Christian Efren Torres Allegretti
Expediente 1300/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Christian Efren Torres Allegretti
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para la suscrita Juzgadora que no obran en autos las constancias de notificación a las autoridades responsables 5. Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Investigadora Mesa cuatro y 8. Agente del Ministerio Público Investigador del Arco de Seguridad Pública de Altepexi, de la resolución de veintiuno de octubre del actual; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dichas autoridades, ya que se sobreseyó el presente juicio de amparo y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado.
- Principal
PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1300/2016-II-A, promovido por Christian Efrén Torres Allegretti, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. TERCERO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto a los sobres devueltos por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mismos que contenían los oficios II-1017-G-1y II-1017-G-4, dirigidos a las autoridades responsables que el quejoso señaló como: 1. Agente del Ministerio Público de Tehuacán Investigadora de la Agencia Orientadora y 4. Agente del Ministerio Público de Tehuacán Investigadora Mesa Tres, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis y se tienen por inexistentes dichas autoridades y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ellas.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se desprende que se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable 5. Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Investigadora Mesa Cuatro, el cinco de octubre del año en curso, por lo que es evidente que aún no fenece el plazo de ocho días que deben mediar entre esa fecha y la celebración de la audiencia constitucional. Ya que el mismo fue notificado por lista de acuerdos el seis de octubre pasado, surtió efectos el siete siguiente; por lo que el término transcurrirá de la fecha en que se actúa al veinte de octubre de dos mil dieciséis, descontándose los días doce, quince, y dieciséis de octubre del referido año. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que mediante proveído de cinco de octubre pasado (fojas 54 y 55), se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado auto manifestara lo que a su interés conviniera, respecto de los sobres devueltos por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mismos que contienen los oficios dirigidos a las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Público de Tehuacán Investigadora de la Agencia Orientadora, 4. Agente del Ministerio Público de Tehuacán Investigadora Mesa Tres. Y, al ser evidente que dicho término no ha fenecido puesto que el mismo fue notificado por lista de acuerdos el seis de octubre pasado, surtió efectos el siete siguiente; por lo que dicho plazo transcurrirá de la fecha en que se actúa al trece de octubre de dos mil dieciséis, descontándose el día doce de octubre del actual. En mérito de lo anteriormente expuesto, al no estar debidamente integrado este juicio de garantías para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, SE DIFIERE y se señala como nueva fecha las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para su celebración.
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