Christian Emmanuel Anton Mendez

Expediente 1060/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1060/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • Christian Emmanuel Anton Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 1060/2018-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En primer término, debe precisarse que el promovente acude a esta contienda constitucional en su carácter de víctima del delito dentro de la carpeta de investigación CDI/488/2018/UF204, que a su vez dio origen a la carpeta judicial administrativa 360/2018/PUEBLA del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla y, reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo siguiente: "(.) La falta de un acuerdo por escrito debidamente fundado, respecto de la petición formulada mediante escrito presentado en fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciocho, y su notificación." Esto es, el quejoso se duele de la omisión en la que ha incurrido el mencionado fiscal, de acordar su escrito presentado el catorce de septiembre del año en curso, mediante el cual, esencialmente, le solicitó: a) Que acuerde el cierre de investigación complementaria y que le solicite al juez de la causa que tenga por cerrada la etapa de investigación complementaria; b) Que lo tuviera exhibiendo la impresión del acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro; y, C) Que solicitara al juez de control que señalara día y hora para la audiencia de revisión de medidas cautelares fijadas al imputado. Además, del contenido integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el procedimiento penal de origen, se encuentra en la segunda fase de investigación, esto es, en la etapa de investigación complementaria, puesto que la carpeta de investigación CDI/488/2018/UF204 ya se judicializó, dando origen a la carpeta judicial administrativa 360/2018/PUEBLA, pero en esta última no se ha declarado cerrada la investigación. DESECHAMIENTO. En ese sentido, respecto del acto reclamado precisado, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera pertinente señalar lo establecido por los referidos preceptos legales, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.)" Como se aprecia de los preceptos transcritos, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías o derechos para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". La noción de acto "de autoridad" ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad; debido a lo siguiente, son: -Unilaterales: porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; -Imperativos: en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y, -Coercitivos: ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por su parte, debe decirse que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que los "particulares" tendrán la calidad de autoridad responsable; sin embargo, ello sólo opera cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En suma, el término del acto de autoridad involucra una persona física (oficial) o un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio; actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. " Sentado lo anterior, conviene reiterar que del contenido integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el procedimiento penal de origen, se encuentra en la segunda fase de investigación, esto es, en la etapa de investigación complementaria, puesto que la carpeta de investigación CDI/488/2018/UF204 ya se judicializó, dando origen a la carpeta judicial administrativa 360/2018/PUEBLA, pero en esta última no se ha declarado cerrada la investigación. Ahora bien, conforme al artículo 21 de la Constitución General de la República, el Ministerio Público tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, encomendándosele la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, en su caso; derivándose así la primera de sus dos funciones cuando actúa con el carácter de autoridad al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos que le son denunciados, y las determinaciones que dicta están investidas de potestad de imperio; y la segunda, al ejercer la acción penal pierde el carácter de autoridad que tenía en la carpeta de investigación, para convertirse en parte en el proceso. De ahí que, a partir de que la carpeta de investigación es sometida a control e intervención jurisdiccional, los actos u omisiones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la formulación de la imputación ante el órgano jurisdiccional, se tratan de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad. Lo anterior, deja de manifiesto que la omisión atribuida al agente del Ministerio Público señalado como responsable, no tiene el carácter de acto de autoridad; pues en todo caso, quien tiene la potestad de calificar el grado de afectación de los actos u omisiones desplegadas por las partes dentro del proceso penal, es el juez de control que conoce del procedimiento penal; por lo que, se deduce válidamente que no hay vinculación de supra a subordinación, por tratarse de una mera potestad procesal otorgada por las leyes secundarias al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, carente de unilateralidad, imperio y coercibilidad. Máxime que, uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral, es precisamente el de igualdad ante la ley e igualdad entre las partes, por lo que, con base en éstos, el aquí quejoso válidamente puede realizar sus peticiones directamente ante el juez de la causa, pues como ya se dijo, el fiscal señalado como responsable actualmente tiene el carácter de parte y no de autoridad en el procedimiento de origen; aunado a que la parte quejosa en su calidad de víctima con la que se ostenta, tiene el derecho de impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que considere incurre el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, acorde a lo previsto en el artículo 109, fracciones XV y XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la referida ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Porfirio Díaz González, ya que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Toda vez que el quejoso solicita que se autorice a Jesús Porfirio Díaz González el acceso al expediente electrónico, para lo cual con fundamento en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal proporcionó el usuario "jesusporfirio", se provee: En atención al artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal , y después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se acredita que Jesús Porfirio Díaz González es titular del usuario "jesusporfirio", el cual se encuentra vigente, con fundamento en el referido artículo 3 de la Ley de Amparo y en los artículos 77, 78, 93 y 94 del también mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal , por lo que se concede a Jesús Porfirio Díaz González, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo, para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 1060/2018-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En primer término, debe precisarse que el promovente acude a esta contienda constitucional en su carácter de víctima del delito dentro de la carpeta de investigación CDI/488/2018/UF204, que a su vez dio origen a la carpeta judicial administrativa 360/2018/PUEBLA del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla y, reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo siguiente: "(.) La falta de un acuerdo por escrito debidamente fundado, respecto de la petición formulada mediante escrito presentado en fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciocho, y su notificación." Esto es, el quejoso se duele de la omisión en la que ha incurrido el mencionado fiscal, de acordar su escrito presentado el catorce de septiembre del año en curso, mediante el cual, esencialmente, le solicitó: a) Que acuerde el cierre de investigación complementaria y que le solicite al juez de la causa que tenga por cerrada la etapa de investigación complementaria; b) Que lo tuviera exhibiendo la impresión del acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro; y, C) Que solicitara al juez de control que señalara día y hora para la audiencia de revisión de medidas cautelares fijadas al imputado. Además, del contenido integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el procedimiento penal de origen, se encuentra en la segunda fase de investigación, esto es, en la etapa de investigación complementaria, puesto que la carpeta de investigación CDI/488/2018/UF204 ya se judicializó, dando origen a la carpeta judicial administrativa 360/2018/PUEBLA, pero en esta última no se ha declarado cerrada la investigación. DESECHAMIENTO. En ese sentido, respecto del acto reclamado precisado, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera pertinente señalar lo establecido por los referidos preceptos legales, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.)" Como se aprecia de los preceptos transcritos, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías o derechos para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". La noción de acto "de autoridad" ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad; debido a lo siguiente, son: -Unilaterales: porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; -Imperativos: en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y, -Coercitivos: ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por su parte, debe decirse que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que los "particulares" tendrán la calidad de autoridad responsable; sin embargo, ello sólo opera cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En suma, el término del acto de autoridad involucra una persona física (oficial) o un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio; actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. " Sentado lo anterior, conviene reiterar que del contenido integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el procedimiento penal de origen, se encuentra en la segunda fase de investigación, esto es, en la etapa de investigación complementaria, puesto que la carpeta de investigación CDI/488/2018/UF204 ya se judicializó, dando origen a la carpeta judicial administrativa 360/2018/PUEBLA, pero en esta última no se ha declarado cerrada la investigación. Ahora bien, conforme al artículo 21 de la Constitución General de la República, el Ministerio Público tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, encomendándosele la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, en su caso; derivándose así la primera de sus dos funciones cuando actúa con el carácter de autoridad al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos que le son denunciados, y las determinaciones que dicta están investidas de potestad de imperio; y la segunda, al ejercer la acción penal pierde el carácter de autoridad que tenía en la carpeta de investigación, para convertirse en parte en el proceso. De ahí que, a partir de que la carpeta de investigación es sometida a control e intervención jurisdiccional, los actos u omisiones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la formulación de la imputación ante el órgano jurisdiccional, se tratan de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad. Lo anterior, deja de manifiesto que la omisión atribuida al agente del Ministerio Público señalado como responsable, no tiene el carácter de acto de autoridad; pues en todo caso, quien tiene la potestad de calificar el grado de afectación de los actos u omisiones desplegadas por las partes dentro del proceso penal, es el juez de control que conoce del procedimiento penal; por lo que, se deduce válidamente que no hay vinculación de supra a subordinación, por tratarse de una mera potestad procesal otorgada por las leyes secundarias al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, carente de unilateralidad, imperio y coercibilidad. Máxime que, uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral, es precisamente el de igualdad ante la ley e igualdad entre las partes, por lo que, con base en éstos, el aquí quejoso válidamente puede realizar sus peticiones directamente ante el juez de la causa, pues como ya se dijo, el fiscal señalado como responsable actualmente tiene el carácter de parte y no de autoridad en el procedimiento de origen; aunado a que la parte quejosa en su calidad de víctima con la que se ostenta, tiene el derecho de impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que considere incurre el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, acorde a lo previsto en el artículo 109, fracciones XV y XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la referida ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Porfirio Díaz González, ya que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Toda vez que el quejoso solicita que se autorice a Jesús Porfirio Díaz González el acceso al expediente electrónico, para lo cual con fundamento en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal proporcionó el usuario "jesusporfirio", se provee: En atención al artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal , y después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se acredita que Jesús Porfirio Díaz González es titular del usuario "jesusporfirio", el cual se encuentra vigente, con fundamento en el referido artículo 3 de la Ley de Amparo y en los artículos 77, 78, 93 y 94 del también mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal , por lo que se concede a Jesús Porfirio Díaz González, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo, para los efectos legales procedentes.

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