Christian Márquez Lozornio

Expediente 9/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
9/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • ALEJANDRO ESPINO DIAZ y Otros.
  • Christian Márquez Lozornio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ya transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la ejecutoria emitida en autos. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina conservar el presente expediente, en virtud de que: ( Se declaró procedente y fundada la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se requiere a parte denunciante. Se requiere a la parte denunciante para que acuda ante este Juzgado a recoger los documentos originales que haya exhibido en el presente asunto, dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que mediante resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se declaró procedente y fundada la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, promovida por Christian Márquez Lozornio, en contra de la autoridad directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, para que realizara lo siguiente: 1.- Dejar insubsistente el oficio 233301EL350910 de diez de marzo de dos mil veintitrés. 2.- Dentro del plazo de tres días -siempre y cuando se encuentre acreditado que la persona denunciante es mayor de edad y no se advierta ninguna irregularidad o causa diversa de improcedencia respecto de su solicitud- otorgue la autorización sanitaria al promovente para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de Cannabis y/o Tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos o lúdicos. Es importante precisar que el presente criterio no supone una autorización para que la parte denunciante siembre semillas de mariguana, cultive y coseche su producto en lugares públicos, realice actos de comercio, suministro o transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias, ni para que ejerza ese derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan otorgado su autorización de forma expresa." En auto de veinte de septiembre pasado, causó estado dicha resolución, por ministerio de ley. Asimismo, mediante oficio recibido el diecinueve de septiembre del año en curso, la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en representación de la directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, informó el cumplimiento total dado a la ejecutoria emitida en autos, y remitió copia certificada de la documental respectiva; con ello, se ordenó dar vista a la parte denunciante en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés conviniera, el cual fue notificado a dicha parte el veintiuno de septiembre siguiente, según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. En relación a dicha vista, la parte denunciante no hizo manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procederá a resolver si la resolución dictada en el presente asunto se encuentra o no cumplida. Como se dijo, mediante resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se declaró procedente y fundada la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, promovida por Christian Márquez Lozornio, para el efecto de que la autoridad denunciada dejará insubsistente el oficio 233301EL350910 de diez de marzo de dos mil veintitrés y, dentro del plazo de tres días -siempre y cuando se encuentre acreditado que la persona denunciante es mayor de edad y no se advierta ninguna irregularidad o causa diversa de improcedencia respecto de su solicitud- otorgaran la autorización sanitaria al promovente para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de Cannabis y/o Tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos o lúdicos, sin que ello suponga una autorización para que la parte denunciante siembre semillas de mariguana, cultive y coseche su producto en lugares públicos, realice actos de comercio, suministro o transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias, ni para que ejerza ese derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan otorgado su autorización de forma expresa. Ahora bien, de la documental que la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), remitió en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tiene pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad denunciada efectuó lo siguiente: Mediante oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-22539-2023, de quince de septiembre del año en curso, se dejó insubsistente el oficio 233301EL350910 de diez de marzo de dos mil veintitrés y se expidió a favor del denunciante la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos y recreativos del estupefaciente "cannabis", su resina, preparados y semillas, así como del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido comúnmente como "marihuana", sin que dicha autorización comprenda la realización de actos de comercio, suministro o cualquier otro inherente a la enajenación y/o distribución de dichas sustancias, así como tampoco la transmisión de la propiedad en forma gratuita, y sin que el ejercicio del derecho comprendido en tal autorización deba perjudicar a terceros, razón por la cual no podrá ejercerse frente a menores de edad, mujeres embarazadas, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan otorgado su autorización. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria emitida en autos; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Causa estado resolución por ministerio de ley. Con fundamento en el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se determina que la determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. Autoridad informa cumplimiento. Por otra parte, agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en representación de la directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo dictado en autos. Vista a la parte denunciante. En consecuencia, con fundamento en los artículos 210 y 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte denunciante con el oficio y anexo de cuenta, por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer uso de ese derecho, en su oportunidad este Juzgado acordará lo que en derecho proceda.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    V I S T O S los autos para resolver la denuncia de incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 9/2023-IV, promovida por ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Trámite. Por escrito depositado el seis de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de León, Guanajuato, y en este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, por razón de turno, el siete siguiente, ********************, por propio derecho, formuló denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México. En auto de diez de julio de dos mil veintitrés se radicó con el número de expediente 9/2023-IV, y se previno al denunciante para que aclarara su escrito inicial (fojas 8 y 9). Hecho lo anterior, en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés (foja 14) se admitió a trámite la denuncia relativa y se ordenó dar vista a la autoridad denunciada para que dentro del plazo legal de tres días expusiera lo que a su derecho conviniera. Concluido dicho plazo y rendido el informe relativo se pusieron los autos en estado de resolución, conforme a