le comunicará la imputación, se determinará si se le vincula o no a proceso, en su caso se le fijará una medida cautelar y se determinará plazo para concluir la investigación. Conforme a lo artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, para efectos de esa ley el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control. En términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Luego, debe partirse de que la citación para audiencia inicial es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de Tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento, que se vuelve a citar para facilitar la referencia: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y [.]" En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal: "Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor." En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la interpretación sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por lo tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de la ley de amparo. Incluso la citación se realiza bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia y, en su caso la aprehensión de no comparecer por causa justificada; la citación, como tal, no afecta a la libertad del citado pues constituye un acto mediante el cual el Juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 78/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Registro 2018828, bajo el rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida del licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Parte quejosa. Christian Giovanni Aguiñaga Mendez. Autoridad responsable. Juzgado del Sistema de Oralidad Penal con sede en esta ciudad. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 230/2019-V. Prevención. Vista la demanda de amparo promovida por Christian Giovanni Aguiñaga Mendez, contra actos del Juzgado del Sistema de Oralidad Penal con sede en esta ciudad, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, resulta oportuno precisar que en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se establecen los requisitos esenciales que indefectiblemente deberá contener la demanda de amparo, y en el numeral 114 de dicho ordenamiento legal, señala entre otras hipótesis, que habrá lugar a prevenir se aclare la demanda, ante la falta de alguno de dichos requisitos. Ahora bien, del análisis de la demanda, se advierte que en el apartado denominado acto reclamado, el quejoso aduce lo siguiente: "Que mi padre que se encuentra recluido en Centro de Reinserción Social de león, Gto. Se comunicó con mi madre para avisarle que me querían involucrar en una Carpeta integrada por la Agente de Ministerio Publico licenciada Elizabeth Martínez Rodríguez, me involucra en suceso que no tengo nada que ver con carpeta 1p2019-378 y que nunca fui llamado a alguna agencia de tramitación común o Oficinas consilatorias de Justicia alternativa. Hoy la Ministerio Publico, Licenciada Elizabeth Martínez Rodríguez, pretenda involucrarme en un asunto mercantil y que ella violando la constitución quiere llevarme a prisión preventiva mediante mentiras y artimañas para presionar a mi padre Víctor Aguiñaga Hernández por asuntos meramente mercantiles y civiles y hoy dicho juzgado y juzgados tienen a mi padre en prisión preventiva, violando constitucionalmente el Art.17 de Nuestra Carta Magna último párrafo. Por lo cual resulta improcedente y anti-constitucional el evidente atropello a mis garantías constitucionales por tratar de avasallar a una familia, dado que el MP. De Delitos Patrimoniales, de apellido ZAPATA le quito todos sus vehículos a mi padre, quedando en total desamparo y sin poder trabajar." (SIC). Luego, después del punto IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS, hace referencia a "la Resolución que señalo como Acto Reclamado Constituye un ataque a mi libertad personal dentro de un procedimiento que se estima infundado porque no tengo nada que ver con los hechos que Señalada la Licenciada Elizabeth Martínez Rodríguez Agente del Ministerio Público, Carpeta 1p2019-378 hechos que me imputo de manera ilegal MENTIROSA Y DOLOSA PARA DAÑAR MAS A MI FAMILIA". Posteriormente, solicita la suspensión para que "la autoridad señalada como responsable deje sin efecto la resolución emitida por la Licenciada Ana Laura penal con Cede en León y por el agente de ministerio público. Licenciada Elizabeth Martínez Rodríguez, que pretende girar orden de aprensión en mi contra" (sic). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el numeral 108, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término legal de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la misma, "bajo protesta de decir verdad" cumpla con lo siguiente: Precise cuál es el acto reclamado en la presente instancia constitucional; esto es, si es la prisión preventiva decretada en contra de su padre Víctor Aguiñaga Hernández, o bien, la orden de citación a audiencia inicial, emitida en su contra por la autoridad responsable. Indique el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no lo conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, toda vez que fue omiso en cumplir con ese requisito. Hágase del conocimiento de la promovente que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, toda vez que el mismo es parte integral de la demanda de amparo. Apercibido que de no cumplir con los anteriores requerimientos, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio. Como se solicita, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo; y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José de Jesús Vázquez Muñoz, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66,68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
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