Christian Kurt Grimm

Expediente 1349/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1349/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
22/01/2018

Partes del expediente

  • Christian Kurt Grimm

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, por el que acusa recibo del diverso C-1009, mediante el cual se remitió el juicio de amparo 1349/2017-C de este índice; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda promovida por el quejoso Christian Kurt Grimm, la cual radicó bajo el juicio de garantías 1280/2017 de su estadística; de lo que la suscrita toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Así, toda vez que este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la razón asentada por la Actuaria de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal al promovente Christian Kurt Grimm, el acuerdo dictado el seis de diciembre de dos mil diecisiete, ya que, al constituirse en el domicilio buscado, en distintos días y horas, no pudo ingresar al interior buscado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicho promovente el presente proveído junto con el diverso de seis de diciembre de dos mil diecisiete, así como las subsecuentes notificaciones por medio de lista de acuerdos. AUTO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por Christian Kurt Grimm, contra actos de las autoridades 1. Procurador del Estado de Guerrero, y 2. Secretario de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1349/2017-C. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste en el etiquetamiento de vehículo como robado, ya ejecutado por las autoridades 1. Procurador del Estado de Guerrero, y 2. Secretario de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; respecto del vehículo identificado como marca Audi, Q-7, modelo dos mil diez, color Plata Hielo, placas de circulación UAR 7063 particulares y del Estado de Puebla, con motor BHK124103, serie WAUAY64L8AD012764, clave vehicular 0050889. En esa tesitura este órgano de control constitucional determina que carece de legal competencia por territorio para conocer del presente asunto, ya que el acto reclamado (etiquetamiento de vehículo como robado), fue emitido por autoridades con residencia en el Estado de Guerrero, y el quejoso no reclama algún acto diverso de ejecución que pudiera tener lugar en el Estado de Puebla, por ejemplo la desposesión del vehículo que defiende. En primer lugar, resulta conveniente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo transcrito establece las reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. En ese contexto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y en atención a que el acto reclamado ya fue ejecutado fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, esto es, en el Estado de Guerrero, sin que el quejoso haya reclamado algún acto diverso de ejecución que pudiera tener lugar en el Estado de Puebla; este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se declara legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo, y la declina a favor del Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo (lugar de residencia de las autoridades responsables en su doble carácter), en términos del cuarto punto, fracción veintiuna, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sin que en la especie se inobserve por la suscrita juzgadora Federal el contenido de la Jurisprudencia 1a./J. 52/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que se debe prevenir la demanda de amparo, para que realice el señalamiento expreso de autoridades ejecutoras con residencia en el juzgado de Distrito del conocimiento. Lo anterior es así, dado que de los hechos narrados en la demanda de garantías por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el acto reclamado consistente en el etiquetamiento de vehículo como robado, ya se encuentra ejecutado, toda vez que al pretender renovar el seguro del vehículo de referencia, le informaron que contaba con reporte de robo en el Estado de Guerrero, de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, aunado a que no se advierte que el quejoso reclame algún acto diverso de ejecución que pudiera tener lugar en el Estado de Puebla. En esas condiciones, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa (integrado con la papeleta de turno, el escrito de demanda y el presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento), al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno. Se solicita al juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de la papeleta de turno, escrito de demanda (anexos) y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Además, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado para tal efecto en su demanda de amparo; y, como autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, ya que esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que las personas que indica cuentan con cédula de licenciados en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública, pues el solo hecho de indicar su nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstas. Lo anterior, sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, la parte quejosa podrá autorizar a las personas que indica en los términos que pretende.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por Christian Kurt Grimm, contra actos de las autoridades 1. Procurador del Estado de Guerrero, y 2. Secretario de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1349/2017-C. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste en el etiquetamiento de vehículo como robado, ya ejecutado por las autoridades 1. Procurador del Estado de Guerrero, y 2. Secretario de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; respecto del vehículo identificado como marca Audi, Q-7, modelo dos mil diez, color Plata Hielo, placas de circulación UAR 7063 particulares y del Estado de Puebla, con motor BHK124103, serie WAUAY64L8AD012764, clave vehicular 0050889. En esa tesitura este órgano de control constitucional determina que carece de legal competencia por territorio para conocer del presente asunto, ya que el acto reclamado (etiquetamiento de vehículo como robado), fue emitido por autoridades con residencia en el Estado de Guerrero, y el quejoso no reclama algún acto diverso de ejecución que pudiera tener lugar en el Estado de Puebla, por ejemplo la desposesión del vehículo que defiende. En primer lugar, resulta conveniente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo transcrito establece las reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. En ese contexto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y en atención a que el acto reclamado ya fue ejecutado fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, esto es, en el Estado de Guerrero, sin que el quejoso haya reclamado algún acto diverso de ejecución que pudiera tener lugar en el Estado de Puebla; este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se declara legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo, y la declina a favor del Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo (lugar de residencia de las autoridades responsables en su doble carácter), en términos del cuarto punto, fracción veintiuna, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sin que en la especie se inobserve por la suscrita juzgadora Federal el contenido de la Jurisprudencia 1a./J. 52/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que se debe prevenir la demanda de amparo, para que realice el señalamiento expreso de autoridades ejecutoras con residencia en el juzgado de Distrito del conocimiento. Lo anterior es así, dado que de los hechos narrados en la demanda de garantías por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el acto reclamado consistente en el etiquetamiento de vehículo como robado, ya se encuentra ejecutado, toda vez que al pretender renovar el seguro del vehículo de referencia, le informaron que contaba con reporte de robo en el Estado de Guerrero, de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, aunado a que no se advierte que el quejoso reclame algún acto diverso de ejecución que pudiera tener lugar en el Estado de Puebla. En esas condiciones, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa (integrado con la papeleta de turno, el escrito de demanda y el presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento), al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno. Se solicita al juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de la papeleta de turno, escrito de demanda (anexos) y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Además, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado para tal efecto en su demanda de amparo; y, como autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, ya que esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que las personas que indica cuentan con cédula de licenciados en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública, pues el solo hecho de indicar su nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstas. Lo anterior, sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, la parte quejosa podrá autorizar a las personas que indica en los términos que pretende.

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