lo estipulado en el artículo 210, sexto párrafo, de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente para resolver el presente asunto, por ser el órgano jurisdiccional que conforme a las reglas de competencia establecidas en los artículos 94, primer párrafo; 103, fracción I, y 107, fracciones II, tercer párrafo y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en razón de que los actos denunciados se ejecutaron en esta ciudad, ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Lo anterior en virtud de que el acto denunciado tendrá ejecución en el municipio de León, Guanajuato, toda vez que en el mismo se ubica el domicilio particular del promovente, según fue manifestado por éste bajo protesta de decir verdad. SEGUNDO. Legitimación. El artículo 210 de la Ley Reglamentaria de la materia dispone que si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto. En la especie, la denuncia fue presentada por ********************, por propio derecho, quien reclamó la aplicación implícita en su perjuicio de normas declaradas inválidas en la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Para ello, a través del escrito libre fechado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorización para el consumo personal y lúdico de Cannabis, identificado en la Ley General del Salud como Tetrahidrocannabinol, en sus diversos isómeros y variantes estereoquímicas. Luego, mediante el oficio número ********************de diez de marzo de dos mil veintitrés, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó la respuesta negativa a la solicitud del quejoso bajo el argumento de no contar con facultades para tal fin, al no existir un marco normativo que la vincule. En dicho oficio, a consideración del denunciante, se materializó la aplicación de los artículos 235, párrafo último y 247, párrafo último de la Ley General de Salud, que fueron declarados inválidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. En consecuencia, es patente que el denunciante está legitimado para formular la presente denuncia. TERCERO. Fijación de la litis. De la lectura integral del escrito inicial, se colige que el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad denunciado es respecto de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa ". sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", y 247, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", de la Ley General de Salud, sobre los que, mediante resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, la cual en su punto resolutivo segundo se determinó: "SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión." El denunciante afirma que la autoridad denunciada incumple la citada Declaratoria general de inconstitucionalidad, puesto que por oficio ********************de diez de marzo de dos mil veintitrés, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios negó la autorización para autoconsumo de Cannabis con fines recreativos, solicitada por el promovente, por no contar con facultades para tal fin. Con relación al mismo, el denunciante señaló que a través del citado oficio se aplicó en su perjuicio los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", y 247, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", de la Ley General de Salud, mismos que fueron declarados inconstitucionales por el Alto Tribunal en la sentencia aludida. Precisando que si bien la autoridad denunciada no los citó de manera expresa en el oficio ********************de diez de marzo de dos mil veintitrés, lo cierto es que aplicó un impedimento jurídico en cuanto a la solicitud de autoconsumo de Cannabis, lo que fue objeto de remoción por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CUARTO. Procedencia. Al resolver la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos indirectos en revisión, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválidos los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", y 247, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", de la Ley General de Salud que prohibían absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Al respecto, el Tribunal Pleno estimó que, a efecto de superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las porciones normativas estudiadas, debía, por un lado, expulsarlas del sistema jurídico mexicano y, por otro, remover el obstáculo jurídico que tenía la Secretaría de Salud para emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Por ende, estimó conveniente notificarle tal fallo a dicha dependencia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, entretanto el Congreso de la Unión legisla al respecto, emitan tales autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias de amparo que formaron la jurisprudencia comentada, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el resolutivo segundo de dicha sentencia que, la Declaratoria de inconstitucionalidad surtiría efectos a partir de su notificación al Congreso de la Unión. De ese modo, se advierte como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que de la consulta a la página electrónica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tal notificación ocurrió el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, a partir de esa fecha, la Declaratoria de mérito entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse a aplicar los preceptos declarados inválidos, así como otorgó la posibilidad a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, a través del presente procedimiento. Aunado a lo anterior, la Declaratoria general de inconstitucional 1/2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. Ante tal panorama, es procedente la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad pues, en el caso, el denunciante acude a la presente instancia por considerar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aplicó en su perjuicio los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", y 247, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", de la Ley General de Salud, cuya invalidez fue establecida en la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, fue promovida con posterioridad a su notificación al Congreso de la Unión, a saber, el seis de julio de dos mil veintitrés, momento en que se encontraba en vigor la declaratoria de invalidez de las citadas normas. Aunado a que el artículo 210 de la Ley de Amparo no establece un plazo para denunciar el acto en el que se aplique la norma general declarada inconstitucional, en consecuencia, debe considerarse también oportuna la denuncia efectuada por el ahora promovente. QUINTO. Certeza del acto denunciado. La autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por conducto de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de dicha Comisión, desahogó la vista que se le dio (fojas 18 a 20) y reconoció haber emitido el oficio número ********************de diez de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se niega la autorización para el consumo lúdico de Cannabis al promovente, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó que obran a fojas 25 a 40 del sumario. A las cuales se les reconoce pleno valor probatorio con fundamento en los numerales 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. En principio debe destacarse que el procedimiento de denuncia por incumplimiento a la Declaratoria general de inconstitucionalidad se encuentra contemplado en el artículo 210 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". El precepto en estudio prevé el trámite que debe dar el Juez de Distrito cuando se presente una denuncia por incumplimiento a la Declaratoria general de inconstitucionalidad, el cual culminará con la sentencia en la que se determine: a. Que se aplicó la norma general inconstitucional, en cuyo caso ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado; o b. Que no se aplicó la norma señalada; quedando al alcance del promovente el recurso de inconformidad, para impugnarse dicha resolución. Así, para resolver lo anterior es menester verificar si en el oficio ********************de diez de marzo de dos mil veintitrés, se aplicaron tales normas. Al respecto, esta juzgadora federal considera que en el acto denunciado sí se aplicaron las normas declaradas inconstitucionales. En efecto, los referidos artículos prohíben en forma genérica toda actividad relacionada con el consumo de la marihuana, lo que debe entenderse que incluye la prohibición de la emisión de autorizaciones sanitarias para el uso personal y privado de esta para los fines denominados "lúdicos o recreativos", de ahí que pueda considerarse que existió una aplicación implícita de los artículos de mérito. Luego, para desechar o declarar improcedente la solicitud de autorización, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios aplicó la Ley General de Salud, ya que indicó en forma general que no procedía la solicitud dado que en dicho ordenamiento no se establece facultad alguna para otorgar la autorización requerida. En ese tenor, se precisa que, como lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 237/2014, las normas de referencia conforman un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana, entre otros, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte. Ahora, en el caso concreto, la persona denunciante solicitó autorización para el consumo de la planta Cannabis sativa para los fines que denomina "lúdicos o recreativos", la cual fue denegada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al considerar que no cuenta con facultad para otorgar la autorización requerida. Por tanto, si bien es cierto que la autoridad responsable se abstuvo de citar específicamente los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", y 247, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", de la Ley General de Salud, en el oficio reclamado, lo cierto es que al rechazar la autorización para el consumo de dicha sustancia por considerar que no cuenta con facultad para otorgarla, sí aplicó los citados artículos (sistema de prohibiciones administrativas) de manera implícita o tácita, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 30/96, registro digital 200064, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCION SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS". La citada jurisprudencia ha impedido que, a través de una fundamentación incompleta o genérica de los actos de autoridad, las responsables orillen a los justiciables al estado de indefensión frente a las normas jurídicas aplicadas de forma implícita, que en ocasiones, por estrategias jurídicas, las autoridades dejan de citar expresamente en forma deliberada. Por ende, como lo afirma la parte denunciante, sí le fueron aplicados los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", y 247, último párrafo, en su porción normativa ".sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y.", de la Ley General de Salud, que prohíbe el uso de la marihuana (Cannabis) para los fines denominados como "lúdicos o recreativos". Lo anterior es así, debido a que en la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció expulsar del sistema jurídico nacional los artículos mencionados; asimismo, ordenó vincular a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitiera los lineamientos y autorizaciones para autoconsumo de Cannabis o Tetrahidrocannabinol con fines recreativos bajo las condiciones y supuestos previstos en la ejecutoria respectiva. Empero, como se ha expuesto, la persona denunciante solicitó a la autoridad aludida la autorización para consumo con fines recreativos, pero le fue negada bajo el argumento de que el ente público carecía de elementos normativos para brindar tal autorización, esto es, por no contar con las facultades para ello. Consecuentemente, es factible considerar que el pronunciamiento de la autoridad denunciada contraviene los efectos dados por el Alto Tribunal en la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, además de que constituye una aplicación de los artículos invalidados. Soslayando que, a partir de que surtió efectos la notificación de los puntos resolutivos de dicha ejecutoria al Congreso de la Unión, todas las autoridades del país tienen la obligación de respetar lo ahí decidido, en especial las vinculadas directamente al fallo de mérito, como es la COFEPRIS denunciada. Atento a lo anterior, partiendo de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, con la pretensión de hacer efectiva sus efectos en la esfera jurídica de los denunciantes y dotarle de plena efectividad material, se estima fundada la presente denuncia. SÉPTIMO. Efectos para el cumplimiento. En atención a lo resuelto en el considerando anterior, con fundamento en el artículo 210, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena a la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, realizar lo siguiente: 1.- Dejar insubsistente el oficio ********************de diez de marzo de dos mil veintitrés. 2.- Dentro del plazo de tres días -siempre y cuando se encuentre acreditado que la persona denunciante es mayor de edad y no se advierta ninguna irregularidad o causa diversa de improcedencia respecto de su solicitud- otorgue la autorización sanitaria al promovente para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de Cannabis y/o Tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos o lúdicos. Es importante precisar que el presente criterio no supone una autorización para que la parte denunciante siembre semillas de mariguana, cultive y coseche su producto en lugares públicos, realice actos de comercio, suministro o transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias, ni para que ejerza ese derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan otorgado su autorización de forma expresa. Con el apercibimiento de que de omitir lo anterior, se estará a lo dispuesto en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 210 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Es procedente y fundada la presente denuncia por incumplimiento a la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 promovida por ********************, por propio derecho, en contra de la autoridad Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México. Se ordena generación de versión pública de la resolución. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, hasta hoy veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, quien actúa asistida del licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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